Las primeras medidas (diciembre de 2011-abril de 2012)
El gobierno presentó el 30 de diciembre un Decreto de medidas urgentes para reducir el déficit público que consistían, por un lado, en una subida de impuestos (concretamente el IRPF, que subiría entre un 0,75% y un 7% según los tramos, y el IBI, que subiría entre el 4% y el 10%), con los que el gobierno esperaba recaudar unos 6.200 millones de euros, y, por otro, en una reducción del gasto público en unos 8.900 millones de euros. Era la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente y el mayor recorte del gasto público, con los que el gobierno esperaba reducir el déficit en unos 15.000 millones de euros, aunque aún quedaría otro ajuste de unos 20.000 millones que se aplicaría cuando se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, que el gobierno presentaría a finales de marzo de 2012.31 Además, el gobierno acordó congelar los sueldos de los funcionarios (al mismo tiempo que aumentaba su jornada base de 35 horas a 37 horas y media) y el salario mínimo interprofesional y mantener el incremento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para grandes empresas. También aprobó subir las pensiones un 1%, prorrogar los 400 euros de subsidio a los parados de larga duración y recuperar la deducción por vivienda en el IRPF.57 El presidente del gobierno Mariano Rajoy defendió que subir el IRPF era mejor que subir el IVA, ya que el IVA afecta a todas las clases por igual.58 El miércoles 11 de enero el Congreso de los Diputados convalidó el Decreto Ley de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. El que algunos diarios calificaron como «el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la historia de la democracia» salió adelante con 197 votos a favor (los del Partido Popular y los de CiU) y 138 en contra.59
El jueves 5 de enero el gobierno anunció un plan para luchar contra el fraude fiscal con el que preveía recaudar más de 8.000 millones de euros. Para ello se limitaría el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras, una medida que ya fue adoptada con éxito por Italia y Francia, y se actuaría contra la economía sumergida y contra los paraísos fiscales.60
El jueves 26 de enero el presidente Mariano Rajoy visitaba a la canciller Angela Merkel en Berlín ante la que se comprometió a seguir con la política de ajustes para alcanzar el 4,4% de déficit pactado con la UE para 2012 y a cambio pidió el apoyo de Alemania para que el BCE siguiera proporcionando liquidez a la banca española y comprando deuda. Tras la reunión Rajoy afirmó:
Voy a reducir el déficit porque creo en ello. Esto y las reformas no producen efecto en tres meses, este va a ser un año duro y difícil, pero quiero transmitir a los españoles que estamos trabajando para el futuro
El viernes 27 de enero el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que establecía techos de gasto para todas las administraciones, con el objetivo de reducir el déficit, aunque, según señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la norma se aplicaría con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales". La ley cuando las Cortes la aprobaran obligaría a las comunidades autónomas a enviar al Gobierno central las grandes líneas de sus presupuestos autonómicos antes de aprobarlos.61
El viernes 2 de marzo Rajoy anunció en Bruselas que el objetivo de déficit para 2012 no sería el 4,4% del PIB sino el 5,8%.62 Finalmente en la madrugada del lunes 12 de marzo al martes 13 de marzo los ministros del Eurogrupo aprobaron que el objetivo de déficit para España en 2012 sería del 5,4%, lo que supondría que habría que aumentar en 5.000 millones de euros los recortes anunciados.33
El miércoles 7 de marzo el gobierno anunció un recorte del 40% en la inversión pública para 2012 y que eliminaría la duplicidad en los organismos autonómicos, dentro de las medidas de reforma de la Administración.63
El viernes 30 de marzo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro presentaba el proyecto de Prespuestos Generales del Estado para 2012, que establecía el mayor recorte de gasto público de la democracia española (13.400 millones de euros) y una nueva y muy importante subida de impuestos centrada en las grandes empresas (el objetivo era reducir el déficit público en más de 27.000 millones de euros). Montoro justificó los presupuestos porque la «situación es crítica». En el proyecto no se tocaba ni el seguro de desempleo, ni las pensiones (que subieron un 1% en enero), ni se bajaba el sueldo a los funcionarios (pero seguían congelados), ni se subía el IVA. Por otro lado el proyecto también incluía una "amnistía fiscal" que pretendía hacer aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El Gobierno perdonaría los impuestos y las multas y recaudaría solo el 10% de ese capital blanqueado, 2.500 millones.64 A finales de junio el PSOE anunciaba que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal.65
El viernes 27 de abril el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que el IVA se incrementaría en 2013 dos puntos, pasando a ser del 20%.66
La reforma laboral de febrero de 2012
Artículo principal: Reforma laboral en España en 2012
El viernes 10 de febrero la ministra de Trabajo Fátima Báñez presentaba el decreto de la reforma laboral que había aprobado el gobierno y que sería duramente criticada por los sindicatos y los partidos de izquierda,67 especialmente su punto más controvertido: la reducción de la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, mientras que la indemnización en los despidos objetivos se generalizaba a 20 días por año trabajado.68 Los sindicatos organizaron una serie de movilizaciones en contra de la reforma laboral que culminaron el 29 de marzo con la séptima huelga general de la historia de la democracia.69
Recortes en sanidad y en educación (abril-mayo de 2012)
El lunes 9 de abril el Gobierno anunció un recorte adicional de 10.000 millones a los 27.000 millones previstos en los Presupuestos presentados el 30 de marzo. Estos 10.000 millones se repartirían entre Educación (unos 3.000 millones) y Sanidad (7.000), que en los presupuestos ya habían padecido un recorte del 21% y del 14% respectivamente.70
El viernes 20 de abril se concretaron esas medidas. En Sanidad el Gobierno aprobó el copago farmacéutico, a pesar de hasta entonces el Partido Popular se había manifestado contrario a esa medida —los pensionistas pagarían el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, en función de la renta—. Además se restringía la asistencia sanitaria a los pagapensiones ilegales, incluidas sus familias.71 72
En cuanto al recorte del gasto educativo las medidas aprobadas a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert eran el aumento de la ratio de alumnos por aula de hasta un 20% (lo que suponía pasar de 25 a 30 alumnos en enseñanza primaria, de 30 a 36 en ESO, y de 35 a 42 en Bachillerato); el aumento del número de horas lectivas del profesorado (que se sumaba al recorte de sus salarios decretado por la mayoría de las Comunidades Autónomas); la no cobertura de las bajas de profesores de una duración inferior a los 15 días; el aumento de las tasas universitarias; la introducción de tasas de hasta 350 euros en la Formación Profesional de Grado Superior, etc.73 74 Estos recortes en el gasto educativo motivaron que el martes 22 de mayo de 2012 tuviera lugar la primera huelga unitaria de la enseñanza pública en la historia de la democracia.75 Cinco días antes, el 17 de mayo, durante la sesión del Congreso de Diputados que ratificó los decretos, la oposición calificó las medidas adoptadas en educación y sanidad como el mayor recorte de gasto social y la mayor "agresión" a la educación y a la sanidad públicas de la historia de la democracia.76
El inicio de la reforma del sistema financiero (febrero-mayo de 2012)
Según los cálculos de algunos expertos, las entidades financieras españolas acumulaban al cierre de 2011 hasta 304.000 millones en créditos relacionados con el "ladrillo" concedidos a promotores y constructoras. Más de la mitad, unos 184.000 millones, eran "activos tóxicos", es decir, estaban en riesgo de impago o los bienes puestos como garantía ya habían sido embargados. Y de los 120.000 millones restantes de créditos supuestamente "sanos" no hay una confianza plena en que puedan ser reintegrados. Además los bancos también tienen en su poder 650.000 millones en hipotecas a particulares con una tasa de jovenlandesesidad del 2,8% que es seguro que aumente conforme crezca el paro y se deteriore la situación económica. Por último están los créditos contraídos con empresas no inmobiliarias, cuya jovenlandesesidad llega al 4,9%.77
El origen de esta situación, según los expertos, hay que buscarlo en el fuerte endeudamiento privado (de empresas y de familias) durante los años del "boom" económico de 1996 a 2008 (doce años durante los que España creció a un promedio del 3,8% anual, mientras la UE avanzaba a una media del 2,5%, y fabricó ocho millones de empleos) gracias al dinero barato procedente fundamentalmente de la banca extranjera (mientras la productividad sólo creció un 0,5% anual, frente al 1,3% en que lo hacía la UE). Buena parte del "boom" se debió al crecimiento de una burbuja inmobiliaria, produciéndose un exceso de construcción de viviendas entre 1997 y 2008 por valor de unos 380.000 millones, alrededor de un 37% del PIB. Los precios de las viviendas desde el pico de 2006 hasta 2011 ha bajado un 26% pero aún no se había alcanzado el nivel "preburbuja" y a principios de 2012 quedaba un parque de unas 700.000 viviendas sin vender. Así pues, España tardará todavía varios años en poderlas absorber.77
El viernes 3 de febrero de 2012 el gobierno aprueba su primera reforma financiera (tercera desde que empezó la crisis). El día anterior, el ministro de Economía Luis de Guindos explicó que la reforma pretende intentar impulsar el crédito, sanear el sistema bancario español y abaratar la vivienda, entre otras medidas. Los bancos deberán contar un "colchón" de hasta 52.000 millones de euros para cubrir los riesgos, tanto los actuales como los hipotéticos, y que deberá salir de los beneficios que los bancos obtengan este año, y las entidades en proceso de fusión podrán recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones. Por último el Gobierno ha limitado el sueldo de los directivos a 600.000 euros en las entidades que han recibido ayudas públicas del FROB y a 300.000 euros en aquellas que han sido intervenidas por el Estado.78
El viernes 11 de mayo de 2012 el gobierno aprueba su segunda reforma financiera (cuarta desde que empezó la crisis). El objetivo principal de la misma es obligar a los bancos a que provisionen el crédito "sano" al negocio promotor en unos 28.000 millones (que se suman a los 50.000 millones establecidos en la reforma de febrero), con lo que sitúa en el 45% el total de créditos relacionados con el "ladrillo" cubiertos ante un posible impago.79 Un objetivo secundario es acelerar las fusiones con vistas a que se constituyan grupos financieros con activos superiores a los 100.000 millones de euros lo que les permitirá acceder a la financiación exterior.78 El primer fruto de esta política fue la fusión de Ibercaja, Banco Caja3 y Banco Liberbank anunciada el 29 de mayo de 2012. De esta forma nace la séptima entidad financiera española, que tendrá unos activos totales de 116.000 millones, 2.500 oficinas y 12.278 empleados. La nueva entidad requerirá unas provisiones contra el "ladrillo" de unos 2.500 millones de euros, que intentará cubrir con "emisiones de capital propias de la entidad" por lo que en principio no pedirá ningún apoyo de dinero público.78 Las únicas entidades medianas importantes pendientes de fusión tras este anuncio son la murciana BMN y la malagueña Unicaja, que el Ministerio de Economía desea que se fusionen.78
El 30 de mayo de 2012 la Comisión Europea aprueba la compra de la Caja del Mediterráneo (CAM) por el Banco Sabadell, que pagó 1 euro al Estado, que era el propietario de la CAM tras su nacionalización, cuando se formalizó la operación en diciembre de 2011. El presidente del Banco Sabadell Josep Oliu anuncia que el próximo 8 de diciembre la CAM dejará oficialmente de existir al quedar plenamente integrada en el grupo Banco Sabadell.80 El director general, Miguel Montes, explicó en Valencia que el banco pretende cerrar unas 400 oficinas, la mayoría de ellas de fuera de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y también las que se abrieron en Florida y en México, durante los años del "boom del ladrillo". También anunció que se reducirá la plantilla en unas 2.000 personas mediante bajas incentivadas y jubilaciones. Finalmente Miguel Montes consideró "un mito" la versión de que no existe crédito: "Hay más falta de proyectos que de créditos", afirmó.81
La nacionalización de Bankia y la crisis del sistema bancario (mayo-junio de 2012)
Véase también: Bankia#Rescate financiero y nacionalización
A principios de mayo de 2012 se anunció que Bankia tendría que ser intervenida con dinero público debido a su fuerte exposición al sector inmobiliario, en fuerte crisis en los últimos años. Bankia, según el plan de saneamiento previsto, percibiría en principio ayudas de entre 7.000 y 10.000 millones de euros a devolver con un interés anual del 8% provenientes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Estas ayudas se sumarían a los 4.465 millones de euros que la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, ya había recibido en la primera ronda de ayudas públicas del FROB en 2010.82
La confirmación de este nuevo plan de saneamiento forzó la dimisión de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros, así como la propuesta de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente82 por parte del FROB y del Ministerio de Economía y Competitividad. En su despedida del cargo el lunes 7 de mayo Rato pide a los clientes tranquilidad porque "Bankia tiene un nivel de solvencia muy alto". Según el diario El País el gobierno presionó a Rato para que dimitiera ante los ataques de los mercados.83
El 9 de mayo el gobierno de Rajoy anuncia la nacionalización el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, por lo que se hace con el control de la entidad.84 A primera hora del viernes 25 de mayo la CNMV suspende la cotización de las acciones de Bankia a petición de la propia entidad (el día anterior había cerrado a 1,57 euros, menos de la mitad del precio de salida que fueron 3,75 euros por acción, el 20 de julio de 2010). Por la tarde se reúne el Consejo de Administración de Bankia que decide pedir una inyección de 19.000 millones de euros de dinero público para el grupo Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia (de los que 12.000 serán para esa entidad), una cifra que desborda todas las previsiones y que la convierte en el mayor rescate financiero de la historia de España y uno de los mayores de Europa (y lo que sumará a los 4.465 millones ya concedidos, lo que arroja un total de 23,465 millones de fondos públicos). Esta petición de rescate es el resultado de la nueva valoración de los activos y la reformulación de las cuentas de Bankia que de unos supuestos beneficios de 309 millones de euros del balance efectuado en febrero, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, se pasa a unas pérdidas de 2.979 millones de euros. A continuación el Consejo de Administración de Bankia dimitió en bloque.85
El "lunes oscuro" 28 de mayo las acciones de Bankia pierden un 13,4%, situándose en 1,36 euros (habiendo perdido ya un 64% de su valor respecto al de salida en julio de 2010), el IBEX 35 cae un 2,17 % (situándose en el nivel que tenía en mayo de 2003), arrastrado por las pérdidas de los bancos (el Banco Popular perdió un 7,5%, el Banco de Sabadell y el Caixabank más del 5%, y el Banco Santander y el BBVA, más del 3%), y la prima de riesgo se dispara hasta alcanzar su máximo histórico desde la entrada en el euro, los 511 puntos básicos (por encima del nivel de los 500 puntos en que Grecia tuvo que ser rescatada por la Unión Europea y muy cerca de los 517 en que fue fue rescatado Portugal, o los 544 en que fue rescatada Irlanda). A mediodía comparece en rueda de prensa el presidente Rajoy (la primera que concede en solitario desde su investidura) para anunciar que no "va a haber ningún rescate de la banca española" y para descartar la exigencia de responsabilidades por la crisis de Bankia. "No creo que influya absolutamente para nada la decisión que se ha tomado sobre Bankia con la prima de riesgo", señaló también el presidente. Poco después el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba pide explicaciones ("¿Cómo se ha pasado de 4.500 millones para Bankia a 23.000?", se pregunta) y exige la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los gestores de la entidad y de sus antecesoras Bancaja y Caja de Madrid, Rodrigo Rato, Miguel Blesa y José Luis Olivas, además del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del presidente actual de BFA-Bankia José Ignacio Goirigolzarri, aunque no pide la creación de una comisión de investigación. "Si no hay comparecencia y no hay explicación, no vamos a seguir apoyando [la operación en] Bankia, naturalmente", afirmó.86 A última hora de la tarde el BFA, matriz de Bankia, anuncia unas pérdidas de 3.318 millones de euros, las mayores de la historia española, solo por detrás de los 3.510 millones declarados por Banesto tras su intervención en 1993.87
Al día siguiente, 29 de mayo, el gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez anunciaba que adelantaba en un mes su salida de la institución, que estaba prevista para el 12 de julio. De esta forma será el nuevo gobernador el que revisará los planes de saneamiento de activos sanos por valor de 30.000 millones de euros, que los bancos tenían que presentar antes del 10 de junio.88 Según el diario El País la decisión estuvo motivada por la negativa del gobierno a que compareciera ante Congreso de los Diputados para explicar su actuación en la crisis de Bankia.89 Al día siguiente en una comparecencia ante el Senado, programada desde hacía semanas, no respondió a las preguntas de los senadores sobre la crisis de Bankia alegando el silencio que le había impuesto el gobierno."Ha habido una campaña de desprestigio enorme. A mí me gustaría dar nuestra versión para que el ciudadano juzgue, pero si el Gobierno no lo quiere, que es el que está llevando la gestión de la crisis en este momento, sería una irresponsabilidad enorme no hacer lo que pide el Ejecutivo", afirmó.90
El viernes 1 de junio se hace público un informe encargado por Rodrigo Rato que califica de "inyección brutal a costa del Estado" las ayudas a Bankia y que fue entregado por él en la reunión del Consejo de Administración de Caja de Madrid celebrada dos días antes. En el informe se dice también que el plan de rescate aprobado por el Gobierno va a dejar a la entidad y a sus gestores en una magnífica situación, pero perjudicando a contribuyentes y a accionistas (la cotización de las acciones de Bankia al cierre de los mercados fue de 1,020 euros).91 Esta crítica a la gestión de la crisis de Bankia, se suma a la realizada el día anterior por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien aseguró que el Gobierno español había optado "por la peor manera posible de hacer las cosas".92 El líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba manifestó su acuerdo con el presidente del BCE. Por su parte, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó: "Hemos vivido situaciones más difíciles, y salimos. No estamos solos, tenemos detrás a Europa". "España es un país grande, internacionalizado, con alta renta per cápita. El problema es la deuda externa, pero los tenedores son los máximos interesados en que a España le salga bien, porque quieren cobrar su deuda íntegra", añadió a continuación.93
Tras la semana negra que vivió la economía española entre el lunes 28 de mayo y el viernes 1 de junio, el presidente Rajoy declaraba en unas jornadas del Círculo de Economía celebradas el sábado 2 de junio en Sitges: "No estamos al borde de ningún precipicio".94
El lunes 4 de junio, tras la propuesta de la Comisión Europea de que el fondo de rescate europeo se pueda usar para recapitalizar la banca, sin pasar por los Estados, la prima de riesgo cayó hasta los 520 puntos básicos y el Ibex 35 subió casi un 3% situándose en los 6.237 puntos.95
El martes 5 de junio Amado Franco presidente de Ibercaja declara que "Bankia no tenía que haber nacido" y de ese error, que el Banco de España debería haber impedido, "parten todos los males actuales".96 Al día siguiente miércoles 6 de junio, el Fiscal General del Estado Eduardo Torres-Dulce informó que desde el 20 de mayo la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando posibles delitos societarios en la gestión de la fusión y en la salida a bolsa de Bankia.97
El jueves, 7 de junio, el subgobernador del Banco de España anunció que las entidades financieras nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia Banco necesitarán 9.000 millones adicionales de ayuda pública, que se sumarán a los 5.500 millones de euros ya inyectados por el Estado (2.465 millones en Novagalicia Banco, donde el Estado tiene el 93% de las acciones; 2.968 millones en CatalunyaCaixa donde el Estado también posee el control total). Ese mismo día se conoce que un informe del FMI que estima que las necesidades globales de capital para la banca española estarán alrededor de los 40.000 millones de euros98 y que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha decidido rebajar en tres escalones el rating de España, desde 'A' a 'BBB' con perspectiva negativa.99
El miércoles 27 de junio de 2012 fuentes del Consejo de administración del grupo de BFA-Bankia dan a conocer la tasación realizada de cara a la nacionalización, según la cual el grupo BFA-Bankia tiene un agujero de 13.635 millones de euros. La consecuencia es que los 4.465 millones aportados por el Estado al convertirse de participaciones preferentes en acciones del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) se traducen en la nacionalización del 100% de la matriz e, indirectamente, del 45% de Bankia. Ante esta situación el consejo de administración de BFA dimitió en bloque. Por otro lado, las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedan sin ningún patrimonio en la entidad, lo que las deja sin dividendos futuros que usar para la obra social, y sin activos más allá de los de la obra social que quedaron al margen de la integración.100 Ese día las acciones de Bankia cotizaron a 0,90 euros.
El miércoles 4 de julio de 2012 es admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la querella presentada por UPyD contra 33 ex miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), investigación que respalda la Fiscalía Anticorrupción. Han sido citados a declarar el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, el ex presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el ex ministro del Interior en el gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, quien también formó parte del Consejo de Administración de la entidad. También han sido citados, aunque como testigos, el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. El único imputado que aún era miembro del Consejo, Francisco Verdú, ha presentado la dimisión como consejero delegado de Bankia.101
El martes 10 de julio el Partido Popular acepta, después de haberse negado inicialmente, que comparezcan en el Congreso de los Diputados hasta 24 directivos y responsables políticos implicados en la crisis de Bankia y de las otras cajas de ahorros intervenidas por el Estado, empezando por Rodrigo Rato, que es quien más insistentemente había pedido comparecer, aunque el PSOE se quejó de que no se había incluido en la lista a Miguel Blesa, expresidente de CajaMadrid.102
El rescate europeo a la banca (junio-julio de 2012)
Véase también: Rescate financiero#Rescate bancario español
El 20 de mayo Mariano Rajoy niega en Chicago (a donde acaba de llegar para participar en la cumbre de la OTAN) que la banca española necesite un rescate y rechaza la propuesta del nuevo presidente francés François Hollande de que España recurra a los fondos europeos (FEEF o MEDE) para sanear sus bancos. "No creo que el señor Hollande haya dicho eso porque, lógicamente, el señor Hollande no sabe cómo están los bancos españoles", declaró Rajoy.103 Cinco días después, el 24 de mayo, tras reunirse en París con Hollande, Rajoy reitera: "Desde luego a fecha de hoy, el Gobierno no tiene interés ni ninguna intención de acudir a cualquier fondo de la UE o de cualquier otro organismo".
El lunes 28 de mayo, tras el anuncio de la nueva dirección de Bankia de que necesitará 19.000 millones de euros más para sanearse (lo que provoca la caída de las acciones de Bankia, del IBEX 35 y que la prima de riesgo supere los 500 puntos básicos), Rajoy vuelve a afirmar que "no va a haber ningún rescate de la banca española", aunque reconoce implícitamente que España por sí misma no va a poder sanear su banca y apunta la solución (una vez el BCE se había negado a volver a inyectar liquidez a los bancos como en febrero y a comprar masivamente deuda pública española, única forma de que se hubiera podido recurrir directamente a los mercados): que el dinero fuera directamente a los bancos, sin pasar por los estados. "Mucha gente, yo también, apoya que se cambien las normas del fondo de rescate para que pueda inyectar dinero directamente a los bancos", afirmó.104
El lunes 4 de junio la Comisión Europea, a través de su vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en la línea de lo expresado por Rajoy una semana antes, propuso modificar las normas actuales para que el fondo de rescate europeo se use para recapitalizar la banca, sin pasar por los Estados, que es la solución demandada por el gobierno español para superar la crisis del sistema financiero español (empezando por los 19.000 millones que necesita Bankia), sin recurrir al mercado o a la emisión de deuda, lo que probablemente dispararía la prima de riesgo española, haciendo casi inevitable el "rescate" europeo y la intervención de sus finanzas. Tras el anuncio del Comisario Rehn la prima de riesgo cayó hasta los 520 puntos básicos (al final de la semana ya estaba por debajo de los 500: el viernes cerró en 488,7 puntos básicos) y el Ibex 35 subió casi un 3% situándose en los 6.237 puntos (al cierre del viernes alcanzaba los 6.552 puntos, en la mayor subida semanal en lo que iba de año, un 8,03%). El ministro de economía francés, Pierre Moscovici, que se encontraba en Bruselas, fue el primero en apoyar la propuesta, pero un portavoz del gobierno alemán se mostró contrario a modificar la regulación actual del fondo de rescate europeo ("los rescates han de hacerse a través de los Gobiernos para asegurar que los préstamos estén condicionados a ciertas políticas").105
El miércoles 6 de junio, según se supo después, el presidente Mariano Rajoy envió una carta a Van Rompuy y a Durao Barroso en la que, después de afirmar que "esta situación es insostenible", les pedía que exigieran al BCE su intervención comprando masivamente deuda soberana española. "Es necesario que actuemos con urgencia para estabilizar los mercados financieros y para reducir las primas de riesgo. La única institución [que puede hacerlo]... es el Banco Central Europeo".106
El sábado 9 de junio el ministro de Economía Luis de Guindos anuncia que España ha solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizará para para sanear el sistema financiero español a través del FROB. A pesar de que el último garante del dinero concedido a España es el Estado y no los bancos (porque la normativa de los fondos europeos de rescate no se ha cambiado, como se apresuró a recordar el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble: "España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo"), el ministro Guindos se negó a llamarlo rescate. "Es un préstamo en condiciones muy favorables, mejores que las del mercado", afirmó.107 En el mismo sentido se expresó el presidente del gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia del mediodía del día siguiente que volvió a evitar el término rescate (aunque era ya el término utilizado por toda la prensa internacional: bailout, sauvetage, salvataggio) y habló de "línea de crédito" y de éxito de su política ("hemos evitado el rescate de España", llegó a decir).108
El tono triunfalista de Rajoy y su negativa a usar el término rescate fue criticado incluso por los medios internacionales, como la revista Time que en un tono irónico tituló su artículo con la frase "You say tomate, I say Bailout" ("Tú dices tomate, y yo digo rescate"),109 así como por la oposición que le recordó que el rescate anunciado era la constatación del fracaso de su política, iniciada con la deficiente gestión de la crisis de Bankia, y en absoluto un éxito como intentaba venderlo Rajoy. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, afirmó que era "el momento más grave para España desde que comenzó la crisis económica" y en cambio el gobierno "nos quiere hacer creer que nos ha tocado la lotería". Además la oposición le recordó que el rescate supondrá una mayor control de las política económica por parte de la Unión Europea y del BCE, e incluso del FMI, (los "hombres de oscuro" como los había llamado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro) como se desprendía de la "letra pequeña" del acuerdo.110 En la misma línea se expresó Rosa Díez de UPyD que se refirió a la "mentira" del presidente al afirmar que el préstamo sólo atañe a los bancos. "El préstamo no es a los bancos, sino al FROB, que tiene la garantía del Estado, que es quien responde... y [por otro lado] si se utiliza todo lo que están dispuestos a darnos [100.000 millones de euros] la deuda acabará este año siendo el 90% del PIB [diez puntos porcentuales más que antes del rescate]", afirmó. Toda la oposición, excepto CiU, estuvo de acuerdo en exigir que Rajoy comparezca ante el Congreso de los Diputados y que se forme en el Congreso una Comisión de investigación que supervise todo el proceso de rescate a los bancos desde el FROB.111
En cuanto a las condiciones concretas del rescate aún estaban por negociar, aunque en el texto difundido por el Eurogrupo se establecía que el sistema financiero tendrá que aceptar una serie de condiciones y ajustes, y la inspección de las autoridades europeas y del BCE, y también se hacía referencia a las reformas o recortes para reducir el déficit público, ya que "el progreso en estas áreas será estrecha y regularmente revisado en paralelo con a la asistencia financiera". El comisario europeo Olli Rehn también se refirió a que España debe "aplicar la condicionalidad normal en el marco de la gobernanza económica reforzada de Europa". Todo ello parecía indicar que la vigilancia del cumplimiento del déficit por España (el 5,3% del PIB en 2012 para alcanzar el 3% en 2014) por parte de la Comisión Europea y del BCE, en el marco del Plan de Estabilidad, se iba a intensificar. Algunas fuentes indicaban que los intereses que probablemente habrá de pagar España por el rescate serán del 3%, muy por debajo del 6,3% de los bonos a diez años, y el plazo de amortización podría rondar los 10 años, pero se ignoraba si el dinero saldría del FEEF, el llamado fondo de rescate temporal creado en mayo de 2010 y en vigor hasta mediados de 2013, o del MEDE, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio, cuando sea ratificado por los Estados miembros. Los bancos con problemas recibirán el dinero a través del FROB bien en forma de inyecciones directas de capital (como Bankia, que ha pedido 19.000 millones, que se convertirán en acciones) o de "bonos contingentes convertibles", los llamados cocos, que son préstamos a un 10% de interés que se pueden convertir en capital.112
A lo largo de la semana siguiente se volvió a vivir una nueva semana negra para la deuda sobre todo tras el anuncio hecho el miércoles 13 de junio por la agencia Moody's de que rebajaba en tres grados la calificación de la deuda soberana española y la ponía al borde del bono basura (desde A3 a Baa3), argumentando que el rescate concedido a España elevará su nivel de endeudamiento (con lo que se unía a las bajadas acordadas en los días anteriores por las otras dos agencias de calificación, Fitch y Standard & Poor's). Así el jueves 14 de junio la prima de riesgo alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a los 552 puntos básicos y los intereses pagados en los mercados secundarios de deuda fueron del 7%, lo que, como indicó el ministro de economía Luis de Guindos, era un nivel que "no es sostenible en el tiempo" (el presidente del gobierno Mariano Rajoy eludió hacer declaraciones).113 La misma idea de que el rescate engrosará el déficit público fue la que también lanzó Eurostat que en un comunicado en el que afirmó que "el gasto de los intereses del préstamo también tendrá un impacto directo en el déficit".114 La "número dos" del PSOE, Elena Valenciano, tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido celebrada el viernes 15 de junio, declara que España está "en su momento más difícil desde la Transición" y ofrece al gobierno y al resto de los partidos un pacto de "unidad nacional" ante la Unión Europea y el ataque de los mercados.115
En la cumbre del G-20 celebrada en Los Cabos (México) entre el lunes 18 de junio y el martes 19 de junio, a la que asistió el presidente Rajoy, uno de los grandes protagonistas fue España debido a los problemas de solvencia de su sistema bancario, y de cuya solución depende en gran medida que se supere la crisis de la deuda soberana europea (una vez que las elecciones griegas del domingo 17 de junio han dado la mayoría a los partidos que aceptan los duros recortes que lleva consigo el segundo rescate a Grecia), por lo que se le pidió a España "claridad y rapidez" en la petición del rescate para recapitalizar la banca. En su respuesta Rajoy reconoció por primera vez que no era una "línea de crédito" lo que había obtenido de Europa, sino un rescate del que respondía el gobierno y computaba como deuda del Estado. Por eso pidió en el plenario del G-20 "romper el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano, que ha resultado dañino" (unas horas antes la prima de riesgo se había disparado hasta los 589 puntos básicos). El presidente de la Comisión Europea Durao Barroso apoyó ese punto de vista de que había que romper el vínculo entre la deuda pública y la deuda bancaria.12
El jueves 21 de junio de 2012 se hacen públicos los informes sobre la banca española elaborados por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger por encargo del Ministerio de Economía y del Banco de España, que cifran las necesidades de recapitalización para hacer frente con solvencia a un agravamiento de la crisis no previsto entre los 51.000 y los 62.000 millones de euros (una horquilla muy cercana a las previsiones del FMI y muy por debajo de los 100.000 millones de euros del tope máximo del rescate europeo). En el informe se dice que los tres grandes bancos Banco Santander, BBVA y Caixabank no necesitan más capital y que las necesidades de recapitalización (en torno a dos tercios de la cantidad estimada, entre los 34.000 y los 41.000 millones) corresponden a las entidades nacionalizadas o en vías de estarlo (Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia). El resto hasta los 51.000-62.000 millones se destinarían a entidades medianas como Banco Sabadell, Banco Popular, Unicaja (que incluye Caja Duero España), Kutxa Bank, Banco Mare Nostrum (BMN), Ibercaja-Caja3-Liberbank y Bankinter.116 Al día siguiente la prima de riesgo registra su mayor bajada semanal y se sitúa en los 477 puntos básicos.13
En la reunión del Consejo Europeo del 28 de junio y el 29 de junio Mariano Rajoy consigue, con el apoyo de Italia y de Francia, que Alemania ceda y acepte que el rescate a la banca vaya directamente a las entidades con problemas sin pasar por el Estado, por lo que no computará como deuda, desligándose así la deuda bancaria de la deuda soberana, aunque la supervisión del proceso pasará al Banco Central Europeo, lo que supone dar un importante paso hacia la unión bancaria, que era lo que demandaba Alemania. En la cumbre también se ha aceptado la propuesta italiana de que el fondo europeo MEDE, que es el sucesor del FEEF, pueda comprar deuda de los Estados que cumplan con sus compromisos de déficit y deuda, y que ese fondo no tenga prioridad a la hora de cobrar los préstamos frente a los inversores privados (un privilegio que tenía el MEDE, que había ahuyentado a los inversores, temerosos de verse relegados al último puesto en caso de impago). Previamente se había aprobado el plan de estímulo al crecimiento de la UE por valor de 120.000 millones propuesto por Francia y que había sido acordado la semana anterior en la reunión de los "cuatro grandes" de la zona euro. La respuesta de los mercados ha sido muy favorable. El IBEX 35 ha experimentado la mayor subida diaria de los últimos dos años, superando los 7.000 puntos, y la prima de riesgo ha caído más de 70 puntos, situándose en los 474 puntos después de haber estado toda la semana alrededor de los 550 puntos básicos.117
Entre el lunes 9 de julio y el martes 10 de julio el Eurogrupo acuerda las condiciones para el rescate del sistema bancario español, que a partir de la concesión de los primeros 30.000 millones de euros del FEEF (hasta un máximo de 100.000 millones) canalizados a través del FROB, con un plazo medio de amortización de 12,5 años, quedará bajo la supervisión directa de la "troika" formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que pondrá bajo su tutela al Banco de España, y por el FMI, por lo que el control del sistema financiero español dejará de estar en manos del gobierno. Las condiciones quedaron establecidas en un denominado "memorándum de entendimiento" con 32 medidas a desarrollar en un plazo de un año. Paralelamente el Ecofin aprobó flexibilizar los objetivos de déficit para 2012, al pasar del 5,3% al 6,3%, aunque a cambio exigió al gobierno español que realice de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo.35 Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy anunciaba el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros.36
Al borde del rescate total (julio-diciembre de 2012)
El martes 10 de julio el gobierno y las comunidades autónomas acordaron reducir en un 15% como mínimo la paga que reciben las personas dependientes para que les cuide un familiar en casa (unos 400 euros mensuales de media). Además los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, perderían las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el gobierno y que les servía para acceder a una pensión de jubilación. Por último se amplió a dos años el plazo que tenían las comunidades autónomas para tramitar el expediente del dependiente y concederle la ayuda.118
El miércoles 11 de julio de 2012, al día siguiente de que el Eurogrupo acordara las condiciones para el rescate del sistema bancario español, que quedaba bajo la supervisión directa de la "troika" (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI), y de que el Ecofin aprobara flexibilizar los objetivos de déficit para 2012, al pasar del 5,3% al 6,3%, exigiendo a cambio al gobierno español que realizara de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo,35 el presidente Mariano Rajoy presentó en el Congreso de los Diputados 'el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros en dos años, cuatro veces mayor que el de Rodríguez Zapatero del 12 mayo de 2010 (paralelismo al que aludió un diputado de la oposición al decirle a Rajoy que el recorte que había presentado era su "12 de mayo").36 Para alcanzar ese objetivo anunció la subida del IVA (del 18% al 21% el general, y del 8% al 10% el reducido); la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios además de la reducción de los días libres; la reducción en un 10% del subsidio de desempleo a partir del sexto mes de percepción; la eliminación de la desgravación por vivienda en el IRPF; el aumento de los impuestos medioambientales. Además anunció su intención de reducir en un 30% el número de concejales por ayuntamiento y de reforzar el papel de las Diputaciones para centralizar los servicios públicos a nivel local. Para justificar los recortes Rajoy afirmó: "hacemos lo que no hay más remedio que hacer"; "no he cambiado de criterio, cambian las circunstancias y debo adaptarme". La oposición en general rechazó el ajuste, y prácticamente todos los portavoces le recordaron que estaba incumpliendo su programa electoral, por lo que, según algunos de ellos, debía dimitir o someter el ajuste a un referéndum o convocar elecciones.36
Una semana después, el jueves 19 de julio, tenían lugar en toda España manifestaciones masivas convocadas por los sindicatos en contra del ajuste, el mismo día que el Congreso de los Diputados lo aprobaba, exclusivamente con los votos del Partido Popular.119
El 23 de julio la prima de riesgo de la deuda española alcanzaba máximos históricos superando los 600 puntos básicos.120 Tres días después el gobierno aseguraba que España no va a ser rescatada por la Unión Europea.121 Sin embargo, el 3 de agosto cuando el presidente del gobierno Mariano Rajoy fue preguntado por los periodistas sobre si España pediría el rescate a la Unión Europea respondió: «No tengo tomada ninguna decisión. Haré lo que convenga al interés general de los españoles». Y sobre los recortes en el gasto social comentó: «No se puede hacer otra cosa».122
El 17 de agosto el BOE publicaba la lista de los 417 medicamentos que ya no estarían subvencionados por la Seguridad Social a partir del 1 de septiembre. Era el llamado medicamentazo aprobado por la ministra de Sanidad Ana Mato.123 El 1 de septiembre también entraba el vigor la orden del Ministerio de Sanidad que deja sin asistencia sanitaria gratuita (excepto las urgencias, la maternidad y la pediatría) a 910.342 pagapensiones en situación irregular o que no cotizan a la Seguridad Social. Cada comunidad autónoma decidiría cómo cobra esa asistencia.124
El 31 de agosto se presentaba la tercera reforma del sistema financiero, por la que el gobierno a través del FROB y el Banco de España ampliaban sus poderes sobre los bancos que podrían ser intervenidos en cuanto se detectaran problemas de insolvencia y liquidarlos si no eran viables. Además se creaba el banco malo que compraría los activos más dañados de la banca para sanearla. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que con el decreto que acababa de aprobar el Consejo de Ministros «culmina la reforma del sistema financiero».125
El viernes 7 de septiembre la prima de riesgo se situaba en los 411 puntos básicos, habiendo bajado a lo largo de la semana 140 puntos básicos, especialmente tras el anuncio hecho el día 6 por el presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi de que el BCE se proponía comprar deuda soberana de los países en dificultades si éstos cumplían determinados requisitos. Bajadas similares tuvieron la deuda portuguesa y la italiana. La medida contó con el respaldo de la canciller alemana Angela Merkel.43
El 28 de septiembre la consultora Oliver Wyman presenta su informe en el que concluye que las necesidades de la banca española ascienden a 53.745 millones de euros, el 86% de los cuales corresponde a las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia (24.743 millones), Catalunyavank (10.825 millones), NCG Banco (7.176) y Banco de Valencia (3.462).126 Al día siguiente el gobierno aprueba los Presupuestos del Estado para 2013.127
La Comisión Europea dio a conocer el 28 de noviembre las duras condiciones que tendrían que cumplir las entidades financieras rescatadas con el dinero europeo.128
Prosigue la política de ajustes (enero-octubre de 2013)
El 23 de marzo el gobierno aprueba un plan para convertir las participaciones preferentes en acciones de los bancos que suponen un recorte del valor de la inversión que oscila entre el 10% y el 70%.129
El 26 de abril el gobierno aprueba el Plan Nacional de Reformas y la Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016 que presentará a la Comisión Europea en el que se ralentiza el ajuste de las cuentas públicas ya que el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB se retrasa de 2014 a 2016 (la previsión es que el déficit sea del 6,3% en 2013, 1,8 puntos por encima del 4,5% previsto, y del 5,5% para 2014). El plan incluye la prolongación a 2014 de recargo temporal del IRPF acordado inicialmente para 2012 y 2013, así como la subida de algunos impuestos especiales y medioambientales y la eliminación de algunas deducciones en el impuesto de sociedades. También se plantea acabar con las subidas automáticas de determinados precios públicos en función de la subida del IPC, una medida llamada desindexación.130
El 29 de mayo la Comisión Europea relajó el objetivo de déficit para 2013 y 2014: un 6,5% y un 5,8%, respectivamente.131
El 28 de junio el gobierno aprueba una nueva subida de impuestos, la quinta en lo que va de legislatura. Suben los impuestos especiales sobre el alcohol y sobre el tabaco, y se establece una tasa medioambiental sobre los gases fluorados de efecto invernadero, además de eliminar deducciones fiscales para las grandes empresas.132
El 26 de julio el FROB presentó sus cuentas según las cuales cerró 2012 con unas pérdidas de 26.060 millones, que se suman a los 10.557 millones perdidos en 2011 y a los 324 de 2010, por lo que en tres años la crisis de la cajas de ahorros le ha costado a los contribuyentes 36.931 millones, y es previsible que las pérdidas continúen en 2013.133
El gobierno presentó el 30 de diciembre un Decreto de medidas urgentes para reducir el déficit público que consistían, por un lado, en una subida de impuestos (concretamente el IRPF, que subiría entre un 0,75% y un 7% según los tramos, y el IBI, que subiría entre el 4% y el 10%), con los que el gobierno esperaba recaudar unos 6.200 millones de euros, y, por otro, en una reducción del gasto público en unos 8.900 millones de euros. Era la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente y el mayor recorte del gasto público, con los que el gobierno esperaba reducir el déficit en unos 15.000 millones de euros, aunque aún quedaría otro ajuste de unos 20.000 millones que se aplicaría cuando se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, que el gobierno presentaría a finales de marzo de 2012.31 Además, el gobierno acordó congelar los sueldos de los funcionarios (al mismo tiempo que aumentaba su jornada base de 35 horas a 37 horas y media) y el salario mínimo interprofesional y mantener el incremento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para grandes empresas. También aprobó subir las pensiones un 1%, prorrogar los 400 euros de subsidio a los parados de larga duración y recuperar la deducción por vivienda en el IRPF.57 El presidente del gobierno Mariano Rajoy defendió que subir el IRPF era mejor que subir el IVA, ya que el IVA afecta a todas las clases por igual.58 El miércoles 11 de enero el Congreso de los Diputados convalidó el Decreto Ley de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. El que algunos diarios calificaron como «el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la historia de la democracia» salió adelante con 197 votos a favor (los del Partido Popular y los de CiU) y 138 en contra.59
El jueves 5 de enero el gobierno anunció un plan para luchar contra el fraude fiscal con el que preveía recaudar más de 8.000 millones de euros. Para ello se limitaría el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras, una medida que ya fue adoptada con éxito por Italia y Francia, y se actuaría contra la economía sumergida y contra los paraísos fiscales.60
El jueves 26 de enero el presidente Mariano Rajoy visitaba a la canciller Angela Merkel en Berlín ante la que se comprometió a seguir con la política de ajustes para alcanzar el 4,4% de déficit pactado con la UE para 2012 y a cambio pidió el apoyo de Alemania para que el BCE siguiera proporcionando liquidez a la banca española y comprando deuda. Tras la reunión Rajoy afirmó:
Voy a reducir el déficit porque creo en ello. Esto y las reformas no producen efecto en tres meses, este va a ser un año duro y difícil, pero quiero transmitir a los españoles que estamos trabajando para el futuro
El viernes 27 de enero el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que establecía techos de gasto para todas las administraciones, con el objetivo de reducir el déficit, aunque, según señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la norma se aplicaría con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales". La ley cuando las Cortes la aprobaran obligaría a las comunidades autónomas a enviar al Gobierno central las grandes líneas de sus presupuestos autonómicos antes de aprobarlos.61
El viernes 2 de marzo Rajoy anunció en Bruselas que el objetivo de déficit para 2012 no sería el 4,4% del PIB sino el 5,8%.62 Finalmente en la madrugada del lunes 12 de marzo al martes 13 de marzo los ministros del Eurogrupo aprobaron que el objetivo de déficit para España en 2012 sería del 5,4%, lo que supondría que habría que aumentar en 5.000 millones de euros los recortes anunciados.33
El miércoles 7 de marzo el gobierno anunció un recorte del 40% en la inversión pública para 2012 y que eliminaría la duplicidad en los organismos autonómicos, dentro de las medidas de reforma de la Administración.63
El viernes 30 de marzo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro presentaba el proyecto de Prespuestos Generales del Estado para 2012, que establecía el mayor recorte de gasto público de la democracia española (13.400 millones de euros) y una nueva y muy importante subida de impuestos centrada en las grandes empresas (el objetivo era reducir el déficit público en más de 27.000 millones de euros). Montoro justificó los presupuestos porque la «situación es crítica». En el proyecto no se tocaba ni el seguro de desempleo, ni las pensiones (que subieron un 1% en enero), ni se bajaba el sueldo a los funcionarios (pero seguían congelados), ni se subía el IVA. Por otro lado el proyecto también incluía una "amnistía fiscal" que pretendía hacer aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El Gobierno perdonaría los impuestos y las multas y recaudaría solo el 10% de ese capital blanqueado, 2.500 millones.64 A finales de junio el PSOE anunciaba que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal.65
El viernes 27 de abril el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que el IVA se incrementaría en 2013 dos puntos, pasando a ser del 20%.66
La reforma laboral de febrero de 2012
Artículo principal: Reforma laboral en España en 2012
El viernes 10 de febrero la ministra de Trabajo Fátima Báñez presentaba el decreto de la reforma laboral que había aprobado el gobierno y que sería duramente criticada por los sindicatos y los partidos de izquierda,67 especialmente su punto más controvertido: la reducción de la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, mientras que la indemnización en los despidos objetivos se generalizaba a 20 días por año trabajado.68 Los sindicatos organizaron una serie de movilizaciones en contra de la reforma laboral que culminaron el 29 de marzo con la séptima huelga general de la historia de la democracia.69
Recortes en sanidad y en educación (abril-mayo de 2012)
El lunes 9 de abril el Gobierno anunció un recorte adicional de 10.000 millones a los 27.000 millones previstos en los Presupuestos presentados el 30 de marzo. Estos 10.000 millones se repartirían entre Educación (unos 3.000 millones) y Sanidad (7.000), que en los presupuestos ya habían padecido un recorte del 21% y del 14% respectivamente.70
El viernes 20 de abril se concretaron esas medidas. En Sanidad el Gobierno aprobó el copago farmacéutico, a pesar de hasta entonces el Partido Popular se había manifestado contrario a esa medida —los pensionistas pagarían el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, en función de la renta—. Además se restringía la asistencia sanitaria a los pagapensiones ilegales, incluidas sus familias.71 72
En cuanto al recorte del gasto educativo las medidas aprobadas a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert eran el aumento de la ratio de alumnos por aula de hasta un 20% (lo que suponía pasar de 25 a 30 alumnos en enseñanza primaria, de 30 a 36 en ESO, y de 35 a 42 en Bachillerato); el aumento del número de horas lectivas del profesorado (que se sumaba al recorte de sus salarios decretado por la mayoría de las Comunidades Autónomas); la no cobertura de las bajas de profesores de una duración inferior a los 15 días; el aumento de las tasas universitarias; la introducción de tasas de hasta 350 euros en la Formación Profesional de Grado Superior, etc.73 74 Estos recortes en el gasto educativo motivaron que el martes 22 de mayo de 2012 tuviera lugar la primera huelga unitaria de la enseñanza pública en la historia de la democracia.75 Cinco días antes, el 17 de mayo, durante la sesión del Congreso de Diputados que ratificó los decretos, la oposición calificó las medidas adoptadas en educación y sanidad como el mayor recorte de gasto social y la mayor "agresión" a la educación y a la sanidad públicas de la historia de la democracia.76
El inicio de la reforma del sistema financiero (febrero-mayo de 2012)
Según los cálculos de algunos expertos, las entidades financieras españolas acumulaban al cierre de 2011 hasta 304.000 millones en créditos relacionados con el "ladrillo" concedidos a promotores y constructoras. Más de la mitad, unos 184.000 millones, eran "activos tóxicos", es decir, estaban en riesgo de impago o los bienes puestos como garantía ya habían sido embargados. Y de los 120.000 millones restantes de créditos supuestamente "sanos" no hay una confianza plena en que puedan ser reintegrados. Además los bancos también tienen en su poder 650.000 millones en hipotecas a particulares con una tasa de jovenlandesesidad del 2,8% que es seguro que aumente conforme crezca el paro y se deteriore la situación económica. Por último están los créditos contraídos con empresas no inmobiliarias, cuya jovenlandesesidad llega al 4,9%.77
El origen de esta situación, según los expertos, hay que buscarlo en el fuerte endeudamiento privado (de empresas y de familias) durante los años del "boom" económico de 1996 a 2008 (doce años durante los que España creció a un promedio del 3,8% anual, mientras la UE avanzaba a una media del 2,5%, y fabricó ocho millones de empleos) gracias al dinero barato procedente fundamentalmente de la banca extranjera (mientras la productividad sólo creció un 0,5% anual, frente al 1,3% en que lo hacía la UE). Buena parte del "boom" se debió al crecimiento de una burbuja inmobiliaria, produciéndose un exceso de construcción de viviendas entre 1997 y 2008 por valor de unos 380.000 millones, alrededor de un 37% del PIB. Los precios de las viviendas desde el pico de 2006 hasta 2011 ha bajado un 26% pero aún no se había alcanzado el nivel "preburbuja" y a principios de 2012 quedaba un parque de unas 700.000 viviendas sin vender. Así pues, España tardará todavía varios años en poderlas absorber.77
El viernes 3 de febrero de 2012 el gobierno aprueba su primera reforma financiera (tercera desde que empezó la crisis). El día anterior, el ministro de Economía Luis de Guindos explicó que la reforma pretende intentar impulsar el crédito, sanear el sistema bancario español y abaratar la vivienda, entre otras medidas. Los bancos deberán contar un "colchón" de hasta 52.000 millones de euros para cubrir los riesgos, tanto los actuales como los hipotéticos, y que deberá salir de los beneficios que los bancos obtengan este año, y las entidades en proceso de fusión podrán recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones. Por último el Gobierno ha limitado el sueldo de los directivos a 600.000 euros en las entidades que han recibido ayudas públicas del FROB y a 300.000 euros en aquellas que han sido intervenidas por el Estado.78
El viernes 11 de mayo de 2012 el gobierno aprueba su segunda reforma financiera (cuarta desde que empezó la crisis). El objetivo principal de la misma es obligar a los bancos a que provisionen el crédito "sano" al negocio promotor en unos 28.000 millones (que se suman a los 50.000 millones establecidos en la reforma de febrero), con lo que sitúa en el 45% el total de créditos relacionados con el "ladrillo" cubiertos ante un posible impago.79 Un objetivo secundario es acelerar las fusiones con vistas a que se constituyan grupos financieros con activos superiores a los 100.000 millones de euros lo que les permitirá acceder a la financiación exterior.78 El primer fruto de esta política fue la fusión de Ibercaja, Banco Caja3 y Banco Liberbank anunciada el 29 de mayo de 2012. De esta forma nace la séptima entidad financiera española, que tendrá unos activos totales de 116.000 millones, 2.500 oficinas y 12.278 empleados. La nueva entidad requerirá unas provisiones contra el "ladrillo" de unos 2.500 millones de euros, que intentará cubrir con "emisiones de capital propias de la entidad" por lo que en principio no pedirá ningún apoyo de dinero público.78 Las únicas entidades medianas importantes pendientes de fusión tras este anuncio son la murciana BMN y la malagueña Unicaja, que el Ministerio de Economía desea que se fusionen.78
El 30 de mayo de 2012 la Comisión Europea aprueba la compra de la Caja del Mediterráneo (CAM) por el Banco Sabadell, que pagó 1 euro al Estado, que era el propietario de la CAM tras su nacionalización, cuando se formalizó la operación en diciembre de 2011. El presidente del Banco Sabadell Josep Oliu anuncia que el próximo 8 de diciembre la CAM dejará oficialmente de existir al quedar plenamente integrada en el grupo Banco Sabadell.80 El director general, Miguel Montes, explicó en Valencia que el banco pretende cerrar unas 400 oficinas, la mayoría de ellas de fuera de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y también las que se abrieron en Florida y en México, durante los años del "boom del ladrillo". También anunció que se reducirá la plantilla en unas 2.000 personas mediante bajas incentivadas y jubilaciones. Finalmente Miguel Montes consideró "un mito" la versión de que no existe crédito: "Hay más falta de proyectos que de créditos", afirmó.81
La nacionalización de Bankia y la crisis del sistema bancario (mayo-junio de 2012)
Véase también: Bankia#Rescate financiero y nacionalización
A principios de mayo de 2012 se anunció que Bankia tendría que ser intervenida con dinero público debido a su fuerte exposición al sector inmobiliario, en fuerte crisis en los últimos años. Bankia, según el plan de saneamiento previsto, percibiría en principio ayudas de entre 7.000 y 10.000 millones de euros a devolver con un interés anual del 8% provenientes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Estas ayudas se sumarían a los 4.465 millones de euros que la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, ya había recibido en la primera ronda de ayudas públicas del FROB en 2010.82
La confirmación de este nuevo plan de saneamiento forzó la dimisión de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros, así como la propuesta de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente82 por parte del FROB y del Ministerio de Economía y Competitividad. En su despedida del cargo el lunes 7 de mayo Rato pide a los clientes tranquilidad porque "Bankia tiene un nivel de solvencia muy alto". Según el diario El País el gobierno presionó a Rato para que dimitiera ante los ataques de los mercados.83
El 9 de mayo el gobierno de Rajoy anuncia la nacionalización el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, por lo que se hace con el control de la entidad.84 A primera hora del viernes 25 de mayo la CNMV suspende la cotización de las acciones de Bankia a petición de la propia entidad (el día anterior había cerrado a 1,57 euros, menos de la mitad del precio de salida que fueron 3,75 euros por acción, el 20 de julio de 2010). Por la tarde se reúne el Consejo de Administración de Bankia que decide pedir una inyección de 19.000 millones de euros de dinero público para el grupo Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia (de los que 12.000 serán para esa entidad), una cifra que desborda todas las previsiones y que la convierte en el mayor rescate financiero de la historia de España y uno de los mayores de Europa (y lo que sumará a los 4.465 millones ya concedidos, lo que arroja un total de 23,465 millones de fondos públicos). Esta petición de rescate es el resultado de la nueva valoración de los activos y la reformulación de las cuentas de Bankia que de unos supuestos beneficios de 309 millones de euros del balance efectuado en febrero, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, se pasa a unas pérdidas de 2.979 millones de euros. A continuación el Consejo de Administración de Bankia dimitió en bloque.85
El "lunes oscuro" 28 de mayo las acciones de Bankia pierden un 13,4%, situándose en 1,36 euros (habiendo perdido ya un 64% de su valor respecto al de salida en julio de 2010), el IBEX 35 cae un 2,17 % (situándose en el nivel que tenía en mayo de 2003), arrastrado por las pérdidas de los bancos (el Banco Popular perdió un 7,5%, el Banco de Sabadell y el Caixabank más del 5%, y el Banco Santander y el BBVA, más del 3%), y la prima de riesgo se dispara hasta alcanzar su máximo histórico desde la entrada en el euro, los 511 puntos básicos (por encima del nivel de los 500 puntos en que Grecia tuvo que ser rescatada por la Unión Europea y muy cerca de los 517 en que fue fue rescatado Portugal, o los 544 en que fue rescatada Irlanda). A mediodía comparece en rueda de prensa el presidente Rajoy (la primera que concede en solitario desde su investidura) para anunciar que no "va a haber ningún rescate de la banca española" y para descartar la exigencia de responsabilidades por la crisis de Bankia. "No creo que influya absolutamente para nada la decisión que se ha tomado sobre Bankia con la prima de riesgo", señaló también el presidente. Poco después el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba pide explicaciones ("¿Cómo se ha pasado de 4.500 millones para Bankia a 23.000?", se pregunta) y exige la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los gestores de la entidad y de sus antecesoras Bancaja y Caja de Madrid, Rodrigo Rato, Miguel Blesa y José Luis Olivas, además del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del presidente actual de BFA-Bankia José Ignacio Goirigolzarri, aunque no pide la creación de una comisión de investigación. "Si no hay comparecencia y no hay explicación, no vamos a seguir apoyando [la operación en] Bankia, naturalmente", afirmó.86 A última hora de la tarde el BFA, matriz de Bankia, anuncia unas pérdidas de 3.318 millones de euros, las mayores de la historia española, solo por detrás de los 3.510 millones declarados por Banesto tras su intervención en 1993.87
Al día siguiente, 29 de mayo, el gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez anunciaba que adelantaba en un mes su salida de la institución, que estaba prevista para el 12 de julio. De esta forma será el nuevo gobernador el que revisará los planes de saneamiento de activos sanos por valor de 30.000 millones de euros, que los bancos tenían que presentar antes del 10 de junio.88 Según el diario El País la decisión estuvo motivada por la negativa del gobierno a que compareciera ante Congreso de los Diputados para explicar su actuación en la crisis de Bankia.89 Al día siguiente en una comparecencia ante el Senado, programada desde hacía semanas, no respondió a las preguntas de los senadores sobre la crisis de Bankia alegando el silencio que le había impuesto el gobierno."Ha habido una campaña de desprestigio enorme. A mí me gustaría dar nuestra versión para que el ciudadano juzgue, pero si el Gobierno no lo quiere, que es el que está llevando la gestión de la crisis en este momento, sería una irresponsabilidad enorme no hacer lo que pide el Ejecutivo", afirmó.90
El viernes 1 de junio se hace público un informe encargado por Rodrigo Rato que califica de "inyección brutal a costa del Estado" las ayudas a Bankia y que fue entregado por él en la reunión del Consejo de Administración de Caja de Madrid celebrada dos días antes. En el informe se dice también que el plan de rescate aprobado por el Gobierno va a dejar a la entidad y a sus gestores en una magnífica situación, pero perjudicando a contribuyentes y a accionistas (la cotización de las acciones de Bankia al cierre de los mercados fue de 1,020 euros).91 Esta crítica a la gestión de la crisis de Bankia, se suma a la realizada el día anterior por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien aseguró que el Gobierno español había optado "por la peor manera posible de hacer las cosas".92 El líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba manifestó su acuerdo con el presidente del BCE. Por su parte, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó: "Hemos vivido situaciones más difíciles, y salimos. No estamos solos, tenemos detrás a Europa". "España es un país grande, internacionalizado, con alta renta per cápita. El problema es la deuda externa, pero los tenedores son los máximos interesados en que a España le salga bien, porque quieren cobrar su deuda íntegra", añadió a continuación.93
Tras la semana negra que vivió la economía española entre el lunes 28 de mayo y el viernes 1 de junio, el presidente Rajoy declaraba en unas jornadas del Círculo de Economía celebradas el sábado 2 de junio en Sitges: "No estamos al borde de ningún precipicio".94
El lunes 4 de junio, tras la propuesta de la Comisión Europea de que el fondo de rescate europeo se pueda usar para recapitalizar la banca, sin pasar por los Estados, la prima de riesgo cayó hasta los 520 puntos básicos y el Ibex 35 subió casi un 3% situándose en los 6.237 puntos.95
El martes 5 de junio Amado Franco presidente de Ibercaja declara que "Bankia no tenía que haber nacido" y de ese error, que el Banco de España debería haber impedido, "parten todos los males actuales".96 Al día siguiente miércoles 6 de junio, el Fiscal General del Estado Eduardo Torres-Dulce informó que desde el 20 de mayo la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando posibles delitos societarios en la gestión de la fusión y en la salida a bolsa de Bankia.97
El jueves, 7 de junio, el subgobernador del Banco de España anunció que las entidades financieras nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia Banco necesitarán 9.000 millones adicionales de ayuda pública, que se sumarán a los 5.500 millones de euros ya inyectados por el Estado (2.465 millones en Novagalicia Banco, donde el Estado tiene el 93% de las acciones; 2.968 millones en CatalunyaCaixa donde el Estado también posee el control total). Ese mismo día se conoce que un informe del FMI que estima que las necesidades globales de capital para la banca española estarán alrededor de los 40.000 millones de euros98 y que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha decidido rebajar en tres escalones el rating de España, desde 'A' a 'BBB' con perspectiva negativa.99
El miércoles 27 de junio de 2012 fuentes del Consejo de administración del grupo de BFA-Bankia dan a conocer la tasación realizada de cara a la nacionalización, según la cual el grupo BFA-Bankia tiene un agujero de 13.635 millones de euros. La consecuencia es que los 4.465 millones aportados por el Estado al convertirse de participaciones preferentes en acciones del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) se traducen en la nacionalización del 100% de la matriz e, indirectamente, del 45% de Bankia. Ante esta situación el consejo de administración de BFA dimitió en bloque. Por otro lado, las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedan sin ningún patrimonio en la entidad, lo que las deja sin dividendos futuros que usar para la obra social, y sin activos más allá de los de la obra social que quedaron al margen de la integración.100 Ese día las acciones de Bankia cotizaron a 0,90 euros.
El miércoles 4 de julio de 2012 es admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la querella presentada por UPyD contra 33 ex miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), investigación que respalda la Fiscalía Anticorrupción. Han sido citados a declarar el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, el ex presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el ex ministro del Interior en el gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, quien también formó parte del Consejo de Administración de la entidad. También han sido citados, aunque como testigos, el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. El único imputado que aún era miembro del Consejo, Francisco Verdú, ha presentado la dimisión como consejero delegado de Bankia.101
El martes 10 de julio el Partido Popular acepta, después de haberse negado inicialmente, que comparezcan en el Congreso de los Diputados hasta 24 directivos y responsables políticos implicados en la crisis de Bankia y de las otras cajas de ahorros intervenidas por el Estado, empezando por Rodrigo Rato, que es quien más insistentemente había pedido comparecer, aunque el PSOE se quejó de que no se había incluido en la lista a Miguel Blesa, expresidente de CajaMadrid.102
El rescate europeo a la banca (junio-julio de 2012)
Véase también: Rescate financiero#Rescate bancario español
El 20 de mayo Mariano Rajoy niega en Chicago (a donde acaba de llegar para participar en la cumbre de la OTAN) que la banca española necesite un rescate y rechaza la propuesta del nuevo presidente francés François Hollande de que España recurra a los fondos europeos (FEEF o MEDE) para sanear sus bancos. "No creo que el señor Hollande haya dicho eso porque, lógicamente, el señor Hollande no sabe cómo están los bancos españoles", declaró Rajoy.103 Cinco días después, el 24 de mayo, tras reunirse en París con Hollande, Rajoy reitera: "Desde luego a fecha de hoy, el Gobierno no tiene interés ni ninguna intención de acudir a cualquier fondo de la UE o de cualquier otro organismo".
El lunes 28 de mayo, tras el anuncio de la nueva dirección de Bankia de que necesitará 19.000 millones de euros más para sanearse (lo que provoca la caída de las acciones de Bankia, del IBEX 35 y que la prima de riesgo supere los 500 puntos básicos), Rajoy vuelve a afirmar que "no va a haber ningún rescate de la banca española", aunque reconoce implícitamente que España por sí misma no va a poder sanear su banca y apunta la solución (una vez el BCE se había negado a volver a inyectar liquidez a los bancos como en febrero y a comprar masivamente deuda pública española, única forma de que se hubiera podido recurrir directamente a los mercados): que el dinero fuera directamente a los bancos, sin pasar por los estados. "Mucha gente, yo también, apoya que se cambien las normas del fondo de rescate para que pueda inyectar dinero directamente a los bancos", afirmó.104
El lunes 4 de junio la Comisión Europea, a través de su vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en la línea de lo expresado por Rajoy una semana antes, propuso modificar las normas actuales para que el fondo de rescate europeo se use para recapitalizar la banca, sin pasar por los Estados, que es la solución demandada por el gobierno español para superar la crisis del sistema financiero español (empezando por los 19.000 millones que necesita Bankia), sin recurrir al mercado o a la emisión de deuda, lo que probablemente dispararía la prima de riesgo española, haciendo casi inevitable el "rescate" europeo y la intervención de sus finanzas. Tras el anuncio del Comisario Rehn la prima de riesgo cayó hasta los 520 puntos básicos (al final de la semana ya estaba por debajo de los 500: el viernes cerró en 488,7 puntos básicos) y el Ibex 35 subió casi un 3% situándose en los 6.237 puntos (al cierre del viernes alcanzaba los 6.552 puntos, en la mayor subida semanal en lo que iba de año, un 8,03%). El ministro de economía francés, Pierre Moscovici, que se encontraba en Bruselas, fue el primero en apoyar la propuesta, pero un portavoz del gobierno alemán se mostró contrario a modificar la regulación actual del fondo de rescate europeo ("los rescates han de hacerse a través de los Gobiernos para asegurar que los préstamos estén condicionados a ciertas políticas").105
El miércoles 6 de junio, según se supo después, el presidente Mariano Rajoy envió una carta a Van Rompuy y a Durao Barroso en la que, después de afirmar que "esta situación es insostenible", les pedía que exigieran al BCE su intervención comprando masivamente deuda soberana española. "Es necesario que actuemos con urgencia para estabilizar los mercados financieros y para reducir las primas de riesgo. La única institución [que puede hacerlo]... es el Banco Central Europeo".106
El sábado 9 de junio el ministro de Economía Luis de Guindos anuncia que España ha solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizará para para sanear el sistema financiero español a través del FROB. A pesar de que el último garante del dinero concedido a España es el Estado y no los bancos (porque la normativa de los fondos europeos de rescate no se ha cambiado, como se apresuró a recordar el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble: "España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo"), el ministro Guindos se negó a llamarlo rescate. "Es un préstamo en condiciones muy favorables, mejores que las del mercado", afirmó.107 En el mismo sentido se expresó el presidente del gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia del mediodía del día siguiente que volvió a evitar el término rescate (aunque era ya el término utilizado por toda la prensa internacional: bailout, sauvetage, salvataggio) y habló de "línea de crédito" y de éxito de su política ("hemos evitado el rescate de España", llegó a decir).108
El tono triunfalista de Rajoy y su negativa a usar el término rescate fue criticado incluso por los medios internacionales, como la revista Time que en un tono irónico tituló su artículo con la frase "You say tomate, I say Bailout" ("Tú dices tomate, y yo digo rescate"),109 así como por la oposición que le recordó que el rescate anunciado era la constatación del fracaso de su política, iniciada con la deficiente gestión de la crisis de Bankia, y en absoluto un éxito como intentaba venderlo Rajoy. Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, afirmó que era "el momento más grave para España desde que comenzó la crisis económica" y en cambio el gobierno "nos quiere hacer creer que nos ha tocado la lotería". Además la oposición le recordó que el rescate supondrá una mayor control de las política económica por parte de la Unión Europea y del BCE, e incluso del FMI, (los "hombres de oscuro" como los había llamado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro) como se desprendía de la "letra pequeña" del acuerdo.110 En la misma línea se expresó Rosa Díez de UPyD que se refirió a la "mentira" del presidente al afirmar que el préstamo sólo atañe a los bancos. "El préstamo no es a los bancos, sino al FROB, que tiene la garantía del Estado, que es quien responde... y [por otro lado] si se utiliza todo lo que están dispuestos a darnos [100.000 millones de euros] la deuda acabará este año siendo el 90% del PIB [diez puntos porcentuales más que antes del rescate]", afirmó. Toda la oposición, excepto CiU, estuvo de acuerdo en exigir que Rajoy comparezca ante el Congreso de los Diputados y que se forme en el Congreso una Comisión de investigación que supervise todo el proceso de rescate a los bancos desde el FROB.111
En cuanto a las condiciones concretas del rescate aún estaban por negociar, aunque en el texto difundido por el Eurogrupo se establecía que el sistema financiero tendrá que aceptar una serie de condiciones y ajustes, y la inspección de las autoridades europeas y del BCE, y también se hacía referencia a las reformas o recortes para reducir el déficit público, ya que "el progreso en estas áreas será estrecha y regularmente revisado en paralelo con a la asistencia financiera". El comisario europeo Olli Rehn también se refirió a que España debe "aplicar la condicionalidad normal en el marco de la gobernanza económica reforzada de Europa". Todo ello parecía indicar que la vigilancia del cumplimiento del déficit por España (el 5,3% del PIB en 2012 para alcanzar el 3% en 2014) por parte de la Comisión Europea y del BCE, en el marco del Plan de Estabilidad, se iba a intensificar. Algunas fuentes indicaban que los intereses que probablemente habrá de pagar España por el rescate serán del 3%, muy por debajo del 6,3% de los bonos a diez años, y el plazo de amortización podría rondar los 10 años, pero se ignoraba si el dinero saldría del FEEF, el llamado fondo de rescate temporal creado en mayo de 2010 y en vigor hasta mediados de 2013, o del MEDE, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio, cuando sea ratificado por los Estados miembros. Los bancos con problemas recibirán el dinero a través del FROB bien en forma de inyecciones directas de capital (como Bankia, que ha pedido 19.000 millones, que se convertirán en acciones) o de "bonos contingentes convertibles", los llamados cocos, que son préstamos a un 10% de interés que se pueden convertir en capital.112
A lo largo de la semana siguiente se volvió a vivir una nueva semana negra para la deuda sobre todo tras el anuncio hecho el miércoles 13 de junio por la agencia Moody's de que rebajaba en tres grados la calificación de la deuda soberana española y la ponía al borde del bono basura (desde A3 a Baa3), argumentando que el rescate concedido a España elevará su nivel de endeudamiento (con lo que se unía a las bajadas acordadas en los días anteriores por las otras dos agencias de calificación, Fitch y Standard & Poor's). Así el jueves 14 de junio la prima de riesgo alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a los 552 puntos básicos y los intereses pagados en los mercados secundarios de deuda fueron del 7%, lo que, como indicó el ministro de economía Luis de Guindos, era un nivel que "no es sostenible en el tiempo" (el presidente del gobierno Mariano Rajoy eludió hacer declaraciones).113 La misma idea de que el rescate engrosará el déficit público fue la que también lanzó Eurostat que en un comunicado en el que afirmó que "el gasto de los intereses del préstamo también tendrá un impacto directo en el déficit".114 La "número dos" del PSOE, Elena Valenciano, tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido celebrada el viernes 15 de junio, declara que España está "en su momento más difícil desde la Transición" y ofrece al gobierno y al resto de los partidos un pacto de "unidad nacional" ante la Unión Europea y el ataque de los mercados.115
En la cumbre del G-20 celebrada en Los Cabos (México) entre el lunes 18 de junio y el martes 19 de junio, a la que asistió el presidente Rajoy, uno de los grandes protagonistas fue España debido a los problemas de solvencia de su sistema bancario, y de cuya solución depende en gran medida que se supere la crisis de la deuda soberana europea (una vez que las elecciones griegas del domingo 17 de junio han dado la mayoría a los partidos que aceptan los duros recortes que lleva consigo el segundo rescate a Grecia), por lo que se le pidió a España "claridad y rapidez" en la petición del rescate para recapitalizar la banca. En su respuesta Rajoy reconoció por primera vez que no era una "línea de crédito" lo que había obtenido de Europa, sino un rescate del que respondía el gobierno y computaba como deuda del Estado. Por eso pidió en el plenario del G-20 "romper el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano, que ha resultado dañino" (unas horas antes la prima de riesgo se había disparado hasta los 589 puntos básicos). El presidente de la Comisión Europea Durao Barroso apoyó ese punto de vista de que había que romper el vínculo entre la deuda pública y la deuda bancaria.12
El jueves 21 de junio de 2012 se hacen públicos los informes sobre la banca española elaborados por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger por encargo del Ministerio de Economía y del Banco de España, que cifran las necesidades de recapitalización para hacer frente con solvencia a un agravamiento de la crisis no previsto entre los 51.000 y los 62.000 millones de euros (una horquilla muy cercana a las previsiones del FMI y muy por debajo de los 100.000 millones de euros del tope máximo del rescate europeo). En el informe se dice que los tres grandes bancos Banco Santander, BBVA y Caixabank no necesitan más capital y que las necesidades de recapitalización (en torno a dos tercios de la cantidad estimada, entre los 34.000 y los 41.000 millones) corresponden a las entidades nacionalizadas o en vías de estarlo (Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia). El resto hasta los 51.000-62.000 millones se destinarían a entidades medianas como Banco Sabadell, Banco Popular, Unicaja (que incluye Caja Duero España), Kutxa Bank, Banco Mare Nostrum (BMN), Ibercaja-Caja3-Liberbank y Bankinter.116 Al día siguiente la prima de riesgo registra su mayor bajada semanal y se sitúa en los 477 puntos básicos.13
En la reunión del Consejo Europeo del 28 de junio y el 29 de junio Mariano Rajoy consigue, con el apoyo de Italia y de Francia, que Alemania ceda y acepte que el rescate a la banca vaya directamente a las entidades con problemas sin pasar por el Estado, por lo que no computará como deuda, desligándose así la deuda bancaria de la deuda soberana, aunque la supervisión del proceso pasará al Banco Central Europeo, lo que supone dar un importante paso hacia la unión bancaria, que era lo que demandaba Alemania. En la cumbre también se ha aceptado la propuesta italiana de que el fondo europeo MEDE, que es el sucesor del FEEF, pueda comprar deuda de los Estados que cumplan con sus compromisos de déficit y deuda, y que ese fondo no tenga prioridad a la hora de cobrar los préstamos frente a los inversores privados (un privilegio que tenía el MEDE, que había ahuyentado a los inversores, temerosos de verse relegados al último puesto en caso de impago). Previamente se había aprobado el plan de estímulo al crecimiento de la UE por valor de 120.000 millones propuesto por Francia y que había sido acordado la semana anterior en la reunión de los "cuatro grandes" de la zona euro. La respuesta de los mercados ha sido muy favorable. El IBEX 35 ha experimentado la mayor subida diaria de los últimos dos años, superando los 7.000 puntos, y la prima de riesgo ha caído más de 70 puntos, situándose en los 474 puntos después de haber estado toda la semana alrededor de los 550 puntos básicos.117
Entre el lunes 9 de julio y el martes 10 de julio el Eurogrupo acuerda las condiciones para el rescate del sistema bancario español, que a partir de la concesión de los primeros 30.000 millones de euros del FEEF (hasta un máximo de 100.000 millones) canalizados a través del FROB, con un plazo medio de amortización de 12,5 años, quedará bajo la supervisión directa de la "troika" formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que pondrá bajo su tutela al Banco de España, y por el FMI, por lo que el control del sistema financiero español dejará de estar en manos del gobierno. Las condiciones quedaron establecidas en un denominado "memorándum de entendimiento" con 32 medidas a desarrollar en un plazo de un año. Paralelamente el Ecofin aprobó flexibilizar los objetivos de déficit para 2012, al pasar del 5,3% al 6,3%, aunque a cambio exigió al gobierno español que realice de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo.35 Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy anunciaba el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros.36
Al borde del rescate total (julio-diciembre de 2012)
El martes 10 de julio el gobierno y las comunidades autónomas acordaron reducir en un 15% como mínimo la paga que reciben las personas dependientes para que les cuide un familiar en casa (unos 400 euros mensuales de media). Además los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres, perderían las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el gobierno y que les servía para acceder a una pensión de jubilación. Por último se amplió a dos años el plazo que tenían las comunidades autónomas para tramitar el expediente del dependiente y concederle la ayuda.118
El miércoles 11 de julio de 2012, al día siguiente de que el Eurogrupo acordara las condiciones para el rescate del sistema bancario español, que quedaba bajo la supervisión directa de la "troika" (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI), y de que el Ecofin aprobara flexibilizar los objetivos de déficit para 2012, al pasar del 5,3% al 6,3%, exigiendo a cambio al gobierno español que realizara de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo,35 el presidente Mariano Rajoy presentó en el Congreso de los Diputados 'el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros en dos años, cuatro veces mayor que el de Rodríguez Zapatero del 12 mayo de 2010 (paralelismo al que aludió un diputado de la oposición al decirle a Rajoy que el recorte que había presentado era su "12 de mayo").36 Para alcanzar ese objetivo anunció la subida del IVA (del 18% al 21% el general, y del 8% al 10% el reducido); la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios además de la reducción de los días libres; la reducción en un 10% del subsidio de desempleo a partir del sexto mes de percepción; la eliminación de la desgravación por vivienda en el IRPF; el aumento de los impuestos medioambientales. Además anunció su intención de reducir en un 30% el número de concejales por ayuntamiento y de reforzar el papel de las Diputaciones para centralizar los servicios públicos a nivel local. Para justificar los recortes Rajoy afirmó: "hacemos lo que no hay más remedio que hacer"; "no he cambiado de criterio, cambian las circunstancias y debo adaptarme". La oposición en general rechazó el ajuste, y prácticamente todos los portavoces le recordaron que estaba incumpliendo su programa electoral, por lo que, según algunos de ellos, debía dimitir o someter el ajuste a un referéndum o convocar elecciones.36
Una semana después, el jueves 19 de julio, tenían lugar en toda España manifestaciones masivas convocadas por los sindicatos en contra del ajuste, el mismo día que el Congreso de los Diputados lo aprobaba, exclusivamente con los votos del Partido Popular.119
El 23 de julio la prima de riesgo de la deuda española alcanzaba máximos históricos superando los 600 puntos básicos.120 Tres días después el gobierno aseguraba que España no va a ser rescatada por la Unión Europea.121 Sin embargo, el 3 de agosto cuando el presidente del gobierno Mariano Rajoy fue preguntado por los periodistas sobre si España pediría el rescate a la Unión Europea respondió: «No tengo tomada ninguna decisión. Haré lo que convenga al interés general de los españoles». Y sobre los recortes en el gasto social comentó: «No se puede hacer otra cosa».122
El 17 de agosto el BOE publicaba la lista de los 417 medicamentos que ya no estarían subvencionados por la Seguridad Social a partir del 1 de septiembre. Era el llamado medicamentazo aprobado por la ministra de Sanidad Ana Mato.123 El 1 de septiembre también entraba el vigor la orden del Ministerio de Sanidad que deja sin asistencia sanitaria gratuita (excepto las urgencias, la maternidad y la pediatría) a 910.342 pagapensiones en situación irregular o que no cotizan a la Seguridad Social. Cada comunidad autónoma decidiría cómo cobra esa asistencia.124
El 31 de agosto se presentaba la tercera reforma del sistema financiero, por la que el gobierno a través del FROB y el Banco de España ampliaban sus poderes sobre los bancos que podrían ser intervenidos en cuanto se detectaran problemas de insolvencia y liquidarlos si no eran viables. Además se creaba el banco malo que compraría los activos más dañados de la banca para sanearla. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que con el decreto que acababa de aprobar el Consejo de Ministros «culmina la reforma del sistema financiero».125
El viernes 7 de septiembre la prima de riesgo se situaba en los 411 puntos básicos, habiendo bajado a lo largo de la semana 140 puntos básicos, especialmente tras el anuncio hecho el día 6 por el presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi de que el BCE se proponía comprar deuda soberana de los países en dificultades si éstos cumplían determinados requisitos. Bajadas similares tuvieron la deuda portuguesa y la italiana. La medida contó con el respaldo de la canciller alemana Angela Merkel.43
El 28 de septiembre la consultora Oliver Wyman presenta su informe en el que concluye que las necesidades de la banca española ascienden a 53.745 millones de euros, el 86% de los cuales corresponde a las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia (24.743 millones), Catalunyavank (10.825 millones), NCG Banco (7.176) y Banco de Valencia (3.462).126 Al día siguiente el gobierno aprueba los Presupuestos del Estado para 2013.127
La Comisión Europea dio a conocer el 28 de noviembre las duras condiciones que tendrían que cumplir las entidades financieras rescatadas con el dinero europeo.128
Prosigue la política de ajustes (enero-octubre de 2013)
El 23 de marzo el gobierno aprueba un plan para convertir las participaciones preferentes en acciones de los bancos que suponen un recorte del valor de la inversión que oscila entre el 10% y el 70%.129
El 26 de abril el gobierno aprueba el Plan Nacional de Reformas y la Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016 que presentará a la Comisión Europea en el que se ralentiza el ajuste de las cuentas públicas ya que el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB se retrasa de 2014 a 2016 (la previsión es que el déficit sea del 6,3% en 2013, 1,8 puntos por encima del 4,5% previsto, y del 5,5% para 2014). El plan incluye la prolongación a 2014 de recargo temporal del IRPF acordado inicialmente para 2012 y 2013, así como la subida de algunos impuestos especiales y medioambientales y la eliminación de algunas deducciones en el impuesto de sociedades. También se plantea acabar con las subidas automáticas de determinados precios públicos en función de la subida del IPC, una medida llamada desindexación.130
El 29 de mayo la Comisión Europea relajó el objetivo de déficit para 2013 y 2014: un 6,5% y un 5,8%, respectivamente.131
El 28 de junio el gobierno aprueba una nueva subida de impuestos, la quinta en lo que va de legislatura. Suben los impuestos especiales sobre el alcohol y sobre el tabaco, y se establece una tasa medioambiental sobre los gases fluorados de efecto invernadero, además de eliminar deducciones fiscales para las grandes empresas.132
El 26 de julio el FROB presentó sus cuentas según las cuales cerró 2012 con unas pérdidas de 26.060 millones, que se suman a los 10.557 millones perdidos en 2011 y a los 324 de 2010, por lo que en tres años la crisis de la cajas de ahorros le ha costado a los contribuyentes 36.931 millones, y es previsible que las pérdidas continúen en 2013.133
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