Los empleados del sector público han iniciado el mes de enero con movilizaciones encadenadas desde distintas áreas de la Administración. Aunque las circunstancias son dispares,...
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Los
empleados del sector público han iniciado el mes de enero con
movilizaciones encadenadas desde
distintas áreas de la Administración. Aunque las circunstancias son dispares,
las quejas son comunes: la esa época en el 2020 de la que yo le hablo dejó al aire las debilidades de un sector público que no cuenta con
personal suficiente para acometer un volumen creciente de trabajo y sus empleados, además de saturados y sobrecargados, se sienten
muy mal remunerados.
CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios y el personal laboral, detectó en el año 2020 que la Administración tenía un
déficit de unos 106.000 trabajadores que en su opinión debían cubrirse en un plazo de tres años -acabando en este 2023- a los que sumaban alrededor de
280.000 trabajadores que necesitaría incorporar la Sanidad de forma específica en un plazo de diez años para homologarse a los estándares europeos de profesionales por número de pacientes.
"Los efectos de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo han puesto en evidencia las
necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto
tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes", denuncia CSIF.
Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, el número de empleados públicos dados de alta al a Seguridad Social ha crecido en
126.799 personas, según los datos de afiliación que son coincidentes con los de la EPA. La Administración Pública, Defensa y Seguridad Social ha ganado 63.805 empleados
; la Educación, 33.729 docentes; y la Sanidad, 7.381 profesionales, pero esas incorporaciones netas (la ganancia de trabajadores de cada sector descontando a los que se han perdido por jubilaciones) no resultan suficientes ni para los empleados ni para sus representantes sindicales.