>Deuda / El Gobierno está analizando el caso de Grecia, que ha reducido a un tercio sus consistorios para atajar el déficit. En España hay 8.115 y deben a la banca 35.000 millones. Por Francisco Núñez
La crisis ha obligado a Grecia a hacer un ajuste administrativo sin precedentes, sobre todo, en los ayuntamientos. A principios de año existían 1.034, ahora han quedado sólo 355, un tercio. Mientras, Irlanda se encuentra en pleno proceso de fusión de sus municipios.
En el Gobierno español se ha abierto el debate sobre el sentido que tiene la existencia de 8.115 ayuntamientos (sólo Castilla y León cuenta con 2.500), con 74.211 políticos al frente (alcaldes y concejales). Todos ellos penden de 17 gobiernos autonómicos con funciones más que duplicadas y un sector público local digno de una economía de los países más ricos del mundo. Sobran al menos 4.000 ayuntamientos, la mitad de los que hay, dicen los expertos.
La madeja local no tiene límites. Además de las correspondientes diputaciones provinciales de régimen común y foral (más de medio centenar), más los cabildos insulares, hay otro cúmulo de entidades que componen un inventario que no tiene desperdicio. En total, 18.261 entes.
Existen al menos 1.484 empresas públicas municipales y 34 entidades empresariales; 1.865 organismos autónomos; 1.044 consorcios; 3.720 entidades territoriales inferiores al municipio; 495 instituciones sin ánimo de lucro; 338 fundaciones; 1.007 mancomunidades; 81 comarcas; cuatro áreas metropolitanas, y 74 agrupaciones de municipios. Pero sólo un 5% (857) de este enjambre tiene control externo de sus cuentas.
Según Hacienda, que ha intentado obligarles a hacer el ajuste forzado por Bruselas para España, deben casi 35.000 millones a los bancos.
Desde que comenzó la crisis en 2007, las corporaciones locales han aumentado su deuda crediticia un 19,6%, hasta los 34.594 millones de euros, el doble de hace 15 años. Sólo en el último año, el peor de la recesión, los gobiernos municipales se endeudaron un 9% más.
Pero el agujero es más grande. En esta cifra no se incluyen otros 20.488 millones (4.000 millones más que hace dos años) que el Banco de España identifica con el epígrafe de «otras cuentas pendientes de pago». Se trata de «pasivos por valoración» y se corresponden a emisiones y a las facturas que los ayuntamientos no pagan a proveedores y que ocultan en los cajones.
A este montante hay que sumarle otros 7.855 millones que corresponden al INI de empresas locales que los ayuntamientos siguen creando a espaldas de la contabilidad general para centrifugar déficit y deuda oficial. Sólo hay que ver que esos créditos que deben las empresas satélite ha crecido un 38,3% en el último año, un 77,8% desde el inicio de la crisis.
¿Qué va a hacer el Gobierno ante este panorama? En Hacienda reconocen que se está siguiendo con detenimiento el «modelo griego» de reducción y de concentración de ayuntamientos. Este modelo establece además un menor número de cargos políticos, en concreto la mitad de los 50.000 actuales, así como elecciones cada cinco años frente a los cuatro de hoy.
La aplicación en España tendría que ser distinta ya que, por ejemplo, el corte para realizar esta concentración entre municipios griegos se ha hecho entre poblaciones con menos de 10.000 habitantes. En la actualidad hay unos 7.000 pueblos españoles en este arco. Por tanto, las fusiones habría que hacerlas con otros parámetros. En fuentes del Gobierno se dice que estaría bien hacerlas con poblaciones inferiores a los 15.000 habitantes. Con esta fórmula quedarían unos 4.000 ayuntamientos, la mitad de los existentes en la actualidad. La fórmula ideal, según los expertos consultados, sería la de «mancomunar servicios y prestaciones, y elaborar unidades administrativas más globales para hacer una gestión generalista».
De esta forma, «habría menos alcaldes y concejales, pero serían más representativos y abarcarían más territorio», señalan. Es más, hay muchos pueblos muy próximos y con un nivel social y económico muy parecido. Pero habría que empezar por suprimir de un plumazo todas las diputaciones provinciales. En ellas se sientan los alcaldes que de esta forma complementan su sueldo de primer edil. A veces agasajan con su presencia, también remunerada, los consejos de cajas de ahorro.
El modelo sería el de la fusión en frío que empieza a darse en las cajas de ahorro para solventar la crisis financiera. Pero con una salvedad importante. Habría que reducir drásticamente «la estructura administrativa porque la que hay no se puede pagar», señalan. Mientras tanto, convendría ligar el sueldo de los alcaldes y concejales al número de habitantes y al nivel de deuda.
Sin embargo, el problema fundamental para este cambio reside precisamente en el número de políticos que vive de todo esto y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en una encuesta realizada por el Ministerio de Política Territorial, un tercio de los alcaldes dice que no sabe cuál fue su anterior profesión.
En cualquier caso, los expertos indican que «lo primero que hay que hacer es analizar la viabilidad de cada uno de los ayuntamientos». Y habría que delimitar los servicios impropios, es decir, hay que sacar de los ayuntamientos los servicios que debería prestar, por ejemplo, la autonomía correspondiente, como la seguridad, la limpieza general, el alumbrado, la educación o la sanidad. «No tiene sentido que haya ayuntamientos como el de Madrid con 7.500 policías más otros 1.200 destinados a movilidad», comentan.
¿Cómo se ha llegado a esta grave situación de deterioro de las cuentas municipales? El argumento de los dirigentes políticos es que han tenido que aumentar el gasto para la prestación de servicios y la inversión pública. Sin embargo, las partidas que más han crecido en los últimos años son las operaciones corrientes (sobre todo los costes de personal) al amparo del crecimiento de la recaudación asociada al ladrillo.
Ahora, con una caída de ingresos del 30% de media anual, muchos ayuntamientos están empeñados hasta las cejas y tienen que acudir a los bancos para solicitar dinero. Pero no tanto para realizar inversiones sino para obtener crédito para poder pagar las nóminas. Según reconocen en fuentes financieras, «algunos ayuntamientos nos han presentado como aval o al descuento los recibos del IBI del año». Majadahonda, en Madrid, es uno de estos casos.
El caso es que el número empleados locales ha crecido sensiblemente. Ahora hay 655.000 frente a los 616.000 existentes al comenzar la crisis. ¿Cuánto cuestan? Un tercio de los presupuestos se destina a pagar nóminas. Según los datos de la liquidación presupuestaria de 2007, últimos disponibles, el gasto en personal fue de 19.275 millones. Y para 2008 el gasto inicial era de 20.120 millones. De 2009 y de 2010 no hay datos consolidados, pero la cifra supera los 23.000 millones en cada ejercicio.
Mientras, los altos cargos municipales han vivido ajenos a la crisis aunque ahora anuncian una reducción de sueldos. En 2008 los alcaldes y concejales costaron a los contribuyentes al menos 504,3 millones (un 20% más que en el año anterior). Mientras, el gasto de sus asesores llegó a los 297,5 millones (un 27% más).
En cuanto a la inversión, muchos ayuntamientos se han implicado en proyectos y servicios que deberían prestar las empresas privadas. Por ejemplo, no tiene sentido que el Ayuntamiento de Madrid o el de Zaragoza tengan hospitales propios, que el de Jerez financie un zoo y un circuito de motos, o que se haya generalizado la existencia de televisiones y emisoras de radio locales.
Según los datos de Hacienda, la deuda financiera de las corporaciones locales aumentó en 2009 un 8% más respecto al año anterior hasta los 34.595 millones. Esa deuda corresponde a unos 5.000 ayuntamientos (de ellos, unos 600 tienen una deuda superior a los seis millones de euros), ya que hay unos 3000 que no acuden a los bancos en busca de dinero sino que se financian con los impuestos que recaudan.
Ceuta es la corporación en que más ha aumentado la deuda en el último año, un 127,7%. Se debe a tres grandes proyectos de inversión (rehabilitación de un cuartel para convertirlo en una universidad, la compra de suelo a Defensa para construir VPO y las obras de un aparcamiento). Pero en otras localidades el destino de los nuevos créditos ha sido para aumentar el gasto corriente. En Benidorm, que gobierna un grupo de ex miembros del PSOE, la deuda creció un 31% en el último año.
En cuanto al endeudamiento por habitante, la localidad riojana de Ochánduri, gobernada por el PP, lidera el ranking. Cada ciudadano debe una media 9.250 euros.
Este exceso de demanda crediticia para operaciones corrientes es el que ha intentado corregir la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el texto inicial del decreto antidéficit. Pero los alcaldes socialistas lo han evitado.
El plan de Hacienda, ante la falta de colaboración de los ayuntamientos, era reducir sus posibilidades de endeudarse a largo plazo (desde ahora hasta 2012) y forzarles a destinar el ahorro de la reducción de los sueldos de los funcionarios al saneamiento del agujero de sus cuentas. Este cambio, tras la protesta de los alcaldes socialistas, permitirá a los ayuntamientos endeudarse hasta las cejas de aquí a fin de año.
Lo que sí se mantiene en ese decreto, y es importante, es que los alcaldes no van a poder contratar interventores (los que llevan la contabilidad y la tesorería) a dedo tanto por el sistema de libre designación en los grandes ayuntamientos o de forma interina o mediante nombramientos accidentales.
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