Otro gran artículo de Jumanji
Un exceso de 2.500 millones
La abogacía del Estado informa de que las eléctricas deben liquidar los CTC.
[Nota de Jumanji: al final del artículo se exponen todos los comentarios al respecto]
La Abogacía del Estado ha dictaminado que existen razones para reclamar la liquidación de los conocidos Costes de Transición a la Competencia (CTC), concedidos graciosamente por el ministro Josep Piqué en 1998 a las empresas eléctricas como una compensación al supuesto deterioro competitivo de sus activos. Considera la abogacía, a instancias del Ministerio de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que las eléctricas han percibido de la tarifa, es decir, de los consumidores, más dinero del que les correspondía. Según los cálculos del equipo ministerial de Clos, las eléctricas deben unos 2.500 millones de euros. El informe de la Abogacía del Estado no entra en el cálculo de esa deuda -parece que sólo Iberdrola tendría que devolver unos mil millones de euros-, pero avala cualquier reclamación del Gobierno sobre ese dinero. La expresión más correcta sería “obliga“, porque si el exceso de dinero percibido por las compañías no se reclama, bien podría pensarse en un caso de negligencia administrativa.
Es oficial, por tanto, que la desaparición de los CTC, decidida en tiempos de Antonio Fernández Segura como secretario general de Energía, requería una liquidación previa para no perjudicar a los consumidores. Esa liquidación ofrece al menos dos puntos de interés. Permitirá reducir la pesada carga del llamado déficit de tarifa, unos 12.500 millones de euros acumulados al finalizar 2008, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP para calcular el precio de la electricidad. La ocurrencia popular, consistente en presumir de tarifas reducidas por el método de trasladar al futuro, es decir, a otros gobiernos y consumidores, el coste real de producción, contó con la frívola colaboración del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, que se negó a subir el precio de la electricidad y a sustituir el ridículo mercado minorista cuyos precios se apañan las eléctricas con sus propias filiales. En buena lógica, los 12.500 millones que adeudarán los consumidores a finales de este año 2008 deberían reducirse en los 2.500 millones mencionados y en los 1.074 millones de euros correspondientes a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que también tienen que restituir las compañías.
La pringosa connivencia del PP con los grupos eléctricos y la incapacidad de los ministerios de Montilla y Clos para articular una política tarifaria coherente han convertido la tarifa eléctrica en un enredo laberíntico. Las salidas, como en los aviones y en las casas del terror, están marcadas: o se sube la tarifa -para pagar el déficit a fecha de hoy, la luz tendría que encarecerse en un 30%- o se aplican otros instrumentos de extracción de ingresos que compensen la carrera imparable del endeudamiento. Durante cuatro años, la primera salida ha estado tapiada por la política presidencial de no subir las tarifas por encima del IPC. Sería una sorpresa que Miguel Sebastián imponga el criterio más racional de repercutir los costes en el consumidor.
La segunda salida consistiría en aplicar tasas o impuestos que corrijan los cuantiosos beneficios que obtienen las compañías como consecuencia de las normas regulatorias. Véase al respecto el caso de la energía nuclear, cuyas instalaciones están amortizadas y vueltas a amortizar varias veces a costa del recibo de la luz y que, sin embargo, siguen beneficiándose de una distancia sideral entre el coste de producción de la electricidad nuclear -unos 20 euros por megavatio- y el precio de mercado, que ronda los 60 euros por megavatio. La tentación de repartir ese margen, excesivo a todas luces, para que una parte revierta en los usuarios podría satisfacerse mediante la aplicación de un impuesto extraordinario. Advertencia: los teóricos de la regulación saben que este tipo de impuestos extraordinarios tienen dificultades, a veces insoslayables, de aplicación.
Los activos de generación hidroeléctrica presentan las mismas disfunciones regulatorias. Están tan amortizados o más que los nucleares y se benefician de la misma distorsión de precios generada por un precio mayorista que se fabrican las empresas y una tarifa que fija el Gobierno antes de conocer ese coste. La generación hidroeléctrica en España presenta, además, un fenómeno casi paranormal: las empresas -Iberdrola es la más beneficiada- no pagan o lo hacen con cantidades irrisorias, próximas al expolio, el agua que utilizan para generar kilovatios. Esa agua está sometida a un régimen de concesión pública cuyas condiciones se desconocen. Cualquier sistema racional concedería el agua mediante un sistema de subastas que ponga en valor la propiedad pública que aproxime los costes de producción a los del mercado, como le gusta al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez.
El enredo tarifario medirá, y éste es el segundo punto de interés, el temple político y técnico de Sebastián y sus colaboradores. O, más de lo mismo, con tarifas políticas de mírame y no me toques mientras sigue creciendo la exorbitante deuda artificial con las compañías y sumisión perruna a la inexpugnable cuenta de resultados de las empresas -no sea que se vayan a desplomar en Bolsa- o una política de precios más coherente que defienda los dineros de los consumidores y su derecho, sin ir más lejos, a cambiar de empresa distribuidora. El mismo carácter, por cierto, que será necesario para decir de una vez el almacén nuclear centralizado, que ya es urgente. Las piscinas de las centrales se llenan de residuos, el contrato con Francia está a punto de expirar y el famoso ATC sigue en el limbo de los justos, o, mejor, de los torpes.
Por cierto, ¿qué se hizo del Libro Blanco de Electricidad redactado por Ignacio Pérez Arriaga? ¿Alguien puede dar cuenta política de su desaparición?
Fuente:
El País
Antes de nada aclarar que se trata de un artículo publicado el 27 de Abril de 2008, pero consideramos que es de máximo interés actual principalmente por 4 motivos:
* Pone de manifiesto ciertos fallos del Mercado Eléctrico que conviene volver a recalcar.
* La llegada al Ministerio de Industria de Miguel Sebastián despertaba ciertas incógnitas que dos años y medio después podemos despejar.
* Con el RD 661/2007 en vigor aún no se había producido el boom de la energía solar fotovoltaica ni la campaña de desprestigio contra esta tecnología abanderada por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
* La situación del Déficit Tarifario por aquél entonces en contraposición con la que vivimos hoy.
El Sector Eléctrico español
Antes de continuar, repasemos el Sector Eléctrico español.
Por exigencias del Mercado Común, el Sector Eléctrico hasta entonces regulado y en gran medida en manos del Estado tuvo que liberalizarse. Y a tal efecto se creó la Ley 54/1997.
El Gobierno de Felipe González ya había dado los primeros pasos para la privatización de las Eléctricas españolas, medida que culminó el Gobierno de José María Aznar de forma apresurada, irregular, y por qué no decirlo, irresponsable (a día de hoy vemos en los países europeos de nuestro entorno que este sector estratégico sigue estando en manos del Estado). Y esta política de privatizaciones se realizó con anterioridad a la verdadera liberalización del sector, lo que originó un oligopolio, al que podríamos tildar de cártel, en el cual muy pocas empresas se han enriquecido a costa de un servicio de mediocre calidad ofertado a unos consumidores que no tenían elección.
Costes de Transición a la Competencia (CTC)
Con la llegada de la supuesta liberalización del sector, se alteraron las condiciones del mercado bajo las cuales las empresas generadoras de electricidad (que se encargaban también de la distribución y el suministro a los consumidores finales) habían acometido sus inversiones. Hubo por tanto de crearse un mecanismo para resarcir a las Eléctricas de las inversiones que el nuevo mercado competitivo dejaba eventualmente de garantizar. Y para ello se establecieron los Costes de Transición a la Competencia (CTC).
En el Boletín Económico de la Revista ICE, Julián López Milla, del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante establece La determinación de los Costes de Transición a la Competencia en el Sector Eléctrico Español, del que reproducimos un extracto:
“En España, los costes varados tienen su origen en el Marco Legal Estable. Esta regulación garantizaba la recuperación del valor estándar asignado a los activos fijos y aseguraba el cobro de una rentabilidad que se calculaba a partir de una tasa aplicada sobre esos valores, que eran determinados por la Administración e incluían, entre otros elementos, el coste de adquisición, las inversiones adicionales, el complemento que se reconoció a las empresas que habían participado en el intercambio de activos que se realizó a mediados de los ochenta y, en algunos casos, parte de los costes financieros generados por la construcción de las centrales («gastos financieros activados»). Para evitar bruscos incrementos de las tarifas, el valor estándar se recuperaba a través de un procedimiento que difería el cobro de una parte de los ingresos correspondientes a los primeros años del período que seguía a la entrada en funcionamiento de las instalaciones. Sin embargo, la nueva regulación ha establecido que los productores que deseen vender su electricidad deben acudir a un mercado mayorista que empezó a funcionar el 1 de enero de 1998, así que no existe ninguna garantía sobre la recuperación del valor de las inversiones. Esta es la razón de que se haya dispuesto que las compañías afectadas deben percibir una compensación que cubra la diferencia entre el nivel de ingresos que determinaba el Marco Legal Estable y el importe que van a percibir mediante las ofertas que realicen en ese nuevo mercado.”.
Para entendernos, los CTC se calcularon y acordaron con las Compañías Eléctricas en su día para permitir entre otras cosas la recuperación del 100% de las inversiones que habían realizado en activos de generación eléctrica.
No obstante esta medida no trató de igual manera a estas Corporaciones y a los consumidores. A las primeras se les garantizó la recuperación del 100% de sus inversiones, pero el mecanismo dejó en el aire la posibilidad de que el nuevo marco regulatorio no fuese definitivamente tan desfavorable para sus intereses. Esto desembocó en un pago superior al máximo acordado. Las Compañías Eléctricas cobraron en exceso los CTC por un importe que puede llegar a ascender hasta los 3.500 Millones Euros (2.500 Millones de Euros según una estimación de Joan Clos), montante que por cierto no nos ha sido devuelto a los consumidores y que continúa engordando de forma ficticia el Déficit Tarifario, generando intereses de demora y comprometiendo al Estado como avalista y garante de su devolución.
La CNE también manifiesta este exceso de pago.
No obstante UNESA, la patronal de la industria eléctrica (que curiosamente agrupa a las 5 grandes: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía), discrepa radicalmente de esto afirmando en el informe La situación económico-financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2009 que “las centrales hidráulicas y nucleares no están amortizadas. De hecho, les queda más de un 40% de vida útil económicamente restante”. Si los CTC fueron creados y calculados entre otras cosas para recuperar las inversiones destinadas a estos activos, ¿cómo puede ser esto posible? Pues muy sencillo, exponiendo los hechos de manera que permitan manipular las conclusiones. Me explico:
* Los CTC se calcularon entre otras cosas para recuperar las inversiones destinadas a la construcción del conjunto de las centrales, por lo que el importe destinado a una en particular puede que deba ser compensado por el exceso cobrado por otra.
* Es imprescindible diferenciar entre recuperación de las inversiones y amortización contable. Las Eléctricas todavía conservan las partidas de amortización en sus balances, pero el dinero que invirtieron ya ha sido compensado íntegramente.
Por tanto, ¿están completamente amortizadas económicamente las centrales nucleares, hidroeléctricas y de carbón? TAJANTEMENTE SÍ. ¿Se han cobrado CTC en exceso a costa de los consumidores? TAJANTEMENTE SÍ. ¿Ha sido devuelto este exceso a los consumidores? LA RESPUESTA ES NO. ¿Qué sucede actualmente con estos 2.500 Millones (según Clos) pagados en exceso? QUE ESTÁN ENGORDANDO EL DÉFICIT TARIFARIO convirtiendo una deuda de las Eléctricas a los consumidores en una obligación de cobro.
Nos queda un interrogante: ¿por qué se compensó a las grandes Compañías Eléctricas cuando cambiaron las reglas del Mercado pero se amenaza con hacer todo lo contrario a los promotores de Energías Renovables?
Derechos de Emisión
Por otro lado, los derechos de emisión de CO2 que fueron creados con la finalidad de internalizar los costes de la contaminación para redirigir el mix de generación eléctrica hacia uno medioambientalmente más eficiente, se anulan con el sistema de retribución de los CTC a la generación con carbón, la más contaminante.
Además, en compensación por el Déficit Tarifario, las Eléctricas recibieron un “regalito” en forma de derechos de emisión de CO2 cuyo coste asumió el Estado, importe que puede rondar los 1.000 Millones de Euros y que nuevamente no se ha descontado de la deuda.
Los Windfall Profits (o beneficios caídos del cielo)
En competencia perfecta, una empresa que comercializa un producto a un precio que le permite obtener márgenes superiores a los de mercado llamará la atención de competidores hasta que se restablezca la situación de equilibrio.
No obstante, las nucleares e hidroeléctricas, cuyas inversiones han sido completamente recuperadas, venden con costes variables muy bajos y costes fijos prácticamente nulos a precios de venta fijados por tecnologías más caras dentro de un mercado que no permite la competencia (no se pueden construir más centrales de estas tecnologías). Aquí se produce un fallo importantísimo de mercado que impide la libre competencia permitiendo disparatados beneficios a las empresas generadoras de electricidad nuclear e hidráulica en detrimento de los consumidores.
La generación hidroeléctrica
“La generación hidroeléctrica en España presenta, además, un fenómeno casi paranormal: las empresas -Iberdrola es la más beneficiada- no pagan o lo hacen con cantidades irrisorias, próximas al expolio, el agua que utilizan para generar kilovatios. Esa agua está sometida a un régimen de concesión pública cuyas condiciones se desconocen. Cualquier sistema racional concedería el agua mediante un sistema de subastas que ponga en valor la propiedad pública que aproxime los costes de producción a los del mercado, como le gusta al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez”. Esto lo vimos en El gran negocio privado con el agua de todos.
Joan Clos, Ministro de Industria
Siendo Joan Clos Ministro de Industria, asumió toda esta situación y para tratar de reducir el Déficit Tarifario planteó la posibilidad de recuperar los supuestos 2.500 Millones de Euros pagados de más a las Eléctricas en concepto de CTC, y los 1.000 Millones de Euros “regalados” por el Estado en derechos de emisión.
En abril de 2008 fue sustituido en su cargo por Miguel Sebastián.
Miguel Sebastián, Ministro de Industria
“El enredo tarifario medirá, y éste es el segundo punto de interés, el temple político y técnico de Sebastián y sus colaboradores. O, más de lo mismo, con tarifas políticas de mírame y no me toques mientras sigue creciendo la exorbitante deuda artificial con las compañías y sumisión perruna a la inexpugnable cuenta de resultados de las empresas -no sea que se vayan a desplomar en Bolsa- o una política de precios más coherente que defienda los dineros de los consumidores y su derecho, sin ir más lejos, a cambiar de empresa distribuidora”.
Las tarifas ahora sí se tocan aunque no consiguen frenar la “exorbitante deuda artificial con las compañías”, y el Gobierno continúa con su “sumisión perruna a la inexpugnable cuenta de resultados de las empresas”.
Una circunstancia sí que ha cambiado mucho: la generación con tecnologías que utilizan fuentes de energía renovables se ha incrementado enormemente desde entonces a la par que el importe total de sus costes establecido por sus tarifas reguladas.
El boom de la fotovoltaica
Cuando llegó Sebastián, estaba vigente el RD 661/2007 y había 900 MW de potencia fotovoltaica conectada a la red (Sebastián: “con las Renovables hemos pagado la novatada”). ¡¡En los 5 meses siguientes se conectaron 2.400 MW más!! Y éste fue el germen del problema actual con el importe de las tarifas reguladas.
El Déficit Tarifario
En la actualidad se culpa a la Energía Solar Fotovoltaica de crear el Déficit Tarifario, pero como podemos comprobar éste ya existía en 2008, y continuaba creciendo previendo 12.500 Millones al terminar ese año.
Además, dados los precedentes acontecidos con su antecesor, no parece que el actual Ministro investigue el exceso de deuda y menos aún que intente arreglar las distorsiones generadas por los Windfall Profits.
El lobby eléctrico
Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola, abandera la campaña de desprestigio contra las tecnologías solares urdida por el lobby eléctrico. Cabría preguntarle:
* ¿Qué habría sido de la eólica, objeto de la mayor parte de las Inversiones de Iberdrola Renovables, si su desarrollo se hubiera frenado en plena curva de aprendizaje?
* ¿Por qué tacha a la solar de cara e inmadura pero apuesta por ésta en EEUU? (¿Falta de coherencia en Iberdrola?)
* En su afán de reducir el Déficit Tarifario, ¿por qué no quiere ni oír hablar de los CTC cobrados en exceso que nos adeudan ni de los derechos de emisión que le hemos regalado?
* ¿Y qué pasa con los Windfall Profits que generan sus centrales nucleares e hidroeléctricas?
* ¿Y por qué no promueve la transparencia de un sector que imponga el libre mercado y la libre competencia para que los consumidores tengan elección real y paguen por la electricidad lo que realmente vale? “Cualquier sistema racional concedería el agua mediante un sistema de subastas que ponga en valor la propiedad pública que aproxime los costes de producción a los del mercado, como le gusta al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez”.
El Libro Blanco de la Electricidad
La Wikipedia define Libro Blanco como “Un Libro blanco es un documento oficial publicado por un gobierno o una organización internacional, a fin de servir de informe o guía sobre algún problema y cómo enfrentarlo. Los libros blancos son utilizados para educar a los lectores y ayudar a las personas a tomar decisiones. Son usados en la política y los negocios. También pueden ser un informe gubernamental que diseña una política, generalmente, a largo plazo”.
El Libro Blanco de la Electricidad fue encargado por el entonces Ministro de Industria José Montilla al profesor Ignacio Pérez Arriaga, ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Eléctrica, del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas. El objetivo del Gobierno era resolver ciertas dudas funcionales que planteaba la reforma del Sector Eléctrico.
En casi 600 páginas, este Libro Blanco analiza en profundidad los sectores energéticos y otros muchos asuntos relacionados, y propone diversas alternativas a temas como los CTC, la competencia en el sector, el mix de generación, la cobertura de la demanda, diseño de la red de transporte, reglas de funcionamiento del mercado liberalizado, organización del Mercado Eléctrico Mayorista “pool”, proceso de formación de precios, eliminación de barreras para los nuevos agentes entrantes, Energías Renovables, etc.
¿Qué ha pasado con esto? Pues para hacernos una idea, el propio José Ignacio Pérez Arriaga ya exponía su punto de vista hace tres años: Dos años después del Libro Blanco la electricidad (Septiembre-2007).
RESUMEN
Pocas cosas han cambiado desde que Jesús Mota escribió este artículo a finales de 2008. Bueno, algunas sí, pero a peor…
Lo que sigue igual:
- El Déficit Tarifario ha seguido creciendo.
- Pese al dictamen de la Abogacía del Estado, los consumidores no hemos recuperado aún los miles de millones de Euros que hemos pagado de más a las Eléctricas.
- Continúan los fallos de mercado en el Sector Eléctrico impidiendo la libre competencia y permitiendo escandalosos beneficios sobrevenidos en determinados negocios de generación eléctrica.
- No se han producido avances en la clarificación de un sector opaco y monopolizado por unas pocas compañías muy poderosas.
- Seguimos sin saber lo que realmente cuesta la electricidad.
- Las hidroeléctricas siguen beneficiándose de un bien público sin apenas dar nada a cambio.
- Siguen sin defenderse los intereses de los consumidores.
- El Gobierno continúa sometiéndose a los caprichos de las Eléctricas.
Lo que está peor:
- El boom de la fotovoltaica que el Ministro Sebastián permitió por falta de previsión y de capacidades se ha enquistado.
- La impaciencia del lobby eléctrico al constatar que se agrava su problema del Déficit Público ha cargado contra la tecnología solar fotovoltaica, el eslabón más débil de la cadena, culpándola de todos los males y consiguiendo convencer a la opinión pública con una excelente campaña de comunicación basada en datos tergiversados e informaciones torticeras auspiciada por los medios de comunicación y el entorno político.
- El Ministro Clos trató de reducir el Déficit Público empezando por lo primero, tratar de descontar los más de 3.500 Millones de Euros excedentarios. El actual Ministro de Industria Sebastián se está centrando para ello en las Energías Renovables, o mejor dicho en la Fotovoltaica, para tratar de recortar menos de la tercera parte de este importe, amenazando la seguridad jurídica y la imagen internacional del país.
CONCLUSIÓN
No parece, por lo menos en el corto plazo, que alguien tenga intención de defender los intereses de los consumidores. Por lo visto estamos solos ante el peligro, por eso no debemos dejarnos seducir por falsos enfoques tendenciosos y manipuladores. En cambio, es necesario que nos informemos y exijamos desde el poder que confiere la unión que esta situación se torne justa.
¿Estamos pagando por la electricidad lo que realmente cuesta? Pues lo único que podemos concluir es que si se acaba pagando el 100% de la deuda generada por la tarifa tal cual está a día de hoy, habremos pagado mucho más de lo que vale.
Dejo otro artículo redactado también por Jesús Mota publicado en El País en Agosto de este año: Un maldito embrollo
