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Madmaxista
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El Gobierno espera a las elecciones para comenzar la poda de la Administración - elEconomista.es
Reducción de concejales, supresión de entidades locales y ajuste de competencias, sobre la mesa. Cierre de empresas y recorte de personal son las asignaturas aún pendientes de las autonomías.
La reforma de las administraciones públicas para adelgazar su peso, racionalizar sus funciones y evitar duplicidades sigue siendo el caballo de batalla del Gobierno en la lucha contra el déficit y el despilfarro. Una lucha en la que el Ejecutivo piensa centrarse en cuanto se celebren las elecciones vascas y gallegas, y cuya primera medida será, con toda probabilidad, el adelgazamiento de la Administración local.
Esta inminente ofensiva en el ámbito autonómico y municipal viene impuesta por la realidad de un país al borde del rescate, con 17 administraciones periféricas, 8 de ellas tan estranguladas financieramente que han debido acogerse al Fondo de Liquidez, y que pese a no poder pagar las nóminas a final de mes, siguen sin coger por los cuernos el toro del gasto. Esto es: prácticamente ningún Gobierno regional ha metido de verdad tijera en la mayor partida de dispendio, que procede del desorbitado sector público empresarial y de la abultada plantilla funcionarial.
Ante la pasividad y resistencia generalizada de unos Gobiernos autonómicos lastrados por el clientelisno y varios comicios que pueden modificar el statu quo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó en julio pasado por dónde irían las actuaciones del Ejecutivo.
En primer lugar, una reducción del 30 por ciento en el número de concejales, dentro del plan gubernamental de racionalización administrativa. El impacto de tal medida se cifra en 3.500 millones de euros, que se sumarían a los 10.500 millones que se lograrían con la racionalización del número de entidades locales y competencias impropias, según consta en el plan de estabilidad financiera 2012-15 remitido a Bruselas. También se delimitarán competencias y se racionalizarán las Diputaciones.
Mayor fuente de despilfarro
Con todo, la mayor fuente de gasto descontrolado son las empresas públicas, autonómicas y municipales, que tanto Bruselas como el Gobierno central y los expertos aconsejan cerrar o privatizar.
"Con el cierre de empresas, entes y organismos autonómicos y municipales se lograría un ahorro de 24.000 millones, que es el equivalente a la deuda que acumulan. Y sin que tuviera repercusión en el déficit", plantea Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, quien no duda en señalar algunos de estos entes. Para este economista, hay que eliminar "los Consejos Económicos y Sociales, que no sirven para nada, así como los Tribunales de Defensa de la Competencia, que son un disparate".
De parecida opinión es el profesor de la Universidad Complutense Fernando Méndez Ibisate, que aboga por "prohibir la existencia de organismos, empresas públicas, fundaciones, etc, que se crean por duplicado y hasta triplicado para determinadas exhibiciones, exposiciones, etc. Lo único que hacen es duplicar gastos".
Un ejemplo palmario de estos organismos autonómicos y municipales perfectamente prescindibles son las televisiones, que al decir de Méndez Ibisate "habría que cerrar. De hecho, yo eliminaría la televisión pública, incluida la estatal".
Coste político
Si la solución parece tan clara, ¿por qué no se ha hecho ya? Fundamentalmente, por el elevado coste político, que es también la razón de que la cifra de empleados públicos está bajando, pero a un ritmo claramente insuficiente.
En opinión de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor titular de la Universidad Complutense, donde las CCAA más pueden reducir el gasto es en el capítulo de personal, que supuso "cerca del 40 por ciento del gasto no financiero total de las comunidades autónomas en 2011 y que desde 2002 prácticamente se ha doblado".
Respecto a la efectividad de las medidas adoptadas, el directivo de Fedea asegura que "son claramente insuficientes para cumplir el objetivo de estabilidad. De hecho, la mayor parte del ahorro en el gasto de las CCAA se debe a medidas que ha impulsado la Administración Central -Real Decreto de Sanidad, Educación y Dependencia y eliminación de la pagas extras- más que a medidas de reducción de gasto que provengan de actuaciones propias". Lo que, a su juicio, choca con "los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal que uno debería imponer en todo sistema de financiación autonómico".
También Jordi Fabregat, director del Máster de Finanzas de Esade, coincide en la necesidad de "recortar el número de personas en las administraciones", al igual que meter tijera en las empresas públicas, que "habrá que ir cerrando. Es muy duro, pero no queda más remedio". Pese a las reformas, este economista sostiene que será imposible cumplir el déficit del 6,3 por ciento prometido a la UE, y que, entre los anticipos que piden las CCAA y la poca claridad de cuentas, "será difícil que sepamos quién incumple el objetivo, si el Gobierno o las CCAA".
Reducción de concejales, supresión de entidades locales y ajuste de competencias, sobre la mesa. Cierre de empresas y recorte de personal son las asignaturas aún pendientes de las autonomías.
La reforma de las administraciones públicas para adelgazar su peso, racionalizar sus funciones y evitar duplicidades sigue siendo el caballo de batalla del Gobierno en la lucha contra el déficit y el despilfarro. Una lucha en la que el Ejecutivo piensa centrarse en cuanto se celebren las elecciones vascas y gallegas, y cuya primera medida será, con toda probabilidad, el adelgazamiento de la Administración local.
Esta inminente ofensiva en el ámbito autonómico y municipal viene impuesta por la realidad de un país al borde del rescate, con 17 administraciones periféricas, 8 de ellas tan estranguladas financieramente que han debido acogerse al Fondo de Liquidez, y que pese a no poder pagar las nóminas a final de mes, siguen sin coger por los cuernos el toro del gasto. Esto es: prácticamente ningún Gobierno regional ha metido de verdad tijera en la mayor partida de dispendio, que procede del desorbitado sector público empresarial y de la abultada plantilla funcionarial.
Ante la pasividad y resistencia generalizada de unos Gobiernos autonómicos lastrados por el clientelisno y varios comicios que pueden modificar el statu quo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó en julio pasado por dónde irían las actuaciones del Ejecutivo.
En primer lugar, una reducción del 30 por ciento en el número de concejales, dentro del plan gubernamental de racionalización administrativa. El impacto de tal medida se cifra en 3.500 millones de euros, que se sumarían a los 10.500 millones que se lograrían con la racionalización del número de entidades locales y competencias impropias, según consta en el plan de estabilidad financiera 2012-15 remitido a Bruselas. También se delimitarán competencias y se racionalizarán las Diputaciones.
Mayor fuente de despilfarro
Con todo, la mayor fuente de gasto descontrolado son las empresas públicas, autonómicas y municipales, que tanto Bruselas como el Gobierno central y los expertos aconsejan cerrar o privatizar.
"Con el cierre de empresas, entes y organismos autonómicos y municipales se lograría un ahorro de 24.000 millones, que es el equivalente a la deuda que acumulan. Y sin que tuviera repercusión en el déficit", plantea Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, quien no duda en señalar algunos de estos entes. Para este economista, hay que eliminar "los Consejos Económicos y Sociales, que no sirven para nada, así como los Tribunales de Defensa de la Competencia, que son un disparate".
De parecida opinión es el profesor de la Universidad Complutense Fernando Méndez Ibisate, que aboga por "prohibir la existencia de organismos, empresas públicas, fundaciones, etc, que se crean por duplicado y hasta triplicado para determinadas exhibiciones, exposiciones, etc. Lo único que hacen es duplicar gastos".
Un ejemplo palmario de estos organismos autonómicos y municipales perfectamente prescindibles son las televisiones, que al decir de Méndez Ibisate "habría que cerrar. De hecho, yo eliminaría la televisión pública, incluida la estatal".
Coste político
Si la solución parece tan clara, ¿por qué no se ha hecho ya? Fundamentalmente, por el elevado coste político, que es también la razón de que la cifra de empleados públicos está bajando, pero a un ritmo claramente insuficiente.
En opinión de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor titular de la Universidad Complutense, donde las CCAA más pueden reducir el gasto es en el capítulo de personal, que supuso "cerca del 40 por ciento del gasto no financiero total de las comunidades autónomas en 2011 y que desde 2002 prácticamente se ha doblado".
Respecto a la efectividad de las medidas adoptadas, el directivo de Fedea asegura que "son claramente insuficientes para cumplir el objetivo de estabilidad. De hecho, la mayor parte del ahorro en el gasto de las CCAA se debe a medidas que ha impulsado la Administración Central -Real Decreto de Sanidad, Educación y Dependencia y eliminación de la pagas extras- más que a medidas de reducción de gasto que provengan de actuaciones propias". Lo que, a su juicio, choca con "los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal que uno debería imponer en todo sistema de financiación autonómico".
También Jordi Fabregat, director del Máster de Finanzas de Esade, coincide en la necesidad de "recortar el número de personas en las administraciones", al igual que meter tijera en las empresas públicas, que "habrá que ir cerrando. Es muy duro, pero no queda más remedio". Pese a las reformas, este economista sostiene que será imposible cumplir el déficit del 6,3 por ciento prometido a la UE, y que, entre los anticipos que piden las CCAA y la poca claridad de cuentas, "será difícil que sepamos quién incumple el objetivo, si el Gobierno o las CCAA".
