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Vivienda ha abierto casi 2.000 diligencias a dueños de VPO por sospechas de fraude
El gobierno vasco crearÁ un servicio público de inspección antes de agosto .
Los motivos de infracción más frecuentes son que el piso esté desocupado o que haya sido alquilado sin permiso.
Hay timadores a gran escala, pequeños truhanes de bolsillo o especuladores de altos vuelos. Todos tienen los días contados gracias a los inspectores de las VPO, la nueva fuerza del orden.
Concha Lago
bilbao. El departamento de Vivienda mantiene abiertas un total de 1.972 diligencias contra personas que ocupan pisos de VPO y que están incurriendo en algún tipo de fraude o irregularidad. En estos cerca de dos mil casos se está estudiando cómo poder imponer una sanción a través de consultas al registro de VPO, al catastro, solicitudes de información sobre sus consumos de agua, luz o teléfono etc...
Las campañas de inspección llevadas a cabo han revisado hasta ahora más de 17.000 pisos aunque el objetivo final es revisar los 50.000 pisos que componen el parque de vivienda protegida existente en la CAV. Los inspectores de Ikertalde han constatado irregularidades y sospechas de fraude en aproximadamente nueve de cada cien visitas. "Estamos hablando de indicios. algunos no llegan a una irregularidad real y en otros casos aunque hay indicios no se pueden demostrar. Además hay que ir a un procedimiento sancionador que requiere que lo pruebes... Es un procedimiento largo y garantista que provoca, por ejemplo, que ninguna de las sanciones impuestas haya sido recurrida y ganada", matiza Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda.
Las irregularidades sancionadas más frecuentes consisten en la no ocupación de la vivienda. "Eso es más frecuente en las pequeñas poblaciones, donde se ha producido un pequeño repunte de este tipo de fraudes porque en ocasiones son utilizadas como una segunda vivienda", explica Vicente Cortés, jefe del servicio de inspección.
También se detectan alquileres no autorizados y lo que se denomina cesiones en precario, "en definitiva alquileres encubiertos que es cuando, por ejemplo, se alquila a un familiar la VPO pero se argumenta que se la está dejando gratis aunque generalmente esté recibiendo un alquiler aunque sea a precio módico". Aparecen asimismo herencias que a veces son o no sancionables. Y por último otro de los caballos de batalla del Departamento es la compraventa irregular.
Mención especial merecen los arrendamientos que deben estar autorizados por el Delegado Territorial. De hecho, los alquileres sólo se autorizan por motivos laborales, de salud, familiares o de seguridad y siempre tienen carácter transitorio.
Aunque los montos económicos de la sanción pueden llegar a alcanzar los 6.000 euros, la pena media es de 3.000 euros con el agravante de que es reiterable ya que cuando se repite la siguiente multa, aumenta esa cuantía. Además de la sanción en dinero, esta multa implica siempre lo que técnicamente se llama una "obligación de hacer". Es decir, si existe un alquiler irregular hay que volverlo atrás, si se mantiene un piso vacío, se debe ocupar o si se ha realizado una venta ilegal hay que deshacerla. "Se puede dar el caso de vivienda vacía y se impone una sanción de 4.000 euros, si a los 30 días permanece sin ocupar son otros 4.000 euros y a ese ritmo no tardamos en embargarla. Así que alguien que sabe que al final le vamos a quitar la vivienda, nos la ofrece", explica gráficamente Burón.
"Hay mucha gente de la que estamos sancionando que nos ofrece la vivienda porque sabe que no puede cumplir la obligación de hacer. Incluso hay algunos que cuando se inspecciona en el barrio y saben que no puede ocupar su vivienda, ponen la casa a nuestra disposición antes de la primera sanción. En temas muy graves y absolutamente patológicos, además de sancionar se está expropiando", precisa el director de Planificación.
Como consecuencia de estas investigaciones, se han expropiado dos viviendas, se han recuperado 45 y se han impuesto 138 sanciones.
servicio público de inspección Para llevar a cabo una labor más pormenorizada, el departamento de Vivienda creará en breve un servicio público de inspección. "Ahora estamos ultimando todo el proceso pero el servicio va a estar listo antes de marcharnos de vacaciones porque Función Pública también tiene interés en que esto salga cuanto antes". Los inspectores consideran que el trabajo de campo aún siendo muy importante, no es la clave. "Lo fundamental es la interconexión con el registro y la consulta de fuentes secundarias como los consumos de agua, luz, teléfono, el empadronamiento o el domicilio a efectos fiscales", aclara Burón.
Sin embargo, Burón desmiente una leyenda urbana, el mito de que las VPO son sufragadas entre todos. "La gente que vive en viviendas protegidas las han costeado ellos porque los 110.000 euros que paga son los que cuesta. Los contribuyentes habremos pagado un 7 o un 8%, que es lo que cuesta tener en marcha una maquinaria administrativa que regule el proceso".
En esta línea, explica que tampoco es posible atender las demandas que recientemente realizó el Ararteko o el Consejo vasco de la Juventud y hacer todo el parque público en alquiler ya que para levantar las 30.000 viviendas protegidas que se han hecho en los últimos años en alquiler sería necesario el presupuesto de Sanidad o Educación porque con un alquiler de 280 euros harían falta 45 años hasta que simplemente se financiara su coste.
campaña de inspección de vpo
"Sacamos la suciedad de debajo de la alfombra"
El trabajo es ingente ya que se inspecciona el parque completo de VPO. "Se está examinando todo aquello que nadie ha querido inspeccionar en 25 años. Hay casuísticas muy diferentes. Y se está mirando todo el parque porque no hay que olvidar que sólo está totalmente regulado a partir del 2002", subraya Javier Burón. "Como estamos metiendo mano a todo, lo que hacemos es levantar la alfombra y sacar toda la suciedad acumulada". No en vano alguien que es agraciado hoy con una vivienda ha tenido que pasar una criba muy diferente al de hace 20 años. "Se ha tenido que apuntar a Etxebide, hemos comprobado que no tenía ninguna vivienda, sus ingresos, que está empadronado, se somete a un sorteo..." "Y sobre todo la gente ya sabe que no puede vender esa vivienda porque ejercemos el derecho de tanteo y retracto. Cuando nos la quieren colar, los notarios y registradores colaboran con nosotros. Examinamos todas las situaciones de alquileres. Por eso es incomparable lo que sucede hoy en día con lo que sucedía a principios de los 90", se jacta el jefe de Planificación. >C.L.
En el proceloso mundo de los defraudadores de VPO navega a la deriva más de un maleante pero, eso sí, con buen fondo. Curtido en mil engaños, el jefe de inspectores todavía confía en la especie humana y matiza que "los ciudadanos no son unos chorizos porque el 90% de la población cumple".
Pero el mundo de los protegidos, a veces turbio y farragoso, depara una galería de personajes digna de una antología del disparate. A saber: "Durante una visita en la que preguntábamos cosas tan lógicas como quién es el titular de la vivienda y cuándo fue adjudicada, alguna señora no se acordaba ni cómo se llamaba. Pero si 'usted me llama por teléfono en media hora seguro que me acuerdo', nos dijo". En esos pisos que en su día fueron tan necesarios para tener techo y cama, también se encuentran con negocios de estética, con peluquerías... Luego aparece todo un catálogo de timadores de guante blanco que sólo se duchan en el gimnasio (por eso no consumen agua), que sólo comen donde ama (no pagan ni una factura de gas) y que convierten en hermanitas de la caridad a timadores profesionales.
Los inspectores del parque de viviendas tienen anécdotas para aburrir a los nietos. Algunos ciudadanos argumentan sus fraudes con explicaciones peregrinas y kafkianas pero que trazan con la precisión de un delineante el retrato robot de la sociedad, no en vano 50.000 viviendas conforman un retrato social más que autorizado.
Los vecinos chivatos se convierten a menudo en fuentes de toda solvencia. "Hay de todo. El vecino de al lado igual no te cuenta nada pero el de arriba te puede dar pelos y señales. Tampoco te cuentan lo mismo en una pequeña población que en el barrio de una gran ciudad", relata Vicente Cortés. "Filtramos la información que nos proporcionan. Vamos tres veces en horario diferente, una de ellas en sábado. Hacemos un trabajo de comprobación muy exhaustivo", razona.
Algún que otro ciudadano va de honrado y llega a reconocer abiertamente, por ejemplo, que no ocupa su vivienda porque está esperando a que se descalifique para venderla en el mercado libre.
el ojo que todo lo ve Ni héroes ni villanos. Estos interventores de la cotidianidad que se cuece en cada casa, se toman su trabajo casi como una labor profiláctica. "En realidad lo que hacemos es lanzar el aviso del Vamos a por tí. Así que el señor del segundo B se lo cuenta a todo el vecindario y ya saben a qué atenerse". Por eso no la definen como una labor intimidatoria si no una labor de concienciación.
El trabajo de estos visitadores puede ser curioso pero no es fácil. Se puede llegar a visitar una vivienda hasta 20 veces. "Intentamos contactar varias veces, insistimos, si no están por la tarde, vamos a la noche, si no están el sábado podemos ir hasta el domingo... hemos realizado en estos tres años más de cien mil visitas", cuenta Vicente Cortés con la paciencia de quien ya ha adquirido cierto parecido con el Santo Job.
El registro de VPO que existe en la CAV, la única comunidad con registro de vivienda protegida, es la clave; el amo del calabozo, un instrumento precioso para poder inspeccionar con garantías. De hecho, los delegados deciden con el servicio de inspección a qué dan prioridad con el objetivo de que todo el parque esté vuelto como un calcetín para el año 2009. El procedimiento es presencial, por carta y telefónico. Se les intenta localizar por tierra, mar y aire hasta dar con ese propietario insumiso, rebelde o simplemente escurridizo.
"Partimos del registro para actualizarlo, para comprobar que José Luis Martínez vive en Blas de Otero 16. Hechas las visitas presenciales, si no se le localiza y hay sospechas, les enviamos cartas. Y si todos los indicios les delatan ya empezamos a investigar en serio e iniciamos el procedimiento sancionador".
Un método infalible en que el pucherazo tampoco es posible. "Las adjudicaciones están completamente regladas, el registro es totalmente garantista, el sorteo es informático y los listados son un elemento de higiene maravillosa", especifica Javier Burón con las garantías y las limitaciones que impone vivir en un VPO.
