que quite subvenciones, desgravaciones, ayudas; que ponga impuestos a las rentas de alquiler, a la plusvalía; en definitiva que haga bajar el precio de la vivienda
Vivienda, emergencia total
Vivienda, emergencia total
“El problema es tan fuerte que afecta a clases medias, sobre todo a los hijos de las clases medias”
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A Xisca Sáez su trabajo como profesora de primero de primaria en el colegio Can Raspalls de Ibiza le sale a pagar. Le asignaron esta plaza hace unos meses, después de aprobar las oposiciones, y, como muchos otros docentes, la ha obtenido en una isla distinta a la que reside con su marido y sus dos hijos de ocho y cinco años. En septiembre comenzó la pesadilla que ha llevado a algunos de sus compañeros a renunciar a su plaza de funcionarios, ante la imposibilidad de compaginar las necesidades del mercado laboral con los azares del mercado inmobiliario. Sáez hizo todo para intentarlo: “Me tuve que reducir la jornada para pasar solo dos noches en Ibiza y empecé a buscar piso. Encontré un sofá en el que me dejaban dormir por 600 euros, me ofrecieron vivir en un piso en reforma, y en una habitación minúscula y deprimente de un piso con dos personas, a las que no conocía, por 450 euros”, explica. Una amiga desplazada a Ibiza por el mismo motivo le dijo que una de las habitaciones de la casa que compartía se quedaba libre y decidió alquilarla. Paga 700 euros mensuales por una vivienda que solo usa dos noches por semana y en la que la casera entra “cuando le da la gana” con la excusa de que solo alquila las habitaciones y no el resto de las zonas. Hace un par de semanas pidió una rebaja en el precio y se encontró con una negativa taxativa de la propietaria. “Me dijo que el precio era más que razonable”, lamenta Sáez. Las enormes dificultades para encontrar un alojamiento digno y poder conciliar con su familia la han llevado a tomar la decisión de abandonar el piso después de Semana Santa. “He hecho números y me sale más rentable ir y volver en avión cada día para trabajar. Es un desgaste enorme, pero es la única manera de no perder dinero con mi trabajo”, explica.
Los jóvenes españoles dejan el hogar paterno alrededor de los 30 años y cuatro meses de edad, cuando sus pares suecos, fineses o daneses llevan ya casi una década fuera del nido. David Melero tiene 29 años y ha intentado independizarse en tres ocasiones, aunque siempre ha terminado regresando a casa de sus padres. Los precios de la vivienda, unidos a la precariedad de los sueldos, hacen que estos ensayos de emancipación acaben irremediablemente fracasando entre los jóvenes españoles. “Todo mi entorno está en la misma situación”, indica. El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España calculaba el coste medio de vivir independiente en 1.082 euros, por encima de los 1.005 euros en que se sitúa el salario mediano de los menores de 35 años. Solo queda, por tanto, la opción de compartir. Esto es lo que hizo Melero desde 2017, tanto con parejas como con amigos. En 2021, ante la imposibilidad de alquilar en solitario, decidió que lo más inteligente era volver al hogar familiar con el objetivo de ahorrar y poder comprar. “Fui un iluso porque llevo dos años y no es suficiente. Estuve mirando pisos por Ciudad Lineal y Vallecas [zonas residenciales modestas de Madrid], pero por menos de 200.000 euros no encuentras nada decente”, cuenta el joven que lleva un año en paro y que en este momento estudia un curso de programación web con prácticas remuneradas de 500 euros al mes. Con esfuerzo, ha conseguido ahorrar unos 24.000 euros, prácticamente la mitad de lo que necesitaría. “El año pasado, antes de quedarme en paro, fui al banco a preguntar si me daban una hipoteca. Me dijeron que a mí solo no y que necesitaba otra persona más un aval”. El joven es pesimista, y por eso se plantea otras alternativas: “He tirado la toalla, veo inviable comprar o alquilar en Madrid”, comenta. “Lo más probable es que me vaya a A Coruña con mi pareja. Alquileres que en Madrid cuestan 1.200 euros al mes los puedes encontrar allí por 750”, concluye.
Rosbelys Ostos, una venezolana de 39 años, llegó a España hace cuatro. Desde entonces, no sabe lo que es tener una casa para ella. Actualmente, vive en Vigo en un piso de tres habitaciones que comparten dos familias. La suya, de tres personas (tiene una hija de 6 años y un hijo de 18), y la de su compañera, que tiene un hijo de 15. “No me imaginaba que esto era así”, cuenta al teléfono. “Casi todas mis amistades viven compartiendo piso”. Un 6,6% de los hogares de España no cuentan con las habitaciones suficientes para sus miembros, según Eurostat. Es lo que se conoce como tasa de hacinamiento, que ha subido más de un punto en la última década. Un informe elaborado por Provivienda en 2022 señalaba esto como “una de las consecuencias más habituales de sufrir discriminación racial en el ámbito de la vivienda”, y remarcaba que, en el conjunto de Europa, las personas de raza negra la sufren tres veces más que el resto. Ostos vive precisamente en una casa facilitada por esa organización sin ánimo de lucro que ofrece, en función del grado de vulnerabilidad de las familias, desde alojamientos gratuitos hasta programas de alquileres asequibles. “Este piso cuesta 500 euros, que no está mal”, cuenta la venezolana. Lo que no es posible dentro de la red asistencial es lo que más ansía, vivir sola. Y ese sueño se ha complicado ahora que la panadería donde trabajaba cerró y se ha quedado en el paro. Así que Ostos sigue soñando: “Me da igual que sea una casa pequeña o que no tenga calefacción, lo que más añoro es vivir sola con mis hijos donde sea”, reflexiona. “Me iría adonde fuera, aunque tuviera que sacar el agua de un pozo”.
Raquel Sanz nunca imaginó que a sus 50 años el piso que compró hace ahora 17 años se iba a convertir en una trituradora de sueños. “Mi idea era vivir en esta casa toda la vida y que se la quedaran mis hijos”, dice esta mujer que trabaja en una compañía aseguradora en la Comunidad de Madrid. No ha sido posible. La subida de la letra hipotecaria mensual ha arrastrado a toda la familia. Se han visto obligados a vender su casa en el municipio de San Sebastián de los Reyes porque, como dice con pesar, “el ladrillo no se come”. Su historia comienza en 2007, cuando Raquel y su marido, que actualmente tienen dos hijos adolescentes, compraron un piso de dos habitaciones con una hipoteca variable de Caja Madrid (integrada actualmente en CaixaBank), referenciada a euríbor más 0,40% y con un plazo de 30 años. El problema es que se trataba de un préstamo con cuota creciente. Con los tipos de interés en negativo, llegó a pagar 500 euros al mes. Pero en verano de 2022, el BCE inició la subida de tipos de interés más abrupta de su historia. “La letra de marzo ha sido de 1.430 euros”, describe. Raquel gana unos 1.300 euros al mes y su marido, 1.800. Con 3.100 euros en total, la cuota hipotecaria supone el 46% de sus ingresos, cuando el límite saludable se sitúa en el 30%. La familia es un ejemplo del exceso de esfuerzo que muchos españoles dedican a la casa y que les impide hacer frente a otros gastos. “Antes podía salir a cenar y ahora no, este pasado verano no nos hemos podido ir de vacaciones, y al hacer la compra voy mirando el céntimo”, relata. En su caso, además, será en vano. Intentó negociar con el banco, pero fue infructuoso. “No nos atendían y cuando lo hicieron fue para ofrecernos una novación aumentando el plazo de la hipoteca en 10 años más y dejándonos una letra de 1.023 euros”. La decisión está tomada. Raquel venderá el piso que compró por 237.000 euros por 195.000 euros, prácticamente lo que le resta de hipoteca. Ha encontrado ya comprador para escapar cuanto antes de una situación que le está costando la salud: “Tras cuatro meses de baja laboral por ansiedad, he llegado a la conclusión de que es nuestra única salida”. Y es consciente de lo que vendrá luego: “Tengo que empezar de cero con 50 años y dos hijos”.
España tiene menos de un 2% de vivienda social, frente la media europea del 9%. Eso complica mucho las cosas para las familias más desfavorecidas, como la de N. R. Esta mujer de 40 años recibió en diciembre un burofax en el que su casero le advertía de que le iba a subir el alquiler, y cuenta su caso bajo la condición de anonimato porque todavía tiene esperanzas de negociar con este. Actualmente, paga 414 euros por una casa de tres habitaciones en la que vive con dos de sus tres hijos en un barrio histórico de Alicante. En abril, cuando expire el contrato de arrendamiento que firmó en 2018, el precio subirá a 750 euros. Un importe inaccesible para sus ingresos, de alrededor de 800 euros, que percibe gracias al Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica Valenciana, ya que no puede trabajar a causa de las secuelas de un accidente de tráfico por el que ha pedido el certificado de incapacidad. “No sé cómo va a llegar mi cuerpo a ese momento en que me saquen de casa”, cuenta, resignada al desahucio.
N.R. ya frenó el año pasado las intenciones de su casero. Pocos días antes de que se cumplieran los cinco años del contrato de arrendamiento, en abril de 2023, le advirtió de la subida del precio. Pero desde una asociación de su barrio que lucha contra los desahucios le comentaron que le “tenía que haber avisado con dos meses de antelación” y logró prorrogar su estancia. Este año, sin embargo, el propietario de la vivienda, con tres habitaciones y poco menos de 80 metros cuadrados, ha cumplido los plazos. “Está en su derecho”, lamenta la inquilina, que ha entrado en un plan municipal de emergencia habitacional “que tiene las listas cerradas”. No hay viviendas a precios asequibles, asegura. En la escalera de al lado de su casa, se alquila un piso igual a 1.000 euros. En un piso similar, situado en uno de los barrios marginales de la ciudad, “solo me permitían alquilar si vivía sola, no con un hijo de 8 años”. “Estamos en una realidad alternativa”, sostiene. “¿Quién puede pagar casi 800 euros por un piso acondroplásico que no está en condiciones?”, se pregunta. Sigue asesorada. Ha presentado toda la documentación a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), de la Generalitat, que tampoco le proporciona “una vivienda nueva” a la que mudarse. “Han llegado a sugerirme”, señala, “que eche abajo la puerta de una de las viviendas cerradas que hay en Alicante y se supone que son para casos como el mío”. “¿Tengo que hacerme okupa, esa es la solución?”, exclama.
Tras estudiar Arquitectura en Sevilla, María Bermejo, de 51 años, se mudó junto a su pareja al centro de Málaga en 1999. El casco histórico era entonces una sucesión de solares, edificios ruinosos y suciedad, pero en 2002 algo cambió. La calle Larios, principal arteria comercial, pasó a ser peatonal. “Fue el punto de partida de la gentrificación. Poco a poco, los coches fueron expulsados de otras muchas calles, pero el espacio ganado no pudimos disfrutarlo demasiado los ciudadanos: fue vendido a bares y restaurantes para sus terrazas”, afirma Bermejo. La irrupción del turismo de masas ha transformado su entorno a toda velocidad. “El centro es pequeño y tiene de todo: cine, teatro, museos o un estupendo mercado central. Está todo a mano, es maravilloso, pero ya somos solo 5.000 vecinos y nos enfrentamos a muchos miles de visitantes que se cruzan en nuestra vida cotidiana como una plaga de hormiguitas”, relata. “Tenemos que ir regateando al turismo”, insiste. “En eventos y foros nos invitan a convertirnos en resistencia, a la militancia política contra lo que ocurre, pero en el fondo lo único que queremos es llevar una vida tranquila en este barrio que hemos elegido para vivir”, añade quien destaca que la turistificación ha expulsado también a muchas de las familias con las que han criado a sus hijos por los precios o los miles de pisos y apartamentos turísticos que hay en el centro. Los fenómenos de gentrificación (sustitución de la población de una zona por nuevos grupos sociales que llegan y elevan los precios por disponer de más medios) está muy estudiada en la literatura académica. La expulsión normalmente se produce de los centros a las afueras de las ciudades y puede provocar, por los tiempos de desplazamiento al trabajo y la insuficiente dotación de transportes públicos, problemas medioambientales. Bermejo, de momento, se resiste a irse de un espacio que considera “ocupado por turistas, pero también por las administraciones”. Ocurre, por ejemplo, en la céntrica Plaza de la Constitución, que lleva cinco meses ocupada sin interrupción: luces de Navidad, carnaval, semana de la moda, Copa del Rey de baloncesto, festival de cine y, en las últimas semanas, preparativos para Semana Santa. “No hay descanso”, lamenta Bermejo. “Esto se parece cada vez menos a un barrio: es como una mercancía en venta permanente”, sentencia.
