Los tiempos actuales, con tantas injusticias alrededor, son difíciles de comprender. Y si para una persona mayor que quieran echarla de su casa puede ser algo muy duro, es especialmente trágico cuando los que la pretenden dejarla en la calle son sus propios hijos. Esa es la situación de Dolores Ruiz, una vecina de Motril, de 73 años, enferma del corazón y con un marcapasos, que el martes está previsto que sea desahuciada.
Y, por desgracia, no sería la primera vez. Hace 8 años vivió el primer lanzamiento de su vida, y entonces pensó que se trataría del último. Las deudas de su ex marido, Enrique, provocaron que tuviese que salir del hogar en el que habían crecido sus tres hijos, Fernando, José y María.
Ahora puede vivir el segundo. Mañana, martes, a las 9 de la mañana, los funcionarios del juzgado se presentarán en el número 37 de la calle Santiago para ejecutar la orden del juez, por la que debe abandonar su casa.
Desde Stop Desahucios denuncian que se trata de una de las injusticias más grandes que han afrontado. Y es que su propio hijo, según argumenta su hermana María, le hizo firmar un contrato nulo de alquiler. Como nunca se efectuó ningún pago (pues ella asegura que desconocía esta argucia), ahora la quieren echar de la casa.
Tras escuchar la versión de Dolores, es difícil imaginarse cómo un hijo hacer algo así. La respuesta la da María, la única hija que le queda a su lado: la manipulación de Enrique, el ex marido, con el que trabajan sus dos hermanos. Ella piensa que son sólo "marionetas" de su padre, "al que no me gusta llamar padre, porque es un hombre malo".
Dolores, divorciada de él desde 1998, no cobra prestación alguna, ni de su ex marido ni del Estado. En 2005 tuvo que abandonar el piso en el que residía en Las Explanadas, embargado y requisado por los bancos, por las deudas del antiguo concesionario Ford en Motril que regentaba. Ante esta situación, sus dos hijos varones, Fernando y José, compraron la casa de sus abuelos (a los cuatro hermanos, entre la que se encontraba Dolores), para que su progenitora viviera allí. En vez de entregarle dinero, acuerdan que se quedara con el usufructo, es decir, que podía habitar en esa casa mientras viviera.
Sin embargo, una parte nunca se abonó, la correspondiente a un hermano de Dolores, que trabajaba con su ex marido y sus hijos. Y ahí comienzan las desavenencias familiares.
Los hijos adquirieron la casa a nombre de la empresa Ferjoma Car Autotiendas, algo de lo que se enteró Dolores después, porque nunca se firmó documento alguno entre la progenitora y sus vástagos. Tras una reforma, la mujer comienza a vivir de nuevo en la casa donde se crió, y cree que será para el resto de su vida.
Dolores no contaba con que detrás de la empresa de sus hijos estaba su ex marido, "el cual desde la sombra manejaba todas las decisiones económicas de la empresa, incluida la compra de esta casa", señala María, la única hija que ha permanecido fiel a su progenitora. Quizá el detalle que más le ha dolido a Dolores, a la que tantos palos le ha dado la vida, ha sido el de sentirse engañada por su propio hijo. Y es que ante la falta de ingresos de su progenitora, su primogénito decide arreglarle los papeles para que cobrara aunque fuese una pequeña pensión no contributiva. Según recuerda Dolores, le firma varios documentos para estas gestiones, casi sin mirar como hace cualquier progenitora con su hijo. Así, rubricó un documento que -según argumentan- constituye un contrato de alquiler entre Ferjoma y su progenitora, "sin consentimiento ni conocimiento" de la mujer.
"De repente, Fernando deja de informar sobre la evolución de la petición de la paga no contributiva y abandona la gestión", explica su hermana María, que intenta retomar el papeleo. El escollo que plantea la Junta es que hay que ejecutar la sentencia de divorcio por la que Enrique tiene que pagar a su ex mujer 500 euros al mes, algo que no ha hecho nunca. Como reacción a esta demanda, creen que aparece por primera vez el contrato de alquiler, del que nunca antes se tuvo conocimiento.
En su estrategia de negar toda posibilidad a su ex mujer, Enrique se defiende asegurando que él pagaba el alquiler de la casa de su ex mujer de la calle Santiago 37 anteriormente y presenta ese contrato entre Ferjoma y sus hijos, aunque el juez no le da la razón. A raíz de esto, aparece la demanda de desahucio realizada por Ferjoma Car, o lo que es lo mismo, de sus hijos, utilizando de nuevo el mismo contrato y reclamando unas cantidades mensuales de alquiler de 200 euros más IVA.
Stop Desahucio informó ayer de que mañana intervendrá para evitar el desahucio, para lo que pidió el apoyo ciudadano. Según señaló la organización, existe una demanda interpuesta por Dolores contra Ferjoma Car de nulidad de contrato, pero el juez ha dictaminado no esperar a que salga el juicio, que podría tardar 4 o 5 meses, y que se proceda al desahucio inmediato.