The man
Madmaxista
No me lo creo. El PSOE jamás permitiría eso
ERE falsos La juez Alaya afirma que CC OO y UGT recibieron 7,6 millones
- Autor del tema italica
- Fecha de inicio
- Estado
En Andalucía tenemos la FIESTA DE LA DEMOCRACIA.
---------- Post added 25-jun-2015 at 17:30 ----------
Chaves, Zarrías y Viera renuncian a sus actas de diputados por la imputación del Supremo - ABC.es
CASO ERESe desconoce su paradero desde julio
En busca y captura el principal comisionista de los ERE
Eduardo Pascual Arxé, imputado en el caso ERE por su intermediación en las prejubilaciones. EL MUNDO
La Audiencia Nacional emite una orden internacional de detención
Sospechan que Eduardo Pascual podría estar en el extranjero
Twitter
Facebook
Whatsapp
2
SEBASTIÁN TORRES
@SebastianT0rres
ANTONIO SALVADOR Sevilla
@ajsalvador70
ACTUALIZADO 09/10/201503:17
La Audiencia Nacional ha emitido una orden internacional de búsqueda y detención contra el ex banquero catalán Eduardo Pascual Arxé, imputado entre otros casos en el de los ERE por dirigir presuntamente un entramado que recibió cantidades millonarias del fondo de reptiles por intermediar en las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía. A falta de conocer su paradero, el principal comisionista del caso ERE goza ahora mismo de la consideración de «reo ausente».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Pascual Arxé, en paredero desconocido desde el mes de julio, cuando contactó por última vez con su abogada. Si a lo largo del día de hoy no se presenta voluntariamente ante la Justicia «será declarado rebelde», según el auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
El órgano judicial ha tomado esta decisión a petición del letrado Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank, entidad financiera que presidía Pascual Arxé cuando suspendió pagos en agosto de 2003 cerrando sus puertas a los 68.000 clientes que tenían depositados 221 millones de euros. La Audiencia Nacional investiga este caso que, como ha ido revelando EL MUNDO, tiene numerosas conexiones con la trama de los ERE y el fondo de reptiles.
El ex presidente de Eurobank estaba también al frente del holding Vitalia, según se desprende de la instrucción del caso ERE, aunque él siempre ha negado que sea el dueño sino un empleado del grupo de empresas. Este holding ingresó cantidades millonarias del fondo de reptiles, desvió parte de ellas al extranjero y dejó sin cobrar a prejubilados a los que había asegurado el pago de sus rentas. El dinero no ha aparecido aún.
Vitalia actuaba como broker o intermediaria en los procesos de prejubilaciones financiados por la Junta de Andalucía sin que se realizara ningún tipo de convocatoria pública ni se le diera publicidad a estos procesos. Además, para repartir los fondos, la Junta recurría a un procedimiento administrativo sui generis creado al efecto, que se apartaba de la ley y que presuntamente se habría diseñado con la intención de eludir los controles.
Por intermediar en los ERE, Vitalia cobró cantidades millonarias a la Junta de Andalucía, la mayoría de ellas indebidas. Según un informe de la Dirección General de Seguros aportado a la causa, Vitalia percibió al menos 36,2 millones de euros de «sobrecomisiones» por operaciones de corretaje en los ERE, ya que sus tarifas eran muy superiores a la media del mercado.
Ello era posible porque no existía ni contrato, ni adjudicación, ni oferta previa, ni proceso de selección. La Junta de Andalucía encargaba la intermediación en los ERE a Vitalia de forma discrecional y la empresa aplicaba los precios que consideraba oportunos.
De hecho, según los investigadores, parte de esas sobrecomisiones las repartió Vitalia entre otros conseguidores e intermediarios e incluso entre los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.
Vitalia tenía una mutua llamada Fortia Vida, vinculada a Eurobank y que también acabó quebrando, a la que la Junta de Andalucía encomendó el aseguramiento de prejubilaciones por 98,5 millones de euros. Fortia es la mutua que, como desveló EL MUNDO, desvió dinero a paraísos fiscales, entre ellos República Dominicana, donde invirtió en un hotel del que era socio Jesús Barderas, amigo del ex presidente Felipe González y en ocasiones su anfitrión en la isla caribeña. Como también desveló EL MUNDO, en ese proyecto hotelero están también embarcado David Marjaliza, presunto testaferro del ex dirigente del PP madrileño Francisco Granados y uno de los imputados clave del caso Púnica.
Pascual Arxé estaba en libertad provisional bajo fianza, después de haber pasado casi 15 meses en prisión por orden de la anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Ingresó en el centro penitenciario el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de junio de 2014 tras pagar los 6.000 euros a los que se le redujo su fianza.
En los últimos meses, Pascual Arxé había intentado sin éxito que la Justicia le devolviera el pasaporte asegurando que necesitaba viajar a República Dominicana para terminar de conseguir documentos que, según aseguraba, demostrarían dónde estaba parte del dinero de los ERE presuntamente malversado por los intermediarios.
En una ampliación de su declaración ante la juez Mercedes Alaya, Pascual Arxé aseguró que la mutua Fortia Vida, la que recibió 98,5 millones del fondo de reptiles, estaba conectada con el PSC.
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
Suscríbete a El Mundo ahora
2 Comentarios
1
JUCUMO
09/10/2015 05:31 horas
Es increíble la que tienen liada con Bárcenas y no digan ni múúúúú con los mas de 300 "Barcenas" que tienen solo en Andalucía
VER 2 COMENTARIOS
En busca y captura el principal comisionista de los ERE
Eduardo Pascual Arxé, imputado en el caso ERE por su intermediación en las prejubilaciones. EL MUNDO
La Audiencia Nacional emite una orden internacional de detención
Sospechan que Eduardo Pascual podría estar en el extranjero
2
SEBASTIÁN TORRES
@SebastianT0rres
ANTONIO SALVADOR Sevilla
@ajsalvador70
ACTUALIZADO 09/10/201503:17
La Audiencia Nacional ha emitido una orden internacional de búsqueda y detención contra el ex banquero catalán Eduardo Pascual Arxé, imputado entre otros casos en el de los ERE por dirigir presuntamente un entramado que recibió cantidades millonarias del fondo de reptiles por intermediar en las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía. A falta de conocer su paradero, el principal comisionista del caso ERE goza ahora mismo de la consideración de «reo ausente».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Pascual Arxé, en paredero desconocido desde el mes de julio, cuando contactó por última vez con su abogada. Si a lo largo del día de hoy no se presenta voluntariamente ante la Justicia «será declarado rebelde», según el auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
El órgano judicial ha tomado esta decisión a petición del letrado Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank, entidad financiera que presidía Pascual Arxé cuando suspendió pagos en agosto de 2003 cerrando sus puertas a los 68.000 clientes que tenían depositados 221 millones de euros. La Audiencia Nacional investiga este caso que, como ha ido revelando EL MUNDO, tiene numerosas conexiones con la trama de los ERE y el fondo de reptiles.
El ex presidente de Eurobank estaba también al frente del holding Vitalia, según se desprende de la instrucción del caso ERE, aunque él siempre ha negado que sea el dueño sino un empleado del grupo de empresas. Este holding ingresó cantidades millonarias del fondo de reptiles, desvió parte de ellas al extranjero y dejó sin cobrar a prejubilados a los que había asegurado el pago de sus rentas. El dinero no ha aparecido aún.
Vitalia actuaba como broker o intermediaria en los procesos de prejubilaciones financiados por la Junta de Andalucía sin que se realizara ningún tipo de convocatoria pública ni se le diera publicidad a estos procesos. Además, para repartir los fondos, la Junta recurría a un procedimiento administrativo sui generis creado al efecto, que se apartaba de la ley y que presuntamente se habría diseñado con la intención de eludir los controles.
Por intermediar en los ERE, Vitalia cobró cantidades millonarias a la Junta de Andalucía, la mayoría de ellas indebidas. Según un informe de la Dirección General de Seguros aportado a la causa, Vitalia percibió al menos 36,2 millones de euros de «sobrecomisiones» por operaciones de corretaje en los ERE, ya que sus tarifas eran muy superiores a la media del mercado.
Ello era posible porque no existía ni contrato, ni adjudicación, ni oferta previa, ni proceso de selección. La Junta de Andalucía encargaba la intermediación en los ERE a Vitalia de forma discrecional y la empresa aplicaba los precios que consideraba oportunos.
De hecho, según los investigadores, parte de esas sobrecomisiones las repartió Vitalia entre otros conseguidores e intermediarios e incluso entre los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.
Vitalia tenía una mutua llamada Fortia Vida, vinculada a Eurobank y que también acabó quebrando, a la que la Junta de Andalucía encomendó el aseguramiento de prejubilaciones por 98,5 millones de euros. Fortia es la mutua que, como desveló EL MUNDO, desvió dinero a paraísos fiscales, entre ellos República Dominicana, donde invirtió en un hotel del que era socio Jesús Barderas, amigo del ex presidente Felipe González y en ocasiones su anfitrión en la isla caribeña. Como también desveló EL MUNDO, en ese proyecto hotelero están también embarcado David Marjaliza, presunto testaferro del ex dirigente del PP madrileño Francisco Granados y uno de los imputados clave del caso Púnica.
Pascual Arxé estaba en libertad provisional bajo fianza, después de haber pasado casi 15 meses en prisión por orden de la anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Ingresó en el centro penitenciario el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de junio de 2014 tras pagar los 6.000 euros a los que se le redujo su fianza.
En los últimos meses, Pascual Arxé había intentado sin éxito que la Justicia le devolviera el pasaporte asegurando que necesitaba viajar a República Dominicana para terminar de conseguir documentos que, según aseguraba, demostrarían dónde estaba parte del dinero de los ERE presuntamente malversado por los intermediarios.
En una ampliación de su declaración ante la juez Mercedes Alaya, Pascual Arxé aseguró que la mutua Fortia Vida, la que recibió 98,5 millones del fondo de reptiles, estaba conectada con el PSC.
Compartir:
Suscríbete a El Mundo ahora
2 Comentarios
1
JUCUMO
09/10/2015 05:31 horas
Es increíble la que tienen liada con Bárcenas y no digan ni múúúúú con los mas de 300 "Barcenas" que tienen solo en Andalucía
VER 2 COMENTARIOS
Voy preparando la maleta!!!!!!!Podemos Zaragoza publica en Twitter una imagen con los ministros de un pacto con el PSOE
El partido morado dio a conocer, dicen que "por error", una imagen en la que se pueden ver los ministros de un pacto entre Iglesias y Sánchez.
Podemos ha vuelto a elegirle los ministros a Pedro Sánchez. En esta ocasión, ha sido la dirección del partido en Zaragoza en su cuenta de Twitter, donde este lunes por la noche, dicen que " por error", publicaron una imagen en la que se podía ver quiénes serían, a su juicio, los ministros de un hipotético pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Eliminado el tuit sobre carteras ministeriales para evitar confusiones: no era en ningún caso una propuesta oficial del partido. #RdpPodemos
Podemos Zaragoza @PodemosZaragoza
Eliminado el tuit sobre carteras ministeriales para evitar confusiones: no era en ningún caso una propuesta oficial del partido. #RdpPodemos
10:55 PM - 1 Feb 2016
En una imagen compartida en la red social, que luego fue eliminada porque dicen desde el partido que su publicación había sido "un fallo, ya que ese documento se enviaba a nivel interno sin ninguna intención", se podía ver a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y a Iglesias de vicepresidente.
Entre los ministros elegidos por los de Podemos se encuentran Alberto Garzón como titular de Economía, Hacienda y Competitividad; Carolina Bescansa en la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Íñigo Errejón como ministro del Interior; el exjemad, Julio Rodríguez, como ministro de Defensa; Xavier Domènech como ministro de Plurinacionalidad, y Victoria Rosell de ministra de Justicia.
Por su parte del PSOE han elegido a Meritxell Batet como ministra de Empleo y Seguridad Social; a Antonio Hernando de ministro de Industria y portavoz del Gobierno; y a César Luena como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, a Mari Luz Rodríguez como ministra de Educación, Cultura y Deporte; Antonio Pradas de ministro de Exteriores y Cooperación, y María González Veracruz como ministra de Fomento.
Podemos Zaragoza publica en Twitter una imagen con los ministros de un pacto con el PSOE - Libertad Digital
CORRUPCIÓN
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Los cursos de formación
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija. EL MUNDO
El PP pide a la comisión de investigación que exija 25 ayudas, entre las que figura la de UGT de la que cobró el marido de Susana Díaz
Twitter
Facebook
Whatsapp
103
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 13/02/201610:18
El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz sigue ocultando 25 expedientes clave sobre el fraude de la formación que lleva meses reclamándole el PP a través de la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre el escándalo de los cursos subvencionados.
Entre los 25 expedientes solicitados hace tres meses por el grupo parlamentario que encabeza el líder de la oposición andaluza, el popular Juan Manuel Moreno, y que la Junta retiene, está el de la subvención de ocho millones de euros a UGT de la que cobró José María Moriche, el marido de Susana Díaz que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el ente de UGT encargado de impartir los cursos.
La Junta también oculta los expedientes de ayudas que sirvieron para dar cursos de formación en varias sedes socialistas o Casas del Pueblo, otras concedidas al entramado empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda y subvenciones a UGT y CCOO en las que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades.
La nómina del marido de Díaz figura en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.
En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación.
El PP se ha dirigido al presidente de la comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz (Ciudadanos), para «rogarle» que inste al Consejo de Gobierno andaluz para que remita los 25 expedientes solicitados «con carácter urgentísimo», ya que se trata de una documentación «esencial para poder afrontar las comparecencias acordadas», entre las que están la de los interventores de la Junta.
«¿Por qué no mandan ya esta documentación? ¿Intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz? ¿Están arreglando los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?», se preguntó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, una de las integrantes de la comisión de investigación.
Ayudas millonarias
La Junta también oculta los expedientes de varias ayudas millonarias concedidas a UGT para cursos que se impartieron en sedes socialistas o Casas del Pueblo repartidas por municipios de toda Andalucía. Precisamente, el pasado jueves Susana Díaz fue interpelada en el Parlamento por el líder del PP andaluz sobre este asunto.
«¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación?», lanzó Moreno Bonilla a la presidenta andaluza, a la que preguntó si ella había firmado «algún contrato de alquiler» para aulas destinadas a la formación.
La presidenta dio la callada por respuesta. Simplemente, invitó al PP a «mirarse los expedientes», en referencia a los documentos que la Junta ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento sobre el fraude de la formación y entre los que no están los 25 claves, como denuncia ahora el PP.
TEMAS RELACIONADOS UGT PP SUSANA DÍAZ ANDALUCÍA PSOE CIUDADANOS CCOO
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
103 Comentarios
4
mmmh
13/02/2016 10:58 horas
Adelante fiscalía. Redada con despliegue de medios informativos, registro, detenciones y acusaciónes formales de obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas y complicidad en los delitos ocultados. Acabemos con la corrupción. Pero de todos.
3
libergothorum1
13/02/2016 10:57 horas
El caso de los EREs está considerado el mayor caso de Corrupción de la Reciente Historia Democrática de España por el Volumen de los Defraudado. Quizá una noticia como esta debiera estar en un lugar mas prominente en la portada del Mundo.
VER 103 COMENTARIOS
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Los cursos de formación
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija. EL MUNDO
El PP pide a la comisión de investigación que exija 25 ayudas, entre las que figura la de UGT de la que cobró el marido de Susana Díaz
103
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 13/02/201610:18
El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz sigue ocultando 25 expedientes clave sobre el fraude de la formación que lleva meses reclamándole el PP a través de la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre el escándalo de los cursos subvencionados.
Entre los 25 expedientes solicitados hace tres meses por el grupo parlamentario que encabeza el líder de la oposición andaluza, el popular Juan Manuel Moreno, y que la Junta retiene, está el de la subvención de ocho millones de euros a UGT de la que cobró José María Moriche, el marido de Susana Díaz que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el ente de UGT encargado de impartir los cursos.
La Junta también oculta los expedientes de ayudas que sirvieron para dar cursos de formación en varias sedes socialistas o Casas del Pueblo, otras concedidas al entramado empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda y subvenciones a UGT y CCOO en las que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades.
La nómina del marido de Díaz figura en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.
En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación.
El PP se ha dirigido al presidente de la comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz (Ciudadanos), para «rogarle» que inste al Consejo de Gobierno andaluz para que remita los 25 expedientes solicitados «con carácter urgentísimo», ya que se trata de una documentación «esencial para poder afrontar las comparecencias acordadas», entre las que están la de los interventores de la Junta.
«¿Por qué no mandan ya esta documentación? ¿Intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz? ¿Están arreglando los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?», se preguntó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, una de las integrantes de la comisión de investigación.
Ayudas millonarias
La Junta también oculta los expedientes de varias ayudas millonarias concedidas a UGT para cursos que se impartieron en sedes socialistas o Casas del Pueblo repartidas por municipios de toda Andalucía. Precisamente, el pasado jueves Susana Díaz fue interpelada en el Parlamento por el líder del PP andaluz sobre este asunto.
«¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación?», lanzó Moreno Bonilla a la presidenta andaluza, a la que preguntó si ella había firmado «algún contrato de alquiler» para aulas destinadas a la formación.
La presidenta dio la callada por respuesta. Simplemente, invitó al PP a «mirarse los expedientes», en referencia a los documentos que la Junta ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento sobre el fraude de la formación y entre los que no están los 25 claves, como denuncia ahora el PP.
TEMAS RELACIONADOS UGT PP SUSANA DÍAZ ANDALUCÍA PSOE CIUDADANOS CCOO
Compartir:
103 Comentarios
4
mmmh
13/02/2016 10:58 horas
Adelante fiscalía. Redada con despliegue de medios informativos, registro, detenciones y acusaciónes formales de obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas y complicidad en los delitos ocultados. Acabemos con la corrupción. Pero de todos.
3
libergothorum1
13/02/2016 10:57 horas
El caso de los EREs está considerado el mayor caso de Corrupción de la Reciente Historia Democrática de España por el Volumen de los Defraudado. Quizá una noticia como esta debiera estar en un lugar mas prominente en la portada del Mundo.
VER 103 COMENTARIOS
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Es noticia:
GRABACIONES Contratos del Ayuntamiento
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano"
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
Conversación entre un regidor socialista y una afiliada sobre contratos a 'dedo'
Diego Agüera admite en una grabación amaños en la adjudicación de al menos dos contratos municipales.
"Aquí se está a los pies del PSOE", dice a una militante socialista, cuyo padre recibió uno de los contratos.
Twitter
Facebook
Whatsapp
31
CHEMA RODRÍGUEZ Sevilla
@chemarrodriguez
ACTUALIZADO 23/02/201603:07
«Aquí se está a los pies del PSOE»; «Se le dio [un contrato] porque me salió a mí de la platano»;«Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre». Los entrecomillados son del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), y corresponden a una conversación que mantuvo en 2013 con una trabajadora del Ayuntamiento y afiliada socialista en la que se refiere a varios contratos adjudicados por su equipo de gobierno. La charla, en la que el regidor algabeño admite explícitamente irregularidades en las adjudicaciones públicas de su gobierno, fue grabada y está ya en manos de un juzgado de Sevilla.
La grabación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, tiene una duración aproximada de diez minutos y en ella el alcalde reconoce que se habrían amañado, al menos, dos adjudicaciones de otros tantos contratos municipales. El primero de ellos, una obra por un importe de 140.000 euros y, la segunda, el suministro de carros para los barrenderos, por 22.000 euros.
En el primer caso, el adjudicatario no es otro que el padre de la militante socialista a la que se lo cuenta, E.C.G., cuya familia, por lo que asegura Agüera, se habría visto beneficiada notablemente por las adjudicaciones del Consistorio.
«Nosotros con ustedes hemos hecho virguerías», le dice en un momento de la conversación a E.C.G. para, acto seguido, añadir que una obra de 140.000 euros «se le dio porque me salió a mí de la platano». La interlocutora del regidor le contesta que se le dio a su padre porque no había otros licitadores. Ésta fue la respuesta de Agüera: «Que no había licitadores dice, pero ¿tú qué eres, sencilla?». Y sigue: «Hay más de cuarenta empresas que licitan y se la di a tu padre».
La otra adjudicación pública de la que hablan es el suministro de carros para los barrenderos, un contrato respecto al cual el alcalde de La Algaba manifiesta que el Ayuntamiento pagó al adjudicatario los «22.000 pavos» y, sin embargo, recibió diez carros menos de lo estipulado.
«Eso es robar, en mi pueblo se llama robar. Y estamos 'callaos' como pilinguis. Antes eso que se entere la oposición y vayamos p'alante porque eso es robar», apostilla elevando la voz en una conversación que va subiendo continuamente de tono y en la que deja claro cuál es la prioridad de su gestión. «Aquí se está a los pies del PSOE», le dice a la trabajadora y militante socialista en un momento de su reunión, añadiendo, a modo de aclaración, que «tú no estás a los pies de nosotros, que yo me iré y tú estás a los pies del PSOE».
En la conversación también participa el primer teniente de alcalde, José Manuel Gutiérrez Retamino, quien recrimina a E.G.C. que su marido se relacione, e incluso proporcione un trabajo, al ex regidor de IU José Luis Vega.
Gutiérrez Retamino, asimismo, saca a colación los comentarios que circulan acerca de la colocación de su novia en el Ayuntamiento, conminando a E.G.C. a que delate a la persona que se lo había dicho a ella. Va más allá y llega a amenazarla:«Bueno, te voy a dar un ultimátum y te lo voy a dar ahora mismo, aquí:o dentro de una semana está aquí el que te ha dicho eso o dentro de una semana estás en la calle. [...] Por mi padre te lo juro».
Todo lo anterior fue denunciado ante los juzgados de Sevilla el pasado día 12 mediante un escrito firmado por Juan José G.R., que asegura haber recibido de forma anónima un CD con la grabación de una reunión que, afirma, tendría como objeto presionar a E.G.C. «con artes propias de un grupo criminal».
En opinión del denunciante, los hechos que se cuentan en la cinta podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, amenazas y contra la libertad de trabajadores.
El primer teniente de alcalde es también el protagonista de otra grabación que ha dado lugar a una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en torno a la petición de supuestas mordidas a cambio de contratos.
Como ha publicado este periódico, en el origen del caso está la confesión de un empresario taurino que admitió haber pagado al equipo de gobierno del PSOE alrededor de 18.000 euros después de que el Ayuntamiento algabeño le adjudicase el contrato para organizar los festejos del año 2013.
La confesión del empresario, Manuel Jesús M.E., está recogida en una grabación que fue aportada en los juzgados de Sevilla en mayo de 2015 junto a una denuncia firmada por dos concejales del grupo municipal de Izquierda Unida.
En la cinta, el empresario relata cómo el gobierno de Agüera le otorgó de forma discrecional e irregular el contrato de las fiestas de 2013 con la condición de que parte del importe, alrededor de 60.000 euros, lo 'devolviese' como comisión.
De esta reunión habría incluso un testimonio gráfico, un vídeo en poder del empresario y que mostró en varias ocasiones a los concejales de Izquierda Unida que firman la denuncia, aunque se negó a entregarles una copia. Y es que, aunque en un primer momento Manuel Jesús M.E. se muestra dispuesto a acudir él mismo a los tribunales, termina por arrepentirse y se echa atrás. Este periódico intentó sin éxito obtener la versión del alcalde, Diego Agüera.
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
GRABACIONES Contratos del Ayuntamiento
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano"
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
Conversación entre un regidor socialista y una afiliada sobre contratos a 'dedo'
Diego Agüera admite en una grabación amaños en la adjudicación de al menos dos contratos municipales.
"Aquí se está a los pies del PSOE", dice a una militante socialista, cuyo padre recibió uno de los contratos.
31
CHEMA RODRÍGUEZ Sevilla
@chemarrodriguez
ACTUALIZADO 23/02/201603:07
«Aquí se está a los pies del PSOE»; «Se le dio [un contrato] porque me salió a mí de la platano»;«Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre». Los entrecomillados son del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), y corresponden a una conversación que mantuvo en 2013 con una trabajadora del Ayuntamiento y afiliada socialista en la que se refiere a varios contratos adjudicados por su equipo de gobierno. La charla, en la que el regidor algabeño admite explícitamente irregularidades en las adjudicaciones públicas de su gobierno, fue grabada y está ya en manos de un juzgado de Sevilla.
La grabación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, tiene una duración aproximada de diez minutos y en ella el alcalde reconoce que se habrían amañado, al menos, dos adjudicaciones de otros tantos contratos municipales. El primero de ellos, una obra por un importe de 140.000 euros y, la segunda, el suministro de carros para los barrenderos, por 22.000 euros.
En el primer caso, el adjudicatario no es otro que el padre de la militante socialista a la que se lo cuenta, E.C.G., cuya familia, por lo que asegura Agüera, se habría visto beneficiada notablemente por las adjudicaciones del Consistorio.
«Nosotros con ustedes hemos hecho virguerías», le dice en un momento de la conversación a E.C.G. para, acto seguido, añadir que una obra de 140.000 euros «se le dio porque me salió a mí de la platano». La interlocutora del regidor le contesta que se le dio a su padre porque no había otros licitadores. Ésta fue la respuesta de Agüera: «Que no había licitadores dice, pero ¿tú qué eres, sencilla?». Y sigue: «Hay más de cuarenta empresas que licitan y se la di a tu padre».
La otra adjudicación pública de la que hablan es el suministro de carros para los barrenderos, un contrato respecto al cual el alcalde de La Algaba manifiesta que el Ayuntamiento pagó al adjudicatario los «22.000 pavos» y, sin embargo, recibió diez carros menos de lo estipulado.
«Eso es robar, en mi pueblo se llama robar. Y estamos 'callaos' como pilinguis. Antes eso que se entere la oposición y vayamos p'alante porque eso es robar», apostilla elevando la voz en una conversación que va subiendo continuamente de tono y en la que deja claro cuál es la prioridad de su gestión. «Aquí se está a los pies del PSOE», le dice a la trabajadora y militante socialista en un momento de su reunión, añadiendo, a modo de aclaración, que «tú no estás a los pies de nosotros, que yo me iré y tú estás a los pies del PSOE».
En la conversación también participa el primer teniente de alcalde, José Manuel Gutiérrez Retamino, quien recrimina a E.G.C. que su marido se relacione, e incluso proporcione un trabajo, al ex regidor de IU José Luis Vega.
Gutiérrez Retamino, asimismo, saca a colación los comentarios que circulan acerca de la colocación de su novia en el Ayuntamiento, conminando a E.G.C. a que delate a la persona que se lo había dicho a ella. Va más allá y llega a amenazarla:«Bueno, te voy a dar un ultimátum y te lo voy a dar ahora mismo, aquí:o dentro de una semana está aquí el que te ha dicho eso o dentro de una semana estás en la calle. [...] Por mi padre te lo juro».
Todo lo anterior fue denunciado ante los juzgados de Sevilla el pasado día 12 mediante un escrito firmado por Juan José G.R., que asegura haber recibido de forma anónima un CD con la grabación de una reunión que, afirma, tendría como objeto presionar a E.G.C. «con artes propias de un grupo criminal».
En opinión del denunciante, los hechos que se cuentan en la cinta podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, amenazas y contra la libertad de trabajadores.
El primer teniente de alcalde es también el protagonista de otra grabación que ha dado lugar a una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en torno a la petición de supuestas mordidas a cambio de contratos.
Como ha publicado este periódico, en el origen del caso está la confesión de un empresario taurino que admitió haber pagado al equipo de gobierno del PSOE alrededor de 18.000 euros después de que el Ayuntamiento algabeño le adjudicase el contrato para organizar los festejos del año 2013.
La confesión del empresario, Manuel Jesús M.E., está recogida en una grabación que fue aportada en los juzgados de Sevilla en mayo de 2015 junto a una denuncia firmada por dos concejales del grupo municipal de Izquierda Unida.
En la cinta, el empresario relata cómo el gobierno de Agüera le otorgó de forma discrecional e irregular el contrato de las fiestas de 2013 con la condición de que parte del importe, alrededor de 60.000 euros, lo 'devolviese' como comisión.
De esta reunión habría incluso un testimonio gráfico, un vídeo en poder del empresario y que mostró en varias ocasiones a los concejales de Izquierda Unida que firman la denuncia, aunque se negó a entregarles una copia. Y es que, aunque en un primer momento Manuel Jesús M.E. se muestra dispuesto a acudir él mismo a los tribunales, termina por arrepentirse y se echa atrás. Este periódico intentó sin éxito obtener la versión del alcalde, Diego Agüera.
El alcalde de La Algaba: "Se le dio (el contrato) porque me salió de la platano" | Sevilla | EL MUNDO
Los interventores confirman la falta de personal para controlar subvenciones | Sevilla | EL MUNDO
La Junta mantiene el boicot a la comisión sobre los cursos | Sevilla | EL MUNDO
Seguros de entierro cargados a las ayudas de la Junta para formación | Sevilla | EL MUNDO
La Junta tiene a su Intervención sin medios ni personal cualificado | Andalucía | EL MUNDO
LA CORRUPCIÓN POLÍTICAEl fraude de la formación
Los interventores confirman la falta de personal para controlar subvenciones
Para revisar miles de subvenciones, la Intervención de Almería sólo cuenta con 7 funcionarios, la mayoría no licenciados
IU denuncia que Canal Sur no está retransmitiendo la comisión de investigación
La Junta tiene a su Intervención sin medios ni personal cualificado
Twitter
Facebook
Whatsapp
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 04/03/201612:45
Los interventores provinciales de Almería Juan José Castillo y de Cádiz Nieves Chao han confirmado este viernes en el Parlamento, ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude de la formación, que la Junta de Andalucía no dota de personal suficiente y con cualificación a los equipos encargados de controlar las miles de subvenciones que reparte el Gobierno andaluz.
Los primeros comparecientes ante la comisión de investigación han detallado la falta de personal que ellos sufren. En la Intervención de Almería, tan sólo hay siete funcionarios, la mayoría del grupo C, de menor cualificación, para revisar miles de documentos. Sólo el año pasado tuvieron que revisar unos 20.000 expedientes. En la Intervención de Cádiz, tan sólo hay 14 empleados públicos, dos de ellos con reducción de jornada.
Las palabras de los interventores de Almería y Cádiz confirman lo declarado ante la juez Alaya hace un año por el interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta de Andalucía, Ignacio García Revilla, quien se quejó expresamente de la falta de medios con que deben realizar su trabajo él y sus compañeros. No sólo es que falte personal sino también que el que hay carece de la formación necesaria y los elementos más elementales para auxiliar a los interventores. Por ejemplo, no saben de contabilidad, como publicó este diario.
La diputada de IU-CA Elena Cortés se ha quejado durante la comisión de investigación de que Canal sur no retransmita la comisión de investigación. El PP ha pedido también en el consejo de administración de la RTVA que se emitan las comparecencias, pero el PSOE se ha negado.
TEMAS RELACIONADOS ALMERÍA CÁDIZ PSOE PP IU
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
La Junta mantiene el boicot a la comisión sobre los cursos | Sevilla | EL MUNDO
Seguros de entierro cargados a las ayudas de la Junta para formación | Sevilla | EL MUNDO
La Junta tiene a su Intervención sin medios ni personal cualificado | Andalucía | EL MUNDO
LA CORRUPCIÓN POLÍTICAEl fraude de la formación
Los interventores confirman la falta de personal para controlar subvenciones
Para revisar miles de subvenciones, la Intervención de Almería sólo cuenta con 7 funcionarios, la mayoría no licenciados
IU denuncia que Canal Sur no está retransmitiendo la comisión de investigación
La Junta tiene a su Intervención sin medios ni personal cualificado
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 04/03/201612:45
Los interventores provinciales de Almería Juan José Castillo y de Cádiz Nieves Chao han confirmado este viernes en el Parlamento, ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude de la formación, que la Junta de Andalucía no dota de personal suficiente y con cualificación a los equipos encargados de controlar las miles de subvenciones que reparte el Gobierno andaluz.
Los primeros comparecientes ante la comisión de investigación han detallado la falta de personal que ellos sufren. En la Intervención de Almería, tan sólo hay siete funcionarios, la mayoría del grupo C, de menor cualificación, para revisar miles de documentos. Sólo el año pasado tuvieron que revisar unos 20.000 expedientes. En la Intervención de Cádiz, tan sólo hay 14 empleados públicos, dos de ellos con reducción de jornada.
Las palabras de los interventores de Almería y Cádiz confirman lo declarado ante la juez Alaya hace un año por el interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta de Andalucía, Ignacio García Revilla, quien se quejó expresamente de la falta de medios con que deben realizar su trabajo él y sus compañeros. No sólo es que falte personal sino también que el que hay carece de la formación necesaria y los elementos más elementales para auxiliar a los interventores. Por ejemplo, no saben de contabilidad, como publicó este diario.
La diputada de IU-CA Elena Cortés se ha quejado durante la comisión de investigación de que Canal sur no retransmita la comisión de investigación. El PP ha pedido también en el consejo de administración de la RTVA que se emitan las comparecencias, pero el PSOE se ha negado.
TEMAS RELACIONADOS ALMERÍA CÁDIZ PSOE PP IU
Compartir:
Hay que verlo....
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:21 ----------
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
CASO ERE
Subvenciones para cursos
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles'
Susana Díaz y Francisco Cuenca durante un paseo electoral en la campaña de las municipales. MIGUEL RODRÍGUEZ
"No tengo ni idea, imagino que lo pagaría yo", explica el concejal
El 'fondo de reptiles' becó a tres de los ocho candidatos del PSOE
Twitter
Facebook
Whatsapp
10
ANTONIO SALVADOR
@ajsalvador70
CARMEN TORRES Sevilla
@carmentorrres
21/04/2016 00:57
Francisco Cuenca, candidato socialista a ocupar la Alcaldía de Granada tras la dimisión forzada de José Torres Hurtado (PP) por su posible implicación en una trama de corrupción urbanística, se benefició de una ayuda con cargo al fondo de reptiles que la Junta ha considerado ilegal.
Con cargo al presupuesto de 2008, aunque finalmente se pagó en el año 2009, la Dirección General de Trabajo y Seguridad concedió una subvención de 280.000 euros a la Fundación San Telmo el 29 de noviembre de 2007 para impartir un curso de alta dirección de Instituciones a cargos de la Junta. La Consejería de Empleo daba así continuidad a una colaboración iniciada en 2004 y que presupuestariamente siempre se imputó a la partida 31.L o 'fondo de reptiles'.
Como publicó EL MUNDO de Andalucía el 8 de junio de 2015, uno de los alumnos becados en la edición del curso impartido en 2009 fue Francisco Cuenca, entonces delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada. También se beneficiaron el hoy alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez.
A preguntas de este periódico, Francisco Cuenca -el candidato que optará a desalojar al PP de la Alcaldía tras la operación Nazarí- confirmó que realizó el curso y que dispone de la documentación que acredita tanto la solicitud como la concesión. «Ahora mismo no sabría decir con seguridad cómo lo hice. Sí recuerdo que eché la solicitud y que me enviaron la notificación de que estaba inscrito», explicó.
Cuenca, titular de la secretaría de Políticas Urbanas y Metropolitana en la ejecutiva del PSOE de Granada, añadió que vio «la información en la web» pero no recordó cómo lo costeó: «No tengo ni idea, imagino que lo pagaría yo». Las fuentes consultadas aseguran que todos los cargos de la Junta fueron becados con cargo al 'fondo de reptiles'.
Cuando este diario publicó la noticia, tanto Luis Salvador (C's) como Francisco Puentedura (IU) exigieron explicaciones sobre la financiación de estos cursos al entender que eran «fruto de un mal uso de fondos públicos». «Hay que aclarar el origen del dinero y quién se benefició y si conocían que estaban siendo subvencionados», defendió entonces Salvador.
En el informe realizado a instancia del juzgado que investiga el caso ERE, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han detectado hasta una decena de irregularidades en la concesión y tramitación de las cinco subvenciones que la Consejería de Empleo otorgó a la Fundación San Telmo entre 2004 y 2010 por un importe de al menos 1.192.000 euros para becar a 240 alumnos.
ayuda indebida
Como en otras decenas de ayudas, los interventores concluyen que en la concesión se prescindió «total y absolutamente del procedimiento establecido» y que el pago para que se impartieran cursos de alta dirección «no tiene carácter subvencional, sino contractual de prestación de servicios». «Las subvenciones concedidas nunca debieron otorgarse», detallan.
El 29 de diciembre de 2011, después de estallar el caso, la propia Consejería de Empleo inició el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de las cinco ayudas concedidas a la Fundación San Telmo tras constatar «la ausencia de trámites inequívocamente imprescindibles que constituyen el contenido mínimo e irreductible del procedimiento».
En 2012, la institución interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que la Junta desestimara su reclamación de pago en relación con la ayuda que, por importe de 140.000 euros, le había concedido el director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, el 24 de febrero de 2010.
TEMAS RELACIONADOS
PSOE Granada José Torres Hurtado Huelva Andalucía
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
10 Comentarios
1
pecha
21/04/2016 07:18 horas
Susana tenía otro igual, ojito...
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:22 ----------
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La investigación policial determina que las empresas anunciadas para Alcalá de los Gazules se transformaron en sociedades opacas de Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes o Luxemburgo.
F. RUFO/ P. INGELMO | ACTUALIZADO 14.04.2016 - 09:22
zoom
Imagen de archivo del polígono industrial de La Palmosilla en Alcalá de los Gazules, donde iban a instalarse los proyectos de Dávila Ouviña. /Manuel Aragón Pina
4 comentarios9 votosenviarimprimirincrementardisminuir
Share
¿Dónde está el dinero de Bahía Competitiva? Es, probablemente, la pregunta que más veces se ha realizado y que más ciudadanos han formulado desde que estallara este caso hace ya más de cuatro años. A juzgar por las pesquisas policiales, el dinero presuntamente defraudado, alrededor de 21 millones de euros (sólo para Cádiz), donde no está es en esta provincia.
Este periódico ha tenido acceso al atestado que elaboró en el año 2013 la brigada de la Udyco contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese documento se llega a una conclusión que, en estos días, cobra especial relevancia: el dinero procedente de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el mismo despacho de abogados, el de Mossack-Fonseca, el mismo que en estos días se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.
Ya en 2013, la propia Policía informó en un comunicado de cómo funcionaba lo que consideró como una "trama de corrupción" que dio por desarticulada, con la detención de 31 personas. En ese momento ya se explicó que un entramado formado por 50 empresas solicitaban las ayudas públicas al Ministerio de Industria, que presuntamente obtenían gracias a la ayuda de responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio, y que luego eran desviadas a paraísos fiscales. El principal investigado, decía la Policía, tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía en Madrid. Era Joaquín Arespacochaga, familia directa de un antiguo alcalde de la capital de España, y cuya labor profesional se relacionaba con fondos de inversión.
Pero ahora, la aparición pública de la labor de Mossack-Fonseca ha relacionado directamente a ese despacho panameño con lo ocurrido en Bahía Competitiva. Según el atestado, todo surge del "plan preconcebido" para instalar en Alcalá de los Gazules los proyectos para los que el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, considerado al principio cabecilla de todo este asunto, solicitó y consiguió las ayudas del Plan Reindus. La Policía añade, además, que la instalación de esos proyectos "parece haber sido a instancias de Antonio Perales". Perales era el responsable de la Junta de Andalucía en la oficina del Plan Bahía Competitiva, nacido a raíz del cierre de Delphi. Por ello, se explicó en aquella fecha que los proyectos que venían de la mano de Ouviña pretendían crear el empleo destruido con el cierre de la multinacional.
Pero nada más lejos de la realidad. Los proyectos nunca vieron la luz y, al poco tiempo, Dávila Ouviña fue detenido, al igual que una larga lista de responsables políticos y técnicos de la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Industria. Pero ya era tarde. El dinero había volado. Según el atestado, Perales y Ouviña mantienen reuniones con Joaquín Arespacochaga. El responsable de Bahía Competitiva insta a sus compañeros de viaje a que centren la inversión en su pueblo natal. Se concibe entonces un plan para la instalación no menos de 10 sociedades en Alcalá de los Gazules, lo que requiere la construcción de un polígono industrial. Son constituidas 11 sociedades.
Es en este punto cuando todo da un vuelco. La Policía cree acreditado que, entre este momento y fechas inmediatamente posteriores a la resolución definitiva de las ayudas por parte del Ministerio, todo ese conjunto de sociedades pasa a manos de los miembros de la familia Arespacochaga que habían intervenido (el propio Joaquín, Fernando -su padre- y Juan, según la Policía), a través de una compleja operación de venta de participaciones a sociedades ubicadas en paraísos fiscales. La colaboración de un notario de Madrid en estas operaciones se considera especialmente relevante.
Así, según consta en el atestado, las 10 empresas que originalmente Ouviña pretendía instalar en Alcalá, son participadas por nuevas sociedades en un tamaño que nunca supera el 25%. Así, por ejemplo, aparecen dos firmas, Chapi Holding y Ravel Holding. Ambas adquieren participaciones en cada una de las 10 empresas que, teóricamente, irían a parar a Alcalá: Tecmargal (17 y 23% respectivamente); Marbatec (24 y 18%); Sidermetalux (5 y 24%); Alcornocal Kork (14 y 14%); Plasmacenter (15 y 19%); Jellyfish (17 y 19%); Industria Tec. Tolmo (16 y 17%); Plasma Technologies (24% solo Chapi); y Bioenergy Park (20 y 15%). Estos 10 negocios, como se recordará, iban todos a instalarse en Alcalá pero sus sedes figuraban en una finca de Barbate o en una asesoría de El Puerto. Además de Chapi Holding y Ravel Holding hay otras 11 sociedades que se reparten la participación en las 'empresas gaditanas' hasta completar el 100%, por lo que la Policía las considera las "reales propietarias", con sedes que van desde Luxemburgo a las Islas Vírgenes británicas o las Islas Niue.
Lo llamativo del caso es que, como señala la Udyco, tanto Chapi como Ravel Holding tienen sede en Panamá. Pero, y aquí se inicia otro rocambolesco juego empresarial, se añade que Chapi fue creada por Ravel y, a su vez, Ravel fue creada por otra sociedad, Famax International, con sede en Panamá "creada a su vez también por el bufete de abogados expertos en blanqueo de capitales Mossack Fonseca". No es la única vinculación de este despacho. El atestado detalla que, con posterioridad, ambas firmas (Chapi y Ravel) son transmitidas a otra sociedad ubicada en las Islas Seychelles, Merida Group, que tiene su domicilio en el mismo lugar del bufete de Mossack-Fonseca. Y un tercer giro: la Policía dice constatar que hay personal que figura como propietario de las dos citadas compañías presentes en una tercera compañía: Grinton S.A., cuyo último propietario es Jurgen Mossack, socio fundador del bufete.
Con todo esto, la Policía concluye en su atestado que "se ha comprobado cómo los despachos del bufete Mossack Fonseca se emplean para domiciliar sociedades propietarias de las sociedades luxemburguesas, a su vez propietarias de las sociedades españolas subvencionadas o beneficiadas por estas, como es el caso de las que se ubican en las islas Seychelles, y muy probablemente las ubicadas en las Islas Vírgenes británicas". Y añade: "Este conjunto de datos otorga además una relevancia especial al bufete Mossack Fonseca y sus responsables y empleados en toda esta trama de defraudación y blanqueo de capitales, debido a que intervienen de modo muy relevante en varias de las operaciones de creación de sociedades interpuestas que carece de sentido alguno más allá de la mera dificultación en el rastreo y averiguación de la titularidad real de las sociedades investigadas".
El caso es que muchas de las personas que aparecen vinculadas a estas sociedades, ya sea en su consideración de testaferros (como Agustín Bobo), ya sea como considerados como cabecillas de la trama, han prestado ya declaración en el Juzgado número 4 de Cádiz que dirige la magistrada Lourdes del Río. Es más, como ya publicó en su día este periódico, la representación legal de Joaquín Arespacochaga presentó un escrito en el Juzgado en referencia a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de su supuesta participación en este caso. En ese escrito se realizaban alegaciones y se presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Además, deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.
Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.
El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.
Ante todo esto, en las conclusiones que se formulan dentro del sumario del caso, se dice claramente que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, su recuperación es improbable, los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tienen patrimonio a su nombre". Poco más que añadir.
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales. 21 millones.
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
El PP pide explicaciones a la presidenta Susana Díaz y a la líder provincial Irene García ante las supuestas irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva y su relación con los llamados papeles de Panamá. Se habrían perdido más de 21 millones para creación de empleo.
lavozdelsur.es Seguir a @VozdelSurJerez
17-04-2016 / 17:14 h.
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Meneame
Whatsapp
Javier Fergo
@JaviFergo
La Junta creó en 2007 el Plan Bahía Competitiva, financiado con fondos del Ministerio de Industria, en respuesta al cierre de la factoría Delphi.
Info
PP exige al PSOE el esclarecimiento del fraude del caso Bahía Competitiva
Etiquetas:
provincia junta papeles de Panamá paraísos fiscales Corrupción psoe pp
La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido "explicaciones" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a "paraísos fiscales" de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En rueda de prensa en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz y quien recientemente comparecía ante la comisión de investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las "irregularidades" detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre entre 2009 y 2010.
Señalando el "entramado financiero" detectado por la investigación en lo referente a los métodos presuntamente usados para desviar el dinero de tales subvenciones, Ruiz Sillero ha señalado las publicaciones que señalan que las partidas de las subvenciones habrían recaído en "paraísos fiscales", concretamente Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo, pasando por "sociedades opacas" a través del bufete Mossack-Fonseca, el mismo que se ha visto envuelto en el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá. "Pedimos explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente", concluye Teresa Ruiz Sillero. A su juicio, la socialista Susana Díaz "sigue viviendo en el país de las maravillas", mientras continúa "la pérdida de fondos públicos, perjudicando a los desempleados andaluces".
En esta línea, el secretario provincial del PP y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha afirmado que "éste es el resultado de la nefasta gestión socialista", lamentando el "descontrol de los gobiernos del PSOE en el Ministerio, la Junta y Diputación que ha derivado en la pérdida de más de 21 millones de euros que tenían que venir a la provincia para la creación de empleo y que, según la Policía, su recuperación es improbable".
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:24 ----------
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta" | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE DE LOS CURSOS. Comisión de investigación
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta"
Destaca que la patronal, UGT y CCOO incumplían la normativa y tenían un trato de favor político
El día en que el testigo protegido acudió a declarar con escolta
Twitter
Facebook
Whatsapp
3
CARMEN TORRES Sevilla
@CarmenTorrres
22/04/2016 20:50
El testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en el caso de la formación, el funcionario Teodoro Montes, ha explicado este viernes que los cursos se convirtieron en el "negocio del siglo en la Junta" con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, a los que ha señalado como los responsables. A la pregunta de si los empresarios obtenían beneficios de una subvenciones que impedían, teóricamente, ese objetivo, ha asegurado que en algunos casos, como el de los sindicatos, el beneficio era del "cien por cien" por el incumplimiento de los requisitos, y que no eran sólo los agentes sociales, las empresas y las entidades quienes se beneficiaban, sino también el Gobierno andaluz. A su juicio, el Gobierno de la Junta ha obtenido "pingües beneficios" en términos de paz social, influencia y relaciones. Es decir, un beneficio electoral. Precisamente el mismo que señala la juez Alaya en el caso de los ERE. "Áreas de influencia de todas todas", ha respondido a las preguntas de los diputados, sin querer concretar más.
"En la formación entiendo que ha habido un Gobierno que ha planificado de principio a fin, ha marcado unas directrices de personas e instituciones, ha ubicado de forma singular a personas que se prestan a cosas. Si además esas personas hilvanan con personas, instituciones, fundaciones, ayuntamientos...", ha explicado. Tampoco ha dudado al responder con un rotundo "sí" y poner ejemplos concretos de cómo se ha perdido dinero público. Según la UCO de la Guardia Civil, serían 3.000 millones de 2005 a 2013 bajo sospecha. Según el Gobierno andaluz, 733.
Además, Montes, funcionario de la formación desde hace 20 años y ex jefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, cree que la promesa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de poner en marcha otra vez los cursos en el mes de mayo, después de cinco años sin convocatoria, no tiene garantías. "Difícilmente se están subsanando los problemas que hubo y se está haciendo peor de cara a un futuro inmediato". ¿Por qué? Porque las herramientas, directrices y resoluciones que se están poniendo en marcha para retomar la formación "buscan una aplicabilidad que no hay dios quien lo ponga en pie". "Tiene que haber por parte de la superioridad de tener la intención de hacer una formación de calidad", ha explicado, para reclamar una mejor organización del trabajo, tras denunciar que hay técnicos que han tenido que supervisar 217 cursos, algo imposible de cumplir.
En este sentido, el funcionario ha hablado de "desastre y caos" y de "trato muy favorable" a agentes sociales como la patronal andaluza, la CEA, y los sindicatos UGT y CCOO. Ha asegurado que los tres incumplían la normativa con la connivencia de los altos cargos y que estaban acostumbrados a hacer "lo que les daba la gana".
En su primera intervención, ha destacado que la Confederación de Empresarios de Andalucía no cumplía la normativa vigente en sus cursos. Al igual que otros agentes sociales como UGT y Comisiones Obreras, recibían un trato de favor que resultaba, incluso, "humillante" hacia el resto de entidades. Entre esas irregularidades ha destacado que algunas hacían "inviable" la celebración de los cursos, pero que eran "consentidas". Siempre se ha referido a los responsables como "la superioridad". Entre esos defectos ha subrayado el "atropello documental" y que no había "nada imposible para ellos", desde presentar decenas de propuestas de cursos un día antes del plazo a homologaciones inadecuadas y equipamientos "muy deficientes y que en algunos casos no existían". En este sentido, ha afirmado que las sedes del PSOE y los sindicatos utilizadas en los cursos "dejan mucho que desear", especialmente en el mundo rural.
También ha relatado la existencia de cursos fantasma, suplantación de alumnos e irregularidades consentidas como se compraran 75.000 kilos de carne para dar un curso de formación como carnicero. Todo denunciado por él y consentido "por la superioridad". Entre los trucos de las entidades para obtener beneficios en connivencia con la Administración destaca el dinero destinado a sueldo de docentes y gastos varios; la disminución de la supervisión por parte de los técnicos por el cambio de las competencias entre las consejerías y la propia maquinaria de la Junta, dispuesta siempre a facilitar el negocio en vez de controlarlo. Todo con ejemplos de casos concretos vividos en su persona, como su decisión de anular un curso de CCOO por irregularidades que detectó en una visita y la negativa de sus jefes a permitirlo. "Era muy abusivo el gasto de material. No había racionalidad en el gasto. También habría que ideonizar la elección de los docentes y no hacerla de forma caprichosa o interesada", ha asegurado.
"Llegó a ser tan lucrativo que en 2010 hubo una avalancha" de peticiones de cursos imposible de supervisar, ha recordado, explicando cuál fue la "solución salomónica" por parte de la Junta: establecer que los beneficiarios presentaran una declaración jurada para "arrancar" con los cursos. "Algunas no había por dónde cogerlas", ha explicado, incluidos varios trucos de algunas entidades para "saltarse la cola", como proponer acciones formativas para colectivos de carácter preferente como discapacitados, que les permitía "ponerse los primeros". Una vez que no encontraban alumnos con esas características especiales pero que ya tenían el dinero asignado, "reconvertían" esos cursos.
Sobre la estrategia de la Junta de enviar al Parlamento toda la documentación original sobre la formación para ahogar a la comisión en 31 millones de folios, ha advertido de sus consecuencias. "Tengo una lista de tres años de demandantes de certificados y diplomas" a los que no se puede atender por esa falta de documentación.
En cuanto a su situación de acoso laboral acreditada por una sentencia del Tribunal Supremo, el funcionario ha asegurado que no ha dejado de aumentar desde su reincorporación a la plaza.
TEMAS RELACIONADOS
CCOO UGT Tribunal Supremo Susana Díaz PSOE Caso de los ERE Mercedes Alaya
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
3 Comentarios
1
Enrique Romero Muñoz
22/04/2016 22:08 horas
¿Existe la mas minima posibilidad, aunque sea por la gracia del Espiritu Santo, que la Justicia, en Andalucia, de una vez y para siempre, se digne satisfacer a los andaluces que han sufrido el escarnio de unos Gobiernos, siempre del PSOE, con actitudes mafiosas, para apoderarse de los miles de millones de euros de Europa y de los contribuyentes españoles, con fines propios para ayudas a los necesitados y faltos de formacion? Ya es hora que, la Justicia, tome cartas en este asunto tan sumamente espinoso para Andalucia y los andaluces.
2
x8085
22/04/2016 22:38 horas
Susana Diaz corrupta!! Y Chaves y Griñán tres cuartos de lo mismo!
V
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 06:25 ----------
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:25 ----------
Cuando Susana Díaz hacía "botellona" | Libertad Digital | Versión Móvil (mobile)
Cuando Susana Díaz hacía "botellona"
"Yo hago 'botellonas' como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra"
La presidenta andaluza fue una firme defensora de que los jóvenes bebieran en la calle cuando fue delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Sevilla.
LIBERTAD DIGITAL
Como todos, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tenido un pasado. Gracias a la hemeroteca podemos ver a la lideresa socialista mucho más joven y defendiendo a capa y espada el botellón en la capital hispalense. Por aquel entonces, en el ocaso del siglo XX, Susana Díaz era delegada municipal de Juventud.
Se trata del ejemplar del diario El Mundo, en su edición sevillana, correspondiente al 30 de agosto de 1999. Entonces, Susana Díaz contaba con 24 años y hacía una fervorosa defensa del botellón ("botellona", según decía ella) entre los jóvenes sevillanos. "Yo hago 'botellonas' como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra", señalaba la joven Susana Díaz en las páginas del diario que, por aquel entonces, dirigía Pedro J. Ramírez.
No sólo estaba a favor de que bebiera en la calle todo aquel que quisiera hacerlo, sino que además se oponía a la creación de espacios específicos para hacer "botellona" y se mostraba en contra de "gastar nada del presupuesto de juventud" en generar "guetos" y crear "un sitio de movida artificial". Para Díaz, "si hay planes especiales de limpieza en Semana Santa o el Corpus, por qué no v a a haberlos los fines de semana", decía antes de proclamar: "¡Que beba en la calle todo el que quiera hacerlo!"
El motivo por el que Susana Díaz hacía esta férrea defensa de la ingesta de alcohol en la calle era claro: "no creo que a los jóvenes sevillanos les apetezca los fines de semana ir a bailes de salón."
Precisamente este fin de semana, no parece que Díaz vaya a irse de "botellona" ya que tiene cita con el Comité Federal del PSOE para aprobar el aplazamiento del 39 Congreso Federal, que iba a celebrarse en mayo para elegir al secretario general, pero que finalmente quedará pospuesto sin fecha hasta que se forme el nuevo gobierno.
Cuando Susana Díaz hacía "botellona" | Libertad Digital | Versión Móvil (mobile)
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:26 ----------
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria' | Andalucía | EL MUNDO
GRANADA. La gestión de la crisis tras la dimisión de Torres Hurtado
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria'
El portavoz y candidato del PSOE en Granada, Francisco Cuenca, en una reunión con ediles de Podemos. MIGUEL RODRÍGUEZ
La UDEF concluyó que Francisco Cuenca abrió la puerta de la empresa de capital riesgo a una productora en una operación ruinosa
Francisco Cuenca, becado por el fondo de reptiles
Twitter
Facebook
Whatsapp
2
ANTONIO SALVADOR Sevilla
@ajsalvador70
22/04/2016 09:50
El candidato socialista a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, fue el alto cargo que abrió la puerta de Invercaria a la productora local Kandor Grafics para obtener financiación, siendo uno de los grandes fiascos de la empresa de capital riesgo de la Junta y una de las operaciones bajo investigación judicial.
Ésta es una de las conclusiones que detalló el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el atestado enviado al juzgado que investiga el caso Invercaria tras analizar la concesión de ayudas a esta empresa granadina, declarada en concurso voluntario de acreedores en abril de 2014 tras haber recibido ayudas millonarias de la Administración autonómica.
Los investigadores se apoyan en la declaración prestada en sede policial el 18 de marzo de 2015 por Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria y uno de los siete investigados en esta pieza por un presunto delito de malversación de caudales públicos. «La operación Kandor fue presentada por el delegado de Innovación en Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, previo ofrecimiento de Cajagranada», manifestó Pérez-Sauquillo.
Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y candidato a suceder al popular Torres Hurtado tras su forzada dimisión por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, fue nombrado el 13 de mayo de 2008 delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa -el departamento del que entonces dependía Invercaria- tras haber ocupado la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en esa misma provincia.
A finales de 2010, Cuenca abandonó el Gobierno andaluz al ser elegido candidado del PSOE a la Alcaldía de Granada para las municipales de 2011. En el acto de su presentación, al que asistieron José Antonio Griñán y Susana Díaz, hizo subir al escenario a uno de los dueños de Kandor Grafics -Manuel Sicilia-, quien llegó a intervenir y le dio su apoyo.
La presentación del proyecto de Kandor Grafics a Invercaria por parte de Cuenca tuvo lugar tras el ofrecimiento realizado por Cajagranada, que había concedido a la productora un «elevado volumen de financiación». En concreto, la entidad financiera hoy integrada en Banco Mare Nostrum (BMN) llegó a otorgar 20.507.262,9 euros, según precisa la UDEF en el atestado.
Para apuntalar el papel de 'padrino' ante la Junta que tuvo Cuenca, la Policía recuerda que el hoy concejal socialista había sido también miembro de la asamblea general de Cajagranada.
La investigación que lleva a cabo la UDEF y el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha permitido conocer que la Junta concedió al menos 7.027.599 euros a Kandor a través de diferentes organismos y líneas de financiación.
El principal apoyo lo recibió de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) -dependiente hoy de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio-, que le dio cinco millones de euros al amparo del Fondo Jeremie: tres mediante un préstamo participativo y dos mediante entrada en el capital de la sociedad.
Invercaria, por su parte, le otorgó 1.498.000 euros entre participación en capital, préstamos ordinarios y participativos, al tiempo que la Consejería de Cultura le dio subvenciones por importe de otros 529.599,47 euros entre 2006 y 2013.
También la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) colaboró con Kandor Grafics. En concreto, recibió una aportación de 120.000 euros de la cadena autonómica para la película Justin y la espada del valor, presupuestada en 21.840.791 euros y en cuya producción participó una empresa de Antonio Banderas.
El importante apoyo económico recibido por la productora granadina es objeto de investigación en dos procedimientos judiciales diferentes. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla analiza las ayudas que Invercaria le concedió a Kandor Grafics, que centra una de las piezas en que se ha desgajado la causa con siete investigados por malversación de caudales públicos. Entre los imputados están los ex presidentes de la empresa de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla abrió diligencias el pasado mes de octubre para esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones de euros con cargo al Fondo Jeremie.
Esta investigación se puso en marcha a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF en un informe elevado al juez del caso Invercaria. La apertura de diligencias era respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía que se investigara el fondo Jeremie pero desgajado del sumario de Invercaria.
Fueron precisamente las ayudas otorgadas por Invercaria a Kandor Graphics las que permitieron tirar del hilo que al final dejó al descubierto el caso Jeremie.
Durante la investigación de la UDEF sobre las ayudas de Invercaria a la productora de cine, los agentes constataron que, además de los préstamos de la empresa pública dependiente de la Agencia IDEA, también recibió unos fondos denominados Jeremie que gestionaba la también sociedad pública Soprea, dependiente igualmente de la Agencia IDEA.
TEMAS RELACIONADOS
Sevilla PSOE Policía Nacional José Antonio Griñán Susana Díaz Caso Invercaria
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
2 Comentarios
1
miguel_madridista
22/04/2016 10:18 horas
Ciudadanos tomará nota
2
gomersindo
22/04/2016 10:31 horas
En Andalucía, cualquier político del PSOE o está manchado con la Formación o por los ERES o por Invercaria...Esto lo sabe todo el mundo menos...,sí, correcto su pensamiento: Ciudadanos.
Ver 2 comentarios
Escuela Unidad Editorial Unidad Editorial Expansión y Empleo
© ELMUNDO.es Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Una web de Unidad Editorial
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria' | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 07:06 ----------
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
El PSOE rechaza las condiciones de C's para pactar la alcaldía de Granada | Andalucía | EL MUNDO
Podemos envía un 'observador' a una rueda de prensa del PSOE | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:27 ----------
CORRUPCIÓN POLÍTICA. Adjudicaciones irregulares
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación | Sevilla | EL MUNDO
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz | Andalucía | EL MUNDO
El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. CARLOS MÁRQUEZ
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación
La Fiscalía investiga al consejero de Economía por prevaricación
Twitter
Facebook
Whatsapp
3
EL MUNDO Sevilla
18/04/2016 14:33
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano.
En el auto, fechado el pasado 12 de abril, la Sala se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Antonio Ramírez de Arellano por unos hechos en los que habría participado en su calidad de antiguo titular del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, tal y como destapó EL MUNDO.
Según recoge el auto, los informes de la Policía judicial emitidos tanto en el seno de las Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía de Sevilla como en las de la Fiscalía Superior de Andalucía, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, el 'Estudio Preliminar de instalaciones', el Proyecto de Ejecución y la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de Arquitectura en detrimento de otros, lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a don Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones".
Los hechos, en caso de ser confirmados, "podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados", señala la resolución judicial, que añade que en cuanto a la autoría, "el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por el Sr. Ramírez de Arellano López por tener competencia para ello, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar".
La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud. En este sentido, se señala que "que la "verosimilitud" comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia, pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada".
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz | Andalucía | EL MUNDO
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación | Sevilla | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:34 ----------
CASO DE LA FORMACIÓN. Comisión de investigación
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación"
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
La ex directora general de Empleo y cuñada de Ojeda, en el Parlamento andaluz. CARLOS MÁRQUEZ
La ex directora general de Empleo arremete contra la policía y los medios
Ojeda: "Nunca he ganado dinero con la formación de la Junta"
Twitter
Facebook
Whatsapp
0
CARMEN TORRES Sevilla
@carmentorrres
22/04/2016 19:02
"No sabía que se dedicaba a esto. Se lo puede creer o no, pero era así". Teresa Florido, directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas de la Junta de Andalucía desde junio de 2011 a mayo de 2012 y cuñada de Ángel Ojeda, ex consejero de la Junta y uno de los principales imputados en el caso de la formación, ha asegurado este viernes que desconocía a qué se dedicaba el entramado profesional del hermano de su marido cuando ella fue nombrada responsable de la Formación Profesional.
Así ha respondido Florido a la diputada de IU Elena Cortés, en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el fraude de los cursos. No obstante, Florido no ha querido contestar las reiteradas preguntas del PP sobre cuándo descubrió que su cuñado era una de los mayores beneficiarios de esas subvenciones -recibió unos 50 millones de dinero público- ni por qué, entonces, se había abstenido de firmar las órdenes relacionadas, precisamente, con el entramado de Ojeda.
Además, Florido ha arremetido contra los cuerpos de seguridad por su "artificiosa" detención, especialmente contra la UCO, a la que ha acusado de connivencia con la juez Mercedes Alaya, "que ya no está". También ha atacado al PP por sus denuncias y a los medios de comunicación por la "persecución" que dice haber sufrido esta imputada en la causa.
En esta línea, la compareciente ha señalado que tras aceptarse su abstención en los expedientes de subvenciones a las empresas de Ojeda por ser su cuñado, los funcionarios realizaron un listado con las mismas para que "ningún papel que requiriera su firma pasara a ella". "Yo no vi ese listado hasta tiempo después", ha asegurado.
También ha defendido su actuación al conocer irregularidades. Según ha relatado, en una ocasión descubrió una irregularidad, que terminó con el cese de la directora general de Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), en El Rocío (Almonte). Por este motivo se cambió la normativa y se revisaron los expedientes de este consorcio. Esta irregularidad se comunicó al entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, que le instó a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía "hoy mejor que mañana", y así se hizo. "Cuando dejé el puesto la Fiscalía de Huelva no había contestado", ha explicado.
A partir de ahí, Florido, también ex concejala en Sevilla, ha convertido la comisión de investigación parlamentaria en una especie de plató de televisión, solicitando que los diputados del PP abandonaran la sala durante su declaración y haciendo alusiones personales a los representantes del principal del partido de la oposición andaluza, y en concreto a la parlamentaria Teresa Ruiz Sillero.
"Siento mucho que usted no esté casada. Yo tengo mucha suerte", le ha espetado a la diputada cuando ésta, por error, se ha referido a ella como la "señora Ojeda".
"Que se abstenga de preguntarme. Usted misma está relatando lo que ha soñado esta noche o su imaginación". "Es que usted está preguntando fatal", "le falta la sonrisa", ha interrumpido constantemente a la diputada, que ha pedido amparo, sin éxito, al presidente de la comisión, Julio Díaz (C's).
"En cuanto a mi cuñado ya he contestado todo lo que tenía que contestar. Si no se ha enterado se lo repito", ha espetado la compareciente, que incluso se reía mientras escuchaba las preguntas del PP.
TEMAS RELACIONADOS
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión...
Comentar noticia
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 07:08 ----------
El testigo protegido de Alaya acude a declarar escoltado por la Guardia Civil | Sevilla | EL MUNDO
Ojeda: "Nunca he ganado dinero con la formación de la Junta; fue al costo" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:36 ----------
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE EN LA FORMACIÓN
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués
ANTONIO SALVADORSEBASTIÁN TORRESSevilla Actualizado: 24/05/2015 11:32 horas
La Policía cree que trató de «ocultar y blanquear» fondos procedentes de las ayudas desviándolos a Chile
---------- Post added 24-may-2015 at 12:27 ----------
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués | Andalucía | EL MUNDO
La juez Alaya imputa a otros dos ex consejeros de la Junta por el fraude en los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Último auto antes de abandonar su juzgado
Alaya imputa a otros dos ex consejeros por la formación
ANTONIO SALVADORSevilla SEBASTIÁN TORRES Actualizado: 16/06/2015 12:00 horas
La magistrada se despide como titular del juzgado número 6 de Sevilla ampliando las acusaciones por el descontrol en las subvenciones y señala a los ex consejeros Antonio Ávila y Manuel Recio.
La juez Alaya imputa a otros dos ex consejeros de la Junta por el fraude en los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
La jueza Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila en la causa de los cursos de formación - 20minutos.es
La juez Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila en los cursos de formación
Alaya imputa a dos exconsejeros por prevaricación y malversación | España | EL PA
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:38 ----------
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
ANDALUCÍA >
08:01h 25 de febrero de 2016
CORRUPCIÓN
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
Una treintena de juzgados andaluces investigan casos de manejo irregular y sin control de fondos públicos
El cerco a la Junta: 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
EFE/JAVIER LIZON |Griñán, tras declarar ante el Supremo el pasado abriil
A. R. VEGA / N. VILLANUEVA
Han dejado de abrir los telediarios y de ocupar titulares a cinco columnas, pero nunca antes se habían acumulado en los juzgados tantas causas pendientes por corrupción que involucran a gobiernos de Andalucía. La «red clientelar» tejida en torno al fondo de la Junta para subvencionar despidos (caso ERE) en empresas fue sólo el principio de una infección que se ha hecho metástasis en el sistema de la única Autonomía en España que no ha conocido la alternancia política en más de tres décadas. Tras él, durante el último lustro han estallado como minas de espoleta retardada hasta ocho escándalos más relacionados con el manejo indebido de fondos públicos que han dado pie a treinta procedimientos judiciales simultáneos, con 584 imputados y más de 4.300 millones de euros bajo la sombra de la sospecha.
PUBLICIDAD
Los políticos investigados, algunos por varios sumarios a la vez, ya no ocupan la primera línea. Ninguno de ellos ha sido juzgado. Pero los andaluces han pagado una factura incalculable. Desde hace más de un año, la Junta ha impuesto un apagón informativo sobre el dinero recuperado porque no hay nada que cuantificar. Sólo en 2014 la Comunidad a la cabeza de paro en la Unión Europea tuvo que devolverle al Estado 227 millones en fondos para combatir el desempleo porque la Junta dejó de financiar cursos desde 2011 al extenderse la mancha de las irregularidades. Éstos son los principales sumarios que hoy asedian al mayor monopolio de poder del PSOE.
Fraude de los ERE
RELACIONADA
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
Si existiera un Guinness Records de la corrupción española, el caso de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía el primer puesto, desbancando al «caso Malaya». Después de cinco años de pesquisas, la cifra de investigados llega a 276. El pasado lunes sumó uno más a la lista. Algunos han fallecido antes de sentarse en un banquillo porque juicio señalado no hay. Tirando del hilo de las grabaciones de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a empresarios a cambio de ayudas autonómicas de formación, la juez Mercedes Alaya —que en junio cambió el juzgado por la Audiencia de Sevilla— descubrió, casi por casualidad, a los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. El exdirigente de UGT que tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según espetó su madre a unos guardias civiles en un registro, comparte protagonismo con el exdirector general Francisco Javier Guerrero en la galería de personajes que ha dado esta trama.
PUBLICIDAD
Menú gallego para dos
32.9€LLÉVATELO
Mocedades Concierto 45 aniversario
16.5€LLÉVATELO
Pack 3 Boxer Emporio Armani
24.99€LLÉVATELO
Nueve aforados han tenido que declarar ante el Supremo y a otros cuatro exconsejeros ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El caso ERE acabó con las carreras políticas de dos tótemes del PSOE, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Juntos han gobernado la Comunidad durante casi un cuarto de siglo. La sustituta de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, mantiene una causa troncal y ha desgajado seis piezas de ella. El juez de refuerzo Álvaro Martín investiga el procedimiento «ilegal» de concesión de ayudas (855 millones en total) que afecta a los expresidentes y a 49 ex altos cargos.
Formación
COMENTARIOS
Ver todos los comentarios
Hay 18 procedimientos abiertos por jueces andaluces por el fraude de formación, aunque el sumario de más enjundia mediática aguarda en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, del que es titular Núñez desde hace ocho meses. Alaya abrió diligencias en marzo de 2014 tras hallar vasos comunicantes entre las ayudas para formación y la trama de los ERE. Como personaje-puente emerge Juan Lanzas. La Guardia Civil descubrió que dos empresas pantalla dedicadas a organizar cursos, proveedores de UGT Andalucía, fueron utilizadas por éste para aflorar las comisiones ilegales de los ERE. El caudal de ayudas bajo sospecha supera los 3.000 millones entre 2007 y 2013. Se ignora la cuantía defraudada.
PUBLICIDAD
Antes de cambiar de destino, Alaya había dado con «una red de clientelismo político» para destinar «ingentes fondos públicos para favorecer» a entidades y empresarios próximos al PSOE con la participación de «los responsables políticos de la Junta de Andalucía». Algunos cursos no se impartieron nunca. Hay tres exconsejeros de la Junta imputados, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos los que tuvieron la cartera de Empleo entre 2004 y 2013. También se investiga a otro empresario, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien, a juicio de Alaya y de la Policía, usó sus influencias para montar una red de empresas que captó 52,6 millones en ayudas entre 2008 y 2013. El círculo de investigados incluye a siete exdelegados de Empleo en provincias andaluzas, cuatro ex directores generales y tres directivos de los consorcios de formación financiados por la Junta, cargos nombrados por el Ejecutivo socialista entre 2008 y 2012. Núñez ha dividido esta macrocausa fue dividida en nueve piezas.
Invercaria
El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga la presunta malversación de caudales públicos por parte de la empresa de capital-riesgo de la Junta de Andalucía, un procedimiento que, con piezas separadas, suma una treintena de imputados de la cúpula de la sociedad y empresas como FIVA, Andalus, Fumapa, Juana Martín; EDM; Lolita Canalla; Sociedad Consultora para la Sostenibilidad integral S.L.; y Kandor Graphics, a las que Invercaria inyectó hasta 60 millones de euros en 278 proyectos empresariales entre 2005 y 2009. Hay una decena de piezas por cada una de las sociedades a las que Invercaria inyectó capital público sin ningún control. El último informe de la Intervención General de la Junta detectó que la compañía pública se había podido financiar irregularmente con comisiones. Es el último capítulo de un escándalo que detonó en la campaña de las autonómicas de 2012 al salir a la luz una grabación donde se escuchaba a la que fuera directora general de Invercaria, Laura Gómiz, frases tan chocantes como ésta: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».
Fondos Jeremie
Este caso afecta también a las ayudas europeas concedidas por la Junta. El juzgado de instrucción 5 de Sevilla investiga si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones con cargo al Fondo Jeremie, parte de los cuales se dedicaron a financiar operaciones fallidas durante la etapa de Susana Díaz. El caso se inició a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF de la Policía Nacional en un informe elevado al juez del caso Invercaria.
PUBLICIDAD
Marismas
Se pagaron 40 millones de euros por unas obras que sólo se ejecutaron al 60 por ciento a través de certificaciones falsas. Y, además, esas facturas inflaron los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la Unión Europea destinaba al proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, en la provincia de Sevilla. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Sevilla llegó a esta conclusión tras una concienzuda investigación, factura a factura, sobre la justificación de la subvención europea que gestionó la Junta de Andalucía. El juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casilla, ha imputado ya a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron el concurso, supuestamente amañado, según las diligencias practicadas.
Avales
A principios de 2014, la juez Mercedes Alaya inició una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción. En la causa está imputado de prevaricacion y malversación el exconsejero de Innovación, Martín Soler, y otros exaltos cargos de la consejería. La quiebra de empresas avaladas con fondos públicos ha empujado a la agencia IDEA a presentar un aluvión de demandas en los juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte de los 65,4 millones de euros perdidos en proyectos ruinosos.
Facturas falsas de UGT
Aprovechando la atmósfera de relajación en los controles de las subvenciones de formación que reinaba en la Junta de Andalucía, UGT Andalucía montó una contabilidad paralela a la oficial que fue «perfeccionando» año a año y que constituyó la «vía más importante de financiación» ilegal de la federación andaluza durante una década, según la Guardia Civil. Esta deriva del caso de formación está siendo investigada por el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y hay 18 imputados, entre ellos los anteriores secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. La Junta le reclama 15,3 millones de euros mal justificados. La cuantía desviada está por definir. El dinero público se empleó en sostener la megaestructura del sindicato y costear mariscadas de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que se regalaron a los delegados de un congreso. También utilizaba empresas para autoalquilarse aulas y justificar así ayudas.
Unidades Territoriales de Empleo
El juez de instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, junto a cuatro jueces más de Córdoba, Almería, Jaén y Granada, investigan por fraude y prevaricación a siete ex altos cargos autonómicos por las subvenciones millonarias repartidas sin «bases reguladoras» entre 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), consorcios conveniados por la Junta y corporaciones locales que servían para asesorar a emprendedores. Entre los investigados por prevaricación y fraude en subvenciones está el exconsejero Antonio Ávila, imputado en los casos de formación y ERE, por firmar una resolución en 2012 por la que concedía subvenciones extraordinarias a estos consorcios para pagar los despidos de sus trabajadores.
Bahía Competitiva
El juzgado de instrucción 4 de Cádiz indaga desde 2011 en un plan estrella del Gobierno andaluz para las elecciones autonómicas de 2008 que se definió entonces como el gran programa incentivador para frenar el paro en la provincia con el índice más alto de toda España (33,9%). Más de 21 millones de euros en ayudas del Estado gestionadas por una oficina creada por la Junta se gastaron en proyectos empresariales que no realizaron nunca y el dinero acabó en paraísos fiscales. El caso acumula cerca 40 imputados, entre los que se encuentran la exdelegada de Innovación en Cádiz Angelines Ortiz y ex cargos de la Diputación y del Ministerio de Industria en aquella etapa.
---------- Post added 25-feb-2016 at 12:00 ----------
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:39 ----------
CORRUPCIÓN
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Los cursos de formación
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija. EL MUNDO
El PP pide a la comisión de investigación que exija 25 ayudas, entre las que figura la de UGT de la que cobró el marido de Susana Díaz
Twitter
Facebook
Whatsapp
103
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 13/02/201610:18
El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz sigue ocultando 25 expedientes clave sobre el fraude de la formación que lleva meses reclamándole el PP a través de la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre el escándalo de los cursos subvencionados.
Entre los 25 expedientes solicitados hace tres meses por el grupo parlamentario que encabeza el líder de la oposición andaluza, el popular Juan Manuel Moreno, y que la Junta retiene, está el de la subvención de ocho millones de euros a UGT de la que cobró José María Moriche, el marido de Susana Díaz que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el ente de UGT encargado de impartir los cursos.
La Junta también oculta los expedientes de ayudas que sirvieron para dar cursos de formación en varias sedes socialistas o Casas del Pueblo, otras concedidas al entramado empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda y subvenciones a UGT y CCOO en las que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades.
La nómina del marido de Díaz figura en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.
En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación.
El PP se ha dirigido al presidente de la comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz (Ciudadanos), para «rogarle» que inste al Consejo de Gobierno andaluz para que remita los 25 expedientes solicitados «con carácter urgentísimo», ya que se trata de una documentación «esencial para poder afrontar las comparecencias acordadas», entre las que están la de los interventores de la Junta.
«¿Por qué no mandan ya esta documentación? ¿Intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz? ¿Están arreglando los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?», se preguntó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, una de las integrantes de la comisión de investigación.
Ayudas millonarias
La Junta también oculta los expedientes de varias ayudas millonarias concedidas a UGT para cursos que se impartieron en sedes socialistas o Casas del Pueblo repartidas por municipios de toda Andalucía. Precisamente, el pasado jueves Susana Díaz fue interpelada en el Parlamento por el líder del PP andaluz sobre este asunto.
«¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación?», lanzó Moreno Bonilla a la presidenta andaluza, a la que preguntó si ella había firmado «algún contrato de alquiler» para aulas destinadas a la formación.
La presidenta dio la callada por respuesta. Simplemente, invitó al PP a «mirarse los expedientes», en referencia a los documentos que la Junta ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento sobre el fraude de la formación y entre los que no están los 25 claves, como denuncia ahora el PP.
TEMAS RELACIONADOS UGT PP SUSANA DÍAZ ANDALUCÍA PSOE CIUDADANOS CCOO
Compartir:
Twitter
Facebook
Whatsapp
103 Comentarios
4
mmmh
13/02/2016 10:58 horas
Adelante fiscalía. Redada con despliegue de medios informativos, registro, detenciones y acusaciónes formales de obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas y complicidad en los delitos ocultados. Acabemos con la corrupción. Pero de todos.
3
libergothorum1
13/02/2016 10:57 horas
El caso de los EREs está considerado el mayor caso de Corrupción de la Reciente Historia Democrática de España por el Volumen de los Defraudado. Quizá una noticia como esta debiera estar en un lugar mas prominente en la portada del Mundo.
VER 103 COMENTARIOS
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:40 ----------
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
ESPAÑA >
08:25h 18 de febrero de 2016
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
El PSOE se beneficia de la lentitud de una instrucción sometida a presiones y vaivenes
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
JAIME GARCÍA |Manuel Chaves acude a declarar al Tribunal Supremo en relación con los ERE
ANTONIO R. VEGA/ NATI VILLANUEVA
En pleno proceso de negociación para la formación del nuevo Gobierno de España el PSOE, a diferencia del Partido Popular, se está beneficiando de la lentitud en la investigación del mayor escándalo de corrupción en términos cuantitativos (acumula 275 imputados y más de 300.000 folios) y políticos: ha puesto en la antesala del banquillo al mayor monopolio de poder de los socialistas en una Autonomía. Se acaban de cumplir cinco años del estallido del caso ERE y todavía no se ha celebrado ningún juicio sobre el «gran fraude» de los expedientes de regulación de empleo, como lo llamó José Antonio Griñán tras declarar en el Supremo.
PUBLICIDAD
Hay 51 ex altos cargos del Gobierno andaluz investigados por prevaricación administrativa, acusados de diseñar y mantener un procedimiento a sabiendas de que era «ilegal» para ayudar a empresas en crisis que la Junta de Andalucía dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. En la cima de esta pirámide de responsabilidades se sitúan los dos antecesores de Susana Díaz al frente de la Comunidad: Manuel Chaves y Griñán, dos referentes simbólicos para el PSOE. Ambos han sido presidentes federales del partido y juntos suman 23 años de gobierno en Andalucía.
RELACIONADA
La corrupción del PSOE
Los delitos prescriben, los imputados fallecen, y nadie se atreve a descartar que en un futuro haya que reducir hipotéticas condenas por dilaciones indebidas. Eso, sin contar con la imagen que para la justicia supone el ritmo lento de este y otros macroprocesos.
PUBLICIDAD
Menú gallego para dos
32.9€LLÉVATELO
Mocedades Concierto 45 aniversario
16.5€LLÉVATELO
Pack 3 Boxer Emporio Armani
24.99€LLÉVATELO
El excesivo celo y la particular forma de instruir de la juez Mercedes Alaya, la primera de los cinco jueces por cuyas manos ha pasado esta causa, sumada al peregrinaje judicial de aforados por el Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los palos en las ruedas del gobierno autonómico y el duelo interno en el juzgado de los ERE han complicado una fase de instrucción que ha golpeado a las estructuras de la Junta de Andalucía. Ésta es la crónica de los obstáculos que esta causa ha tenido que sortear a lo largo de estos años.
La investigación de Alaya: Meticulosa, pero eterna
COMENTARIOS
Ver todos los comentarios
Desde que cogió las riendas del caso hasta que envió la causa al Supremo con los indicios incriminatorios contra nueve aforados pasaron más de tres años y medio. Alaya estuvo de baja seis meses y, además, rechazó los jueces de refuerzo que le ofreció el TSJA para las macrocausas que tenía entre manos: Mercasevilla, los ERE y el Betis. Su investigación fue meticulosa, cuasiobsesiva y, sobre todo, eterna, porque lejos de ir cerrando vías de investigación, Alaya iba abriendo nuevas ramas sin llegar a terminar ninguna. Para desesperación de la Junta, de los imputados que tardaron en algunos casos más de dos años y medio en ser llamados a declarar, de la Fiscalía Anticorrupción, y del TSJA, que expresó su preocupación por estas dilaciones en repetidas ocasiones. Incluso el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dijo que no veía «normal ni aceptable» que los imputados aún no hubieran declarado.
PUBLICIDAD
Las trabas de la Junta: ataques personales y demoras
RELACIONADO
El PSOE para la derogación de leyes
En su empeño por encontrar a los máximos responsables de la trama, la juez ha soportado presiones de todo tipo para cortocircuitarla. Tuvo que lidiar con dos intentos de recusación para apartarla de los casos Mercasevilla (el germen de los ERE) y Betis. Ha sufrido un escrache de sindicalistas a las puertas del juzgado, que obligó a ponerle escoltas. El Gobierno andaluz presumía de colaborar con la justicia al mismo tiempo que demoraba la entrega de los expedientes que le requería y expurgaba documentación comprometida en la Consejería de Empleo durante un fin de semana. La Junta le echó un pulso (y lo perdió) en el Supremo para no darle las 480 actas de los Consejos de Gobierno. El PSOE recrudeció su campaña contra de cara a las generales de 2011, cuando el exdiputado Alfonso Guerra insinuó que había «una relación fuerte personal entre la juez y Zoido», entonces exalcalde de Sevilla.
Seis jueces, un caso. Viaje de ida y vuelta al Supremo
Si bien durante más de tres años el caso ERE siempre estuvo en las mimas manos, la investigación a aforados (tanto autonómicos como nacionales) y la decisión de la juez Alaya de marcharse a la Audiencia de Sevilla contribuyó a ralentizar aún más la instrucción. Durante unos meses la investigación abierta a los expresidentes de la Junta, y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, el foco informativo se trasladó a Madrid, y la de los diputados autonómicos, al TSJA. Los aforados nacionales tuvieron que declarar ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que les imputó un delito de prevaricación administrativa (en el caso de Viera, también malversación). Los aforados por el Parlamento andaluz, los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, desfilaron ante el instructor Miguel Pasquau Liaño. Dentro del juzgado, la causa ha pasado por las manos de Alaya, Iván Escalera (que la sustituyó durante su baja por enfermedad), María Núñez Bolaños y ahora el juez Álvaro Martín.
El duelo interno. El CGPJ toma partido
El aterrizaje de la juez Bolaños como titular del juzgado de Alaya no contribuyó a la estabilidad ni al avance de la causa de los ERE, paralizada durante meses porque el Poder Judicial se resistía a ratificar el plan de actuación que para ese juzgado había acordado la Sala de Gobierno del TSJA. Ese reparto pasaba por que la nueva juez titular se ocupara del juzgado junto con Álvaro Martín y Alaya, quien, a su vez, había pedido quedarse, mediante una comisión de servicios, para concluir la instrucción de esta macrocausa. La pelota del futuro de Alaya pasó así durante meses del tejado del TSJA al CGPJ y de este órgano de nuevo al TSJA, que acabó despachando a Alaya con el argumento de que la convivencia entre las dos juezas iba a ser imposible. El punto de inflexión lo marcó un escrito sin precedentes que la juez sevillana mandó al CGPJ cuestionando la capacidad de Bolaños, que era juez de Familia. para investigar la trama y en el que recordaba que esta juez y su marido son muy amigos del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.
PUBLICIDAD
División de la causa polémica. Anticorrupción y partes recurren
RELACIONADA
El diputado socialista Antonio Gutiérrez, más cerca de la imputación
No llevaba ni mes y medio en el juzgado cuando Núñez accede a la petición de la Fiscalía, rechazada siempre por su antecesora, y divide la causa de los ERE con el objetivo de acelerar la investigación y ir cerrando piezas para su enjuiciamiento. Ha dado prioridad a la rama centrada en el procedimiento irregular de concesión de las ayudas que afecta a los ex altos cargos. Pero su modo de trocear la causa matriz ha desconcertado a las partes. La Fiscalía, varias defensas y acusaciones han recurrido el auto de división del caso por defectos de nulidad. «No cumple ni en la forma ni en el fondo, en términos de estricta corrección procesal, como garantía del adecuado ejercicio de los derechos de defensa de las partes», argumenta la Fiscalía.
Dinero perdido y prescripción. El delito queda impune
La Fiscalía ha hecho sonar en varias ocasiones la alarma por la caducidad de delitos. Cinco años después, va camino de hacerse realidad. Fuentes judiciales apuntan a que próximamente verá la luz un auto que exculpa a doce empresarios implicados al estimar que han prescrito los delitos cometidos por ellos hace más de diez años. Un lustro puede ser una eternidad. Empiezan a fallecer los imputados (dos, el pasado mes de enero) y la Junta continúa sin recuperar ni un céntimo del dinero defraudado.
---------- Post added 25-feb-2016 at 12:10 ----------
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:42 ----------
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La investigación policial determina que las empresas anunciadas para Alcalá de los Gazules se transformaron en sociedades opacas de Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes o Luxemburgo.
F. RUFO/ P. INGELMO | ACTUALIZADO 14.04.2016 - 09:22
zoom
Imagen de archivo del polígono industrial de La Palmosilla en Alcalá de los Gazules, donde iban a instalarse los proyectos de Dávila Ouviña. /Manuel Aragón Pina
4 comentarios9 votosenviarimprimirincrementardisminuir
Share
¿Dónde está el dinero de Bahía Competitiva? Es, probablemente, la pregunta que más veces se ha realizado y que más ciudadanos han formulado desde que estallara este caso hace ya más de cuatro años. A juzgar por las pesquisas policiales, el dinero presuntamente defraudado, alrededor de 21 millones de euros (sólo para Cádiz), donde no está es en esta provincia.
Este periódico ha tenido acceso al atestado que elaboró en el año 2013 la brigada de la Udyco contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese documento se llega a una conclusión que, en estos días, cobra especial relevancia: el dinero procedente de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el mismo despacho de abogados, el de Mossack-Fonseca, el mismo que en estos días se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.
Ya en 2013, la propia Policía informó en un comunicado de cómo funcionaba lo que consideró como una "trama de corrupción" que dio por desarticulada, con la detención de 31 personas. En ese momento ya se explicó que un entramado formado por 50 empresas solicitaban las ayudas públicas al Ministerio de Industria, que presuntamente obtenían gracias a la ayuda de responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio, y que luego eran desviadas a paraísos fiscales. El principal investigado, decía la Policía, tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía en Madrid. Era Joaquín Arespacochaga, familia directa de un antiguo alcalde de la capital de España, y cuya labor profesional se relacionaba con fondos de inversión.
Pero ahora, la aparición pública de la labor de Mossack-Fonseca ha relacionado directamente a ese despacho panameño con lo ocurrido en Bahía Competitiva. Según el atestado, todo surge del "plan preconcebido" para instalar en Alcalá de los Gazules los proyectos para los que el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, considerado al principio cabecilla de todo este asunto, solicitó y consiguió las ayudas del Plan Reindus. La Policía añade, además, que la instalación de esos proyectos "parece haber sido a instancias de Antonio Perales". Perales era el responsable de la Junta de Andalucía en la oficina del Plan Bahía Competitiva, nacido a raíz del cierre de Delphi. Por ello, se explicó en aquella fecha que los proyectos que venían de la mano de Ouviña pretendían crear el empleo destruido con el cierre de la multinacional.
Pero nada más lejos de la realidad. Los proyectos nunca vieron la luz y, al poco tiempo, Dávila Ouviña fue detenido, al igual que una larga lista de responsables políticos y técnicos de la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Industria. Pero ya era tarde. El dinero había volado. Según el atestado, Perales y Ouviña mantienen reuniones con Joaquín Arespacochaga. El responsable de Bahía Competitiva insta a sus compañeros de viaje a que centren la inversión en su pueblo natal. Se concibe entonces un plan para la instalación no menos de 10 sociedades en Alcalá de los Gazules, lo que requiere la construcción de un polígono industrial. Son constituidas 11 sociedades.
Es en este punto cuando todo da un vuelco. La Policía cree acreditado que, entre este momento y fechas inmediatamente posteriores a la resolución definitiva de las ayudas por parte del Ministerio, todo ese conjunto de sociedades pasa a manos de los miembros de la familia Arespacochaga que habían intervenido (el propio Joaquín, Fernando -su padre- y Juan, según la Policía), a través de una compleja operación de venta de participaciones a sociedades ubicadas en paraísos fiscales. La colaboración de un notario de Madrid en estas operaciones se considera especialmente relevante.
Así, según consta en el atestado, las 10 empresas que originalmente Ouviña pretendía instalar en Alcalá, son participadas por nuevas sociedades en un tamaño que nunca supera el 25%. Así, por ejemplo, aparecen dos firmas, Chapi Holding y Ravel Holding. Ambas adquieren participaciones en cada una de las 10 empresas que, teóricamente, irían a parar a Alcalá: Tecmargal (17 y 23% respectivamente); Marbatec (24 y 18%); Sidermetalux (5 y 24%); Alcornocal Kork (14 y 14%); Plasmacenter (15 y 19%); Jellyfish (17 y 19%); Industria Tec. Tolmo (16 y 17%); Plasma Technologies (24% solo Chapi); y Bioenergy Park (20 y 15%). Estos 10 negocios, como se recordará, iban todos a instalarse en Alcalá pero sus sedes figuraban en una finca de Barbate o en una asesoría de El Puerto. Además de Chapi Holding y Ravel Holding hay otras 11 sociedades que se reparten la participación en las 'empresas gaditanas' hasta completar el 100%, por lo que la Policía las considera las "reales propietarias", con sedes que van desde Luxemburgo a las Islas Vírgenes británicas o las Islas Niue.
Lo llamativo del caso es que, como señala la Udyco, tanto Chapi como Ravel Holding tienen sede en Panamá. Pero, y aquí se inicia otro rocambolesco juego empresarial, se añade que Chapi fue creada por Ravel y, a su vez, Ravel fue creada por otra sociedad, Famax International, con sede en Panamá "creada a su vez también por el bufete de abogados expertos en blanqueo de capitales Mossack Fonseca". No es la única vinculación de este despacho. El atestado detalla que, con posterioridad, ambas firmas (Chapi y Ravel) son transmitidas a otra sociedad ubicada en las Islas Seychelles, Merida Group, que tiene su domicilio en el mismo lugar del bufete de Mossack-Fonseca. Y un tercer giro: la Policía dice constatar que hay personal que figura como propietario de las dos citadas compañías presentes en una tercera compañía: Grinton S.A., cuyo último propietario es Jurgen Mossack, socio fundador del bufete.
Con todo esto, la Policía concluye en su atestado que "se ha comprobado cómo los despachos del bufete Mossack Fonseca se emplean para domiciliar sociedades propietarias de las sociedades luxemburguesas, a su vez propietarias de las sociedades españolas subvencionadas o beneficiadas por estas, como es el caso de las que se ubican en las islas Seychelles, y muy probablemente las ubicadas en las Islas Vírgenes británicas". Y añade: "Este conjunto de datos otorga además una relevancia especial al bufete Mossack Fonseca y sus responsables y empleados en toda esta trama de defraudación y blanqueo de capitales, debido a que intervienen de modo muy relevante en varias de las operaciones de creación de sociedades interpuestas que carece de sentido alguno más allá de la mera dificultación en el rastreo y averiguación de la titularidad real de las sociedades investigadas".
El caso es que muchas de las personas que aparecen vinculadas a estas sociedades, ya sea en su consideración de testaferros (como Agustín Bobo), ya sea como considerados como cabecillas de la trama, han prestado ya declaración en el Juzgado número 4 de Cádiz que dirige la magistrada Lourdes del Río. Es más, como ya publicó en su día este periódico, la representación legal de Joaquín Arespacochaga presentó un escrito en el Juzgado en referencia a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de su supuesta participación en este caso. En ese escrito se realizaban alegaciones y se presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Además, deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.
Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.
El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.
Ante todo esto, en las conclusiones que se formulan dentro del sumario del caso, se dice claramente que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, su recuperación es improbable, los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tienen patrimonio a su nombre". Poco más que añadir.
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales. 21 millones.
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
El PP pide explicaciones a la presidenta Susana Díaz y a la líder provincial Irene García ante las supuestas irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva y su relación con los llamados papeles de Panamá. Se habrían perdido más de 21 millones para creación de empleo.
lavozdelsur.es Seguir a @VozdelSurJerez
17-04-2016 / 17:14 h.
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Meneame
Whatsapp
Javier Fergo
@JaviFergo
La Junta creó en 2007 el Plan Bahía Competitiva, financiado con fondos del Ministerio de Industria, en respuesta al cierre de la factoría Delphi.
Info
PP exige al PSOE el esclarecimiento del fraude del caso Bahía Competitiva
Etiquetas:
provincia junta papeles de Panamá paraísos fiscales Corrupción psoe pp
La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido "explicaciones" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a "paraísos fiscales" de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En rueda de prensa en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz y quien recientemente comparecía ante la comisión de investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las "irregularidades" detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre entre 2009 y 2010.
Señalando el "entramado financiero" detectado por la investigación en lo referente a los métodos presuntamente usados para desviar el dinero de tales subvenciones, Ruiz Sillero ha señalado las publicaciones que señalan que las partidas de las subvenciones habrían recaído en "paraísos fiscales", concretamente Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo, pasando por "sociedades opacas" a través del bufete Mossack-Fonseca, el mismo que se ha visto envuelto en el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá. "Pedimos explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente", concluye Teresa Ruiz Sillero. A su juicio, la socialista Susana Díaz "sigue viviendo en el país de las maravillas", mientras continúa "la pérdida de fondos públicos, perjudicando a los desempleados andaluces".
En esta línea, el secretario provincial del PP y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha afirmado que "éste es el resultado de la nefasta gestión socialista", lamentando el "descontrol de los gobiernos del PSOE en el Ministerio, la Junta y Diputación que ha derivado en la pérdida de más de 21 millones de euros que tenían que venir a la provincia para la creación de empleo y que, según la Policía, su recuperación es improbable".
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:21 ----------
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
CASO ERE
Subvenciones para cursos
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles'
Susana Díaz y Francisco Cuenca durante un paseo electoral en la campaña de las municipales. MIGUEL RODRÍGUEZ
"No tengo ni idea, imagino que lo pagaría yo", explica el concejal
El 'fondo de reptiles' becó a tres de los ocho candidatos del PSOE
10
ANTONIO SALVADOR
@ajsalvador70
CARMEN TORRES Sevilla
@carmentorrres
21/04/2016 00:57
Francisco Cuenca, candidato socialista a ocupar la Alcaldía de Granada tras la dimisión forzada de José Torres Hurtado (PP) por su posible implicación en una trama de corrupción urbanística, se benefició de una ayuda con cargo al fondo de reptiles que la Junta ha considerado ilegal.
Con cargo al presupuesto de 2008, aunque finalmente se pagó en el año 2009, la Dirección General de Trabajo y Seguridad concedió una subvención de 280.000 euros a la Fundación San Telmo el 29 de noviembre de 2007 para impartir un curso de alta dirección de Instituciones a cargos de la Junta. La Consejería de Empleo daba así continuidad a una colaboración iniciada en 2004 y que presupuestariamente siempre se imputó a la partida 31.L o 'fondo de reptiles'.
Como publicó EL MUNDO de Andalucía el 8 de junio de 2015, uno de los alumnos becados en la edición del curso impartido en 2009 fue Francisco Cuenca, entonces delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada. También se beneficiaron el hoy alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez.
A preguntas de este periódico, Francisco Cuenca -el candidato que optará a desalojar al PP de la Alcaldía tras la operación Nazarí- confirmó que realizó el curso y que dispone de la documentación que acredita tanto la solicitud como la concesión. «Ahora mismo no sabría decir con seguridad cómo lo hice. Sí recuerdo que eché la solicitud y que me enviaron la notificación de que estaba inscrito», explicó.
Cuenca, titular de la secretaría de Políticas Urbanas y Metropolitana en la ejecutiva del PSOE de Granada, añadió que vio «la información en la web» pero no recordó cómo lo costeó: «No tengo ni idea, imagino que lo pagaría yo». Las fuentes consultadas aseguran que todos los cargos de la Junta fueron becados con cargo al 'fondo de reptiles'.
Cuando este diario publicó la noticia, tanto Luis Salvador (C's) como Francisco Puentedura (IU) exigieron explicaciones sobre la financiación de estos cursos al entender que eran «fruto de un mal uso de fondos públicos». «Hay que aclarar el origen del dinero y quién se benefició y si conocían que estaban siendo subvencionados», defendió entonces Salvador.
En el informe realizado a instancia del juzgado que investiga el caso ERE, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han detectado hasta una decena de irregularidades en la concesión y tramitación de las cinco subvenciones que la Consejería de Empleo otorgó a la Fundación San Telmo entre 2004 y 2010 por un importe de al menos 1.192.000 euros para becar a 240 alumnos.
ayuda indebida
Como en otras decenas de ayudas, los interventores concluyen que en la concesión se prescindió «total y absolutamente del procedimiento establecido» y que el pago para que se impartieran cursos de alta dirección «no tiene carácter subvencional, sino contractual de prestación de servicios». «Las subvenciones concedidas nunca debieron otorgarse», detallan.
El 29 de diciembre de 2011, después de estallar el caso, la propia Consejería de Empleo inició el procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de las cinco ayudas concedidas a la Fundación San Telmo tras constatar «la ausencia de trámites inequívocamente imprescindibles que constituyen el contenido mínimo e irreductible del procedimiento».
En 2012, la institución interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que la Junta desestimara su reclamación de pago en relación con la ayuda que, por importe de 140.000 euros, le había concedido el director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, el 24 de febrero de 2010.
TEMAS RELACIONADOS
PSOE Granada José Torres Hurtado Huelva Andalucía
Compartir:
10 Comentarios
1
pecha
21/04/2016 07:18 horas
Susana tenía otro igual, ojito...
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:22 ----------
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La investigación policial determina que las empresas anunciadas para Alcalá de los Gazules se transformaron en sociedades opacas de Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes o Luxemburgo.
F. RUFO/ P. INGELMO | ACTUALIZADO 14.04.2016 - 09:22
zoom
Imagen de archivo del polígono industrial de La Palmosilla en Alcalá de los Gazules, donde iban a instalarse los proyectos de Dávila Ouviña. /Manuel Aragón Pina
4 comentarios9 votosenviarimprimirincrementardisminuir
Share
¿Dónde está el dinero de Bahía Competitiva? Es, probablemente, la pregunta que más veces se ha realizado y que más ciudadanos han formulado desde que estallara este caso hace ya más de cuatro años. A juzgar por las pesquisas policiales, el dinero presuntamente defraudado, alrededor de 21 millones de euros (sólo para Cádiz), donde no está es en esta provincia.
Este periódico ha tenido acceso al atestado que elaboró en el año 2013 la brigada de la Udyco contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese documento se llega a una conclusión que, en estos días, cobra especial relevancia: el dinero procedente de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el mismo despacho de abogados, el de Mossack-Fonseca, el mismo que en estos días se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.
Ya en 2013, la propia Policía informó en un comunicado de cómo funcionaba lo que consideró como una "trama de corrupción" que dio por desarticulada, con la detención de 31 personas. En ese momento ya se explicó que un entramado formado por 50 empresas solicitaban las ayudas públicas al Ministerio de Industria, que presuntamente obtenían gracias a la ayuda de responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio, y que luego eran desviadas a paraísos fiscales. El principal investigado, decía la Policía, tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía en Madrid. Era Joaquín Arespacochaga, familia directa de un antiguo alcalde de la capital de España, y cuya labor profesional se relacionaba con fondos de inversión.
Pero ahora, la aparición pública de la labor de Mossack-Fonseca ha relacionado directamente a ese despacho panameño con lo ocurrido en Bahía Competitiva. Según el atestado, todo surge del "plan preconcebido" para instalar en Alcalá de los Gazules los proyectos para los que el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, considerado al principio cabecilla de todo este asunto, solicitó y consiguió las ayudas del Plan Reindus. La Policía añade, además, que la instalación de esos proyectos "parece haber sido a instancias de Antonio Perales". Perales era el responsable de la Junta de Andalucía en la oficina del Plan Bahía Competitiva, nacido a raíz del cierre de Delphi. Por ello, se explicó en aquella fecha que los proyectos que venían de la mano de Ouviña pretendían crear el empleo destruido con el cierre de la multinacional.
Pero nada más lejos de la realidad. Los proyectos nunca vieron la luz y, al poco tiempo, Dávila Ouviña fue detenido, al igual que una larga lista de responsables políticos y técnicos de la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Industria. Pero ya era tarde. El dinero había volado. Según el atestado, Perales y Ouviña mantienen reuniones con Joaquín Arespacochaga. El responsable de Bahía Competitiva insta a sus compañeros de viaje a que centren la inversión en su pueblo natal. Se concibe entonces un plan para la instalación no menos de 10 sociedades en Alcalá de los Gazules, lo que requiere la construcción de un polígono industrial. Son constituidas 11 sociedades.
Es en este punto cuando todo da un vuelco. La Policía cree acreditado que, entre este momento y fechas inmediatamente posteriores a la resolución definitiva de las ayudas por parte del Ministerio, todo ese conjunto de sociedades pasa a manos de los miembros de la familia Arespacochaga que habían intervenido (el propio Joaquín, Fernando -su padre- y Juan, según la Policía), a través de una compleja operación de venta de participaciones a sociedades ubicadas en paraísos fiscales. La colaboración de un notario de Madrid en estas operaciones se considera especialmente relevante.
Así, según consta en el atestado, las 10 empresas que originalmente Ouviña pretendía instalar en Alcalá, son participadas por nuevas sociedades en un tamaño que nunca supera el 25%. Así, por ejemplo, aparecen dos firmas, Chapi Holding y Ravel Holding. Ambas adquieren participaciones en cada una de las 10 empresas que, teóricamente, irían a parar a Alcalá: Tecmargal (17 y 23% respectivamente); Marbatec (24 y 18%); Sidermetalux (5 y 24%); Alcornocal Kork (14 y 14%); Plasmacenter (15 y 19%); Jellyfish (17 y 19%); Industria Tec. Tolmo (16 y 17%); Plasma Technologies (24% solo Chapi); y Bioenergy Park (20 y 15%). Estos 10 negocios, como se recordará, iban todos a instalarse en Alcalá pero sus sedes figuraban en una finca de Barbate o en una asesoría de El Puerto. Además de Chapi Holding y Ravel Holding hay otras 11 sociedades que se reparten la participación en las 'empresas gaditanas' hasta completar el 100%, por lo que la Policía las considera las "reales propietarias", con sedes que van desde Luxemburgo a las Islas Vírgenes británicas o las Islas Niue.
Lo llamativo del caso es que, como señala la Udyco, tanto Chapi como Ravel Holding tienen sede en Panamá. Pero, y aquí se inicia otro rocambolesco juego empresarial, se añade que Chapi fue creada por Ravel y, a su vez, Ravel fue creada por otra sociedad, Famax International, con sede en Panamá "creada a su vez también por el bufete de abogados expertos en blanqueo de capitales Mossack Fonseca". No es la única vinculación de este despacho. El atestado detalla que, con posterioridad, ambas firmas (Chapi y Ravel) son transmitidas a otra sociedad ubicada en las Islas Seychelles, Merida Group, que tiene su domicilio en el mismo lugar del bufete de Mossack-Fonseca. Y un tercer giro: la Policía dice constatar que hay personal que figura como propietario de las dos citadas compañías presentes en una tercera compañía: Grinton S.A., cuyo último propietario es Jurgen Mossack, socio fundador del bufete.
Con todo esto, la Policía concluye en su atestado que "se ha comprobado cómo los despachos del bufete Mossack Fonseca se emplean para domiciliar sociedades propietarias de las sociedades luxemburguesas, a su vez propietarias de las sociedades españolas subvencionadas o beneficiadas por estas, como es el caso de las que se ubican en las islas Seychelles, y muy probablemente las ubicadas en las Islas Vírgenes británicas". Y añade: "Este conjunto de datos otorga además una relevancia especial al bufete Mossack Fonseca y sus responsables y empleados en toda esta trama de defraudación y blanqueo de capitales, debido a que intervienen de modo muy relevante en varias de las operaciones de creación de sociedades interpuestas que carece de sentido alguno más allá de la mera dificultación en el rastreo y averiguación de la titularidad real de las sociedades investigadas".
El caso es que muchas de las personas que aparecen vinculadas a estas sociedades, ya sea en su consideración de testaferros (como Agustín Bobo), ya sea como considerados como cabecillas de la trama, han prestado ya declaración en el Juzgado número 4 de Cádiz que dirige la magistrada Lourdes del Río. Es más, como ya publicó en su día este periódico, la representación legal de Joaquín Arespacochaga presentó un escrito en el Juzgado en referencia a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de su supuesta participación en este caso. En ese escrito se realizaban alegaciones y se presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Además, deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.
Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.
El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.
Ante todo esto, en las conclusiones que se formulan dentro del sumario del caso, se dice claramente que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, su recuperación es improbable, los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tienen patrimonio a su nombre". Poco más que añadir.
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales. 21 millones.
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
El PP pide explicaciones a la presidenta Susana Díaz y a la líder provincial Irene García ante las supuestas irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva y su relación con los llamados papeles de Panamá. Se habrían perdido más de 21 millones para creación de empleo.
lavozdelsur.es Seguir a @VozdelSurJerez
17-04-2016 / 17:14 h.
Google+
Meneame
Javier Fergo
@JaviFergo
La Junta creó en 2007 el Plan Bahía Competitiva, financiado con fondos del Ministerio de Industria, en respuesta al cierre de la factoría Delphi.
Info
PP exige al PSOE el esclarecimiento del fraude del caso Bahía Competitiva
Etiquetas:
provincia junta papeles de Panamá paraísos fiscales Corrupción psoe pp
La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido "explicaciones" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a "paraísos fiscales" de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En rueda de prensa en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz y quien recientemente comparecía ante la comisión de investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las "irregularidades" detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre entre 2009 y 2010.
Señalando el "entramado financiero" detectado por la investigación en lo referente a los métodos presuntamente usados para desviar el dinero de tales subvenciones, Ruiz Sillero ha señalado las publicaciones que señalan que las partidas de las subvenciones habrían recaído en "paraísos fiscales", concretamente Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo, pasando por "sociedades opacas" a través del bufete Mossack-Fonseca, el mismo que se ha visto envuelto en el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá. "Pedimos explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente", concluye Teresa Ruiz Sillero. A su juicio, la socialista Susana Díaz "sigue viviendo en el país de las maravillas", mientras continúa "la pérdida de fondos públicos, perjudicando a los desempleados andaluces".
En esta línea, el secretario provincial del PP y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha afirmado que "éste es el resultado de la nefasta gestión socialista", lamentando el "descontrol de los gobiernos del PSOE en el Ministerio, la Junta y Diputación que ha derivado en la pérdida de más de 21 millones de euros que tenían que venir a la provincia para la creación de empleo y que, según la Policía, su recuperación es improbable".
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:24 ----------
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta" | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE DE LOS CURSOS. Comisión de investigación
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta"
Destaca que la patronal, UGT y CCOO incumplían la normativa y tenían un trato de favor político
El día en que el testigo protegido acudió a declarar con escolta
3
CARMEN TORRES Sevilla
@CarmenTorrres
22/04/2016 20:50
El testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en el caso de la formación, el funcionario Teodoro Montes, ha explicado este viernes que los cursos se convirtieron en el "negocio del siglo en la Junta" con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, a los que ha señalado como los responsables. A la pregunta de si los empresarios obtenían beneficios de una subvenciones que impedían, teóricamente, ese objetivo, ha asegurado que en algunos casos, como el de los sindicatos, el beneficio era del "cien por cien" por el incumplimiento de los requisitos, y que no eran sólo los agentes sociales, las empresas y las entidades quienes se beneficiaban, sino también el Gobierno andaluz. A su juicio, el Gobierno de la Junta ha obtenido "pingües beneficios" en términos de paz social, influencia y relaciones. Es decir, un beneficio electoral. Precisamente el mismo que señala la juez Alaya en el caso de los ERE. "Áreas de influencia de todas todas", ha respondido a las preguntas de los diputados, sin querer concretar más.
"En la formación entiendo que ha habido un Gobierno que ha planificado de principio a fin, ha marcado unas directrices de personas e instituciones, ha ubicado de forma singular a personas que se prestan a cosas. Si además esas personas hilvanan con personas, instituciones, fundaciones, ayuntamientos...", ha explicado. Tampoco ha dudado al responder con un rotundo "sí" y poner ejemplos concretos de cómo se ha perdido dinero público. Según la UCO de la Guardia Civil, serían 3.000 millones de 2005 a 2013 bajo sospecha. Según el Gobierno andaluz, 733.
Además, Montes, funcionario de la formación desde hace 20 años y ex jefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, cree que la promesa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de poner en marcha otra vez los cursos en el mes de mayo, después de cinco años sin convocatoria, no tiene garantías. "Difícilmente se están subsanando los problemas que hubo y se está haciendo peor de cara a un futuro inmediato". ¿Por qué? Porque las herramientas, directrices y resoluciones que se están poniendo en marcha para retomar la formación "buscan una aplicabilidad que no hay dios quien lo ponga en pie". "Tiene que haber por parte de la superioridad de tener la intención de hacer una formación de calidad", ha explicado, para reclamar una mejor organización del trabajo, tras denunciar que hay técnicos que han tenido que supervisar 217 cursos, algo imposible de cumplir.
En este sentido, el funcionario ha hablado de "desastre y caos" y de "trato muy favorable" a agentes sociales como la patronal andaluza, la CEA, y los sindicatos UGT y CCOO. Ha asegurado que los tres incumplían la normativa con la connivencia de los altos cargos y que estaban acostumbrados a hacer "lo que les daba la gana".
En su primera intervención, ha destacado que la Confederación de Empresarios de Andalucía no cumplía la normativa vigente en sus cursos. Al igual que otros agentes sociales como UGT y Comisiones Obreras, recibían un trato de favor que resultaba, incluso, "humillante" hacia el resto de entidades. Entre esas irregularidades ha destacado que algunas hacían "inviable" la celebración de los cursos, pero que eran "consentidas". Siempre se ha referido a los responsables como "la superioridad". Entre esos defectos ha subrayado el "atropello documental" y que no había "nada imposible para ellos", desde presentar decenas de propuestas de cursos un día antes del plazo a homologaciones inadecuadas y equipamientos "muy deficientes y que en algunos casos no existían". En este sentido, ha afirmado que las sedes del PSOE y los sindicatos utilizadas en los cursos "dejan mucho que desear", especialmente en el mundo rural.
También ha relatado la existencia de cursos fantasma, suplantación de alumnos e irregularidades consentidas como se compraran 75.000 kilos de carne para dar un curso de formación como carnicero. Todo denunciado por él y consentido "por la superioridad". Entre los trucos de las entidades para obtener beneficios en connivencia con la Administración destaca el dinero destinado a sueldo de docentes y gastos varios; la disminución de la supervisión por parte de los técnicos por el cambio de las competencias entre las consejerías y la propia maquinaria de la Junta, dispuesta siempre a facilitar el negocio en vez de controlarlo. Todo con ejemplos de casos concretos vividos en su persona, como su decisión de anular un curso de CCOO por irregularidades que detectó en una visita y la negativa de sus jefes a permitirlo. "Era muy abusivo el gasto de material. No había racionalidad en el gasto. También habría que ideonizar la elección de los docentes y no hacerla de forma caprichosa o interesada", ha asegurado.
"Llegó a ser tan lucrativo que en 2010 hubo una avalancha" de peticiones de cursos imposible de supervisar, ha recordado, explicando cuál fue la "solución salomónica" por parte de la Junta: establecer que los beneficiarios presentaran una declaración jurada para "arrancar" con los cursos. "Algunas no había por dónde cogerlas", ha explicado, incluidos varios trucos de algunas entidades para "saltarse la cola", como proponer acciones formativas para colectivos de carácter preferente como discapacitados, que les permitía "ponerse los primeros". Una vez que no encontraban alumnos con esas características especiales pero que ya tenían el dinero asignado, "reconvertían" esos cursos.
Sobre la estrategia de la Junta de enviar al Parlamento toda la documentación original sobre la formación para ahogar a la comisión en 31 millones de folios, ha advertido de sus consecuencias. "Tengo una lista de tres años de demandantes de certificados y diplomas" a los que no se puede atender por esa falta de documentación.
En cuanto a su situación de acoso laboral acreditada por una sentencia del Tribunal Supremo, el funcionario ha asegurado que no ha dejado de aumentar desde su reincorporación a la plaza.
TEMAS RELACIONADOS
CCOO UGT Tribunal Supremo Susana Díaz PSOE Caso de los ERE Mercedes Alaya
Compartir:
3 Comentarios
1
Enrique Romero Muñoz
22/04/2016 22:08 horas
¿Existe la mas minima posibilidad, aunque sea por la gracia del Espiritu Santo, que la Justicia, en Andalucia, de una vez y para siempre, se digne satisfacer a los andaluces que han sufrido el escarnio de unos Gobiernos, siempre del PSOE, con actitudes mafiosas, para apoderarse de los miles de millones de euros de Europa y de los contribuyentes españoles, con fines propios para ayudas a los necesitados y faltos de formacion? Ya es hora que, la Justicia, tome cartas en este asunto tan sumamente espinoso para Andalucia y los andaluces.
2
x8085
22/04/2016 22:38 horas
Susana Diaz corrupta!! Y Chaves y Griñán tres cuartos de lo mismo!
V
El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 06:25 ----------
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:25 ----------
Cuando Susana Díaz hacía "botellona" | Libertad Digital | Versión Móvil (mobile)
Cuando Susana Díaz hacía "botellona"
"Yo hago 'botellonas' como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra"
La presidenta andaluza fue una firme defensora de que los jóvenes bebieran en la calle cuando fue delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Sevilla.
LIBERTAD DIGITAL
Como todos, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tenido un pasado. Gracias a la hemeroteca podemos ver a la lideresa socialista mucho más joven y defendiendo a capa y espada el botellón en la capital hispalense. Por aquel entonces, en el ocaso del siglo XX, Susana Díaz era delegada municipal de Juventud.
Se trata del ejemplar del diario El Mundo, en su edición sevillana, correspondiente al 30 de agosto de 1999. Entonces, Susana Díaz contaba con 24 años y hacía una fervorosa defensa del botellón ("botellona", según decía ella) entre los jóvenes sevillanos. "Yo hago 'botellonas' como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra", señalaba la joven Susana Díaz en las páginas del diario que, por aquel entonces, dirigía Pedro J. Ramírez.
No sólo estaba a favor de que bebiera en la calle todo aquel que quisiera hacerlo, sino que además se oponía a la creación de espacios específicos para hacer "botellona" y se mostraba en contra de "gastar nada del presupuesto de juventud" en generar "guetos" y crear "un sitio de movida artificial". Para Díaz, "si hay planes especiales de limpieza en Semana Santa o el Corpus, por qué no v a a haberlos los fines de semana", decía antes de proclamar: "¡Que beba en la calle todo el que quiera hacerlo!"
El motivo por el que Susana Díaz hacía esta férrea defensa de la ingesta de alcohol en la calle era claro: "no creo que a los jóvenes sevillanos les apetezca los fines de semana ir a bailes de salón."
Precisamente este fin de semana, no parece que Díaz vaya a irse de "botellona" ya que tiene cita con el Comité Federal del PSOE para aprobar el aplazamiento del 39 Congreso Federal, que iba a celebrarse en mayo para elegir al secretario general, pero que finalmente quedará pospuesto sin fecha hasta que se forme el nuevo gobierno.
Cuando Susana Díaz hacía "botellona" | Libertad Digital | Versión Móvil (mobile)
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:26 ----------
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria' | Andalucía | EL MUNDO
GRANADA. La gestión de la crisis tras la dimisión de Torres Hurtado
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria'
El portavoz y candidato del PSOE en Granada, Francisco Cuenca, en una reunión con ediles de Podemos. MIGUEL RODRÍGUEZ
La UDEF concluyó que Francisco Cuenca abrió la puerta de la empresa de capital riesgo a una productora en una operación ruinosa
Francisco Cuenca, becado por el fondo de reptiles
2
ANTONIO SALVADOR Sevilla
@ajsalvador70
22/04/2016 09:50
El candidato socialista a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, fue el alto cargo que abrió la puerta de Invercaria a la productora local Kandor Grafics para obtener financiación, siendo uno de los grandes fiascos de la empresa de capital riesgo de la Junta y una de las operaciones bajo investigación judicial.
Ésta es una de las conclusiones que detalló el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el atestado enviado al juzgado que investiga el caso Invercaria tras analizar la concesión de ayudas a esta empresa granadina, declarada en concurso voluntario de acreedores en abril de 2014 tras haber recibido ayudas millonarias de la Administración autonómica.
Los investigadores se apoyan en la declaración prestada en sede policial el 18 de marzo de 2015 por Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria y uno de los siete investigados en esta pieza por un presunto delito de malversación de caudales públicos. «La operación Kandor fue presentada por el delegado de Innovación en Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, previo ofrecimiento de Cajagranada», manifestó Pérez-Sauquillo.
Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y candidato a suceder al popular Torres Hurtado tras su forzada dimisión por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, fue nombrado el 13 de mayo de 2008 delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa -el departamento del que entonces dependía Invercaria- tras haber ocupado la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en esa misma provincia.
A finales de 2010, Cuenca abandonó el Gobierno andaluz al ser elegido candidado del PSOE a la Alcaldía de Granada para las municipales de 2011. En el acto de su presentación, al que asistieron José Antonio Griñán y Susana Díaz, hizo subir al escenario a uno de los dueños de Kandor Grafics -Manuel Sicilia-, quien llegó a intervenir y le dio su apoyo.
La presentación del proyecto de Kandor Grafics a Invercaria por parte de Cuenca tuvo lugar tras el ofrecimiento realizado por Cajagranada, que había concedido a la productora un «elevado volumen de financiación». En concreto, la entidad financiera hoy integrada en Banco Mare Nostrum (BMN) llegó a otorgar 20.507.262,9 euros, según precisa la UDEF en el atestado.
Para apuntalar el papel de 'padrino' ante la Junta que tuvo Cuenca, la Policía recuerda que el hoy concejal socialista había sido también miembro de la asamblea general de Cajagranada.
La investigación que lleva a cabo la UDEF y el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha permitido conocer que la Junta concedió al menos 7.027.599 euros a Kandor a través de diferentes organismos y líneas de financiación.
El principal apoyo lo recibió de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) -dependiente hoy de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio-, que le dio cinco millones de euros al amparo del Fondo Jeremie: tres mediante un préstamo participativo y dos mediante entrada en el capital de la sociedad.
Invercaria, por su parte, le otorgó 1.498.000 euros entre participación en capital, préstamos ordinarios y participativos, al tiempo que la Consejería de Cultura le dio subvenciones por importe de otros 529.599,47 euros entre 2006 y 2013.
También la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) colaboró con Kandor Grafics. En concreto, recibió una aportación de 120.000 euros de la cadena autonómica para la película Justin y la espada del valor, presupuestada en 21.840.791 euros y en cuya producción participó una empresa de Antonio Banderas.
El importante apoyo económico recibido por la productora granadina es objeto de investigación en dos procedimientos judiciales diferentes. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla analiza las ayudas que Invercaria le concedió a Kandor Grafics, que centra una de las piezas en que se ha desgajado la causa con siete investigados por malversación de caudales públicos. Entre los imputados están los ex presidentes de la empresa de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla abrió diligencias el pasado mes de octubre para esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones de euros con cargo al Fondo Jeremie.
Esta investigación se puso en marcha a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF en un informe elevado al juez del caso Invercaria. La apertura de diligencias era respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía que se investigara el fondo Jeremie pero desgajado del sumario de Invercaria.
Fueron precisamente las ayudas otorgadas por Invercaria a Kandor Graphics las que permitieron tirar del hilo que al final dejó al descubierto el caso Jeremie.
Durante la investigación de la UDEF sobre las ayudas de Invercaria a la productora de cine, los agentes constataron que, además de los préstamos de la empresa pública dependiente de la Agencia IDEA, también recibió unos fondos denominados Jeremie que gestionaba la también sociedad pública Soprea, dependiente igualmente de la Agencia IDEA.
TEMAS RELACIONADOS
Sevilla PSOE Policía Nacional José Antonio Griñán Susana Díaz Caso Invercaria
Compartir:
2 Comentarios
1
miguel_madridista
22/04/2016 10:18 horas
Ciudadanos tomará nota
2
gomersindo
22/04/2016 10:31 horas
En Andalucía, cualquier político del PSOE o está manchado con la Formación o por los ERES o por Invercaria...Esto lo sabe todo el mundo menos...,sí, correcto su pensamiento: Ciudadanos.
Ver 2 comentarios
Escuela Unidad Editorial Unidad Editorial Expansión y Empleo
© ELMUNDO.es Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Una web de Unidad Editorial
El candidato socialista para la Alcaldía de Granada, señalado también en el 'caso Invercaria' | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 07:06 ----------
El candidato socialista a alcalde de Granada, becado por el 'fondo de reptiles' | Andalucía | EL MUNDO
El PSOE rechaza las condiciones de C's para pactar la alcaldía de Granada | Andalucía | EL MUNDO
Podemos envía un 'observador' a una rueda de prensa del PSOE | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:27 ----------
CORRUPCIÓN POLÍTICA. Adjudicaciones irregulares
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación | Sevilla | EL MUNDO
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz | Andalucía | EL MUNDO
El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. CARLOS MÁRQUEZ
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación
La Fiscalía investiga al consejero de Economía por prevaricación
3
EL MUNDO Sevilla
18/04/2016 14:33
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano.
En el auto, fechado el pasado 12 de abril, la Sala se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Antonio Ramírez de Arellano por unos hechos en los que habría participado en su calidad de antiguo titular del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, tal y como destapó EL MUNDO.
Según recoge el auto, los informes de la Policía judicial emitidos tanto en el seno de las Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía de Sevilla como en las de la Fiscalía Superior de Andalucía, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, el 'Estudio Preliminar de instalaciones', el Proyecto de Ejecución y la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de Arquitectura en detrimento de otros, lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a don Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones".
Los hechos, en caso de ser confirmados, "podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados", señala la resolución judicial, que añade que en cuanto a la autoría, "el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por el Sr. Ramírez de Arellano López por tener competencia para ello, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar".
La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud. En este sentido, se señala que "que la "verosimilitud" comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia, pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada".
El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz | Andalucía | EL MUNDO
La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación | Sevilla | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:34 ----------
CASO DE LA FORMACIÓN. Comisión de investigación
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación"
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
La ex directora general de Empleo y cuñada de Ojeda, en el Parlamento andaluz. CARLOS MÁRQUEZ
La ex directora general de Empleo arremete contra la policía y los medios
Ojeda: "Nunca he ganado dinero con la formación de la Junta"
0
CARMEN TORRES Sevilla
@carmentorrres
22/04/2016 19:02
"No sabía que se dedicaba a esto. Se lo puede creer o no, pero era así". Teresa Florido, directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas de la Junta de Andalucía desde junio de 2011 a mayo de 2012 y cuñada de Ángel Ojeda, ex consejero de la Junta y uno de los principales imputados en el caso de la formación, ha asegurado este viernes que desconocía a qué se dedicaba el entramado profesional del hermano de su marido cuando ella fue nombrada responsable de la Formación Profesional.
Así ha respondido Florido a la diputada de IU Elena Cortés, en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el fraude de los cursos. No obstante, Florido no ha querido contestar las reiteradas preguntas del PP sobre cuándo descubrió que su cuñado era una de los mayores beneficiarios de esas subvenciones -recibió unos 50 millones de dinero público- ni por qué, entonces, se había abstenido de firmar las órdenes relacionadas, precisamente, con el entramado de Ojeda.
Además, Florido ha arremetido contra los cuerpos de seguridad por su "artificiosa" detención, especialmente contra la UCO, a la que ha acusado de connivencia con la juez Mercedes Alaya, "que ya no está". También ha atacado al PP por sus denuncias y a los medios de comunicación por la "persecución" que dice haber sufrido esta imputada en la causa.
En esta línea, la compareciente ha señalado que tras aceptarse su abstención en los expedientes de subvenciones a las empresas de Ojeda por ser su cuñado, los funcionarios realizaron un listado con las mismas para que "ningún papel que requiriera su firma pasara a ella". "Yo no vi ese listado hasta tiempo después", ha asegurado.
También ha defendido su actuación al conocer irregularidades. Según ha relatado, en una ocasión descubrió una irregularidad, que terminó con el cese de la directora general de Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), en El Rocío (Almonte). Por este motivo se cambió la normativa y se revisaron los expedientes de este consorcio. Esta irregularidad se comunicó al entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, que le instó a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía "hoy mejor que mañana", y así se hizo. "Cuando dejé el puesto la Fiscalía de Huelva no había contestado", ha explicado.
A partir de ahí, Florido, también ex concejala en Sevilla, ha convertido la comisión de investigación parlamentaria en una especie de plató de televisión, solicitando que los diputados del PP abandonaran la sala durante su declaración y haciendo alusiones personales a los representantes del principal del partido de la oposición andaluza, y en concreto a la parlamentaria Teresa Ruiz Sillero.
"Siento mucho que usted no esté casada. Yo tengo mucha suerte", le ha espetado a la diputada cuando ésta, por error, se ha referido a ella como la "señora Ojeda".
"Que se abstenga de preguntarme. Usted misma está relatando lo que ha soñado esta noche o su imaginación". "Es que usted está preguntando fatal", "le falta la sonrisa", ha interrumpido constantemente a la diputada, que ha pedido amparo, sin éxito, al presidente de la comisión, Julio Díaz (C's).
"En cuanto a mi cuñado ya he contestado todo lo que tenía que contestar. Si no se ha enterado se lo repito", ha espetado la compareciente, que incluso se reía mientras escuchaba las preguntas del PP.
TEMAS RELACIONADOS
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión...
Comentar noticia
La ex alto cargo cuñada de Ojeda: "No sabía que se dedicaba a la formación" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 23-abr-2016 at 07:08 ----------
El testigo protegido de Alaya acude a declarar escoltado por la Guardia Civil | Sevilla | EL MUNDO
Ojeda: "Nunca he ganado dinero con la formación de la Junta; fue al costo" | Andalucía | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:36 ----------
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE EN LA FORMACIÓN
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués
ANTONIO SALVADORSEBASTIÁN TORRESSevilla Actualizado: 24/05/2015 11:32 horas
La Policía cree que trató de «ocultar y blanquear» fondos procedentes de las ayudas desviándolos a Chile
---------- Post added 24-may-2015 at 12:27 ----------
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en un banco luxemburgués | Andalucía | EL MUNDO
La juez Alaya imputa a otros dos ex consejeros de la Junta por el fraude en los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Último auto antes de abandonar su juzgado
Alaya imputa a otros dos ex consejeros por la formación
ANTONIO SALVADORSevilla SEBASTIÁN TORRES Actualizado: 16/06/2015 12:00 horas
La magistrada se despide como titular del juzgado número 6 de Sevilla ampliando las acusaciones por el descontrol en las subvenciones y señala a los ex consejeros Antonio Ávila y Manuel Recio.
La juez Alaya imputa a otros dos ex consejeros de la Junta por el fraude en los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
La jueza Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila en la causa de los cursos de formación - 20minutos.es
La juez Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila en los cursos de formación
Alaya imputa a dos exconsejeros por prevaricación y malversación | España | EL PA
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:38 ----------
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
ANDALUCÍA >
08:01h 25 de febrero de 2016
CORRUPCIÓN
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
Una treintena de juzgados andaluces investigan casos de manejo irregular y sin control de fondos públicos
El cerco a la Junta: 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
EFE/JAVIER LIZON |Griñán, tras declarar ante el Supremo el pasado abriil
A. R. VEGA / N. VILLANUEVA
Han dejado de abrir los telediarios y de ocupar titulares a cinco columnas, pero nunca antes se habían acumulado en los juzgados tantas causas pendientes por corrupción que involucran a gobiernos de Andalucía. La «red clientelar» tejida en torno al fondo de la Junta para subvencionar despidos (caso ERE) en empresas fue sólo el principio de una infección que se ha hecho metástasis en el sistema de la única Autonomía en España que no ha conocido la alternancia política en más de tres décadas. Tras él, durante el último lustro han estallado como minas de espoleta retardada hasta ocho escándalos más relacionados con el manejo indebido de fondos públicos que han dado pie a treinta procedimientos judiciales simultáneos, con 584 imputados y más de 4.300 millones de euros bajo la sombra de la sospecha.
PUBLICIDAD
Los políticos investigados, algunos por varios sumarios a la vez, ya no ocupan la primera línea. Ninguno de ellos ha sido juzgado. Pero los andaluces han pagado una factura incalculable. Desde hace más de un año, la Junta ha impuesto un apagón informativo sobre el dinero recuperado porque no hay nada que cuantificar. Sólo en 2014 la Comunidad a la cabeza de paro en la Unión Europea tuvo que devolverle al Estado 227 millones en fondos para combatir el desempleo porque la Junta dejó de financiar cursos desde 2011 al extenderse la mancha de las irregularidades. Éstos son los principales sumarios que hoy asedian al mayor monopolio de poder del PSOE.
Fraude de los ERE
RELACIONADA
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
Si existiera un Guinness Records de la corrupción española, el caso de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía el primer puesto, desbancando al «caso Malaya». Después de cinco años de pesquisas, la cifra de investigados llega a 276. El pasado lunes sumó uno más a la lista. Algunos han fallecido antes de sentarse en un banquillo porque juicio señalado no hay. Tirando del hilo de las grabaciones de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a empresarios a cambio de ayudas autonómicas de formación, la juez Mercedes Alaya —que en junio cambió el juzgado por la Audiencia de Sevilla— descubrió, casi por casualidad, a los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. El exdirigente de UGT que tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según espetó su madre a unos guardias civiles en un registro, comparte protagonismo con el exdirector general Francisco Javier Guerrero en la galería de personajes que ha dado esta trama.
PUBLICIDAD
Menú gallego para dos
32.9€LLÉVATELO
Mocedades Concierto 45 aniversario
16.5€LLÉVATELO
Pack 3 Boxer Emporio Armani
24.99€LLÉVATELO
Nueve aforados han tenido que declarar ante el Supremo y a otros cuatro exconsejeros ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El caso ERE acabó con las carreras políticas de dos tótemes del PSOE, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Juntos han gobernado la Comunidad durante casi un cuarto de siglo. La sustituta de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, mantiene una causa troncal y ha desgajado seis piezas de ella. El juez de refuerzo Álvaro Martín investiga el procedimiento «ilegal» de concesión de ayudas (855 millones en total) que afecta a los expresidentes y a 49 ex altos cargos.
Formación
COMENTARIOS
Ver todos los comentarios
Hay 18 procedimientos abiertos por jueces andaluces por el fraude de formación, aunque el sumario de más enjundia mediática aguarda en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, del que es titular Núñez desde hace ocho meses. Alaya abrió diligencias en marzo de 2014 tras hallar vasos comunicantes entre las ayudas para formación y la trama de los ERE. Como personaje-puente emerge Juan Lanzas. La Guardia Civil descubrió que dos empresas pantalla dedicadas a organizar cursos, proveedores de UGT Andalucía, fueron utilizadas por éste para aflorar las comisiones ilegales de los ERE. El caudal de ayudas bajo sospecha supera los 3.000 millones entre 2007 y 2013. Se ignora la cuantía defraudada.
PUBLICIDAD
Antes de cambiar de destino, Alaya había dado con «una red de clientelismo político» para destinar «ingentes fondos públicos para favorecer» a entidades y empresarios próximos al PSOE con la participación de «los responsables políticos de la Junta de Andalucía». Algunos cursos no se impartieron nunca. Hay tres exconsejeros de la Junta imputados, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos los que tuvieron la cartera de Empleo entre 2004 y 2013. También se investiga a otro empresario, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien, a juicio de Alaya y de la Policía, usó sus influencias para montar una red de empresas que captó 52,6 millones en ayudas entre 2008 y 2013. El círculo de investigados incluye a siete exdelegados de Empleo en provincias andaluzas, cuatro ex directores generales y tres directivos de los consorcios de formación financiados por la Junta, cargos nombrados por el Ejecutivo socialista entre 2008 y 2012. Núñez ha dividido esta macrocausa fue dividida en nueve piezas.
Invercaria
El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga la presunta malversación de caudales públicos por parte de la empresa de capital-riesgo de la Junta de Andalucía, un procedimiento que, con piezas separadas, suma una treintena de imputados de la cúpula de la sociedad y empresas como FIVA, Andalus, Fumapa, Juana Martín; EDM; Lolita Canalla; Sociedad Consultora para la Sostenibilidad integral S.L.; y Kandor Graphics, a las que Invercaria inyectó hasta 60 millones de euros en 278 proyectos empresariales entre 2005 y 2009. Hay una decena de piezas por cada una de las sociedades a las que Invercaria inyectó capital público sin ningún control. El último informe de la Intervención General de la Junta detectó que la compañía pública se había podido financiar irregularmente con comisiones. Es el último capítulo de un escándalo que detonó en la campaña de las autonómicas de 2012 al salir a la luz una grabación donde se escuchaba a la que fuera directora general de Invercaria, Laura Gómiz, frases tan chocantes como ésta: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».
Fondos Jeremie
Este caso afecta también a las ayudas europeas concedidas por la Junta. El juzgado de instrucción 5 de Sevilla investiga si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones con cargo al Fondo Jeremie, parte de los cuales se dedicaron a financiar operaciones fallidas durante la etapa de Susana Díaz. El caso se inició a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF de la Policía Nacional en un informe elevado al juez del caso Invercaria.
PUBLICIDAD
Marismas
Se pagaron 40 millones de euros por unas obras que sólo se ejecutaron al 60 por ciento a través de certificaciones falsas. Y, además, esas facturas inflaron los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la Unión Europea destinaba al proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, en la provincia de Sevilla. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Sevilla llegó a esta conclusión tras una concienzuda investigación, factura a factura, sobre la justificación de la subvención europea que gestionó la Junta de Andalucía. El juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casilla, ha imputado ya a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron el concurso, supuestamente amañado, según las diligencias practicadas.
Avales
A principios de 2014, la juez Mercedes Alaya inició una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción. En la causa está imputado de prevaricacion y malversación el exconsejero de Innovación, Martín Soler, y otros exaltos cargos de la consejería. La quiebra de empresas avaladas con fondos públicos ha empujado a la agencia IDEA a presentar un aluvión de demandas en los juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte de los 65,4 millones de euros perdidos en proyectos ruinosos.
Facturas falsas de UGT
Aprovechando la atmósfera de relajación en los controles de las subvenciones de formación que reinaba en la Junta de Andalucía, UGT Andalucía montó una contabilidad paralela a la oficial que fue «perfeccionando» año a año y que constituyó la «vía más importante de financiación» ilegal de la federación andaluza durante una década, según la Guardia Civil. Esta deriva del caso de formación está siendo investigada por el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y hay 18 imputados, entre ellos los anteriores secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. La Junta le reclama 15,3 millones de euros mal justificados. La cuantía desviada está por definir. El dinero público se empleó en sostener la megaestructura del sindicato y costear mariscadas de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que se regalaron a los delegados de un congreso. También utilizaba empresas para autoalquilarse aulas y justificar así ayudas.
Unidades Territoriales de Empleo
El juez de instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, junto a cuatro jueces más de Córdoba, Almería, Jaén y Granada, investigan por fraude y prevaricación a siete ex altos cargos autonómicos por las subvenciones millonarias repartidas sin «bases reguladoras» entre 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), consorcios conveniados por la Junta y corporaciones locales que servían para asesorar a emprendedores. Entre los investigados por prevaricación y fraude en subvenciones está el exconsejero Antonio Ávila, imputado en los casos de formación y ERE, por firmar una resolución en 2012 por la que concedía subvenciones extraordinarias a estos consorcios para pagar los despidos de sus trabajadores.
Bahía Competitiva
El juzgado de instrucción 4 de Cádiz indaga desde 2011 en un plan estrella del Gobierno andaluz para las elecciones autonómicas de 2008 que se definió entonces como el gran programa incentivador para frenar el paro en la provincia con el índice más alto de toda España (33,9%). Más de 21 millones de euros en ayudas del Estado gestionadas por una oficina creada por la Junta se gastaron en proyectos empresariales que no realizaron nunca y el dinero acabó en paraísos fiscales. El caso acumula cerca 40 imputados, entre los que se encuentran la exdelegada de Innovación en Cádiz Angelines Ortiz y ex cargos de la Diputación y del Ministerio de Industria en aquella etapa.
---------- Post added 25-feb-2016 at 12:00 ----------
El asedio judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:39 ----------
CORRUPCIÓN
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
Los cursos de formación
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante un acto en Écija. EL MUNDO
El PP pide a la comisión de investigación que exija 25 ayudas, entre las que figura la de UGT de la que cobró el marido de Susana Díaz
103
SILVIA MORENO Sevilla
@silviamorenon
ACTUALIZADO 13/02/201610:18
El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz sigue ocultando 25 expedientes clave sobre el fraude de la formación que lleva meses reclamándole el PP a través de la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre el escándalo de los cursos subvencionados.
Entre los 25 expedientes solicitados hace tres meses por el grupo parlamentario que encabeza el líder de la oposición andaluza, el popular Juan Manuel Moreno, y que la Junta retiene, está el de la subvención de ocho millones de euros a UGT de la que cobró José María Moriche, el marido de Susana Díaz que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el ente de UGT encargado de impartir los cursos.
La Junta también oculta los expedientes de ayudas que sirvieron para dar cursos de formación en varias sedes socialistas o Casas del Pueblo, otras concedidas al entramado empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda y subvenciones a UGT y CCOO en las que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades.
La nómina del marido de Díaz figura en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.
En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación.
El PP se ha dirigido al presidente de la comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz (Ciudadanos), para «rogarle» que inste al Consejo de Gobierno andaluz para que remita los 25 expedientes solicitados «con carácter urgentísimo», ya que se trata de una documentación «esencial para poder afrontar las comparecencias acordadas», entre las que están la de los interventores de la Junta.
«¿Por qué no mandan ya esta documentación? ¿Intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz? ¿Están arreglando los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?», se preguntó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, una de las integrantes de la comisión de investigación.
Ayudas millonarias
La Junta también oculta los expedientes de varias ayudas millonarias concedidas a UGT para cursos que se impartieron en sedes socialistas o Casas del Pueblo repartidas por municipios de toda Andalucía. Precisamente, el pasado jueves Susana Díaz fue interpelada en el Parlamento por el líder del PP andaluz sobre este asunto.
«¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación?», lanzó Moreno Bonilla a la presidenta andaluza, a la que preguntó si ella había firmado «algún contrato de alquiler» para aulas destinadas a la formación.
La presidenta dio la callada por respuesta. Simplemente, invitó al PP a «mirarse los expedientes», en referencia a los documentos que la Junta ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento sobre el fraude de la formación y entre los que no están los 25 claves, como denuncia ahora el PP.
TEMAS RELACIONADOS UGT PP SUSANA DÍAZ ANDALUCÍA PSOE CIUDADANOS CCOO
Compartir:
103 Comentarios
4
mmmh
13/02/2016 10:58 horas
Adelante fiscalía. Redada con despliegue de medios informativos, registro, detenciones y acusaciónes formales de obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas y complicidad en los delitos ocultados. Acabemos con la corrupción. Pero de todos.
3
libergothorum1
13/02/2016 10:57 horas
El caso de los EREs está considerado el mayor caso de Corrupción de la Reciente Historia Democrática de España por el Volumen de los Defraudado. Quizá una noticia como esta debiera estar en un lugar mas prominente en la portada del Mundo.
VER 103 COMENTARIOS
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación | Sevilla | EL MUNDO
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:40 ----------
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
ESPAÑA >
08:25h 18 de febrero de 2016
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
El PSOE se beneficia de la lentitud de una instrucción sometida a presiones y vaivenes
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
JAIME GARCÍA |Manuel Chaves acude a declarar al Tribunal Supremo en relación con los ERE
ANTONIO R. VEGA/ NATI VILLANUEVA
En pleno proceso de negociación para la formación del nuevo Gobierno de España el PSOE, a diferencia del Partido Popular, se está beneficiando de la lentitud en la investigación del mayor escándalo de corrupción en términos cuantitativos (acumula 275 imputados y más de 300.000 folios) y políticos: ha puesto en la antesala del banquillo al mayor monopolio de poder de los socialistas en una Autonomía. Se acaban de cumplir cinco años del estallido del caso ERE y todavía no se ha celebrado ningún juicio sobre el «gran fraude» de los expedientes de regulación de empleo, como lo llamó José Antonio Griñán tras declarar en el Supremo.
PUBLICIDAD
Hay 51 ex altos cargos del Gobierno andaluz investigados por prevaricación administrativa, acusados de diseñar y mantener un procedimiento a sabiendas de que era «ilegal» para ayudar a empresas en crisis que la Junta de Andalucía dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. En la cima de esta pirámide de responsabilidades se sitúan los dos antecesores de Susana Díaz al frente de la Comunidad: Manuel Chaves y Griñán, dos referentes simbólicos para el PSOE. Ambos han sido presidentes federales del partido y juntos suman 23 años de gobierno en Andalucía.
RELACIONADA
La corrupción del PSOE
Los delitos prescriben, los imputados fallecen, y nadie se atreve a descartar que en un futuro haya que reducir hipotéticas condenas por dilaciones indebidas. Eso, sin contar con la imagen que para la justicia supone el ritmo lento de este y otros macroprocesos.
PUBLICIDAD
Menú gallego para dos
32.9€LLÉVATELO
Mocedades Concierto 45 aniversario
16.5€LLÉVATELO
Pack 3 Boxer Emporio Armani
24.99€LLÉVATELO
El excesivo celo y la particular forma de instruir de la juez Mercedes Alaya, la primera de los cinco jueces por cuyas manos ha pasado esta causa, sumada al peregrinaje judicial de aforados por el Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los palos en las ruedas del gobierno autonómico y el duelo interno en el juzgado de los ERE han complicado una fase de instrucción que ha golpeado a las estructuras de la Junta de Andalucía. Ésta es la crónica de los obstáculos que esta causa ha tenido que sortear a lo largo de estos años.
La investigación de Alaya: Meticulosa, pero eterna
COMENTARIOS
Ver todos los comentarios
Desde que cogió las riendas del caso hasta que envió la causa al Supremo con los indicios incriminatorios contra nueve aforados pasaron más de tres años y medio. Alaya estuvo de baja seis meses y, además, rechazó los jueces de refuerzo que le ofreció el TSJA para las macrocausas que tenía entre manos: Mercasevilla, los ERE y el Betis. Su investigación fue meticulosa, cuasiobsesiva y, sobre todo, eterna, porque lejos de ir cerrando vías de investigación, Alaya iba abriendo nuevas ramas sin llegar a terminar ninguna. Para desesperación de la Junta, de los imputados que tardaron en algunos casos más de dos años y medio en ser llamados a declarar, de la Fiscalía Anticorrupción, y del TSJA, que expresó su preocupación por estas dilaciones en repetidas ocasiones. Incluso el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dijo que no veía «normal ni aceptable» que los imputados aún no hubieran declarado.
PUBLICIDAD
Las trabas de la Junta: ataques personales y demoras
RELACIONADO
El PSOE para la derogación de leyes
En su empeño por encontrar a los máximos responsables de la trama, la juez ha soportado presiones de todo tipo para cortocircuitarla. Tuvo que lidiar con dos intentos de recusación para apartarla de los casos Mercasevilla (el germen de los ERE) y Betis. Ha sufrido un escrache de sindicalistas a las puertas del juzgado, que obligó a ponerle escoltas. El Gobierno andaluz presumía de colaborar con la justicia al mismo tiempo que demoraba la entrega de los expedientes que le requería y expurgaba documentación comprometida en la Consejería de Empleo durante un fin de semana. La Junta le echó un pulso (y lo perdió) en el Supremo para no darle las 480 actas de los Consejos de Gobierno. El PSOE recrudeció su campaña contra de cara a las generales de 2011, cuando el exdiputado Alfonso Guerra insinuó que había «una relación fuerte personal entre la juez y Zoido», entonces exalcalde de Sevilla.
Seis jueces, un caso. Viaje de ida y vuelta al Supremo
Si bien durante más de tres años el caso ERE siempre estuvo en las mimas manos, la investigación a aforados (tanto autonómicos como nacionales) y la decisión de la juez Alaya de marcharse a la Audiencia de Sevilla contribuyó a ralentizar aún más la instrucción. Durante unos meses la investigación abierta a los expresidentes de la Junta, y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, el foco informativo se trasladó a Madrid, y la de los diputados autonómicos, al TSJA. Los aforados nacionales tuvieron que declarar ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que les imputó un delito de prevaricación administrativa (en el caso de Viera, también malversación). Los aforados por el Parlamento andaluz, los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo, desfilaron ante el instructor Miguel Pasquau Liaño. Dentro del juzgado, la causa ha pasado por las manos de Alaya, Iván Escalera (que la sustituyó durante su baja por enfermedad), María Núñez Bolaños y ahora el juez Álvaro Martín.
El duelo interno. El CGPJ toma partido
El aterrizaje de la juez Bolaños como titular del juzgado de Alaya no contribuyó a la estabilidad ni al avance de la causa de los ERE, paralizada durante meses porque el Poder Judicial se resistía a ratificar el plan de actuación que para ese juzgado había acordado la Sala de Gobierno del TSJA. Ese reparto pasaba por que la nueva juez titular se ocupara del juzgado junto con Álvaro Martín y Alaya, quien, a su vez, había pedido quedarse, mediante una comisión de servicios, para concluir la instrucción de esta macrocausa. La pelota del futuro de Alaya pasó así durante meses del tejado del TSJA al CGPJ y de este órgano de nuevo al TSJA, que acabó despachando a Alaya con el argumento de que la convivencia entre las dos juezas iba a ser imposible. El punto de inflexión lo marcó un escrito sin precedentes que la juez sevillana mandó al CGPJ cuestionando la capacidad de Bolaños, que era juez de Familia. para investigar la trama y en el que recordaba que esta juez y su marido son muy amigos del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.
PUBLICIDAD
División de la causa polémica. Anticorrupción y partes recurren
RELACIONADA
El diputado socialista Antonio Gutiérrez, más cerca de la imputación
No llevaba ni mes y medio en el juzgado cuando Núñez accede a la petición de la Fiscalía, rechazada siempre por su antecesora, y divide la causa de los ERE con el objetivo de acelerar la investigación y ir cerrando piezas para su enjuiciamiento. Ha dado prioridad a la rama centrada en el procedimiento irregular de concesión de las ayudas que afecta a los ex altos cargos. Pero su modo de trocear la causa matriz ha desconcertado a las partes. La Fiscalía, varias defensas y acusaciones han recurrido el auto de división del caso por defectos de nulidad. «No cumple ni en la forma ni en el fondo, en términos de estricta corrección procesal, como garantía del adecuado ejercicio de los derechos de defensa de las partes», argumenta la Fiscalía.
Dinero perdido y prescripción. El delito queda impune
La Fiscalía ha hecho sonar en varias ocasiones la alarma por la caducidad de delitos. Cinco años después, va camino de hacerse realidad. Fuentes judiciales apuntan a que próximamente verá la luz un auto que exculpa a doce empresarios implicados al estimar que han prescrito los delitos cometidos por ellos hace más de diez años. Un lustro puede ser una eternidad. Empiezan a fallecer los imputados (dos, el pasado mes de enero) y la Junta continúa sin recuperar ni un céntimo del dinero defraudado.
---------- Post added 25-feb-2016 at 12:10 ----------
Cinco años de los ERE: 275 imputados... y sin juicio a la vista
---------- Post added 25-abr-2016 at 23:42 ----------
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La investigación policial determina que las empresas anunciadas para Alcalá de los Gazules se transformaron en sociedades opacas de Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes o Luxemburgo.
F. RUFO/ P. INGELMO | ACTUALIZADO 14.04.2016 - 09:22
zoom
Imagen de archivo del polígono industrial de La Palmosilla en Alcalá de los Gazules, donde iban a instalarse los proyectos de Dávila Ouviña. /Manuel Aragón Pina
4 comentarios9 votosenviarimprimirincrementardisminuir
Share
¿Dónde está el dinero de Bahía Competitiva? Es, probablemente, la pregunta que más veces se ha realizado y que más ciudadanos han formulado desde que estallara este caso hace ya más de cuatro años. A juzgar por las pesquisas policiales, el dinero presuntamente defraudado, alrededor de 21 millones de euros (sólo para Cádiz), donde no está es en esta provincia.
Este periódico ha tenido acceso al atestado que elaboró en el año 2013 la brigada de la Udyco contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese documento se llega a una conclusión que, en estos días, cobra especial relevancia: el dinero procedente de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el mismo despacho de abogados, el de Mossack-Fonseca, el mismo que en estos días se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.
Ya en 2013, la propia Policía informó en un comunicado de cómo funcionaba lo que consideró como una "trama de corrupción" que dio por desarticulada, con la detención de 31 personas. En ese momento ya se explicó que un entramado formado por 50 empresas solicitaban las ayudas públicas al Ministerio de Industria, que presuntamente obtenían gracias a la ayuda de responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio, y que luego eran desviadas a paraísos fiscales. El principal investigado, decía la Policía, tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía en Madrid. Era Joaquín Arespacochaga, familia directa de un antiguo alcalde de la capital de España, y cuya labor profesional se relacionaba con fondos de inversión.
Pero ahora, la aparición pública de la labor de Mossack-Fonseca ha relacionado directamente a ese despacho panameño con lo ocurrido en Bahía Competitiva. Según el atestado, todo surge del "plan preconcebido" para instalar en Alcalá de los Gazules los proyectos para los que el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, considerado al principio cabecilla de todo este asunto, solicitó y consiguió las ayudas del Plan Reindus. La Policía añade, además, que la instalación de esos proyectos "parece haber sido a instancias de Antonio Perales". Perales era el responsable de la Junta de Andalucía en la oficina del Plan Bahía Competitiva, nacido a raíz del cierre de Delphi. Por ello, se explicó en aquella fecha que los proyectos que venían de la mano de Ouviña pretendían crear el empleo destruido con el cierre de la multinacional.
Pero nada más lejos de la realidad. Los proyectos nunca vieron la luz y, al poco tiempo, Dávila Ouviña fue detenido, al igual que una larga lista de responsables políticos y técnicos de la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Industria. Pero ya era tarde. El dinero había volado. Según el atestado, Perales y Ouviña mantienen reuniones con Joaquín Arespacochaga. El responsable de Bahía Competitiva insta a sus compañeros de viaje a que centren la inversión en su pueblo natal. Se concibe entonces un plan para la instalación no menos de 10 sociedades en Alcalá de los Gazules, lo que requiere la construcción de un polígono industrial. Son constituidas 11 sociedades.
Es en este punto cuando todo da un vuelco. La Policía cree acreditado que, entre este momento y fechas inmediatamente posteriores a la resolución definitiva de las ayudas por parte del Ministerio, todo ese conjunto de sociedades pasa a manos de los miembros de la familia Arespacochaga que habían intervenido (el propio Joaquín, Fernando -su padre- y Juan, según la Policía), a través de una compleja operación de venta de participaciones a sociedades ubicadas en paraísos fiscales. La colaboración de un notario de Madrid en estas operaciones se considera especialmente relevante.
Así, según consta en el atestado, las 10 empresas que originalmente Ouviña pretendía instalar en Alcalá, son participadas por nuevas sociedades en un tamaño que nunca supera el 25%. Así, por ejemplo, aparecen dos firmas, Chapi Holding y Ravel Holding. Ambas adquieren participaciones en cada una de las 10 empresas que, teóricamente, irían a parar a Alcalá: Tecmargal (17 y 23% respectivamente); Marbatec (24 y 18%); Sidermetalux (5 y 24%); Alcornocal Kork (14 y 14%); Plasmacenter (15 y 19%); Jellyfish (17 y 19%); Industria Tec. Tolmo (16 y 17%); Plasma Technologies (24% solo Chapi); y Bioenergy Park (20 y 15%). Estos 10 negocios, como se recordará, iban todos a instalarse en Alcalá pero sus sedes figuraban en una finca de Barbate o en una asesoría de El Puerto. Además de Chapi Holding y Ravel Holding hay otras 11 sociedades que se reparten la participación en las 'empresas gaditanas' hasta completar el 100%, por lo que la Policía las considera las "reales propietarias", con sedes que van desde Luxemburgo a las Islas Vírgenes británicas o las Islas Niue.
Lo llamativo del caso es que, como señala la Udyco, tanto Chapi como Ravel Holding tienen sede en Panamá. Pero, y aquí se inicia otro rocambolesco juego empresarial, se añade que Chapi fue creada por Ravel y, a su vez, Ravel fue creada por otra sociedad, Famax International, con sede en Panamá "creada a su vez también por el bufete de abogados expertos en blanqueo de capitales Mossack Fonseca". No es la única vinculación de este despacho. El atestado detalla que, con posterioridad, ambas firmas (Chapi y Ravel) son transmitidas a otra sociedad ubicada en las Islas Seychelles, Merida Group, que tiene su domicilio en el mismo lugar del bufete de Mossack-Fonseca. Y un tercer giro: la Policía dice constatar que hay personal que figura como propietario de las dos citadas compañías presentes en una tercera compañía: Grinton S.A., cuyo último propietario es Jurgen Mossack, socio fundador del bufete.
Con todo esto, la Policía concluye en su atestado que "se ha comprobado cómo los despachos del bufete Mossack Fonseca se emplean para domiciliar sociedades propietarias de las sociedades luxemburguesas, a su vez propietarias de las sociedades españolas subvencionadas o beneficiadas por estas, como es el caso de las que se ubican en las islas Seychelles, y muy probablemente las ubicadas en las Islas Vírgenes británicas". Y añade: "Este conjunto de datos otorga además una relevancia especial al bufete Mossack Fonseca y sus responsables y empleados en toda esta trama de defraudación y blanqueo de capitales, debido a que intervienen de modo muy relevante en varias de las operaciones de creación de sociedades interpuestas que carece de sentido alguno más allá de la mera dificultación en el rastreo y averiguación de la titularidad real de las sociedades investigadas".
El caso es que muchas de las personas que aparecen vinculadas a estas sociedades, ya sea en su consideración de testaferros (como Agustín Bobo), ya sea como considerados como cabecillas de la trama, han prestado ya declaración en el Juzgado número 4 de Cádiz que dirige la magistrada Lourdes del Río. Es más, como ya publicó en su día este periódico, la representación legal de Joaquín Arespacochaga presentó un escrito en el Juzgado en referencia a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de su supuesta participación en este caso. En ese escrito se realizaban alegaciones y se presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Además, deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.
Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.
El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.
Ante todo esto, en las conclusiones que se formulan dentro del sumario del caso, se dice claramente que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, su recuperación es improbable, los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tienen patrimonio a su nombre". Poco más que añadir.
El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales. 21 millones.
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
El PP pide explicaciones a la presidenta Susana Díaz y a la líder provincial Irene García ante las supuestas irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva y su relación con los llamados papeles de Panamá. Se habrían perdido más de 21 millones para creación de empleo.
lavozdelsur.es Seguir a @VozdelSurJerez
17-04-2016 / 17:14 h.
Google+
Meneame
Javier Fergo
@JaviFergo
La Junta creó en 2007 el Plan Bahía Competitiva, financiado con fondos del Ministerio de Industria, en respuesta al cierre de la factoría Delphi.
Info
PP exige al PSOE el esclarecimiento del fraude del caso Bahía Competitiva
Etiquetas:
provincia junta papeles de Panamá paraísos fiscales Corrupción psoe pp
La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido "explicaciones" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a "paraísos fiscales" de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En rueda de prensa en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz y quien recientemente comparecía ante la comisión de investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las "irregularidades" detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre entre 2009 y 2010.
Señalando el "entramado financiero" detectado por la investigación en lo referente a los métodos presuntamente usados para desviar el dinero de tales subvenciones, Ruiz Sillero ha señalado las publicaciones que señalan que las partidas de las subvenciones habrían recaído en "paraísos fiscales", concretamente Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo, pasando por "sociedades opacas" a través del bufete Mossack-Fonseca, el mismo que se ha visto envuelto en el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá. "Pedimos explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente", concluye Teresa Ruiz Sillero. A su juicio, la socialista Susana Díaz "sigue viviendo en el país de las maravillas", mientras continúa "la pérdida de fondos públicos, perjudicando a los desempleados andaluces".
En esta línea, el secretario provincial del PP y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha afirmado que "éste es el resultado de la nefasta gestión socialista", lamentando el "descontrol de los gobiernos del PSOE en el Ministerio, la Junta y Diputación que ha derivado en la pérdida de más de 21 millones de euros que tenían que venir a la provincia para la creación de empleo y que, según la Policía, su recuperación es improbable".
La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales | lavozdelsur.es
..................El gráfico que muestra esta información deja bien a las claras la "mentira progre" en la que vive sumergida gran parte de este país;
El gráfico que atenaza a Pedro Sánchez y que no se ve en los medios
El mapa de la corrupción en España parece salpicado únicamente por casos protagonizados por el PP: Gürtel, Púnica… pero la realidad es bien distinta y los populares no lideran ese ranking.
Gürtel, Púnica, Jaume Matas, Emarsa, Nóos, Bárcenas, la presunta financiación irregular del Partido Popular… son casos que han señalado al PP como “el partido más corrupto de España” y como el paradigma del “saqueo” o el pelotazo. Incluso hay quienes como Gaspar Llamazares, Joan Ribó y otros dirigentes de la izquierda han llegado a plantear una legalización de los populares pero las cifras, en frío, pintan un panorama bien distinto a lo que se transmite a la opinión pública y el montante económico de lo indebidamente apropiado deja a los presuntos corruptos del PP casi al nivel de unas hermanitas de la caridad.
Es verdad que según los datos recabados el PP atesora el 49% de los casos de presunta corrupción, pero también es cierto que hasta ahora es el partido que más poder ha tocado y de ahí su liderazgo en este controvertido ranking. Por detrás queda el PSOE, con 30% de los casos recabados, seguido del capítulo “otros” (partidos independientes en distintos municipios) con un 11%, de CiU y los Pujol con un 5% y Unió Mallorquina con un casi un 4%.
Una “clasificación” que da un giro de 180 grados si ponemos en valor el importe de lo sustraído. Vaya por delante que todos los casos de corrupción, de saqueo de las arcas públicas, son censurables, perseguibles y en último caso condenables pero al César lo que es del César y el PP, dicho en román paladino, no es el partido que más ha robado.
El “gráfico de la corrupción”, con datos de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, que circula por la red pero del que no se hacen eco muchos medios de comunicación -y del que huye Pedro Sánchez y otros directamente señalados- apunta al PSOE como el partido cuyos dirigentes más han sustraído con un total de 4.400 millones de euros para las arcas públicas, repartidos entre los 2.400 millones del caso EREs y 2.000 en el de la formación de desempleados. Un papelón también para Susana Díaz.
La medalla de plata de este poco honroso podium la ocupa la familia de Jordi Pujol y su entonces partido CiU. Lo expoliado en Cataluña, quedando por añadir la instrucción que afecta a todo el clan Pujol, supera ya los 3.000 millones de euros. Un cifra, como decimos, que aumentará en próximas fechas de manera exponencial si atendemos a lo que apuntan a ESdiario fuentes de la investigación.
Tras estos casos volvemos a Andalucía y nos acercamos hasta el llamado “caso Malaya”, que afectó al Ayuntamiento de Marbella. En todo este entramado de corrupción municipal, lo robado por los Julián Muñoz, Jesús Gil, José Antonio Roca, Marisol Yagüe y compañía asciende a la nada poco apreciable cifra de los 2.400 millones de euros.
Muy lejos ya aparecen los casos vinculados al Partido Popular. El caso del ex tesorero, Luis Barcenas (50 millones), Gürtel (120 millones) y el mas reciente caso Púnica (250) han supuesto a las arcas públicas, según los datos investigados por la Justicia, un total de 420 millones de euros. Tras el PP aparece ya, para cerrar la clasificación, el tan publicitado “caso Nóos”, que sienta entre otros en el banquillo a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina de Borbón, con un desvío de dinero de 6 millones de euros.
Estos dos últimos casos del ranking curiosamente ocupan casi toda la información y desde luego todo el protagonismo en los medios de comunicación, en la opinión pública y en los debates y argumentos políticos de los partidos.
El gráfico que atenaza a Pedro Sánchez y que no se ve en los medios - ESdiario
- Estado
