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La ley esta hecha para que se larguen pero la retuercen para que se quede. Todos sabemos como funciona España si hay politicos por detras.Te arreglo el titular:
EXPULSIONES PARALIZADAS PORQUE LA LEY ESTÁ HECHA PARA QUE TODOS SE QUEDEN
Le cayó más que a los de los EREOjo a lo que pone la noticia:
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.

Hay que cumplir la ley. Si la ley no funciona bien, el Poder Legislativo debe aprobar otra que funcione mejor.Traidores hasta el final, cosas de rojos.
No todo
Hacienda es muy sagaz si eres autónomo pyme trabajador o no declaras por Wallapop 31 ventas de artículos de segunda mano
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Si contraria después de que un tribunal pogre la reinterprete al estilo hacienda.Lo que no se que espera la gente. Trabajadores que no serían despedidos ni faltando un mes al trabajo ni dando una caricia a su jefe pero que pueden perder la silla por firmar una orden contraria a la ley.
No habeis visto ni un funcionario quejarse de la avalancha que han regularizado. Creo que nunca se han tramitado en España tantos expedientes a la vez, ni tan rápido.![]()
Las expulsiones de forasteros a Jovenlandia atascadas: "Los funcionarios no quieren firmar"
El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del...www.elmundo.es
El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los forasteros es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.
Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.
Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.
En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Jovenlandia está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.
En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 forasteros mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Jovenlandia acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.
«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales
Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.
En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrat de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Jovenlandia, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Jovenlandia, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.
Infierno de fistros.País de pandereta.
Pero ahí no se condena a ningún funcionario sino a los responsables últimos que son puestos políticos. Manolo el C1 de extranjería no fue condenado, ni Juan el A2 Jefe de Servicio de Manolo.Si faltas 10 horas es falta grave y puedes tener suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 años.
Esa sentencia es una burrada pero demuestra que los funcionarios no pueden actuar contra la ley.
¿Y los indultos para que están?Ojo a lo que pone la noticia:
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.
Las resoluciones las firman PUESTOS POLÍTICOS![]()
Las expulsiones de forasteros a Jovenlandia atascadas: "Los funcionarios no quieren firmar"
El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del...www.elmundo.es
El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los forasteros es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.
Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.
Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.
En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Jovenlandia está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.
En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 forasteros mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Jovenlandia acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.
«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales
Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.
En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrat de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Jovenlandia, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Jovenlandia, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.
Ya, pero si desobedecen abiertamente las órdenes de sus jefes superiores, sí pueden ser condenados por falta grave o muy grave.Pero ahí no se condena a ningún funcionario sino a los responsables últimos que son puestos políticos. Manolo el C1 de extranjería no fue condenado, ni Juan el A2 Jefe de Servicio de Manolo.
¿los ceutíes que no apoyaron a los funcionarios inhabilitados? Pues sí, estos que protestan seguro que son mucho más serviles en su trabajo.Infierno de fistros.