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Madmaxista
Uno de cada diez desahucios es de jubilados que avalaron a sus hijos
Los lanzamientos afectan a un nuevo perfil: el avalista de familiares. En 2013 ha habido más de 100 desalojos a jubilados
La intensidad, la fuerza mediática y la presencia pública de los desahucios ha descendido en los últimos meses, pero continúan ahí. «Siguen las negociaciones. Si podemos evitar el mal trago de tener que convocar una paralización de un desahucio, lo hacemos. Por suerte, parece que ahora se están obteniendo más daciones en pago», afirma Joan Bel, portavoz de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en Tarragona (PAH).
También sigue la proliferación de las víctimas colaterales de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos. Sobre el variopinto y disperso perfil de afectados, sobresale un rol: el de los jubilados que en su día avalaron a sus hijos en la compra de una vivienda. Ahora están viendo cómo, después de que sus hijos perdieran la casa, les sucede lo mismo, en una especie de reedición del drama. La Plataforma en Tarragona calcula que alrededor de un 10% de las personas afectadas tienen más de 65 años y avalaron con su casa negocios o compras de sus hijos con créditos.
Así, son más de 100 los desahuciados, del total de 1.144 desalojados en lo que va de 2013. A nivel catalán el dato es aún mayor: un tercio de las ejecuciones se producen en hogares que cuentan con una o dos personas mayores de 65 años. Además, en un 23% de los más de 11.000 casos de desahucio revisados por la Plataforma se había declarado como aval la vivienda de los padres, quedando también en juego el hogar de personas mayores.
Es el caso de una señora de 58 años que avaló con su vivienda la compra de su hijo, en Pallaressos. La crisis arrambló con la empresa de su hijo, que a partir de entonces ya no pudo pagar la hipoteca. Primero perdió él el piso. Luego le tocó a ella, que se quedó sin su vivienda en Reus y se tuvo que buscar la vida para buscarse otro techo. «Es el afectado quien se tiene que poner en contacto con nosotros para que le ayudemos. No puede permitir que sus padres o sus mayores sean desahuciados», cuenta Joan Bel, crítico con aquellos que llevan en silencio el proceso y entregan las llaves.
A más edad, más discretamente se lleva el sufrimiento. «Normalmente la gente mayor es más reacia a denunciar su caso para que podamos intervenir», explica Bel.
Aunque el grueso de desalojados tienen entre 35 y 45 años, los que tienen más de 65 años se han convertido en un colectivo muy vulnerable, ofreciendo situaciones especialmente dramáticas. «Hay un caso de Tarragona en el que unos señores mayores, que ahora ya pasan de los 70 años, avalaron a su hijo en la compra de un piso. Él tenía una empresa de transporte que quebró. Ni el chico ni sus padres tienen ahora vivienda. Viven como pueden en casa de conocidos», cuenta Hernán Jiménez, vinculado a la Plataforma. En muchas ocasiones con el desahucio de un anciano se rompe la última red de soporte económico con la que cuenta una familia.
La pensión lleva tiempo convertida en el ingreso salvador de familias enteras. «Por lo general son padres que avalaron a sus hijos y cuando éstos no pueden hacer frente a la hipoteca los avalistas ven peligrar sus pensiones y propiedades para pagar un préstamos que nunca les reportó nada», explica la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), que apunta: «La falta de información sobre las consecuencias de firmar avales, unida a las actitudes de algunas entidades ha provocado verdaderos dramas sociales de difícil situación, con la consecuente desintegración de la unidad familiar por motivos económicos». La Plataforma teme que se produzca una segunda oleada de lanzamientos que afectará sobre todo a los avalistas.
«Tenemos casos de todo tipo, en lugares como Tarragona, Reus, Cambrils… También hay situaciones extrañas, como casos en los que en principio una persona hacía de avalista y ha acabado apareciendo como copropietario», indica Jesús Sánchez, otro afectado y miembro de la Plataforma.
Según fuentes del sector inmobiliario, el 95% de las hipotecas concedidas en los últimos años cuenta con el aval de una o varias personas.
De hecho, la figura del avalista se esconde detrás de algunos casos de suicidio en España vinculados a desahucios. También la población viajero, la más afectada en Tarragona por los desahucios, se ve perjudicada en tanto que avalista.
«En el momento de solicitar el crédito para comprar la vivienda, al no contar con garantías suficientes, buscaron avalistas entre sus allegados. Se avalaron unos a otros, y con la crisis arrastraron en su caída a otros compatriotas en su misma situación», cuentan desde Afes.
Menos desalojos
Las cifras de este 2013 indican un ligero descenso de número de desahucios en la provincia. De entrada, las ejecuciones hipotecarias han descendido un 19,4% en el segundo trimestre de este año con respecto al anterior. En el primer trimestre, el descenso fue de un 20,9%, poniendo fin a un año 2012 con espectaculares incrementos de hasta el 48,7%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el segundo trimestre de este año, 631 hogares dejaron de pagar la hipoteca, lo que arroja una media de siete al día, sensiblemente inferior al registro de 2012, cuando en Tarragona se registraban nueve impagos de hipoteca al día, con su noficiación.
Los lanzamientos, esa última etapa de la ejecución hipotecaria, también han ido descendiendo: de los 621 registrados en el primer trimestre, a los 523 del segundo, lo que arroja una media de 5,8 al día.
Según un informe de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), el 70%de los encuestados tenían un aval. El balance realiza un recorrido cronológico por los perfiles afectados. Entre 2008 y 2012 los desalojados fueron pagapensiones de entre 35 y 55 años que echaron mano de familiares y amigos para avalar el crédito. El impago produjo un efecto dominó.
A partir de 2009 fueron familias españolas con hijos que adquirieron una segunda vivienda y no pudieron afrontar dos hipotecas. A partir de 2012 llegó el turno de los pequeños empresarios o autónomos de entre 40 y 55 años, que avalaron el negocio con su vivienda. Por último, entre el año pasado y éste, están surgiendo como perjudicados los avalistas y las antiguas rentas medias-altas. Suelen ser padres o familiares que avalaron a sus hijos y familas en la concesión de créditos hipotecarios.
Fuente: diaridetarragona.com - Uno de cada diez desahucios es de jubilados que avalaron a sus hijos 24/11/2013
Los lanzamientos afectan a un nuevo perfil: el avalista de familiares. En 2013 ha habido más de 100 desalojos a jubilados
La intensidad, la fuerza mediática y la presencia pública de los desahucios ha descendido en los últimos meses, pero continúan ahí. «Siguen las negociaciones. Si podemos evitar el mal trago de tener que convocar una paralización de un desahucio, lo hacemos. Por suerte, parece que ahora se están obteniendo más daciones en pago», afirma Joan Bel, portavoz de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en Tarragona (PAH).
También sigue la proliferación de las víctimas colaterales de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos. Sobre el variopinto y disperso perfil de afectados, sobresale un rol: el de los jubilados que en su día avalaron a sus hijos en la compra de una vivienda. Ahora están viendo cómo, después de que sus hijos perdieran la casa, les sucede lo mismo, en una especie de reedición del drama. La Plataforma en Tarragona calcula que alrededor de un 10% de las personas afectadas tienen más de 65 años y avalaron con su casa negocios o compras de sus hijos con créditos.
Así, son más de 100 los desahuciados, del total de 1.144 desalojados en lo que va de 2013. A nivel catalán el dato es aún mayor: un tercio de las ejecuciones se producen en hogares que cuentan con una o dos personas mayores de 65 años. Además, en un 23% de los más de 11.000 casos de desahucio revisados por la Plataforma se había declarado como aval la vivienda de los padres, quedando también en juego el hogar de personas mayores.
Es el caso de una señora de 58 años que avaló con su vivienda la compra de su hijo, en Pallaressos. La crisis arrambló con la empresa de su hijo, que a partir de entonces ya no pudo pagar la hipoteca. Primero perdió él el piso. Luego le tocó a ella, que se quedó sin su vivienda en Reus y se tuvo que buscar la vida para buscarse otro techo. «Es el afectado quien se tiene que poner en contacto con nosotros para que le ayudemos. No puede permitir que sus padres o sus mayores sean desahuciados», cuenta Joan Bel, crítico con aquellos que llevan en silencio el proceso y entregan las llaves.
A más edad, más discretamente se lleva el sufrimiento. «Normalmente la gente mayor es más reacia a denunciar su caso para que podamos intervenir», explica Bel.
Aunque el grueso de desalojados tienen entre 35 y 45 años, los que tienen más de 65 años se han convertido en un colectivo muy vulnerable, ofreciendo situaciones especialmente dramáticas. «Hay un caso de Tarragona en el que unos señores mayores, que ahora ya pasan de los 70 años, avalaron a su hijo en la compra de un piso. Él tenía una empresa de transporte que quebró. Ni el chico ni sus padres tienen ahora vivienda. Viven como pueden en casa de conocidos», cuenta Hernán Jiménez, vinculado a la Plataforma. En muchas ocasiones con el desahucio de un anciano se rompe la última red de soporte económico con la que cuenta una familia.
La pensión lleva tiempo convertida en el ingreso salvador de familias enteras. «Por lo general son padres que avalaron a sus hijos y cuando éstos no pueden hacer frente a la hipoteca los avalistas ven peligrar sus pensiones y propiedades para pagar un préstamos que nunca les reportó nada», explica la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), que apunta: «La falta de información sobre las consecuencias de firmar avales, unida a las actitudes de algunas entidades ha provocado verdaderos dramas sociales de difícil situación, con la consecuente desintegración de la unidad familiar por motivos económicos». La Plataforma teme que se produzca una segunda oleada de lanzamientos que afectará sobre todo a los avalistas.
«Tenemos casos de todo tipo, en lugares como Tarragona, Reus, Cambrils… También hay situaciones extrañas, como casos en los que en principio una persona hacía de avalista y ha acabado apareciendo como copropietario», indica Jesús Sánchez, otro afectado y miembro de la Plataforma.
Según fuentes del sector inmobiliario, el 95% de las hipotecas concedidas en los últimos años cuenta con el aval de una o varias personas.
De hecho, la figura del avalista se esconde detrás de algunos casos de suicidio en España vinculados a desahucios. También la población viajero, la más afectada en Tarragona por los desahucios, se ve perjudicada en tanto que avalista.
«En el momento de solicitar el crédito para comprar la vivienda, al no contar con garantías suficientes, buscaron avalistas entre sus allegados. Se avalaron unos a otros, y con la crisis arrastraron en su caída a otros compatriotas en su misma situación», cuentan desde Afes.
Menos desalojos
Las cifras de este 2013 indican un ligero descenso de número de desahucios en la provincia. De entrada, las ejecuciones hipotecarias han descendido un 19,4% en el segundo trimestre de este año con respecto al anterior. En el primer trimestre, el descenso fue de un 20,9%, poniendo fin a un año 2012 con espectaculares incrementos de hasta el 48,7%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el segundo trimestre de este año, 631 hogares dejaron de pagar la hipoteca, lo que arroja una media de siete al día, sensiblemente inferior al registro de 2012, cuando en Tarragona se registraban nueve impagos de hipoteca al día, con su noficiación.
Los lanzamientos, esa última etapa de la ejecución hipotecaria, también han ido descendiendo: de los 621 registrados en el primer trimestre, a los 523 del segundo, lo que arroja una media de 5,8 al día.
Según un informe de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), el 70%de los encuestados tenían un aval. El balance realiza un recorrido cronológico por los perfiles afectados. Entre 2008 y 2012 los desalojados fueron pagapensiones de entre 35 y 55 años que echaron mano de familiares y amigos para avalar el crédito. El impago produjo un efecto dominó.
A partir de 2009 fueron familias españolas con hijos que adquirieron una segunda vivienda y no pudieron afrontar dos hipotecas. A partir de 2012 llegó el turno de los pequeños empresarios o autónomos de entre 40 y 55 años, que avalaron el negocio con su vivienda. Por último, entre el año pasado y éste, están surgiendo como perjudicados los avalistas y las antiguas rentas medias-altas. Suelen ser padres o familiares que avalaron a sus hijos y familas en la concesión de créditos hipotecarios.
Fuente: diaridetarragona.com - Uno de cada diez desahucios es de jubilados que avalaron a sus hijos 24/11/2013
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