El Gobierno no tendrá un cheque en blanco para gastar los 60.000 millones de euros en
ayudas no reembolsables de la UE. O al menos eso pretende la Comisión Europea. Aunque se trata de unas reglas todavía inmersas en negociaciones, el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá
el fondo de recuperación Next Generation EU. Según la nueva guía y el borrador del reglamento, para obtener estos fondos se exigirán las recomendaciones pasadas de reformas que no se habían cumplido. No se reclamarán ajustes fiscales, que podrían empeorar la recuperación y se posponen hasta que la economía se haya recuperado; pero sí las reformas. Esto supone que España tendrá que presentar un cambio de calado en las pensiones y potenciar la contratación indefinida.
Hasta ahora el Gobierno pensaba que
la única condición a la que estaban sometidos los fondos era gastarlos bien. Los recursos se iban a entregar en función de que se cumplieran unos hitos que demuestren que se está trabajando en las inversiones y que el dinero se desembolsa. Esos hitos los pactaba el Ejecutivo con la Comisión y eran el único requisito para recibir los fondos. Aunque las ayudas se habían vinculado también a las recomendaciones del Semestre Europeo, estas se resumían este año en una idea: combatir por todos los medios las consecuencias de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Y “solo cuando las condiciones lo permitan”, tendrán que “perseguir una política fiscal prudente”, decían en junio. Europa daba entonces carta blanca para todo lo que fuese necesario...
Hasta ahora. La Comisión publicó la semana pasada las guías para elaborar los planes nacionales de inversiones y reformas. Y en estas se señala que no se tendrán en cuenta solo las recomendaciones de junio. También las de años anteriores: “Los Estados miembros deberían examinar el paquete completo de recomendaciones específicas dirigidas a ellos por el Consejo, en particular bajo los ciclos de 2019 y 2020. A menos que la Comisión haya identificado en estas recomendaciones un ‘progreso sustancial’ o una ‘implementación completa’, todas deben ser consideradas relevantes. Los Estados deberían proporcionar una explicación detallada de cómo se va a responder a las recomendaciones con las medidas propuestas”, reza la guía del Ejecutivo comunitario.
Entre las reformas que están por hacer destaca “preservar la sostenibilidad del sistema de las pensiones” y “fortalecer el marco presupuestario”. En esos capítulos, según el último examen de la Comisión, no se ha realizado “ningún avance”. También hay “avances limitados” en el impulso de la contratación indefinida, la fragmentación de las ayudas al desempleo, la lucha contra el abandono escolar, la corrección de las disparidades educativas por autonomías, la inversión y evaluación de la investigación e innovación, la eficiencia del gasto y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
En un encuentro con varios medios, entre ellos EL PAÍS, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que “las reformas e inversiones van de la mano para modernizar sociedades y economías”, y recordó que, además de las prioridades en energías verdes y agenda digital, están también las recomendaciones del Semestre Europeo. A cambio de la flexibilidad fiscal, Bruselas pedirá más reformas.
“La Comisión ha metido mayor exigencia por la puerta de atrás”, sostiene un ex alto cargo. Así se obliga al Gobierno a desgranar en su plan de inversiones y reformas qué medidas adoptará para hacer sostenibles las pensiones. O qué hará para fomentar la contratación indefinida.
El Ejecutivo comunitario pondrá nota
Pero eso no es todo. Bruselas ha establecido, además, un sistema de
rating o semáforos para conceder los fondos. Según este esquema, se examinarán hasta ocho puntos de los planes de inversiones y reformas: los cambios exigidos por las recomendaciones; la transición verde; la digitalización; si el impacto del plan es duradero; la mejora del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia social; los costes de las inversiones; si hay coherencia entre las inversiones y las reformas; y el plan de implementación incluido el calendario de inversiones, con sus hitos y objetivos. Cada uno de esos epígrafes obtendrá una calificación. La A determinará que se cumple en gran medida. La B, parcialmente. Y la C, de manera escasa o nula. Si se obtiene una C en cualquiera de los puntos, la Comisión no concederá los fondos. Si se califica con más grados B que A, tampoco se entregarán los recursos. Y si no se logra una A en las reformas, la transición verde y el impacto duradero, tampoco se liberará el dinero. De ahí que el sistema impuesto ponga mucho peso en las reformas y parezca muy duro. Hasta el punto de que la Eurocámara trata de moderarlo. En lugar de perder todo el dinero, los eurodiputados negocian para que por cada escalón menor de la A en una calificación se retire un 5% del fondo.
“La Comisión y el Parlamento estamos buscando hacer una condicionalidad nueva que haga que el dinero se gaste bien. Algunos Gobiernos como el de España intentan debilitar eso”, afirma Luis Garicano, eurodiputado por Ciudadanos y uno de los ponentes del reglamento. La batalla por modificar estas reglas ha comenzado. Populares, liberales y socialistas nórdicos quieren reforzar la rendición de cuentas. Los partidos gobernantes en Italia y España buscan, en cambio, diluirlo. Y a las enmiendas del Parlamento Europeo se sumarán las de los jefes de Estado y de Gobierno en un diálogo a tres bandas entre Comisión, Consejo y Eurocámara. La dureza del texto final dependerá del tira y afloja entre capitales. En cualquier caso, parece que habrá un cierto endurecimiento de las condiciones. Y la guía de la Comisión forzará al Gobierno de Sánchez a retratarse con las pensiones en su plan de reformas e inversiones remitido a Bruselas.
Dicho esto, fuentes europeas señalan que siempre cabe cierta flexibilidad negociadora y que el examen podría demorarse hasta uno o dos años mientras la Comisión comprueba si se han tomado efectivamente las medidas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende cerrar pronto un acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo. En su comparecencia a puerta cerrada ante esta comisión parlamentaria, el gobernador del Banco de España explicó a los diputados que los cambios que se plantean solucionan el déficit del sistema a corto, pero también trasladan el ajuste al resto del Presupuesto y no solventan el aumento del gasto que generará el envejecimiento en años venideros.
La Eurocámara batalla por tener más presupuesto
Alemania, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE, ansía un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el paquete masivo de ayudas pactado en julio. Quiere cerrarlo para finales de este mes o principios de octubre y que sea sometido pronto a votación en la Eurocámara y en los 27 parlamentos nacionales. Los eurodiputados abogan por separarlo en tres paquetes para poder meter baza: el del fondo de recuperación, los recursos propios y el Presupuesto de la UE. Sin embargo, varios países ya han advertido de que se trata de uno solo. En plata: un todo o nada. Es el caso de Hungría, que comunicó a la Eurocámara que si endurecía el acceso de los fondos en relación al Estado de derecho no ratificaría el acuerdo.
Hay dos áreas en las que Estrasburgo busca una mayor ambición: un mecanismo para congelar fondos a Polonia y Hungría si continúan socavando el Estado de derecho, y más dinero para programas que se han visto recortados. Fuentes comunitarias cifran sus pretensiones en 50.000 millones de euros, un monto que ven imposible de digerir por los países frugales, que aceptaron a regañadientes un fondo de recuperación con subsidios.
El Parlamento Europeo pretende que los planes de recuperación pasen por la Eurocámara. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que las capitales también son reticentes a esa cesión, puesto que los halcones pueden tratar de pedir más reformas, si bien socios como Países Bajos e Irlanda también podrían encontrarse con que el sur les exige acabar con unas prácticas fiscales que consideran desleales.
