Estamos precisamente en huelgas fuertes aquí en la isla por Royal Mail, los conductores de ambulancia, las enfermeras, los trenes, etc... Un Diciembre completito con muchos de ellos antiguos funcionarios (Royal Mail, que ahora funciona como el trastero privatizado).
Cuando esto llegue a las Fuerzas de Seguridad, entraremos de lleno ya en territorio apache, sudamericano. Ojo con lo que deseaís.
Ver archivo adjunto 1301244
Las nuevas pruebas de evaluación del desempeño de los funcionarios, que el Gobierno ha incluido en el anteproyecto de Ley de la Función Pública que aprobó el martes en Consejo de Ministros, tendrán un carácter anual. Serán, además, totalmente obligatorias y los trabajadores públicos que hayan sido promocionados a un puesto y no las superen, volverán al nivel anterior. Esto es,
serán degradados por no hacer bien su trabajo.
Fuentes de Función Pública confirman también que estos funcionarios
perderán, con toda seguridad, el complemento retributivo por buen desempeño, y lo que todavía no está definido es si también se les restará total o parcialmente la mejora salarial que la mencionada promoción les hubiese reportado. Este punto debe ser desarrollado reglamentariamente, añaden en el departamento de María Jesús Montero, en donde explican también que las negociaciones con los sindicatos ayudarán a acabar de definir varios puntos de las nuevas pruebas.
Todo ello se deberá quedar claro a lo largo del próximo año porque, según Función Pública, el objetivo es que las nuevas pruebas de evaluación entren
en vigor antes de que acabe la presente legislatura, lo que según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sucederá a finales de 2023. El primer paso será que el documento salga a consulta pública, algo que ocurrirá hoy, jueves.
Lo que sí está claro, porque así consta en el documento, es que las pruebas también tendrán «
efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas». Y por supuesto, en si el funcionario es «removido» de su puesto o no.
Esto ocurrirá cuando obtenga «resultados negativos en la evaluación del desempeño»
de forma «continuada», esto es, cuando suspenda las pruebas en más de una ocasión. ¿Cuántas? Tampoco esto está fijado por ahora, pero lo que es evidente es que un sólo suspenso no desencadenará las consecuencias expuestas.
En Función Pública remarcan que lo que
no ocurrirá nunca es que un funcionario deje de serlo por no superar las pruebas. Eso no está contemplado. Y en los casos en los que no pueda ser degradado porque está en el nivel más bajo, el castigo será económico.
En cualquier caso, el compromiso y la apuesta del Gobierno con estas pruebas de evaluación en la Administración General del Estado, esto es, en el ámbito público que depende del Ejecutivo central, es muy notable. En el mencionado anteproyecto se justifica en numerosas ocasiones la necesidad de introducir la evaluación. Porque «constituye uno de los instrumentos claves para mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos», y también porque «ha sido definida por la OCDE como uno de los
instrumentos principales para la mejora continua de los servicios públicos, de gran utilidad a efectos de adecuar la evolución de la carrera profesional a la aplicación y compromiso del personal empleado público en el cumplimiento de sus funciones».
Los funcionarios lo rechazan
El entusiasmo del Gobierno no es, ni mucho menos, compartido por los representantes sindicales de los funcionarios. UGT y CCOO ofrecieron, ayer por la mañana, una rueda de prensa conjunta en la que tacharon de «
gravísimo» el hecho de que se «abra la puerta a remover a quien haya obtenido un puesto de trabajo por concurso en base a la evaluación del desempeño». En su opinión, es inadmisible que la evaluación se plantee «como algo irrefutable». «La persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad», subrayaron.
CSIF, por su parte, exigió «la participación de los sindicatos para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de empleadas y empleados públicos». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios rechazó de esta manera «que el Gobierno pretenda de manera unilateral que
los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo».
