Dan sentido hasta cierto punto.
Por mucho más que se haya convertido en un lugar común lo de servir al público, eso no pasa de chorrada políticamente correcta, creada en su momento por el poder y que ha tenido mucho éxito parece ser.
A quien se sirve es al estado.
Lo que va en clara disonancia con el sector privado, donde desde tiempos del derecho romano se acepta como algo legítimo que con tal de sacar cuartos a algún pardillo se pueda engañar sin el menor reproche social porque de algún sitio hay que sacar y si la pescatera te engatusa con que las sardinas están vivas vivitas -aunque tengan un aspecto claramente momificado-, eso es crear riquesa y sube el PIB.
Y eso, supone que, de acuerdo a las propias normas del estado y al interés público, el ciudadano tenga derechos cuando los tenga.
Y cuando no los tenga, hay que decírselo claramente.
Si realmente estuvieran para servir al ciudadano, la policía tendría que premiar a los asesinos -que también son ciudadanos- y darles apoyo jovenlandesal, en vez de capturarlos.
O si atropellas a una vieja, darte un beso en vez de calzarte una multa. Total, si el cliente es el que manda.
Si realmente estuvieran para servir al ciudadano, si presentas firmas falseadas o documentación fraudulenta, la charo del SEPES te debería hacer la ola porque, total, si está al servicio del ciudadano ¿con qué derecho se iba a oponer una poco trabajadora como ella? Con ninguno, y si con ello cobras una paguita ilegítimamente en detrimento de otra persona que tendría derecho legítimamente a ella ¿qué mas da, si han de estar a tu servicio?