luenma06
Madmaxista
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Rebelion. TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones
Agnes Rousseaux
CETRI
Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores –sometidos a las fuertes presiones de los lobbies– se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.
Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).
“Calmar la frustración de las empresas”
Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.
“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)
Prohibir toda intervención de los Estados
”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.
Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.
Bloquear las privatizaciones
Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.
Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..
Negociaciones secretas
Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.
No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría…¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!
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Agnes Rousseaux
CETRI
Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores –sometidos a las fuertes presiones de los lobbies– se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.
Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).
“Calmar la frustración de las empresas”
Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.
“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)
Prohibir toda intervención de los Estados
”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.
Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.
Bloquear las privatizaciones
Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.
Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..
Negociaciones secretas
Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.
No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría…¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!
Sigue en Rebelion. TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones
