inadaptat susial
Madmaxista
el voto de tu vida, el nazionalismo catalan de siempre
El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no.
Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó recurrir el paro a través de la repatriación voluntaria de pagapensiones. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los pagapensiones de vuelta al sur de España.
“Otro rasgo constante de los pronunciamientos de ERC sobre el paro fue su énfasis en las nefastas consecuencias de la inmi gración. Esquerra atribuía el desempleo a una oferta excesiva de mano de obra (obreros que habían ido a trabajar a Barcelona antes de la Exposición Universal de 1929), y abogaba por la repatriación de los pagapensiones no catalanes. En otras palabras, ERC interpretaba el desempleo en términos nacionalistas. Resulta irónico que con la izquierda liberal por primera vez en el poder en 1930, el partido gobernante definiese la inmi gración como «una ofensiva contra Cataluña» y explotase el tema políticamente, pese a que Barcelona llevase recibiendo a trabajadores no catalanes desde la década de 1880. El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no.
Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó recurrir el paro a través de la repatriación voluntaria de pagapensiones. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los pagapensiones de vuelta al sur de España. Por toda la ciudad aparecieron carteles anunciando el viaje y prometiendo comida y bebida gratis para el trayecto completo de más de un día de duración. El gran interés que despertó la operación complació enormemente a las autoridades y un tren repleto de pasajeros dejó Barcelona rumbo al sur.
Sin embargo, en lo que pudo ser un acto de sabotaje, el tren fue obligado a parar en La Bordeta, el punto más cercano a La Torrassa de la línea ferroviaria. Cuando volvió a ponerse en marcha, casi todos los pagapensiones habían huido llevándose consigo la comida y bebida gratuita 86. Tras esta farsa, ERC optó por la repatriación forzosa, una iniciativa más cara que tampoco tuvo éxito. No es de extrañar que los obreros se opusiesen a la repatriación, en especial porque un viajero del sur rural podía fácilmente haberse pasado un año ahorrando para poder pagar el pasaje del barco o las 40 horas de viaje en autobús a Barcelona. Era bastante habitual que los pagapensiones deportados regresasen casi inmediatamente después de ser deportados a su casa adoptiva, conscientes de que las fábricas de Barcelona ofrecían más posibilidades de encontrar trabajo que la agricultura del sur de España, en plena crisis. En ocasiones, obreros en paro repatriados dos veces en una misma semana como supuestos «mendigos», estaban de vuelta en Barcelona ese mismo fin de semanas.
Sin embargo, ERC no pareció inmutarse y a cambio instituyó nuevos controles espaciales, ignorando el hecho de que éstos contravenían su compromiso anterior de respetar «la libertad de movimiento y selección de residencia», consagrado en los estatutos del partido. Pese a no tener autoridad para regular el acceso de los ciudadanos españoles a Cataluña, Esquerra estaba decidida a cambiar el estatus de Barcelona como «ciudad abierta» y detener la «oleada turística» de pagapensiones: como diría L'Opinió, nadie toleraría que se le instalase un desconocido en casa «bajo pretexto que es mejor que su propia casa.» ERC quería establecer por todos los medios un «cordón sanitario» de controles de inmi gración, que sería impuesto por una nueva fuerza policial de inmi gración ubicada en las estaciones de trenes y puertos barceloneses, y en las principales entradas de carretera a la ciudad.
Esquerra también era partidaria de un sistema de «pasaportes» que obligase a los pagapensiones a demostrar que contaban con una oferta de trabajo o ahorros. La idea era que todas estas medidas, «duras pero justas», reducirían el paro al menos en un 50 por ciento y lograrían «evitar [la llegada de] aquellos que vendrían a crear conflictos»”.Para justificar esta política, se puso en marcha una ofensiva propagandística contra los pagapensiones, que continuaría a lo largo de toda la República y que crecería en proporción directa a la crisis económica y el conflicto social; poco importaban los indicios del voto en tropel de los obreros pagapensiones a ERC en las elecciones de abril y junio de 1931, y su apoyo al logro de una autonomía catalana. El ataque a los pagapensiones coincidió con el ascenso del ala nacionalista racista de ERC, coalición todavía muy inestable.
Una ola antiinmigratoria repentina y violenta estigmatizó a los obreros de fuera de Cataluña, evocando imágenes de una «inundación» «sistemática» de «forasteros» en «nuestra casa» (casa nostra): «La llegada de trenes llenos de gente que vienen [a Barcelona] a estar parados», formando «enjambres» y «plagas virulentas» de pobres «indignos» y un «ejército» de mendigos. La prensa de Esquerra solía describir a los parados en castellano («los sin empleo» o «los parados»), en vez de en catalán, («els sense feina» o «els parats»), un contraste que reflejaba la visión nacionalista de una sociedad catalana unida y armoniosa a cuya capital los pagapensiones «acudían» a «estar
desempleados».
Los murcianos eran el principal blanco de estas críticas, pese a representar tan sólo un porcentaje pequeño de la población viajero de Barcelona. Se les vilipendiaba de forma muy parecida a los irlandeses durante la Inglaterra victoriana, acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del «murciano inculto», los pagapensiones eran una tribu inferior de alicaídos, como los miembros «demorados» y «salvajes» de las tribus africanas. Esta mentalidad de tipo colonial podía vislumbrarse en las viñetas de hombres y mujeres murcianos, donde aparecían como feos seres infrahumanos. Carles Sentís, un periodista republicano que publicó una serie de informes sobre La Torrassa («La pequeña Murcia») en 1'Hospitalet, promocionó este tipo de actitud, resaltando las prácticas jovenlandesalmente aborrecibles y la indisciplina general de los pagapensiones. Para Sentís, los pagapensiones eran una raza primitiva con una cultura «previa», que vivían en estado de naturaleza. En concreto, atribuía el origen de todos los problemas sanitarios y sociales de La Torrassa, como el tracoma y la delincuencia juvenil, a la promiscuidad de la mujer murciana y un «régimen de amor libre». Desgraciadamente, para el resto de los parados, estos pagapensiones «vegetantes» eran una carga «asfixiante» sobre unos recursos de asistencia social ya de por sí al límite de sus posibilidades: «Cuando llegan a la ciudad lo primero que preguntan es dónde está la oficina de beneficencia», «robando el pan a nuestros niños catalanes» y convirtiendo Barcelona en un enorme «asilo para pobres». De hecho, Esquerra afirmó querer hacer más por los parados, pero que temía que sólo lograría con ello «atraer a Barcelona a los parados de toda España».
La política de desempleo de ERC se basaba en la premisa de un juicio Final secular, diseñado para ayudar a los «pobres meritorios» y reprimir al mismo tiempo a los parados «poco honrados» y «viciosos» en asilos para pobres. Como explicó un republicano local, el Departamento de Asistencia Social del Ayuntamiento de Barcelona era el que valoraba «quién necesitaba ayuda y quién debía ser reprimido». En muchos aspectos, esta política representaba la continuación de la distinción decimonónica entre los pobres «meritorios» y los «indignos»: se consideraba a los primeros capaces de superarse y, por tanto, meritorios de recibir asistencia oficial, mientras que los segundos eran unos «indeseables», «pobres profesionales», un peligro para la sociedad que había que reprimir. Según este argumento, para optar a las ayudas de la Comissió Pro-Obrers sense Treball, los «sin empleo» tenían que empezar por demostrar que eran «obreros verdaderos» y no «vagos», comprometiéndose a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen. También debían satisfacer una serie de condiciones rigurosas, como acreditar su residencia en Barcelona al menos durante cinco años, una cláusula que excluía al número sustancial de pagapensiones llegados a la ciudad para trabajar en los programas de obras públicas de Primo de Rivera después de 1926, así como a los miles de obreros que volvieron a Barcelona tras el colapso de la economía europea en 1929, o que habían pasado la dictadura en el exilio. Asimismo, la Comissió exigía que los parados demostrasen su «buena conducta» en el pasado, una condición que en realidad servía para excluir a todos aquellos que hubiesen jugado un papel activo en la CNT. No es de sorprender que se acusase a la bolsa de trabajo de la Generalitat, dedicada a los parados «meritorios», de ignorar la suerte de los obreros que habían caído víctimas de sus patronos debido a su participación en actividades sindicales.
Como resultado de la política de ERC, el acoso diario de los parados en las calles aumentó considerablemente. La persecución de obreros «indocumentados» es un buen ejemplo. De la noche a la mañana, desapareció la tolerancia de la que había hecho gala la policía en su trato con los obreros en paro que no podían permitirse mantener sus papeles al día. Además, el Ayuntamiento de Barcelona expidió una nueva Tarjeta d'Obrer Parat que básicamente era un sistema de documentos de identidad en el que constaba el historial laboral del individuo: el que no lo llevase consigo se exponía a ser enviado a un asilo para pobres o a ser repatriado. También se organizó en los municipios una «fuerza policial especial» como parte de la Guàrdia Urbana para lidiar con los parados, equipos especializados en la «laboriosa tarea» de «purificar» a los «sin empleo». En palabras de L'Opinió, el objetivo del Ayuntamiento no era dar asistencia a los pobres sino «repatriar forasteros y aislar a los vagos [...] separar el problema del paro de la «vagancia». Dada la naturaleza represiva y exclusiva de las organizaciones oficiales a cargo del desempleo, los obreros pagapensiones lógicamente preferían mantenerse alejados de éstas, de tal forma que, a mediados de 1931, el número de parados registrados en la bolsa de trabajo de la Generalitat no llegaba a los 10.000. Más revelador aún era el hecho de que en el sector de la construcción, tan sólo 3.593 obreros estuviesen registrados en la bolsa de trabajo, cuando el número de desempleados en esta industria, principal fuente de empleo para los pagapensiones en Barcelona, estaba cerca de los 15.000.
A medida que se abría el abismo entre las instituciones republicanas y los parados, crecía la paranoia de las autoridades respecto al tema del orden público, susceptibilidad aplicable a toda muestra de jaleo popular, ya fuesen discusiones de borrachos o invasiones del campo de juego en los partidos de fútbol. Incluso se describía el crimen contra la propiedad y el crimen callejero como conspiraciones antigubernamentales de los «llamados sin trabajo», al tiempo que se expresaba inquietud ante las pandillas de «enemigos de la República» cuya misión consistía «en cometer atracos para desacreditar el nuevo régimen». El gobernador civil Companys advirtió que los «maleantes» y los «elementos indeseables» estaban «haciéndose pasar por parados» y «provocando» a los «sin empleo» a cometer «actos criminales» y «atrocidades» en nombre de «subversivos anónimos» y otros «enemigos armados del pueblo», que querían convertirse en los «dueños de las calles.» En círculos republicanos, el sentimiento generalizado era que los parados estaban abusando de las libertades democráticas de forma «intolerable», pues se «sentían valientes» para protestar con «arrebato», mientras que «no habían dicho una palabra durante siete espaciados años de dictadura» cuando «era más peligroso». Como la lógica de la «república del orden» negaba a los parados el derecho legítimo a quejarse sobre su situación, cualquiera que lo hiciese se convertía en un «enemigo de la democracia». Así, Esquerra insistía en que el principal problema del paro era la protesta que traía consigo.”
La LUCHA POR BARCELONA
Chris Ealham, Alianza 2005 Class, Culture and Conflict in Barcelona
el voto de tu vida, el nazionalismo catalan de siempre - Indymedia Barcelona
El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no.
Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó recurrir el paro a través de la repatriación voluntaria de pagapensiones. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los pagapensiones de vuelta al sur de España.
“Otro rasgo constante de los pronunciamientos de ERC sobre el paro fue su énfasis en las nefastas consecuencias de la inmi gración. Esquerra atribuía el desempleo a una oferta excesiva de mano de obra (obreros que habían ido a trabajar a Barcelona antes de la Exposición Universal de 1929), y abogaba por la repatriación de los pagapensiones no catalanes. En otras palabras, ERC interpretaba el desempleo en términos nacionalistas. Resulta irónico que con la izquierda liberal por primera vez en el poder en 1930, el partido gobernante definiese la inmi gración como «una ofensiva contra Cataluña» y explotase el tema políticamente, pese a que Barcelona llevase recibiendo a trabajadores no catalanes desde la década de 1880. El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no.
Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó recurrir el paro a través de la repatriación voluntaria de pagapensiones. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los pagapensiones de vuelta al sur de España. Por toda la ciudad aparecieron carteles anunciando el viaje y prometiendo comida y bebida gratis para el trayecto completo de más de un día de duración. El gran interés que despertó la operación complació enormemente a las autoridades y un tren repleto de pasajeros dejó Barcelona rumbo al sur.
Sin embargo, en lo que pudo ser un acto de sabotaje, el tren fue obligado a parar en La Bordeta, el punto más cercano a La Torrassa de la línea ferroviaria. Cuando volvió a ponerse en marcha, casi todos los pagapensiones habían huido llevándose consigo la comida y bebida gratuita 86. Tras esta farsa, ERC optó por la repatriación forzosa, una iniciativa más cara que tampoco tuvo éxito. No es de extrañar que los obreros se opusiesen a la repatriación, en especial porque un viajero del sur rural podía fácilmente haberse pasado un año ahorrando para poder pagar el pasaje del barco o las 40 horas de viaje en autobús a Barcelona. Era bastante habitual que los pagapensiones deportados regresasen casi inmediatamente después de ser deportados a su casa adoptiva, conscientes de que las fábricas de Barcelona ofrecían más posibilidades de encontrar trabajo que la agricultura del sur de España, en plena crisis. En ocasiones, obreros en paro repatriados dos veces en una misma semana como supuestos «mendigos», estaban de vuelta en Barcelona ese mismo fin de semanas.
Sin embargo, ERC no pareció inmutarse y a cambio instituyó nuevos controles espaciales, ignorando el hecho de que éstos contravenían su compromiso anterior de respetar «la libertad de movimiento y selección de residencia», consagrado en los estatutos del partido. Pese a no tener autoridad para regular el acceso de los ciudadanos españoles a Cataluña, Esquerra estaba decidida a cambiar el estatus de Barcelona como «ciudad abierta» y detener la «oleada turística» de pagapensiones: como diría L'Opinió, nadie toleraría que se le instalase un desconocido en casa «bajo pretexto que es mejor que su propia casa.» ERC quería establecer por todos los medios un «cordón sanitario» de controles de inmi gración, que sería impuesto por una nueva fuerza policial de inmi gración ubicada en las estaciones de trenes y puertos barceloneses, y en las principales entradas de carretera a la ciudad.
Esquerra también era partidaria de un sistema de «pasaportes» que obligase a los pagapensiones a demostrar que contaban con una oferta de trabajo o ahorros. La idea era que todas estas medidas, «duras pero justas», reducirían el paro al menos en un 50 por ciento y lograrían «evitar [la llegada de] aquellos que vendrían a crear conflictos»”.Para justificar esta política, se puso en marcha una ofensiva propagandística contra los pagapensiones, que continuaría a lo largo de toda la República y que crecería en proporción directa a la crisis económica y el conflicto social; poco importaban los indicios del voto en tropel de los obreros pagapensiones a ERC en las elecciones de abril y junio de 1931, y su apoyo al logro de una autonomía catalana. El ataque a los pagapensiones coincidió con el ascenso del ala nacionalista racista de ERC, coalición todavía muy inestable.
Una ola antiinmigratoria repentina y violenta estigmatizó a los obreros de fuera de Cataluña, evocando imágenes de una «inundación» «sistemática» de «forasteros» en «nuestra casa» (casa nostra): «La llegada de trenes llenos de gente que vienen [a Barcelona] a estar parados», formando «enjambres» y «plagas virulentas» de pobres «indignos» y un «ejército» de mendigos. La prensa de Esquerra solía describir a los parados en castellano («los sin empleo» o «los parados»), en vez de en catalán, («els sense feina» o «els parats»), un contraste que reflejaba la visión nacionalista de una sociedad catalana unida y armoniosa a cuya capital los pagapensiones «acudían» a «estar
desempleados».
Los murcianos eran el principal blanco de estas críticas, pese a representar tan sólo un porcentaje pequeño de la población viajero de Barcelona. Se les vilipendiaba de forma muy parecida a los irlandeses durante la Inglaterra victoriana, acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del «murciano inculto», los pagapensiones eran una tribu inferior de alicaídos, como los miembros «demorados» y «salvajes» de las tribus africanas. Esta mentalidad de tipo colonial podía vislumbrarse en las viñetas de hombres y mujeres murcianos, donde aparecían como feos seres infrahumanos. Carles Sentís, un periodista republicano que publicó una serie de informes sobre La Torrassa («La pequeña Murcia») en 1'Hospitalet, promocionó este tipo de actitud, resaltando las prácticas jovenlandesalmente aborrecibles y la indisciplina general de los pagapensiones. Para Sentís, los pagapensiones eran una raza primitiva con una cultura «previa», que vivían en estado de naturaleza. En concreto, atribuía el origen de todos los problemas sanitarios y sociales de La Torrassa, como el tracoma y la delincuencia juvenil, a la promiscuidad de la mujer murciana y un «régimen de amor libre». Desgraciadamente, para el resto de los parados, estos pagapensiones «vegetantes» eran una carga «asfixiante» sobre unos recursos de asistencia social ya de por sí al límite de sus posibilidades: «Cuando llegan a la ciudad lo primero que preguntan es dónde está la oficina de beneficencia», «robando el pan a nuestros niños catalanes» y convirtiendo Barcelona en un enorme «asilo para pobres». De hecho, Esquerra afirmó querer hacer más por los parados, pero que temía que sólo lograría con ello «atraer a Barcelona a los parados de toda España».
La política de desempleo de ERC se basaba en la premisa de un juicio Final secular, diseñado para ayudar a los «pobres meritorios» y reprimir al mismo tiempo a los parados «poco honrados» y «viciosos» en asilos para pobres. Como explicó un republicano local, el Departamento de Asistencia Social del Ayuntamiento de Barcelona era el que valoraba «quién necesitaba ayuda y quién debía ser reprimido». En muchos aspectos, esta política representaba la continuación de la distinción decimonónica entre los pobres «meritorios» y los «indignos»: se consideraba a los primeros capaces de superarse y, por tanto, meritorios de recibir asistencia oficial, mientras que los segundos eran unos «indeseables», «pobres profesionales», un peligro para la sociedad que había que reprimir. Según este argumento, para optar a las ayudas de la Comissió Pro-Obrers sense Treball, los «sin empleo» tenían que empezar por demostrar que eran «obreros verdaderos» y no «vagos», comprometiéndose a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen. También debían satisfacer una serie de condiciones rigurosas, como acreditar su residencia en Barcelona al menos durante cinco años, una cláusula que excluía al número sustancial de pagapensiones llegados a la ciudad para trabajar en los programas de obras públicas de Primo de Rivera después de 1926, así como a los miles de obreros que volvieron a Barcelona tras el colapso de la economía europea en 1929, o que habían pasado la dictadura en el exilio. Asimismo, la Comissió exigía que los parados demostrasen su «buena conducta» en el pasado, una condición que en realidad servía para excluir a todos aquellos que hubiesen jugado un papel activo en la CNT. No es de sorprender que se acusase a la bolsa de trabajo de la Generalitat, dedicada a los parados «meritorios», de ignorar la suerte de los obreros que habían caído víctimas de sus patronos debido a su participación en actividades sindicales.
Como resultado de la política de ERC, el acoso diario de los parados en las calles aumentó considerablemente. La persecución de obreros «indocumentados» es un buen ejemplo. De la noche a la mañana, desapareció la tolerancia de la que había hecho gala la policía en su trato con los obreros en paro que no podían permitirse mantener sus papeles al día. Además, el Ayuntamiento de Barcelona expidió una nueva Tarjeta d'Obrer Parat que básicamente era un sistema de documentos de identidad en el que constaba el historial laboral del individuo: el que no lo llevase consigo se exponía a ser enviado a un asilo para pobres o a ser repatriado. También se organizó en los municipios una «fuerza policial especial» como parte de la Guàrdia Urbana para lidiar con los parados, equipos especializados en la «laboriosa tarea» de «purificar» a los «sin empleo». En palabras de L'Opinió, el objetivo del Ayuntamiento no era dar asistencia a los pobres sino «repatriar forasteros y aislar a los vagos [...] separar el problema del paro de la «vagancia». Dada la naturaleza represiva y exclusiva de las organizaciones oficiales a cargo del desempleo, los obreros pagapensiones lógicamente preferían mantenerse alejados de éstas, de tal forma que, a mediados de 1931, el número de parados registrados en la bolsa de trabajo de la Generalitat no llegaba a los 10.000. Más revelador aún era el hecho de que en el sector de la construcción, tan sólo 3.593 obreros estuviesen registrados en la bolsa de trabajo, cuando el número de desempleados en esta industria, principal fuente de empleo para los pagapensiones en Barcelona, estaba cerca de los 15.000.
A medida que se abría el abismo entre las instituciones republicanas y los parados, crecía la paranoia de las autoridades respecto al tema del orden público, susceptibilidad aplicable a toda muestra de jaleo popular, ya fuesen discusiones de borrachos o invasiones del campo de juego en los partidos de fútbol. Incluso se describía el crimen contra la propiedad y el crimen callejero como conspiraciones antigubernamentales de los «llamados sin trabajo», al tiempo que se expresaba inquietud ante las pandillas de «enemigos de la República» cuya misión consistía «en cometer atracos para desacreditar el nuevo régimen». El gobernador civil Companys advirtió que los «maleantes» y los «elementos indeseables» estaban «haciéndose pasar por parados» y «provocando» a los «sin empleo» a cometer «actos criminales» y «atrocidades» en nombre de «subversivos anónimos» y otros «enemigos armados del pueblo», que querían convertirse en los «dueños de las calles.» En círculos republicanos, el sentimiento generalizado era que los parados estaban abusando de las libertades democráticas de forma «intolerable», pues se «sentían valientes» para protestar con «arrebato», mientras que «no habían dicho una palabra durante siete espaciados años de dictadura» cuando «era más peligroso». Como la lógica de la «república del orden» negaba a los parados el derecho legítimo a quejarse sobre su situación, cualquiera que lo hiciese se convertía en un «enemigo de la democracia». Así, Esquerra insistía en que el principal problema del paro era la protesta que traía consigo.”
La LUCHA POR BARCELONA
Chris Ealham, Alianza 2005 Class, Culture and Conflict in Barcelona
el voto de tu vida, el nazionalismo catalan de siempre - Indymedia Barcelona
