Anónimo222
Madmaxista
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Telefónica propone el ERE para 5.124 trabajadores, la tercera parte de la plantilla
Yolanda Díaz se reunirá con empresa y sindicatos para estudiar la propuesta. Las centrales sindicales demandan la voluntariedad de los despidos y confían en rebajar el número de afectados
elpais.com
Telefónica ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 5.124 trabajadores, que afectará a sus principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y se prolongará hasta 2026, según ha comunicado este lunes la dirección de la compañía a las centrales sindicales mayoritarias (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) en la constitución de las mesas negociadoras, informaron fuentes sindicales. El número de personas que emplea Telefónica en España asciende a 20.947, aunque solo 16.000 trabajadores están bajo el paraguas del convenio colectivo, por lo que el ERE afecta a cerca de un tercio de la plantilla de las citadas filiales y a una cuarta parte del total de los empleados en España.
En concreto, la propuesta inicial que la empresa ha trasladado a los sindicatos es de 81 despidos en Telefónica Soluciones, de 958 en Telefónica Móviles y de 4.085 en Telefónica de España. La afectación está prevista para personas nacidas en 1968 y años anteriores (con 55 años de edad o más) y una antigüedad mínima de 15 años. Las salidas se producirán hasta 2026.
Los sindicatos demandan la voluntariedad de los despidos y confían en rebajar notablemente el número de afectados. Asimismo, desean ligar la negociación de los despidos a la firma de un nuevo convenio colectivo, ya que el actual vence el 31 de diciembre. Las mismas fuentes indican que los 5.100 trabajadores cuya salida plantea la empresa es un objetivo máximo pero que en la negociación se rebajará notablemente esa cifra, para lo que se propondrán medidas como la recualificación, el cambio de actividad y la internalización de tareas para gran parte de los afectados.
La empresa, en cambio, ha vinculado la voluntariedad del ERE a que se alcancen los objetivos de bajas planteados, según fuentes de la mesa de negociación. La compañía ha justificado el ERE por “causas organizativas”, y argumenta que tiene un “excedente funcional” de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.
Tanto en el anterior ERE de 2011 como en los sucesivos planes de bajas individuales se pactó que todas las salidas fueran voluntarias. Telefónica cambió a partir de 2015 el método para realizar las reducciones de plantilla y optó por los planes de salidas incentivadas (Plan de Suspensión Individual o PSI). Desde ese año y coincidiendo con la llegada de José María Álvarez Pallete a la presidencia de la operadora, la empresa ha ejecutado la salida de 11.300 trabajadores mediante tres planes de bajas voluntarias.
Ambas partes tendrán ahora un mes para llegar a un acuerdo sobre el despido colectivo, que no precisa de la autorización del Ministerio de Trabajo aunque debe ir precedido de un informe de Inspección de Trabajo. La próxima reunión de las mesas será el día 11. Pese a no necesitar el permiso del Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que estudiará la propuesta cuando se concrete. “Cuando tenga el ERE encima de mi mesa lo voy a evaluar y me reuniré con las partes para conocerlo, tengo que estudiar la propuesta que se hace”, ha afirmado en declaraciones a La Sexta.
Aunque la intención de los sindicatos es rebajar considerablemente el número de afectados y en sus comunicados oficiales no han elevado el tono, fuentes de la negociación han señalado que la propuesta de la empresa ha sentado como un “jarro de agua fría”, ya que esperaban una cifra sensiblemente menor —tras la reunión de la semana pasada lo cifraron en unas 2.500 salidas— y el reconocimiento desde el principio de la voluntariedad de las bajas.
En cuanto al coste de la medida, dependerá del número de afectados. Si finalmente alcanzan los 5.000 empleados, el gasto se dispararía por encima de los 2.000 millones de euros, a los que habría que sumar las compensaciones para el Estado.
