Es importante hacer hueco a menores migrantes conflictivos

Centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en Bizkaia, en imagen de archivo
RESUMEN DEL DEBATE · elaborado con IA

La Fiscalía Superior del País Vasco lo deja por escrito: hacen falta plazas para menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENAs— con graves trastornos de conducta. El titular aparece en su memoria de 2026, hecha pública en septiembre con datos del ejercicio anterior, y es incómodo para todas las administraciones implicadas.

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La Fiscalía ve «imprescindible» crear plazas para menas «con graves trastornos de conducta»​



Carmen Adán advierte de que «no siempre es posible dar certidumbre a dudas iniciales sobre la edad» de los menores que llegan a Bizkaia​




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Ainhoa de las Heras


11/09/2026Actualizado a las 07:09h.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, siempre dedica uno o varios capítulos a analizar la protección y acogimiento de los menores extranjeros no acompañados, (menas), un tema muy sensible y de candente actualidad. En esta ocasión, en la memoria de 2026, hecha pública ayer con datos del ejercicio de 2025, la máxima representante del Ministerio público en Euskadi vuelve a constatar la «incesante llegada» de estos jóvenes, especialmente a Bizkaia, lo que genera «graves dificultades al Servicio de Infancia acogerlos en centros adecuados a sus circunstancias evitando aglomeraciones innecesarias». Ayer mismo, la Fruta volvió a declarar la situación de excepcionalidad, con casi 600 menores acogidos, dos nuevos cada día.

La falta de espacio físico no es la única laguna, sino también el tratamiento especializado. En esta ocasión, Adán va un paso más allá y considera «imprescindible la creación de plazas específicas para menores extranjeros no acompañados con graves trastornos de conducta», de las que hasta ahora no se dispone. En los casos más graves, cuando han cometido delitos, algunos chicos han sido derivados de manera preventiva al centro cerrado de Zumarraga, de justicia juvenil, y también se ha trasladado a algún joven especialmente problemático a un centro de fuera de la comunidad autónoma.

Una de las casuísticas más frecuentes que se da en los centros de acogida son las agresiones y faltas de respeto a los profesionales que cuidan de los chicos y a otros menores. En este sentido, la fiscal superior traslada la petición formal del delegado de menores de que se refuerce la «protección penal de los educadores de los centros y a otros menores residentes» frente a estos ataques. Otros colectivos, como los médicos y enfermeras, profesores y chóferes de autobús, han sufrido también problemas similares, y se ha llegado a plantear que sean considerados agentes de la autoridad, como los policías, para preservar su figura.

Los fiscales se encargan de vigilar la situación de los centros de menores y es habitual que censuren su alta ocupación. En 2025, realizaron 21 de estas visitas de control, sólo en Bizkaia, con especial esfuerzo por supervisar los que tienen plazas de primera acogida.

Los problemas para liquidar la expulsión de condenados​

En el apartado dedicado a la esclavitud moderna y extranjería, la fiscal superior señala problemas en la aplicación de la expulsión como sustituta de penas de cárcel. Las peticiones se mantienen en cifras estables, pero algunas no pueden llegar a ejecutarse, especialmente en los casos de ciudadanos de Jovenlandia y Argelia «por falta de emisión de los salvoconductos por dicho país, siendo lo más habitual en la provincia de Bizkaia en los tres últimos años». En la mayoría de los procedimientos, salvo por delitos graves castigados con penas elevadas, el fiscal informó de forma favorable a la repatriación.

Uno de los datos más llamativos de la memoria de la Fiscalía Superior del País Vasco de 2025 se refiere a los homicidios y asesinatos. En Bizkaia, se registraron 41 delitos de homicidio doloso, consumado y en grado de tentativa, frente a los 24 del año anterior, lo que representa un incremento de más del 70%. De ellos, sólo tres fueron considerados asesinatos, por su especial gravedad, frente a los ocho del año anterior. Y resulta significativo el número de los casos que derivan de accidentes laborales.

Dentro de un contexto de aumento de la violencia en la sociedad, el Ministerio público también detecta en Euskadi un incremento de los delitos de lesiones, aunque sólo del 2%, de 4.723 a 4.819 casos. La mayoría se producen en la vía pública, seguidas de las que se registran en locales de hostelería.


Una de las debilidades del sistema son las pruebas para determinar la edad. «La jurisdicción actual sumamente respetuosa con lo que consta en un documento de identidad con apariencia de legítimo, obliga a reforzar los datos que justifican el inicio de una investigación para excluir una minoría de edad», reconoce la fiscal jefe, en referencia a los pasaportes con datos falsos que presenta una gran mayoría de los ciudadanos procedentes de Ghana. Es consciente del «desbordamiento que algunos territorios (como Bizkaia) padecen en la acogida de menores extranjeros», pero advierte de que «no siempre resulta posible dar certidumbre a dudas iniciales sobre la edad». Responde así a la Fruta, que pidió que se impulsen estas pruebas.

Pasaportes de Ghana​

Así, en Bizkaia, «territorio donde las cifras de menores exceden con mucho a las habituales», en 2025 la sección de Menores de la Fiscalía incoó 37 diligencias preprocesales de determinación de edad, con un aumento respecto al año anterior, de las que en once casos se decretó la minoría de edad por el resultado del examen o porque el afectado presentó el pasaporte de su país de origen, y en cinco se acordó declarar la mayoría de edad. Dos más quedaron archivadas «por incomparecencia del joven o por carencia sobrevenida».

En lo positivo, la fiscal superior constata un descenso significativo de los menores tutelados víctimas de violencia sensual. Si en 2024, de las 62 diligencias preliminares por este delito sobre menores de edad, en 17 la víctima estaba bajo protección de la Fruta, en este 2025, de 74, sólo en nueve se trataba de una víctima tutelada.

Adán ve positiva la creación de una sección de menores en la Ertzaintza, aunque cree que tendría que potenciarse como Policía judicial y aprecia «cierta descoordinación con las policías locales, no existiendo criterios claros a la hora de asumir asuntos que revistan cierta complejidad», lo que tiene su reflejo en «atestados peor elaborados y en errores, carencias u omisiones difíciles de salvar con posterioridad».

 
Ese tipo de mujeres deben de proceder de familias con poca educación.
Alguien que ha crecido dentro del orden, la limpieza y la responsabilidad no puede salir así.
 

La Fiscalía ve «imprescindible» crear plazas para menas «con graves trastornos de conducta»​



Carmen Adán advierte de que «no siempre es posible dar certidumbre a dudas iniciales sobre la edad» de los menores que llegan a Bizkaia​




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Ainhoa de las Heras


11/09/2026Actualizado a las 07:09h.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, siempre dedica uno o varios capítulos a analizar la protección y acogimiento de los menores extranjeros no acompañados, (menas), un tema muy sensible y de candente actualidad. En esta ocasión, en la memoria de 2026, hecha pública ayer con datos del ejercicio de 2025, la máxima representante del Ministerio público en Euskadi vuelve a constatar la «incesante llegada» de estos jóvenes, especialmente a Bizkaia, lo que genera «graves dificultades al Servicio de Infancia acogerlos en centros adecuados a sus circunstancias evitando aglomeraciones innecesarias». Ayer mismo, la Fruta volvió a declarar la situación de excepcionalidad, con casi 600 menores acogidos, dos nuevos cada día.

La falta de espacio físico no es la única laguna, sino también el tratamiento especializado. En esta ocasión, Adán va un paso más allá y considera «imprescindible la creación de plazas específicas para menores extranjeros no acompañados con graves trastornos de conducta», de las que hasta ahora no se dispone. En los casos más graves, cuando han cometido delitos, algunos chicos han sido derivados de manera preventiva al centro cerrado de Zumarraga, de justicia juvenil, y también se ha trasladado a algún joven especialmente problemático a un centro de fuera de la comunidad autónoma.

Una de las casuísticas más frecuentes que se da en los centros de acogida son las agresiones y faltas de respeto a los profesionales que cuidan de los chicos y a otros menores. En este sentido, la fiscal superior traslada la petición formal del delegado de menores de que se refuerce la «protección penal de los educadores de los centros y a otros menores residentes» frente a estos ataques. Otros colectivos, como los médicos y enfermeras, profesores y chóferes de autobús, han sufrido también problemas similares, y se ha llegado a plantear que sean considerados agentes de la autoridad, como los policías, para preservar su figura.

Los fiscales se encargan de vigilar la situación de los centros de menores y es habitual que censuren su alta ocupación. En 2025, realizaron 21 de estas visitas de control, sólo en Bizkaia, con especial esfuerzo por supervisar los que tienen plazas de primera acogida.

Los problemas para liquidar la expulsión de condenados​

En el apartado dedicado a la esclavitud moderna y extranjería, la fiscal superior señala problemas en la aplicación de la expulsión como sustituta de penas de cárcel. Las peticiones se mantienen en cifras estables, pero algunas no pueden llegar a ejecutarse, especialmente en los casos de ciudadanos de Jovenlandia y Argelia «por falta de emisión de los salvoconductos por dicho país, siendo lo más habitual en la provincia de Bizkaia en los tres últimos años». En la mayoría de los procedimientos, salvo por delitos graves castigados con penas elevadas, el fiscal informó de forma favorable a la repatriación.

Uno de los datos más llamativos de la memoria de la Fiscalía Superior del País Vasco de 2025 se refiere a los homicidios y asesinatos. En Bizkaia, se registraron 41 delitos de homicidio doloso, consumado y en grado de tentativa, frente a los 24 del año anterior, lo que representa un incremento de más del 70%. De ellos, sólo tres fueron considerados asesinatos, por su especial gravedad, frente a los ocho del año anterior. Y resulta significativo el número de los casos que derivan de accidentes laborales.

Dentro de un contexto de aumento de la violencia en la sociedad, el Ministerio público también detecta en Euskadi un incremento de los delitos de lesiones, aunque sólo del 2%, de 4.723 a 4.819 casos. La mayoría se producen en la vía pública, seguidas de las que se registran en locales de hostelería.


Una de las debilidades del sistema son las pruebas para determinar la edad. «La jurisdicción actual sumamente respetuosa con lo que consta en un documento de identidad con apariencia de legítimo, obliga a reforzar los datos que justifican el inicio de una investigación para excluir una minoría de edad», reconoce la fiscal jefe, en referencia a los pasaportes con datos falsos que presenta una gran mayoría de los ciudadanos procedentes de Ghana. Es consciente del «desbordamiento que algunos territorios (como Bizkaia) padecen en la acogida de menores extranjeros», pero advierte de que «no siempre resulta posible dar certidumbre a dudas iniciales sobre la edad». Responde así a la Fruta, que pidió que se impulsen estas pruebas.

Pasaportes de Ghana​

Así, en Bizkaia, «territorio donde las cifras de menores exceden con mucho a las habituales», en 2025 la sección de Menores de la Fiscalía incoó 37 diligencias preprocesales de determinación de edad, con un aumento respecto al año anterior, de las que en once casos se decretó la minoría de edad por el resultado del examen o porque el afectado presentó el pasaporte de su país de origen, y en cinco se acordó declarar la mayoría de edad. Dos más quedaron archivadas «por incomparecencia del joven o por carencia sobrevenida».

En lo positivo, la fiscal superior constata un descenso significativo de los menores tutelados víctimas de violencia sensual. Si en 2024, de las 62 diligencias preliminares por este delito sobre menores de edad, en 17 la víctima estaba bajo protección de la Fruta, en este 2025, de 74, sólo en nueve se trataba de una víctima tutelada.

Adán ve positiva la creación de una sección de menores en la Ertzaintza, aunque cree que tendría que potenciarse como Policía judicial y aprecia «cierta descoordinación con las policías locales, no existiendo criterios claros a la hora de asumir asuntos que revistan cierta complejidad», lo que tiene su reflejo en «atestados peor elaborados y en errores, carencias u omisiones difíciles de salvar con posterioridad».

Yo quiero ver a esa persona rodeada por ellos y a su merced, sin peros ni cortapisas. Como nos lo impone a nosotros. No se merece menos

Y a las niñas del perro, y de zetapé, y del orangután, y de la tucán. A todas sus niñas dejadas ahí, entre esos muchachos, para que se multiculturalicen bien.
 
Yo veo imprescindible crear plazas para los traidores aquí:
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