Una joven universitaria lucense denunció en el juzgado a sus padres para que le den más dinero mensualmente. Considera que los 600 euros que le pasan no son suficientes y exigió por vía judicial 800. Los jueces no le dieron la razón por considerar que con lo que le aportan los denunciados tiene bastante.
La muchacha emprendió una cruzada contra sus progenitores, único caso hasta ahora en Galicia, según diversas fuentes. No solo presentó la denuncia que dio lugar al correspondiente juicio, sino que, insatisfecha con la sentencia dictada, recurrió en apelación a la Audiencia Provincial de Lugo, que también rechazó sus pretensiones. Tendrá que seguir con los 600 euros. Algunos abogados consultados sobre el asunto mostraron su asombro y dijeron que el caso abre lo que puede ser para muchos padres una preocupante puerta judicial amparada en una ley que, en materia de pensiones alimenticias, es muy protectora con los beneficiarios de las mismas.
La abogada lucense Reyes Costa, que fue la encargada de defender a los padres denunciados, mostró su perplejidad por un caso que calificó de esperpéntico. Parece que el juez que se encargó del asunto también se sorprendió al ver la reclamación y planteó a los abogados la posibilidad de llegar a una negociación para evitar el juicio. Sin embargo, la universitaria supuestamente no se avino a ningún entendimiento ya que mantuvo su petición de 800 euros y el pago de la vivienda en Santiago, donde estudia, que ya venían costeando sus padres.
Al parecer, la denunciante alegó, entre otras razones, que la asignación de 600 euros que le pasaban no le llegaba y que sus padres disponían del patrimonio suficiente como para aportarle 200 euros más y así cubrir gastos. Sin embargo la defensa de los denunciados demostró que la muchacha no solo no necesitaba los 800 euros, sino que aún le sobraba de los 600 que le daban. Supuestamente tenía ahorros.
Finalmente, el juez resolvió denegando a la reclamante la solicitud. La joven, defraudada con la respuesta de la Justicia, buscó que la inicial sentencia fuese revocada por parte de la Audiencia Provincial. El alto tribunal lucense, sin embargo, estableció que el juez tenía razón al no aceptar que le dieran más dinero.
«Ya no es la cantidad que se reclame, es el fondo de la cuestión. Es desvirtuar una ley. El asunto puede levantar ampollas. Llegamos al punto de que los hijos pueden investigar el patrimonio de sus padres y en base al mismo pueden reclamarles una pensión superior. Hasta ahora, la ley estaba pensada más que nada para los divorcios y para garantizar que los hijos tuvieran sus necesidades cubiertas», apuntó un letrado consultado ayer.
Una universitaria denuncia a sus padres en el juzgado para exigirles 800 euros al mes
La muchacha emprendió una cruzada contra sus progenitores, único caso hasta ahora en Galicia, según diversas fuentes. No solo presentó la denuncia que dio lugar al correspondiente juicio, sino que, insatisfecha con la sentencia dictada, recurrió en apelación a la Audiencia Provincial de Lugo, que también rechazó sus pretensiones. Tendrá que seguir con los 600 euros. Algunos abogados consultados sobre el asunto mostraron su asombro y dijeron que el caso abre lo que puede ser para muchos padres una preocupante puerta judicial amparada en una ley que, en materia de pensiones alimenticias, es muy protectora con los beneficiarios de las mismas.
La abogada lucense Reyes Costa, que fue la encargada de defender a los padres denunciados, mostró su perplejidad por un caso que calificó de esperpéntico. Parece que el juez que se encargó del asunto también se sorprendió al ver la reclamación y planteó a los abogados la posibilidad de llegar a una negociación para evitar el juicio. Sin embargo, la universitaria supuestamente no se avino a ningún entendimiento ya que mantuvo su petición de 800 euros y el pago de la vivienda en Santiago, donde estudia, que ya venían costeando sus padres.
Al parecer, la denunciante alegó, entre otras razones, que la asignación de 600 euros que le pasaban no le llegaba y que sus padres disponían del patrimonio suficiente como para aportarle 200 euros más y así cubrir gastos. Sin embargo la defensa de los denunciados demostró que la muchacha no solo no necesitaba los 800 euros, sino que aún le sobraba de los 600 que le daban. Supuestamente tenía ahorros.
Finalmente, el juez resolvió denegando a la reclamante la solicitud. La joven, defraudada con la respuesta de la Justicia, buscó que la inicial sentencia fuese revocada por parte de la Audiencia Provincial. El alto tribunal lucense, sin embargo, estableció que el juez tenía razón al no aceptar que le dieran más dinero.
«Ya no es la cantidad que se reclame, es el fondo de la cuestión. Es desvirtuar una ley. El asunto puede levantar ampollas. Llegamos al punto de que los hijos pueden investigar el patrimonio de sus padres y en base al mismo pueden reclamarles una pensión superior. Hasta ahora, la ley estaba pensada más que nada para los divorcios y para garantizar que los hijos tuvieran sus necesidades cubiertas», apuntó un letrado consultado ayer.
Una universitaria denuncia a sus padres en el juzgado para exigirles 800 euros al mes
