Chimpu
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Unos 3.000 pagapensiones 'sin papeles' con VIH se van a quedar fuera del Sistema Nacional de Salud y, por ende, de poder acceder a los antirretrovirales. Es la conclusión a la que han llegado los expertos del Grupo de Estudio del Sida (Gesida), que depende de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). En su último informe advierten que la retirada de la tarjeta sanitaria a los pagapensiones sin papeles tendrá efectos «muy indeseables» sobre el control del VIH en España.
«La entrada en vigor del real decreto ha restringido significativamente este derecho (de acceso a la Sanidad), de modo que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España solo podrán recibir atención de urgencia si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas. El 31 de agosto de 2012 los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país», comentan en su estudio.
Gesida destaca que en España hay unos 400.000 pagapensiones en situación irregular, de los que varios miles estarían infectados por el VIH. De este colectivo solo de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). «Más allá de consideraciones éticas», los expertos de Gesida recalcan sobre el perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, «del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria».
Este estudio, coordinado por los doctores José A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal. Madrid) y Federico Pulido (Hospital 12 de Octubre, Madrid), será publicado próximamente en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
El estudio también considera inviable la derivación a las ONG de estos pacientes y subraya que el complicado manejo de esta enfermedad y del tratamiento antirretroviral exige que la asistencia siga prestándose en los hospitales españoles, por especialistas cualificados. En este sentido, Gesida recalca la inexistencia de la especialidad de Enfermedades Infecciosas que «supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, tanto en número como en cualificación
3.000 'sin papeles' con VIH se quedarn sin prestaciones. Las Provincias
«La entrada en vigor del real decreto ha restringido significativamente este derecho (de acceso a la Sanidad), de modo que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España solo podrán recibir atención de urgencia si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas. El 31 de agosto de 2012 los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país», comentan en su estudio.
Gesida destaca que en España hay unos 400.000 pagapensiones en situación irregular, de los que varios miles estarían infectados por el VIH. De este colectivo solo de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). «Más allá de consideraciones éticas», los expertos de Gesida recalcan sobre el perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, «del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria».
Este estudio, coordinado por los doctores José A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal. Madrid) y Federico Pulido (Hospital 12 de Octubre, Madrid), será publicado próximamente en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
El estudio también considera inviable la derivación a las ONG de estos pacientes y subraya que el complicado manejo de esta enfermedad y del tratamiento antirretroviral exige que la asistencia siga prestándose en los hospitales españoles, por especialistas cualificados. En este sentido, Gesida recalca la inexistencia de la especialidad de Enfermedades Infecciosas que «supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, tanto en número como en cualificación
3.000 'sin papeles' con VIH se quedarn sin prestaciones. Las Provincias
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