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El trabajo de por vida de los funcionarios, a debate ? España ? Noticias, última hora, vídeos y fotos de España en lainformacion.com
Enrique Morales
martes, 21/10/14 - 17:16
El peso del sector público en España es cinco puntos porcentuales inferior que la media europea y, además, está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda.
Solo el 10% de los funcionarios reconoce cobrar menos de 1.216 euros, un porcentaje que se eleva al 36% en el sector privado.
El personal laboral -622.000- puede ser despedido desde 2012.
Cuando la economía va mal, expertos, algunos políticos y determinados empresarios señalan de inmediato al sector público como responsable último de muchos de los males y de ser un freno para salir adelante, fundamentalmente por el elevado gasto que implica mantenerlo, que impide darse otros caprichos como, por ejemplo, la bajada de impuestos.
Los responsables del Círculo de Empresarios han sido los últimos que han apuntado la necesidad de reducir el peso de las administraciones, agilizando el despido de los empleados públicos, con el fin de dar un respiro a la economía.
Antes se habían pronunciado de forma parecida el presidente de CEOE, Joan Rosell, y los responsables del Instituto de Empresa Familar, que abogaron porque la estabilidad en el empleo público fuese similar a la de la empresa privada. Es decir, iguales condiciones, incluido el despido.
El pasado lunes y a raíz de unas declaraciones del presidente del Comité de Presupuestos del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, volvio a surgir el debate del trabajo de por vida de los empleados públicos, una excepcionalidad que, sin embargo, afecta desde 2012 solo a los 1,6 millones de funcionarios de carrera.
Resulta frecuente la comparativa de los sueldos de los funcionarios con los de los asalariados del sector privado, apuntando que son superiores los de los primeros y que sin embargo no van acompañados con una mayor productividad.
Se insiste en que hay muchos funcionarios y que, sobre todo, existen demasiados frenos para su reorganización. Por último, se afirma que el sector público está sobredimensionado y que hay más empleados públicos que en los países de nuestro entorno.
¿Pero qué hay de cierto en esos tópicos? ¿Hay más funcionarios que Francia, Alemania y Gran Bretaña? ¿Se paga más a los funcionarios que al resto de los trabajadores?
En España hay 2,5 empleados públicos, según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2014, un registro periódico de funcionarios que nos ayuda a conocer su evolución, su número, su destino o su categoría laboral.
Así, y según el citado registro, un total 1.284.646 empleados públicos dependen de las comunidades autónomas; 560.774, de la administración local; 558.802, de la estatal y otros 146.901 trabajadores se inscriben como personal de universidades, la mayoría de ellos transferidos a las CCAA.
Funcionarios por habitanteSin incluir los empleados públicos que trabajan en educación, sanidad y servicios sociales, en España hay en torno a 1,3 millones de asalariados al servicio del sector público.
Según señala Eurostat, esto supone en torno al 2,8% de la población y el 9,2% del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena.
En Alemania, hay un empleado público por cada 29 habitantes y en Francia, uno por cada 27 habitantes. Mientras, en España, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si tenemos en cuenta todos los trabajadores públicos, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración más austera de la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes.
En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia, con en torno a 25%
En España el porcentaje de asalariados públicos ronda el 14% de la población activa, un porcentaje similar al de los principales países europeos. En Alemania el porcentaje se sitúa en el 13%; en Italia en el 11%; mientras que en el Reino Unido y Francia ronda el 16%, según Eurostat.
Según otra fuente, el informe Panorama de las Administraciones Públicas 2013, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el sector público de Noruega y Dinamarca empleaba el 30% de la población activa, frente al 9% de Japón, Corea, Grecia o México.
En la OCDE, el empleo de la administraciones públicas, expresado en porcentaje de la fuerza laboral, se mantiene en torno al 16%. En España se sitúa en torno al 13%. Este porcentaje es inferior al de países como Italia (14%), Reino Unido (18%), Francia (22%), pero superior a Alemania, país en que el porcentaje de funcionarios con respecto a la población activa se sitúa en el 10%.
¿Cuánto pesa nuestro sector público?
El peso del sector público en España es inferior a la media europea: mientras que aquí supone algo en torno al 44-45% del Producto Interior Bruto (PIB), la media de los países de la zona del euro es del 50,9%. Además, en España ese porcentaje -que ha llegado a alcanzar el 47%- está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda.
España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con la media europea, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat.
Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastan el 7,9% de su PIB.
En cuanto a los salarios, y según destaca Eduardo Martínez Abascal, profesor del IESE en el área de dirección financiera, la Encuesta de Población Activa muestra que los trabajadores del sector público están mejor pagados, de media, que los del sector privado. Un 10% de los funcionarios reconoce que cobra menos de 1.216 euros, mientras que el 36% de los del sector privado dice cobrar menos de esa cantidad. Mientras, el 58% de los funcionarios dicen ganar más de 2.000 euros, un porcentaje que disminuye al 23% en el sector privado.
Burocracia y sueldo
En torno a los funcionarios españoles se ha creado una imagen que en muy pocas ocasiones se ajusta a la realidad. Se piensa en ellos como unos trabajadores que acuden tarde al trabajo, escudados en que no pueden ser despedidos; que aprovechan el momento idóneo para marcharse antes a casa o con unos privilegios que el resto de los trabajadores están lejos de disfrutar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
De los 2,55 millones de empleados públicos, más de un 1,1 millones trabajan en enseñanza y sanidad -más del 40%- y 266.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad de Estado.
El fin del empleo de por vida
Otro tópico, el relacionado con el trabajo de por vida, también cae por su propio peso. Si bien en torno a un 1,6 millones de empleados públicos están blindados contra el despido -son funcionarios de carrera- el resto puede ver peligrar su trabajo por diversas causas, e incluso ser despedidos a través de un ERE por motivos económicos.
Lo que si es cierto que la crisis afecta con mucho menos intensidad al empleo público que al privado. Mientras que la recesión acababa con millones de empleos en el sector privado, el empleo público ha disminuido en una proporción muchísimo menor, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Incluso durante los primeros años creció de forma sostenida, hasta llegar a 2,9 millones en 2012. A partir de esta fecha empezó a descender, posiblemente por la limitación a cero de la tasa de reposición y porque las distintas administraciones decidieron desprenderse o no renovar a muchos de sus empleados.
El despido del personal laboral de las administraciones públicas -que no funcionarios de carrera- es algo posible desde 2012, a raíz de la reforma laboral del Partido Popular, que abrió la puerta al despido de cerca de 620.000 trabajadores de las administraciones que no son funcionarios de carrera. Por tanto, la propuesta y la intención del Círculo de Empresarios iría más en la línea de aplicar de forma drástica la ley, en un momento tienen un carácter más optimista y menos austero, que en una reformulación de la ley.
La ley excluye del despido por ERE y a los funcionarios de carrera -1,6 millones en todas las administraciones- , por lo que solo será susceptible de ser despedido el personal laboral, 622.000 trabajadores que trabajan para las administraciones públicas. Bajo el epigrafe otro personal se encuentran los designados a dedo, eventuales y contratados, algo más de 323.000, que tienen contratos temporales o para un determinado cometido y que pueden ser despedidos en cualquier momento.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fijaban en un gasto de personal superior a 33.100 millones de euros, lo que supone que el gasto medio de cada uno de los trabajadores de la Administración General del Estado ronda los 59.200 euros. Despedir, a 300.000 empleados del Estado apenas supondría un ahorro de 17.700 millones y eso en el mejor de los casos, ya que el sueldo medio de estos trabajadores es muy inferior de la media de trabajadores. Por tanto, para ahorrar lo previsto por el Círculo -entre 40.000 y 90.000 millones- sería necesario hacer una auténtica escabechina en la Función Pública, no solo estatal, también en la autonómica y local, que afectaría prácticamente a todo el personal laboral
Enrique Morales
martes, 21/10/14 - 17:16
El peso del sector público en España es cinco puntos porcentuales inferior que la media europea y, además, está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda.
Solo el 10% de los funcionarios reconoce cobrar menos de 1.216 euros, un porcentaje que se eleva al 36% en el sector privado.
El personal laboral -622.000- puede ser despedido desde 2012.
Cuando la economía va mal, expertos, algunos políticos y determinados empresarios señalan de inmediato al sector público como responsable último de muchos de los males y de ser un freno para salir adelante, fundamentalmente por el elevado gasto que implica mantenerlo, que impide darse otros caprichos como, por ejemplo, la bajada de impuestos.
Los responsables del Círculo de Empresarios han sido los últimos que han apuntado la necesidad de reducir el peso de las administraciones, agilizando el despido de los empleados públicos, con el fin de dar un respiro a la economía.
Antes se habían pronunciado de forma parecida el presidente de CEOE, Joan Rosell, y los responsables del Instituto de Empresa Familar, que abogaron porque la estabilidad en el empleo público fuese similar a la de la empresa privada. Es decir, iguales condiciones, incluido el despido.
El pasado lunes y a raíz de unas declaraciones del presidente del Comité de Presupuestos del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, volvio a surgir el debate del trabajo de por vida de los empleados públicos, una excepcionalidad que, sin embargo, afecta desde 2012 solo a los 1,6 millones de funcionarios de carrera.
Resulta frecuente la comparativa de los sueldos de los funcionarios con los de los asalariados del sector privado, apuntando que son superiores los de los primeros y que sin embargo no van acompañados con una mayor productividad.
Se insiste en que hay muchos funcionarios y que, sobre todo, existen demasiados frenos para su reorganización. Por último, se afirma que el sector público está sobredimensionado y que hay más empleados públicos que en los países de nuestro entorno.
¿Pero qué hay de cierto en esos tópicos? ¿Hay más funcionarios que Francia, Alemania y Gran Bretaña? ¿Se paga más a los funcionarios que al resto de los trabajadores?
En España hay 2,5 empleados públicos, según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2014, un registro periódico de funcionarios que nos ayuda a conocer su evolución, su número, su destino o su categoría laboral.
Así, y según el citado registro, un total 1.284.646 empleados públicos dependen de las comunidades autónomas; 560.774, de la administración local; 558.802, de la estatal y otros 146.901 trabajadores se inscriben como personal de universidades, la mayoría de ellos transferidos a las CCAA.
Funcionarios por habitanteSin incluir los empleados públicos que trabajan en educación, sanidad y servicios sociales, en España hay en torno a 1,3 millones de asalariados al servicio del sector público.
Según señala Eurostat, esto supone en torno al 2,8% de la población y el 9,2% del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena.
En Alemania, hay un empleado público por cada 29 habitantes y en Francia, uno por cada 27 habitantes. Mientras, en España, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si tenemos en cuenta todos los trabajadores públicos, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración más austera de la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes.
En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia, con en torno a 25%
En España el porcentaje de asalariados públicos ronda el 14% de la población activa, un porcentaje similar al de los principales países europeos. En Alemania el porcentaje se sitúa en el 13%; en Italia en el 11%; mientras que en el Reino Unido y Francia ronda el 16%, según Eurostat.
Según otra fuente, el informe Panorama de las Administraciones Públicas 2013, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el sector público de Noruega y Dinamarca empleaba el 30% de la población activa, frente al 9% de Japón, Corea, Grecia o México.
En la OCDE, el empleo de la administraciones públicas, expresado en porcentaje de la fuerza laboral, se mantiene en torno al 16%. En España se sitúa en torno al 13%. Este porcentaje es inferior al de países como Italia (14%), Reino Unido (18%), Francia (22%), pero superior a Alemania, país en que el porcentaje de funcionarios con respecto a la población activa se sitúa en el 10%.
¿Cuánto pesa nuestro sector público?
El peso del sector público en España es inferior a la media europea: mientras que aquí supone algo en torno al 44-45% del Producto Interior Bruto (PIB), la media de los países de la zona del euro es del 50,9%. Además, en España ese porcentaje -que ha llegado a alcanzar el 47%- está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda.
España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con la media europea, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat.
Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastan el 7,9% de su PIB.
En cuanto a los salarios, y según destaca Eduardo Martínez Abascal, profesor del IESE en el área de dirección financiera, la Encuesta de Población Activa muestra que los trabajadores del sector público están mejor pagados, de media, que los del sector privado. Un 10% de los funcionarios reconoce que cobra menos de 1.216 euros, mientras que el 36% de los del sector privado dice cobrar menos de esa cantidad. Mientras, el 58% de los funcionarios dicen ganar más de 2.000 euros, un porcentaje que disminuye al 23% en el sector privado.
Burocracia y sueldo
En torno a los funcionarios españoles se ha creado una imagen que en muy pocas ocasiones se ajusta a la realidad. Se piensa en ellos como unos trabajadores que acuden tarde al trabajo, escudados en que no pueden ser despedidos; que aprovechan el momento idóneo para marcharse antes a casa o con unos privilegios que el resto de los trabajadores están lejos de disfrutar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
De los 2,55 millones de empleados públicos, más de un 1,1 millones trabajan en enseñanza y sanidad -más del 40%- y 266.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad de Estado.
El fin del empleo de por vida
Otro tópico, el relacionado con el trabajo de por vida, también cae por su propio peso. Si bien en torno a un 1,6 millones de empleados públicos están blindados contra el despido -son funcionarios de carrera- el resto puede ver peligrar su trabajo por diversas causas, e incluso ser despedidos a través de un ERE por motivos económicos.
Lo que si es cierto que la crisis afecta con mucho menos intensidad al empleo público que al privado. Mientras que la recesión acababa con millones de empleos en el sector privado, el empleo público ha disminuido en una proporción muchísimo menor, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Incluso durante los primeros años creció de forma sostenida, hasta llegar a 2,9 millones en 2012. A partir de esta fecha empezó a descender, posiblemente por la limitación a cero de la tasa de reposición y porque las distintas administraciones decidieron desprenderse o no renovar a muchos de sus empleados.
El despido del personal laboral de las administraciones públicas -que no funcionarios de carrera- es algo posible desde 2012, a raíz de la reforma laboral del Partido Popular, que abrió la puerta al despido de cerca de 620.000 trabajadores de las administraciones que no son funcionarios de carrera. Por tanto, la propuesta y la intención del Círculo de Empresarios iría más en la línea de aplicar de forma drástica la ley, en un momento tienen un carácter más optimista y menos austero, que en una reformulación de la ley.
La ley excluye del despido por ERE y a los funcionarios de carrera -1,6 millones en todas las administraciones- , por lo que solo será susceptible de ser despedido el personal laboral, 622.000 trabajadores que trabajan para las administraciones públicas. Bajo el epigrafe otro personal se encuentran los designados a dedo, eventuales y contratados, algo más de 323.000, que tienen contratos temporales o para un determinado cometido y que pueden ser despedidos en cualquier momento.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fijaban en un gasto de personal superior a 33.100 millones de euros, lo que supone que el gasto medio de cada uno de los trabajadores de la Administración General del Estado ronda los 59.200 euros. Despedir, a 300.000 empleados del Estado apenas supondría un ahorro de 17.700 millones y eso en el mejor de los casos, ya que el sueldo medio de estos trabajadores es muy inferior de la media de trabajadores. Por tanto, para ahorrar lo previsto por el Círculo -entre 40.000 y 90.000 millones- sería necesario hacer una auténtica escabechina en la Función Pública, no solo estatal, también en la autonómica y local, que afectaría prácticamente a todo el personal laboral
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