Una renta básica transmaribibollera

sabroson

Lonchafinista
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Se va acercando poco a poco el 28 de junio, la fecha señalada por el colectivo LGBTI, tradicionalmente recibida por los habituales debates sobre los porcentajes de fiesta y reivindicación que debe contener, las denuncias hacia la patronal LGBTI y los aluviones de manifiestos, convocatorias y contraconvocatorias. Este año, sin embargo, todos esos debates no existen debido a la situación de esa época en el 2020 de la que yo le hablo mundial en la que nos encontramos, que nos impide abrazarnos, protestar (¡al menos de la manera clásica!) o festejar en las calles, como llevamos haciendo durante al menos 50 años. Y no solo eso, sino que este Orgullo (día de la liberación LGBTI, como lo llamamos los puristas) estará atravesado también por una crisis sin precedentes, en unas condiciones sociales y económicas que no se vivían con tal intensidad desde hace 100 años. El antiguo Barrio chino de Barcelona, cuna de nuestro primer ambiente LGBTI, es ahora un páramo desolado en el que cientos de personas hacen cola cada día para obtener alimento.

El colectivo LGBTI llegaba a este año al Orgullo bastante perdido, reconozcámoslo. Tras años de conquistas sociales, se había llegado a un punto en el que todos nuestros análisis se quedaban en la superficie y nuestros manifiestos no se alteraban sustancialmente desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Basta con observar que el Orgullo del año pasado fue uno de los más cañeros y comentados de la última década no por nuestro empeño y propuestas, sino porque Ciudadanos se presentó allí tras haber pactado con la ultraderecha en varias comunidades autónomas y hubo que responderles. Ramón Martínez señaló hace unos días en una entrevista que permanentemente «esperamos a que haya una amenaza muy evidente para dar una respuesta a ese problema en lugar de analizar todo el sistema como problema y proponer directamente y ex novo todo un sistema alternativo». Y es verdad, somos un movimiento que se ha vuelto más reactivo que proactivo.

La otra estrategia del colectivo LGBTI, la de la visibilidad, está empezando a mostrar sus límites. El día de la visibilidad lésbica, precisamente, Brigitte Vasallo publicaba un artículo en el que decía que «tener un día dedicado a la visibilidad nos da la excusa, necesaria, para hablar de nosotras, aunque la visibilidad en sí misma no lo soluciona todo». Y es cierto que con las estrategias de visibilidad y presión se están conquistando derechos. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación en la que millones de personas con contratos temporales, trabajadores en oscuro, autónomos, personas que vivían de trapicheos o de la caridad se han quedado sin ingresos, sin poder asumir el coste de sus necesidades básicas de vivienda y alimento. Entre ellas, evidentemente una enorme cantidad de personas LGBTI. Sin embargo, creo que nunca he leído una propuesta económica por parte de un colectivo LGBTI. ¿Y si pasamos de la estrategia de la visibilidad a la de exigir tener cubiertas nuestras condiciones materiales de existencia?

La pancarta que llevaban las pioneras trans de la Rambla en la manifestación del 77 decía ‘Nosaltres no tenim por, nosaltres som’ («nosotras no tenemos miedo, nosotras somos»). La manera de ser, es decir, de existir, sin miedo es teniendo garantizadas tus necesidades básicas y eso hoy en día no lo podemos decir las personas LGBTI. La interseccionalidad (tantas veces enunciada y tan pocas veces aplicada) nos enseña que no todas las personas empezamos en la misma casilla de salida, y prueba de ello es el 85% de paro entre personas trans (algunas de las cuales acaban dedicándose al trabajo sensual totalmente desprotegidas como última salida), el 24% de personas LGBTI que se han sentido acosadas en el trabajo o todas las personas jóvenes LGBTI que se han visto obligadas a pasar el confinamiento con padres que no les respetan o que incluso les agreden. Una Renta Básica Universal como la que propone la Red Renta Básica sería un paso de gigante para acabar con estas discriminaciones. Quien tiene garantizado el techo y el alimento no tiene por qué aceptar el primer trabajo de hez que se le ofrece (lo cual posiblemente también forzaría a una subida de salarios para los trabajos más ingratos) o que convivir con quien no le respeta. La RBU empoderaría a las y los de abajo y les daría, por una vez, una posición desde la que poder negociar sin sucumbir a los chantajes, ya vengan de grandes empresarios, de la derecha o de padres LGBTIfóbicos.

Evidentemente esta medida no afecta exclusivamente a las personas LGBTI, pero mi propuesta es precisamente esa: que este 28J lo cambie todo para los colectivos LGBTI, que dejemos de ensimismarnos en los debates internos y apostemos por medidas para el 99%, como la implementación de una Renta Básica Universal (para toda la población*), incondicional (sin requerimientos previos) e inmediata. Hasta ahora, el Gobierno de España ha dado pasos tímidos pero importantes, con el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, cuyas condiciones son insuficientes, paliativas y no universales. Quienes se han escandalizado ante esta propuesta a medio gas son, precisamente, los que siempre hemos tenido enfrente en el colectivo LGBTI: los empresarios explotadores, la Iglesia católica, la derecha y la ultraderecha. Merece la pena presionar a que el Gobierno sea más ambicioso y dé la batalla, ante la perspectiva de una victoria material y cultural sobre la derecha como esta. No será la única reivindicación que tendremos que adoptar, ya que también tendremos que hablar de la catástrofe ecológica de la que esta esa época en el 2020 de la que yo le hablo es el preludio, de la necesidad de transparencia en torno a las peticiones de asilo LGBTI que recibe el Estado o de los problemas de salud mental que se han visto agravados durante este confinamiento. En cualquier caso, vienen tiempos convulsos en los que las de siempre tendremos que luchar mucho y todo el mundo sabe que solo lucha quien tiene para comer…

*NOTA: La propuesta de la Red Renta Básica permite que la Agencia Tributaria realice a posteriori los ajustes necesarios para que personas que no la necesiten la devuelvan como parte de sus obligaciones.

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