Siete de cada diez casas embargadas en Galicia se compraron durante la burbuja
Solo un 20 % son pisos que pertenecen a particulares
La década de los dos mil llega a su ecuador. España entera -o casi- anda entregada a una suerte de orgía inmobiliaria. Dinero barato y facilidades por doquier impulsan como nunca antes la compra de vivienda. La construcción. Y los precios, claro. A Galicia la fiebre llega algo más tarde, pero llega.
Parece que aquello no tiene fin. Las vacas obesas se antojan eternas. Pero no lo son. Nunca lo son. Y la burbuja explota. Han pasado más de diez años de aquello, pero los ecos de aquel estallido todavía resuenan en los tímpanos de muchos. Y su huella sigue siendo evidente en la cuna de ese desenfreno: el mercado inmobiliario. Tanto que seis de cada diez ejecuciones hipotecarias de las de ahora se producen sobre viviendas que se adquirieron durante los años del bum del ladrillo con créditos cuya cuantía superaba en muchos casos el 100% del valor de tasación de los inmuebles y que ahora resultan imposibles de pagar para sus propietarios. En Galicia esa cifra todavía es mayor: aquí son siete de cada diez.
El paso previo al desahucio
Conviene aclarar que no se trata de desahucios (lanzamientos, como se conocen en el no siempre fácil lenguaje jurídico). Son el paso previo. Reflejan el momento en el que, en vista de que no le devuelven el dinero, el acreedor solicita el embargo de la vivienda en cuestión para que vuelva a sus manos. Que lo consiga o no, depende de los tribunales. La estadística de los desahucios es otra. E incluye los inmuebles en alquiler. Donde se concentra ahora el drama de los desalojos.
La estadística de embargos que puso ayer sobre la mesa el INE revela que en segundo trimestre de este año se iniciaron en España 7.934 ejecuciones hipotecarias. Son un 9,4 % más que en entre abril y junio del 2018. Casi el 60 % de ellos sobre casas que se adquirieron entre el 2005 y el 2008, los años de las vacas obesas. En Galicia ese incremento es mucho mayor: del 35,5%. En total, 527. Las cifras revelan también que la mayoría de esos embargos, más de 400 pesan sobre pisos que no pertenecen a particulares, sino a personas jurídicas. Esto es a empresas. A promotores inmobiliarios, básicamente.
Con todo, el drama de los embargos, y también de los desahucios, disminuye con el paso de los meses y la recuperación económica. Tanto es así que el número de los que afectan a viviendas habituales de los ciudadanos disminuyó en el conjunto del país en un 9 % respecto al trimestre anterior y 24 % sobre el mismo período del 2018. Son aproximadamente 1.400 casos en toda España. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a los años previos a la crisis. En los peores momentos tras el estallido de la burbuja los datos daban vértigo. En ejercicios como el del 2014 llegaron a materializarse más de 70.000 embargos -a razón de unas 17.500 por trimestre-, lo que supuso un importante problema porque, además, muchos de esos casos acababan en intervenciones policiales para desahuciar. O, lo que es pero, con el suicidio de los propietarios de las viviendas. Tan dramática llegó a ser la situación, que hubo que cambiar la ley.
Solo un 20 % son pisos que pertenecen a particulares
La década de los dos mil llega a su ecuador. España entera -o casi- anda entregada a una suerte de orgía inmobiliaria. Dinero barato y facilidades por doquier impulsan como nunca antes la compra de vivienda. La construcción. Y los precios, claro. A Galicia la fiebre llega algo más tarde, pero llega.
Parece que aquello no tiene fin. Las vacas obesas se antojan eternas. Pero no lo son. Nunca lo son. Y la burbuja explota. Han pasado más de diez años de aquello, pero los ecos de aquel estallido todavía resuenan en los tímpanos de muchos. Y su huella sigue siendo evidente en la cuna de ese desenfreno: el mercado inmobiliario. Tanto que seis de cada diez ejecuciones hipotecarias de las de ahora se producen sobre viviendas que se adquirieron durante los años del bum del ladrillo con créditos cuya cuantía superaba en muchos casos el 100% del valor de tasación de los inmuebles y que ahora resultan imposibles de pagar para sus propietarios. En Galicia esa cifra todavía es mayor: aquí son siete de cada diez.
El paso previo al desahucio
Conviene aclarar que no se trata de desahucios (lanzamientos, como se conocen en el no siempre fácil lenguaje jurídico). Son el paso previo. Reflejan el momento en el que, en vista de que no le devuelven el dinero, el acreedor solicita el embargo de la vivienda en cuestión para que vuelva a sus manos. Que lo consiga o no, depende de los tribunales. La estadística de los desahucios es otra. E incluye los inmuebles en alquiler. Donde se concentra ahora el drama de los desalojos.
La estadística de embargos que puso ayer sobre la mesa el INE revela que en segundo trimestre de este año se iniciaron en España 7.934 ejecuciones hipotecarias. Son un 9,4 % más que en entre abril y junio del 2018. Casi el 60 % de ellos sobre casas que se adquirieron entre el 2005 y el 2008, los años de las vacas obesas. En Galicia ese incremento es mucho mayor: del 35,5%. En total, 527. Las cifras revelan también que la mayoría de esos embargos, más de 400 pesan sobre pisos que no pertenecen a particulares, sino a personas jurídicas. Esto es a empresas. A promotores inmobiliarios, básicamente.
Con todo, el drama de los embargos, y también de los desahucios, disminuye con el paso de los meses y la recuperación económica. Tanto es así que el número de los que afectan a viviendas habituales de los ciudadanos disminuyó en el conjunto del país en un 9 % respecto al trimestre anterior y 24 % sobre el mismo período del 2018. Son aproximadamente 1.400 casos en toda España. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a los años previos a la crisis. En los peores momentos tras el estallido de la burbuja los datos daban vértigo. En ejercicios como el del 2014 llegaron a materializarse más de 70.000 embargos -a razón de unas 17.500 por trimestre-, lo que supuso un importante problema porque, además, muchos de esos casos acababan en intervenciones policiales para desahuciar. O, lo que es pero, con el suicidio de los propietarios de las viviendas. Tan dramática llegó a ser la situación, que hubo que cambiar la ley.
