La presión de los acreedores del conglomerado de empresas de la familia Ruiz-Mateos, que van desde la Seguridad Social a la banca pasando por los ganaderos, ha obligado al grupo Nueva Rumasa a iniciar el concurso de acreedores de sus 10 mayores enseñas como Clesa, Dhul, Elgorriaga o, incluso, el club de fútbol del Rayo Vallecano, según ha informado el fundador del grupo, José María Ruiz Mateos en rueda de prensa en la que ha comparecido junto a seis de sus hijos.
La decisión de acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que Ruiz-Mateos atribuye a la "bestial campaña" iniciada contra el grupo y "para salvaguardar los intereses de sus clientes, trabajadores y proveedores"; les concede un plazo de hasta cuatro meses para negociar con sus acreedores y evitar declararse insolvente. La decisión ha tenido lugar después de varias operaciones para captar fondos de particulares, que según datos publicados hoy por Cinco Días, alcanzarían a unos 140 millones de euros provenientes de 5.000 inversores. En concreto, las empresas a las que afecta el recurso a la antigua ley de suspensión de pagos son Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer,Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el Rayo Vallecano.
El anuncio de la familia Ruiz-Mateos ha tenido lugar un día después de que la Tesorería General de la Seguridad Social advirtiera de que ya ha dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo También confirmó que ya se han ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz Mateos, entre ellas una quincena de fincas de Clesa, para hacer frente al impago de las cuotas a la Seguridad Social, tanto de las corrientes como de los aplazamientos que se le han concedido a la empresa.
Junto a ello, el grupo Nueva Rumasa se encuentra ya en proceso de renegociación de un crédito hipotecario con Royal Bank of Scotland, después de que esta entidad presentara una demanda ejecutiva, por importe de 36 millones de euros, que incluía la solicitud de embargo preventivo de determinados bienes de Clesa y una planta de Cacaolat en Tarragona. El Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, tras la demanda de RBS, emitió en septiembre pasado un auto que recoge los bienes embargables de Clesa. Entre ellos, figuran una quincena de fincas gravadas con anotaciones de embargos preventivos a favor de la Seguridad Social ubicadas en Lerma, Caldas de Reis, Utrera, Terrasa y Ciudad Real. En total, según diferentes registros de jovenlandesesos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Nueva Rumasa tiene "impagados" a la banca por valor de 76 millones.
A este procedimiento se suma otro embargo preventivo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid sobre siete fincas de sociedades de la familia Ruiz-Mateos, tras una demanda presentada por la familia Radó por impagos en una operación de compraventa de hoteles. Clesa figura como una de las sociedades que presta aval solidario en las emisiones de pagarés ofrecidas por Nueva Rumasa y, además, ha protagonizado en primera persona al menos una de estas operaciones.
Por su parte, proveedores de Clesa han empezado también a adoptar medidas jurídicas ante el impago de materia prima que sirven a la empresa, que adeuda a los ganaderos un total de cuatro meses. Por este motivo, han dejado de suministrarle leche desde principios de enero, según fuentes del sector citadas por Europa Press. Clesa planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal en su planta de Madrid, con una duración máxima de 18 meses y sin incluir despidos, aunque la negociación con los sindicatos se encuentra en suspenso.
No obstante, los problemas financieros no se restringen a Clesa. En otras de las marcas más populares, Dhul, CC OO ha solicitado la celebración de un acto de conciliación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) para que reconozca el impago de salarios. El sindicato ha informado de que esta empresa debe a 340 trabajadores las pagas extraordinarias de junio y Navidad, así como una paga comprometida por la empresa con motivo del 30 aniversario. Además, ha denunciado que se está fraccionando el pago de los sueldos, por lo que los trabajadores no tienen fecha exacta de cobro mensual, "con la incertidumbre que esto genera para sus economías".
