The Fucking Andyteleco
Bubble Fucker
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Si ya hay algún hilo abierto sobre el tema, pido lefazo y papelera. Pero no he encontrado ninguno así que me lanzo a la piscina.
La prensa nacional no ha dado apenas cobertura a lo que está pasando, más allá de que el presidente Vizcarra (que era el segundo a bordo de Kuczynski, dimitido en 2018 por cargos de corrupción) disolvió el Congreso saltándose los pasos requeridos por la Constitución peruana.
Curiosamente el artículo que mejor cubre lo que está pasando lo he encontrado en el Wall Street Journal, a ver si alguien puede ampliar información. Mira que me jorobaría que este país que visité hace dos años y me sorprendió para bien por los avances que estaba haciendo y que pensaba que estaba eficazmente inoculado contra el bichito izmierdista desde los tiempos de Sendero Luminoso acabe cayendo en las manos de esta ralea.
Opinion | The President of Peru Stages a Coup
(Traducción guguelera)
El presidente de Perú da un golpe de estado
Disuelve el Congreso después de que emita un voto de confianza. Eso es inconstitucional.
Por Mary Anastasia O’Grady
domingo, 6 de octubre de 2019
Opinión: Perú necesita mantener el estado de derecho para que la economía prospere
La disolución del congreso en Perú podría tener un grave impacto en las instituciones democráticas que han permitido el crecimiento económico en el país sudamericano.
Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, uno puede olvidar fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado con la corrupción del régimen de Batista.
Esto puede parecer una historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada tiene nerviosos a los demócratas de la región.
Perú fue una dictadura militar de izquierda hasta 1980, y sus jóvenes instituciones democráticas son frágiles. Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas. El crecimiento real del producto interno bruto ha promediado más del 4,7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza ha caído a menos del 22% en 2018 desde el 59% en 2004. La mortalidad infantil disminuyó a 11 por cada 100.000 nacimientos en 2018 desde 35 en 1998. Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población.
Estas ganancias se produjeron cuando Perú abrió mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera. Debido a que el golpe de estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas de Perú, también amenaza la economía.
Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del presidente de una rama de gobierno igualitaria, que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio convocó a elecciones generales anticipadas, que el Congreso rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces de la Corte Constitucional.
Cuando el empresario de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha acumulado la mayor parte de su apoyo desde la izquierda.
Es importante entender que, según la constitución, el gobierno electo tiene el poder de disolver el Congreso solo después de dos votos de desconfianza. Hubo un voto de no confianza bajo el Sr.Kuczynski en 2017.
El Congreso ha aprobado la mayoría de las propuestas del Sr. Vizcarra desde que llegó al poder. El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró una nueva justicia. Luego le dio al presidente un voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Nunca tuvo la oportunidad.
Enfurecido por el nombramiento de la nueva justicia, el Sr. Vizcarra disolvió el Congreso sin el segundo voto de confianza que se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. La legislatura unicameral controlada por la oposición no tenía nada de eso. Llamó al movimiento del señor Vizcarra un golpe de estado. Lo suspendió de la presidencia y juró a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como directora ejecutiva interina del país. El martes, la Sra. Aráoz renunció como presidenta interina y vicepresidenta.
Esa renuncia fue un guiño a la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de jubilación de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero el Sr. Vizcarra parece tener un apoyo popular, y el ejército probablemente estaba leyendo la opinión pública y apostando a que prevalecerá.
El público está enojado por la corrupción. En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene una pluralidad. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en detención preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Los partidarios del Sr. Vizcarra también se quejan de que la nueva justicia es la prima del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, el Sr. Olaechea no es miembro del partido Fujimori y no participó en el proceso de nominación.
El Sr. Vizcarra parece seguro, pero el asunto puede ir al tribunal constitucional. Incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar a la nueva justicia, no está claro cómo dictaminará el tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes tan crucial para la democracia está en peligro.
Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: "Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución". Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro del Sr. Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda.
Un hombre fuerte que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el estado de derecho y deshacer una elección no es una cura para la corrupción.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
La prensa nacional no ha dado apenas cobertura a lo que está pasando, más allá de que el presidente Vizcarra (que era el segundo a bordo de Kuczynski, dimitido en 2018 por cargos de corrupción) disolvió el Congreso saltándose los pasos requeridos por la Constitución peruana.
Curiosamente el artículo que mejor cubre lo que está pasando lo he encontrado en el Wall Street Journal, a ver si alguien puede ampliar información. Mira que me jorobaría que este país que visité hace dos años y me sorprendió para bien por los avances que estaba haciendo y que pensaba que estaba eficazmente inoculado contra el bichito izmierdista desde los tiempos de Sendero Luminoso acabe cayendo en las manos de esta ralea.
Opinion | The President of Peru Stages a Coup
(Traducción guguelera)
El presidente de Perú da un golpe de estado
Disuelve el Congreso después de que emita un voto de confianza. Eso es inconstitucional.
Por Mary Anastasia O’Grady
domingo, 6 de octubre de 2019
Opinión: Perú necesita mantener el estado de derecho para que la economía prospere
La disolución del congreso en Perú podría tener un grave impacto en las instituciones democráticas que han permitido el crecimiento económico en el país sudamericano.
Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, uno puede olvidar fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado con la corrupción del régimen de Batista.
Esto puede parecer una historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada tiene nerviosos a los demócratas de la región.
Perú fue una dictadura militar de izquierda hasta 1980, y sus jóvenes instituciones democráticas son frágiles. Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas. El crecimiento real del producto interno bruto ha promediado más del 4,7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza ha caído a menos del 22% en 2018 desde el 59% en 2004. La mortalidad infantil disminuyó a 11 por cada 100.000 nacimientos en 2018 desde 35 en 1998. Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población.
Estas ganancias se produjeron cuando Perú abrió mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera. Debido a que el golpe de estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas de Perú, también amenaza la economía.
Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del presidente de una rama de gobierno igualitaria, que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio convocó a elecciones generales anticipadas, que el Congreso rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces de la Corte Constitucional.
Cuando el empresario de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha acumulado la mayor parte de su apoyo desde la izquierda.
Es importante entender que, según la constitución, el gobierno electo tiene el poder de disolver el Congreso solo después de dos votos de desconfianza. Hubo un voto de no confianza bajo el Sr.Kuczynski en 2017.
El Congreso ha aprobado la mayoría de las propuestas del Sr. Vizcarra desde que llegó al poder. El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró una nueva justicia. Luego le dio al presidente un voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Nunca tuvo la oportunidad.
Enfurecido por el nombramiento de la nueva justicia, el Sr. Vizcarra disolvió el Congreso sin el segundo voto de confianza que se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. La legislatura unicameral controlada por la oposición no tenía nada de eso. Llamó al movimiento del señor Vizcarra un golpe de estado. Lo suspendió de la presidencia y juró a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como directora ejecutiva interina del país. El martes, la Sra. Aráoz renunció como presidenta interina y vicepresidenta.
Esa renuncia fue un guiño a la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de jubilación de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero el Sr. Vizcarra parece tener un apoyo popular, y el ejército probablemente estaba leyendo la opinión pública y apostando a que prevalecerá.
El público está enojado por la corrupción. En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene una pluralidad. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en detención preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Los partidarios del Sr. Vizcarra también se quejan de que la nueva justicia es la prima del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, el Sr. Olaechea no es miembro del partido Fujimori y no participó en el proceso de nominación.
El Sr. Vizcarra parece seguro, pero el asunto puede ir al tribunal constitucional. Incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar a la nueva justicia, no está claro cómo dictaminará el tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes tan crucial para la democracia está en peligro.
Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: "Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución". Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro del Sr. Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda.
Un hombre fuerte que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el estado de derecho y deshacer una elección no es una cura para la corrupción.
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