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*Tema mítico* : Esto va a explotar en cualquier momento. estáis avisados (III)
- Autor del tema Lorenzo Ramirhez
- Fecha de inicio
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bambum
Madmaxista
Creo que los mafiosos hacían algo parecido..Prepárense. Trump impone un arancel del 20% a los barcos que pasen por Ormuz por su protección:
Al final si no podían con su enemigo se unen a él. Algo que parecía solucionado y se dedican a sacar dinero de debajo de las piedras.
Drobed Yug
Madmaxista
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Oye mira, las teorías para justificar un enemigo exterior que sirva de coartada para todo lo que el régimen europeísta está haciendo y va a hacer es muy probable que tengan su público en países que han sido invadidos por Rusia en el pasado, tipo Finlandia, Alemania, Polonia o Hungría.
Debido a que no tenemos nada en común con esa gente del este y del norte, esas teorías no tienen punch en España, Grecia, Portugal o Italia.
Última edición:
Solo hay una solución: Un cataclismo tecnológico que nos lleve a una era preindustrial.Los funcionarios son un problema grave en este país. Personajes intocables que actúan sin pudor. Esa, con decir que no quiere seguir prevaricando a las órdenes de la organización corrupta que la mantenía en el puesto ya lo tiene todo arreglado. Nadie le va a decir nada más, pondrán otro sustituto y ya está. Mientras ella seguirá cobrando de nuestros impuestos sin ningún problema. ¿Qué podemos esperar de gente que es totalmente impune? El estado está profundamente corrupto. No hay solución democrática para España.
Esta es la lacra de España. Nunca podremos librarnos de lo que nos enferma sin extirpar este cáncer.
Imaginaros esa funcionaria intocable cayendo sobre vosotros o vuestra empresa.
Mientras los españoles...
¿En serio creéis que esto lo va a solucionar la democracia? ¿De verdad queréis salvar algo?
Yo creo que la única salvación es llegar hasta el final. Tocar fondo. Que toda esa masa sienta el máximo dolor para que reaccione. Como un electroshock cerebral. Mientras no haya mucho dolor el soma seguirá haciendo efecto y el cáncer avanzando.
Como eso no pasará, nos va a tocar sufrir por el resto de nuestras vidas.
Tecnología = Herramienta del sistema para controlarte y determinar tu vida.
A más tecnología, más derroidos vamos a estar, más controlados, más sometidos al poder.
La gente hoy en día mientras tenga tiktok, le puedes hacer lo que quieras que no les importa.
Y apenas quedara oro en los bancos centrales europeosQue interés tiene Rusia en Europa?
Ninguno, solo defender su soberanía y mantener las armas nucleares lejos de ellos.
Que quieren nuestro petróleo? Tierras raras? Nuestras mujeres? Jajjajjaj
EUROPA ES RUINA MISERIA SARRACENA Y CORRUPCIÓN
QUE BENEFICIO PUEDE HABER EN INVADIR EUROPA ?
QUE BENEFICIO PUEDE HABER EN INVADIR RUSIA ?
LA ELITE SATANISTA LE GUSTE LAS MATERIAS PRIMAS RUSAS Y LAS QUIEREN GRATIS PARA PODER PERPETUARSE EN EL PODER ?
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Madmaxista
Marcos Rubio no aprueba tu comentario.
LUIS MARIN
Madmaxista
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Elecciones municipales en mayo hombre(mensaje citado en revisión)
llabiegu
Madmaxista
Para venir a por un puesto de funcionario europeo
llabiegu
Madmaxista
Eso es porque la gente esta tiesa, la falta de dinero se nota enseguida(mensaje citado en revisión)
llabiegu
Madmaxista
Yo creo que el premio le cae a los bálticos(mensaje citado en revisión)
La Policía eleva a 3 millones los forasteros regularizados con sus familias
Altos mandos de Extranjería advierten de que las reagrupaciones harán que "el sistema se quiebre"
España asumirá tres millones de forasteros en situación legal con sus familias en un año a través del proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno. Así lo estiman altos mandos de Extranjería, que basan su cálculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el área. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
Además, los jefes del área critican con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por, denuncian, apartar a la Policía Nacional «deliberadamente» del control de los trámites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones.
Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, revelan las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
El malestar es manifiesto al considerar que el personal del ministerio que dirige Elma Saiz «no está capacitado» para tramitar las solicitudes porque carece de «formación». «La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo», zanjan los altos mandos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, remite al Real Decreto. «Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto» sin especificar nada más. El trámite que se clausurará, según las estimaciones de la cúpula policial, con un volumen regularizaciones que rompe cualquier previsión del Gobierno.
«El sistema va a quebrar». Las peticiones registradas desbordaron al Ejecutivo Central y dieron la razón a la Policía Nacional, que desde el principio del proceso las situó entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Gobierno estimó cuando aprobó la medida.
«Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro», argumentan los altos mandos del área consultados. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares que, vuelven a indicar, dinamitarán de nuevo las previsiones. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un descendiente o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social» y e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En él, advertía de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos».
Entre ellos citaba un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Hablaba incluso de la «desconfianza social» que se genera, apuntaba, «sobre gestión de fronteras». Insistía, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronosticaba que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos forasteros aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. En este tiempo los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjería llegó a emitir una alerta interna a través de un oficio.
Altos mandos de Extranjería advierten de que las reagrupaciones harán que "el sistema se quiebre"
España asumirá tres millones de forasteros en situación legal con sus familias en un año a través del proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno. Así lo estiman altos mandos de Extranjería, que basan su cálculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el área. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
Además, los jefes del área critican con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por, denuncian, apartar a la Policía Nacional «deliberadamente» del control de los trámites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones.
Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, revelan las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
El malestar es manifiesto al considerar que el personal del ministerio que dirige Elma Saiz «no está capacitado» para tramitar las solicitudes porque carece de «formación». «La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo», zanjan los altos mandos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, remite al Real Decreto. «Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto» sin especificar nada más. El trámite que se clausurará, según las estimaciones de la cúpula policial, con un volumen regularizaciones que rompe cualquier previsión del Gobierno.
«El sistema va a quebrar». Las peticiones registradas desbordaron al Ejecutivo Central y dieron la razón a la Policía Nacional, que desde el principio del proceso las situó entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Gobierno estimó cuando aprobó la medida.
«Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro», argumentan los altos mandos del área consultados. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares que, vuelven a indicar, dinamitarán de nuevo las previsiones. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un descendiente o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social» y e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En él, advertía de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos».
Entre ellos citaba un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Hablaba incluso de la «desconfianza social» que se genera, apuntaba, «sobre gestión de fronteras». Insistía, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronosticaba que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos forasteros aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. En este tiempo los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjería llegó a emitir una alerta interna a través de un oficio.
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llabiegu
Madmaxista
España va a ser como el camarote de los hermanos MarxLa Policía eleva a 3 millones los forasteros regularizados con sus familias
Altos mandos de Extranjería advierten de que las reagrupaciones harán que "el sistema se quiebre"
España asumirá tres millones de forasteros en situación legal con sus familias en un año a través del proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno. Así lo estiman altos mandos de Extranjería, que basan su cálculo en el efecto de las reagrupaciones familiares que prevén que soliciten los 1.200.000 peticionarios. Este asunto preocupa, y mucho, a los expertos en el área. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
Además, los jefes del área critican con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por, denuncian, apartar a la Policía Nacional «deliberadamente» del control de los trámites -es su competencia- para dejarlo en manos del Ministerio de Migraciones.
Esta decisión, a su juicio, debilita los mecanismos de verificación de autenticidad documental sobre las personas que están en el proceso y abre la puerta, advierten, a una comprobación errónea, por ejemplo, de los antecedentes penales. La confusión sobre quién se iba a ocupar de tramitar los expedientes ha sido una constante a lo largo del proceso. La intervención de las brigadas de Extranjería queda reducida pues, revelan las mismas fuentes, a tareas meramente administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración».
El malestar es manifiesto al considerar que el personal del ministerio que dirige Elma Saiz «no está capacitado» para tramitar las solicitudes porque carece de «formación». «La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo», zanjan los altos mandos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, por su parte, remite al Real Decreto. «Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto» sin especificar nada más. El trámite que se clausurará, según las estimaciones de la cúpula policial, con un volumen regularizaciones que rompe cualquier previsión del Gobierno.
«El sistema va a quebrar». Las peticiones registradas desbordaron al Ejecutivo Central y dieron la razón a la Policía Nacional, que desde el principio del proceso las situó entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Gobierno estimó cuando aprobó la medida.
«Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro», argumentan los altos mandos del área consultados. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares que, vuelven a indicar, dinamitarán de nuevo las previsiones. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un descendiente o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social» y e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso y negaba, con datos, la «urgencia» en la que se apoyaba Pedro Sánchez.
El documento lo firmaba el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. En él, advertía de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos».
Entre ellos citaba un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Hablaba incluso de la «desconfianza social» que se genera, apuntaba, «sobre gestión de fronteras». Insistía, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronosticaba que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos forasteros aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recogía.
Contemplaba que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. En este tiempo los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Extranjería llegó a emitir una alerta interna a través de un oficio.
Pero sus famosos cigot duros a un euro cada uno en España, contando también el coste del gas y la luz.España va a ser como el camarote de los hermanos Marx