El sumario relata que el modus operandi del presunto fraude consistiria en la importacion de carbon termico a precios internacionales (entre 4.000 y 6.000 pesetas por tonelada- 24 y 36 euros por tonelada, dependiendo de la cotizacion del dolar y de las bolsas de materias primas) procedente de Sudafrica, Australia o Ucrania, desde los puertos de Amsterdan y Amberes hasta los puertos asturianos de Gijon y Aviles.
Esta importacion la realizarian empresas interpuestas, que cobrarian de La Camocha por conceptos diferentes al de suministro de carbon, tales como pago de servicios empresariales, alquiler de maquinaria, etcetera.
El carbon seria trasladado en camiones desde la zona portuaria hasta una explanada en terrenos de La Camocha, al parecer alquilada a la empresa Trabajos y Explotaciones, en la que se mezclaria este mineral con el extraido por La Camocha, junto a otros carbones procedentes de explotaciones espanolas a cielo abierto.
El mix de coste, de esta forma, mejoraria sensiblemente al mezclar carbon de la empresa gijonesa, extraida de media entre 18.000 y 22.000 pesetas por tonelada (entre 108 y 132 euros), y carbon por el que se pago, fletes incluidos, entre 28 y 40 euros, es decir, casi cuatro veces menos.
La mina, de esta forma, venderia mas carbon y recibiria, ademas del precio pagado por la central termica (igual que el internacional, bien referenciado al indice McKlusky bien al referencial de la UE), la subvencion estatal, prevista para cubrir la diferencia entre el coste real de produccion y el precio de venta.
¿Por qué algo así sería un fraude?
Los subsidios públicos son transferencias de renta hacia grupos que por razones políticas se considera que deben recibir esas rentas.
En este caso, el Gobierno y el Parlamento, aprueban cargar sobre los contribuyentes y sobre los consumidores de electricidad a través del recibo, unos sobrecostes destinados a mantener pobladas ciertas comarcas, a proporcionar beneficios a ciertos empresarios amigos, a sostener los privilegios de ciertos sindicatos mediante la compra de la paz social y a sostener los votos de los partidos que gobiernan en esas regiones.
El objetivo de todo esto es que esas personas y organizaciones reciban esas rentas que son costeadas mediante el sacrificio del contribuyente y del pequeño consumidor. ¿Por qué tiene que extraerse carbón de las minas españolas a un coste demencial si la economía española puede obtener ese carbón a un coste mucho más bajo si lo importa? ¿No puede la economía española, a cambio de pagar esos subsidios a empresarios, mineros y sindicatos, al menos ser libre de obtener carbón barato de importación?
La extracción de carbón de esas minas a un coste demencial y en condiciones antieconómicas supone un sacrificio añadido a los contribuyentes y consumidores de electricidad sobre el coste que supone proporcionar las rentas, beneficios y prebendas a esas regiones.
¿No supondría para contribuyentes y consumidores mucho menos sacrificio el pagar salarios a los habitantes de esa región, beneficios a las empresas y subsidios a partidos y sindicatos pero terminando por completo con esa actividad minera fingida que supone un coste adicional enorme?
En toda economía debe buscarse la eficiencia y la reducción de costes innecesarios y la economía de la prebenda y el pesebre no debería ser una excepción.
Los subsidios al cine, por ejemplo, cumplen la función de que los aristócratas del séptimo arte mantengan su ritmo de vida millonario mediante el sacrificio de los contribuyentes y pequeños consumidores.
Si se mezcla el cine o el arte en todo esto es solo para proporcionar un ridículo pretexto que de un ridículo barniz de legitimidad al sistema de explotación del ciudadano por parte de los lobbies parásitos. Ahora bien, la construcción de esta pantomima que es solo la construcción de un pretexto, debe hacerse con el menor coste porque el coste de filmar películas que justifiquen el mecanismo de saqueo a los ciudadanos solo aumenta ese saqueo porque los ciudadanos no solo son obligados a mantener la ida de millonarios de los artistas del cine sino que, además, son obligados a financiar la construcción de las películas que justifican ridículamente ese saqueo.
No debemos caer en el error económico de que las subvenciones al cine den lugar al cine o de que las subvenciones a la pesca sean empleadas para que haya buques pesqueros que salgan a pescar porque el coste añadido de simular esas actividades económicas es enorme. Solo deberían subvencionarse a los directores de cine que no hacen películas, solo a los escritores de guiones a cambio de que no escriban guiones y solo deben subsidiarse los barcos pesqueros que permanezcan amarrados en el puerto.
Lo que el ciudadano debe esperar de las subvenciones al cine son películas con el menor coste posible y, en ese sentido, los ciudadanos obtienen el mayor retorno y el menor coste de las subvenciones al cine cuando subvencionan películas que nunca llegan a filmarse.
Estas películas subvencionadas que cobran la subvención pero que jamás se producen, lejos de ser un fraude a los contribuyentes son un intento de eficiencia en la economía del pesebre porque ahorran al contribuyente el coste de producir esas películas que solo son un pretexto supérfluo, un coste que puede suprimirse fácilmente.
Lo mismo es de aplicación al desarrollo de energías renovables, a la agricultura, ganadería o pesca subsidiadas, a la actividad industrial sostenida con subvenciones o a la minería del subsidio.
Estos planes de subsidio económico deberían incluir los incentivos y penalizaciones precisas para que las actividades subvencionadas no se lleven a cabo añadiendo costes al sistema de saqueo, y los inspectores deberían asegurarse de que jamás una subvención para un huerto solar da lugar a un huerto solar que añade costes innecesarios a los contribuyentes, de que solo reciban subsidios pesqueros los barcos que quedan amarrados en puerto sin añadir al coste que soporta el contribuyente el gasto superfluo en gasóil, que solo cobran las subvenciones a la producción de remolacha los agricultores que no cultivan remolacha y que ahorran al contribuyente el enorme costo de sembrar remolacha para construir la pantomima de una producción agraria.
Solo deberían recibir los subsidios mineros las minas que se mantengan cerradas y solo deberían cobrar el salario de minero los mineros que jamás trabajen en una mina, ya que mantener una mina improductiva abierta solo para que el empresario y los mineros simulen una actividad económica fantasiosa tiene un coste enorme y completamente innecesario para los contribuyentes.