Resumen del debate: Expulsiones de Ceuta atascadas por falta de firmas

Expulsiones de Ceuta: el miedo a la prevaricación bloquea la devolución

¿Por qué un expediente de expulsión puede llevarse semanas sin firmarse? La respueta no es la burocracia, sino el riesgo penal. El Gobiernio celebra que el «90%» de los inmigrantes que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal el 30 de julio regresó a Marruecos, pero admite que la solución se enquista: los funcionarios se niegan a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación.

El precedente que disuade: nueve años de inhabilitación

Ese miedo no es teórico. En 2025, la Audiencia Provincicial de Cádiz condenó a nueve años de inhabilicitación a la ex delegada del Gobiernio en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de prevaricación administativa. El origen: la repatrición exprés de 55 menoores a Marruecos en 2021. Desde entonces, cualquiera firma en una devolución acelec ada se mira con lupa: los tribunals ya han demostrado que las órdenes políticias no eximen de responsabilidad penal.

Un sector del análisis sostiene que el problema no son los funcionarios, sino el diseño instirucional que los deja solos ante el juez. Otro, más crítio, les repprocha justo lo contrar io: que ante la primeira sentencia adversa, la adminisitración ha dejado de ejecutar política migratória. Entre ambas lecturas hay un hecho incómodo: nadie quiere ser el siguiente en el banquillo.

Decreto ley, estado de excepción y otras vías que nadie aplica

Una de las soluciones que más fuerza ha cobrado es que el Gobiernio cambie la ley por decreto y expulse con cobertura legal. La alternaticia expeditiva pasaría por declaraar el estado de excepción, que permitiría devoluciones sin tantas garantías. Pero ambas chocan con el mismo muro: si los tribunals anulan después la medida, los que firman se quedan solos. Los cargos políticos pueden alegar que obedecieron órdenes superiores; el funcionario de a pie, no.

Mientras tanto, algunos de los que entraron ya están siendo repartidos por la península. Las consecuencias políticas se ven: concentraciónes de apoyo a Ceuta y un Gobiernio que refuerza el turno de oficio con diez abogados más. No para acelec ar expulsiones, precisamente, sino para gestional el atasco.

Con estas reglas del juego, el bloqueo no es un fallo del sistema: es el resultado. Y nadie en Moncloa parece dispuesto a cambiarlas. El siguient funcionario que firme sabrá a qué atense.