Sabemos lo que queremos: Manifiesto por una democracia mejor
Este manifiesto quiere hacer partícipes y protagonistas a todos nosotros: mayores, jóvenes, trabajadores, desempleados y personas de todas las clases e ideologías. Este movimiento no está a favor de ninguno de los actuales partidos políticos*¡¡ NO NOS REPRESENTAN !!
Debido al Régimen Instaurado en 1978, el sistema de listas cerradas (el poder ejecutivo y el legislativo son el mismo) y la sumisión del poder judicial al poder ejecutivo ha llevado a que los partidos se profesionalicen, creando una casta aparte. A falta de contrapesos reales, ignoran a sus votantes -aparte del cortejo ritual durante las campañas electorales-, y gobiernan como correa de transmisión de los intereses de la banca y grandes empresas que los financian. En la última década, de la mano de la banca y las empresas inmobiliarias, permitieron o fomentaron activamente (hay que decir que sin que gran parte de la sociedad ofreciéramos gran resistencia) una burbuja sobre un bien básico de primer necesidad como es la vivienda (a pesar de estar recogido en la constitución que los poderes se encargarán de que no se especule con la vivienda). A consecuencia de ésto hemos llegado a la mayor crisis económica del país en décadas, que nos aboca a una bajada del nivel de vida y el fin gradual del Estado de Bienestar. Y lo más grave, es que todos fallaron y siguen fallando, a causa de la falta de una verdadera independencia de las instituciones y mecanismos del sistema (por ejemplo, el fallo del Banco de España como regulador para pinchar la burbuja, aún con conocimiento de causa de que se estaba produciendo; o el salvamento unilateral por parte del ejecutivo de bancos y cajas, sin consulta alguna a la ciudadanía).
Hoy, queremos denunciar:
- Como los partidos políticos, a través de las cajas, y en connivencia con la banca, han aprovechado para dar crédito a raudales sin realizar su trabajo, por el que se supone que se les otorga el poder de crear dinero.
- Como ese crédito se destinaba a la especulación inmobiliaria en gran medida, en vez de destinarlo a crear riqueza real, inversión, producción, ahorro, arreglar problemas estructurales y en general progresar.*
- Como los políticos y reguladores faltos de independencia lo han permitido, no ejerciendo su labor y obligación hacia el público, y mintiendo sobre las consecuencias de*ello.
- Como, así, en vez de disfrutar de una mayor productividad que repercutiera en nuestra calidad de vida (más riqueza, más tiempo libre, más servicios sociales) hemos tirado de endeudamiento, empobreciéndonos y creando unas condiciones insostenibles que nos han llevado a este punto.
Los responsables máximos de la mayor estafa económica habida, que son los políticos, los banqueros y reguladores, deben ser castigados por sus actos. No es admisible que los mismos que nos han traído hasta aquí pretendan gestionar ahora la dificilísima situación en que nos encontramos.
*Por otra parte debemos responsabilizarnos como sociedad civil, y recordar que la democracia exige una ciudadanía activa y responsable si no se quiere que derive en demagogia u oligarquía; donde priman los intereses a corto plazo sobre el bienestar de la sociedad a largo plazo. Debemos responsabilizarnos individual y colectivamente, para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir jamás.
Sabemos dónde nos encontramos. No queremos más promesas ni propuestas populistas.
Hoy, la sociedad, a través de un sistema de separación de poderes reales y de participación activa, desea y decide ser responsable de su destino y asumir sus consecuencias. Por eso, mediante un proyecto integrador deseamos unir a todos las posiciones ideológicas diversas que conforman la sociedad española para lograr un único objetivo común: "Ser libres y dueños de nuestro destino"
Por todo ello, hoy, reivindicamos un cambio urgente, y exigimos:
1. Una reforma de la ley electoral que fomente la participación del pueblo como base, eliminando el control de las direcciones de los partidos sobre el poder legislativo y ejecutivo. Obligatoriamente primarias semiabiertas en todos los partidos que se presenten y máximo 2 candidaturas sucesivas en el ámbito local, autonómico y nacional.
2. Separación efectiva de poderes. Poder Judicial: - Elección de sus miembros (CGPJ) según la Constitución por 6 años no renovables (los elegidos por el poder judicial mediante un sistema de listas abiertas directas uninominal con distritos); Fin de los jueces del 4º turno; 2% del PIB mínimo a financiar a Justicia; Competencia plena del Gobierno Central; Policía Judicial: cuerpo independiente policial dependiente del CGJP (acceso, disciplina, financiamiento, etc) con diferentes funciones: investigación judicial, búsqueda de fugados, vigilancia de personal y edificios del poder judicial así como protección de testigos protegidos*.
3. Transparencia informativa de todos los niveles del estado. Salvo secreto militar todo documento público es de acceso público -su gestión y garantizando los datos sensibles, la Agencia de Protección de Datos-, sino sanciones severas de forma automática a los funcionarios y políticos que se nieguen.
4. Endurecimiento de la lucha contra la corrupción. Alargamiento de los plazos de prescripción de delitos de corrupción.
5. El fin de la intervención artificial del mercado inmobiliario que actualmente llevan a cabo bancos y cajas de ahorro, con la complicidad del Banco de España, manipulando el mercado de la vivienda, impidiendo la independencia de los jóvenes, y lastrando la capacidad de recuperación y reactivación económica del país. El ejecutivo no tiene potestad para, de forma unilateral, salvar bancos y cajas, o cualquier otra empresa, sin consultar antes a la población mediante referéndum.
6. Independencia del poder político respecto al poder económico. Que los partidos políticos no se puedan financiar por medios privados, y que ningún cargo electo pueda después de acabar su legislatura entrar de cabeza de consejero de alguna empresa. Además total transparencia (reiteramos éste punto) y control sobre las cuentas públicas y de los políticos.
7. Facilitar la participación ciudadana en la vida política. Mayor facilidad para solicitar referendums por iniciativa popular. Todo acuerdo (urgente o habitual salvo los Presupuestos que estará exento) en el Parlamento (nacional, autonómico y local) tendrá un plazo durante el cual puede ser revocado por los electores mediante firmas (en el ámbito nacional/autonómico: leyes ordinarios un 5% y leyes orgánicas 10%. En el ámbito local: el 10% salvo el Plan de Urbanismo, que será el 5%), convocando una consulta popular vinculante.
Todas las exigencias tienen la misma importancia y no son negociables (exceptuando detalles concretos como cifras).
