Los antiguos mineros serán prejubilados a los 48 años, con cantidades que oscilan entre los 1.200 y los 1.300 euros netos al mes, a cuenta del erario público, y los demás españoles, jubilación a los 67 años, o sea 19 años más.
«Puede parecer una bendición, pero ha supuesto un auténtico drama social. Es lo que ha provocado la gloria de los pueblos». Con esa contundencia se refiere a las prejubilaciones Pedro, un minero prejubilado de Fabero, en la comarca leonesa del Bierzo, uno de los lugares que sufre de forma más aguda las consecuencias del cierre de las minas de carbón, sin ninguna alternativa laboral. La continuidad de esas prejubilaciones es uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el acuerdo suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y los sindicatos, que certificará la liquidación de la minería del carbón española y debería propiciar una «transición justa» que ofrezca otras opciones laborales para las cuencas productoras de antracita y hulla. El documento contempla la aplicación de prejubilaciones para «trabajadores que tengan al menos 48 años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda, o, al menos, 20 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón».
La prejubilación se concibió como un sistema para anticipar la jubilación ordinaria que, teóricamente, supone un doble beneficio para el trabajador y para la Seguridad Social. El minero va al paro durante dos años y paga las cotizaciones a la Seguridad Social como si estuviera en activo hasta la jubilación definitiva. Esa medida supone una salida airosa y no traumática para los mineros, que no se encuentran, de buenas a primeras, con un despido.
De acuerdo con su concepción inicial, constituye un beneficio personal para el afectado, que no tiene la repentina obligación de buscar una alternativa laboral que le costaría encontrar, debido a la edad o la escasa cualificación profesional para desempeñar otras tareas diferentes a la extracción de carbón. Y en segundo lugar, también debería servir como «beneficio social», porque lo más lógico sería que el minero se quedara en su tierra «puesto que no tiene que buscarse la vida».
Quienes diseñaron, negociaron y aceptaron este sistema estimaron que con cantidades que oscilan entre los 1.200 y los 1.300 euros netos al mes, el minero -antiguo minero- optaría por seguir viviendo en su pueblo. Esas cifras son cálculos que ofrecen fuentes sindicales, aunque la sensación más extendida a nivel social apunta a percepciones más elevadas.
Despoblación
No obstante, esa expectativa tampoco se ha cumplido. O, al menos, no del todo. Desde finales de la década de los noventa, cuando empezaron a aplicarse masivamente estas prejubilaciones, las cuencas carboneras han sufrido y siguen padeciendo un éxodo del que, aún hoy, todavía no se han recuperado. Probablemente, uno de los ayuntamientos que más se ha resentido es Villablino (León). La capital del valle de Laciana ha pasado de contabilizar 12.212 habitantes en 2004, a los actuales 9.150, según datos oficiales del último censo. El término «sangría poblacional» cobra pleno sentido en ese municipio, que fue el territorio donde se desarrolló la histórica Minero Siderúrgica de Ponferrada, albergó decenas de minas y, ahora, sólo mantiene una pequeña explotación de carbón.
La sensación de «desierto» se multiplica en entornos como la cuenca de Sabero, en la Montaña Oriental de León, el primer lugar que sufrió en sus carnes el cierre de una empresa como Hulleras de Sabero. Más recientemente, el cese de la actividad de otra compañía emblemática, Hullera Vasco Leonesa, está dejando notar consecuencias sociales en la cuenca de Gordón. Y al otro lado de la provincia leonesa, al oeste, en las cuencas del Bierzo, el fenómeno de la despoblación también ha hecho estragos. Fabero pasó de 5.312 habitantes empadronados en el año 2004, a los 4.635 actuales. En ese mismo período, Bembibre ha dicho adiós a 800 vecinos y ahora se conforma con 9.191 habitantes. Toreno ha perdido casi 600 personas (ahora tiene 3.219 habitantes); Igüeña, más de quinientas (hasta los 1190 actuales). Y así podríamos seguir con otros municipios como Torre del Bierzo, Palacios del Sil y Páramo del Sil, que, además, vive ahora con la espada de Damocles que supone la previsión de cierre inmediato de la central térmica de Anllares, el primer complejo de producción de energía eléctrica que será clausurado en Castilla y León, una vez que se considera agotada su vida útil.
Según estimaciones sindicales, desde el primer Plan del Carbón, más de 8.000 mineros han accedido a prejubilaciones en la provincia de León, entre los años noventa y la actualidad. Sus empleos se perdieron para siempre y desaparecieron opciones de trabajo que habrían supuesto sustento para las familias de las cuencas. Está extendida la sensación de que los mineros gastaban su dinero y abandonaban sus pueblos. En un primer momento, las zonas costeras españolas fueron sus destinos, en busca de condiciones meteorológicas más favorables, sol y calor, que podrían paliar la aparición de enfermedades respiratorias ligadas a la actividad minera. Ahora, con la cartera más vacía, el éxodo de los mineros se limita a las ciudades más grandes del entorno de las cuencas, como Ponferrada o León.
«Eso es lo que ha provocado la gloria de los pueblos», lamenta nuestro interlocutor, «porque la prejubilación ha supuesto la desaparición de sus puestos de trabajo, sin alternativas cuando el final de la minería debería haber estado acompañado por la llegada de nuevas empresas».
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Es lo que tiene la ideología, que no produce, y que además nos cuesta cara.
