Rumasa pre 1983 = España pre 2010
- Autor del tema AYN RANDiano2
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Salva Nos Deus
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Logró sacar 220 millones al extranjero
Pero, a pesar del llanto de sus palabras, el empresario gaditano sí que logró sacar una ingente cantidad de dinero fuera de España y mantener a salvo, al menos, siete grandes empresas no controladas por Miguel Boyer y el gobierno socialista, que luego fueron vendidas en los cinco años posteriores con importantes plusvalías. Se trataba de empresas situadas fuera de España. Ruiz Mateos contaba con una densa red empresarial en Europa y América de la que Boyer no tenía conocimiento oficial. Una maraña de sociedades sumergidas o instrumentales que el gaditano fue creando para dar forma a su emporio empresarial al margen de cualquier norma monetaria establecida y de la legislación económica vigente.
Por ejemplo, se hizo con la segunda bodega de vinos por importancia en Argentina, de nombre Graffigna, que fue vendida una semana antes del famoso corralito a Freixenet por mas de 30 millones de euros; el Hotel Everglades, en Miami (EEUU), vendido por 40 millones de dólares a un lobby judío; el Union Bank, en Frankfurt (Alemania), al 50 por ciento con el BBV, que fue lo primero que se vendió en 1983 tras la expropiación por 900 millones de pesetas y cuyo presidente era el sobrino materno de Ruiz Mateos, Alfonso Barón Rivero, la persona que manejaba las cuentas de la familia en el extranjero y que poseía una llave electrónica que permitía el acceso a cuentas de dinero en Suiza; la firma Rodes, la mayor bodega de vinos a granel de toda Europa situada en Ámsterdam (Holanda), traspasada por varios millones de euros; también una cadena de bebidas en Holanda, con más de 150 marcas, que fue vendida por 50 millones de euros; la bodega Da Silva, situada en Oporto y comprada luego por la firma Pernod Ricard por 30 millones de euros; y una gran bodega en Chile, con viñedos incluidos.
En total se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros, dinero que nunca se ingresó en España y del que no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía, ajeno a las muchas actuaciones en la retaguardia del empresario gaditano, que burló a sus anchas los nefastos controles gubernamentales. No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos, ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa, siguiendo las órdenes concretas dictadas por su amigo Felipe González que quería dar un ejemplo preciso al poder económico. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo. Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). Así se lo confirmó meses después la secretaria personal de Miguel Boyer a Ruiz Mateos, a quien ofreció sus informaciones a cambio de una ayuda económica, “ya que lo estaba pasando muy mal”.
Además, en un edifico adyacente a las célebres torres de la madrileña plaza de Colón, los inspectores encontraron en el registro de las oficinas un listado de ordenador de 119 páginas que resumía el balance y cuenta de resultados del holding durante el ejercicio contable de 1982. Esta información demostraba que, al margen de las múltiples contabilidades paralelas que utilizaba el grupo en función del destino que hubiera que darle al dinero o de la identidad de la persona que había detrás, la realidad contable era muy distinta de la ofrecida por los informes oficiales elaborados por Ruiz Mateos.
Así, días después, se comprobó que en realidad las empresas reales eran un número muy insignificante en comparación con las sumergidas o no declaradas, que duplicaban esa cifra. Ruiz Mateos confesó posteriormente haber entregado donativos al Opus Dei en dinero neցro por un valor superior a los 4.000 millones de pesetas a lo largo de las más de dos décadas de existencia de Rumasa para financiar diversos proyectos de esta organización eclesial en el extranjero.
Culpaba al Opus Dei de sacar ilegalmente dinero fuera de España. Dinero que, según Ruiz Mateos, él entregaba y que se sacaba en fajos de billetes de mil pesetas en el interior de cajas de zapatos vía Andorra, con la colaboración del periodista y comisionista valenciano Antonio Navalón y del intermediario ilicitano Diego Selva, ambos recomendados para la causa a Ruiz Mateos por el banquero Luis Valls. Los dos fueron también imputados años después en otro caso de corrupción económica, el conocido como Argentia Trust, donde fue condenado a seis años de prisión como principal autor el expresidente de Banesto, Mario Conde.
Miguel Boyer, a pesar de lo manifestado por Ruiz Mateos, lo tenía claro: la situación de quiebra técnica del holding quedaba patente. Para él, el empresario gaditano era un personaje trasgresor que pretendía, de entrada, ignorar e incumplir las normas de las autoridades monetarias. Para Boyer la expropiación de Rumasa era necesaria. Por aquel entonces el holding de la abeja tenía prácticamente el monopolio del dinero opaco, ya que pagaba a sus titulares intereses varios puntos por encima de los que ofrecían los demás bancos y que llegaron a ser del 18 por ciento neto en operaciones aparentemente aplazadas y que en realidad eran a la vista y de disponibilidad inmediata.
El negocio era sencillo y rentable, pero a la vez arriesgado y aventurado, como luego también se demostró con los pagarés de Nueva Rumasa. Pero los escándalos Sofico y Matesa, sociedades financieras quebradas estrepitosamente, aún perduraban en los cenáculos oficiales del poder, donde seguían viendo con temor la irregular forma de proceder de algunos destacados miembros numerarios del Opus Dei, con intereses en el mundo de los negocios y, en concreto, en el sector de la banca.
Por ejemplo, se hizo con la segunda bodega de vinos por importancia en Argentina, de nombre Graffigna, que fue vendida una semana antes del famoso corralito a Freixenet por mas de 30 millones de euros; el Hotel Everglades, en Miami (EEUU), vendido por 40 millones de dólares a un lobby judío; el Union Bank, en Frankfurt (Alemania), al 50 por ciento con el BBV, que fue lo primero que se vendió en 1983 tras la expropiación por 900 millones de pesetas y cuyo presidente era el sobrino materno de Ruiz Mateos, Alfonso Barón Rivero, la persona que manejaba las cuentas de la familia en el extranjero y que poseía una llave electrónica que permitía el acceso a cuentas de dinero en Suiza; la firma Rodes, la mayor bodega de vinos a granel de toda Europa situada en Ámsterdam (Holanda), traspasada por varios millones de euros; también una cadena de bebidas en Holanda, con más de 150 marcas, que fue vendida por 50 millones de euros; la bodega Da Silva, situada en Oporto y comprada luego por la firma Pernod Ricard por 30 millones de euros; y una gran bodega en Chile, con viñedos incluidos.
En total se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros, dinero que nunca se ingresó en España y del que no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía, ajeno a las muchas actuaciones en la retaguardia del empresario gaditano, que burló a sus anchas los nefastos controles gubernamentales. No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos, ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa, siguiendo las órdenes concretas dictadas por su amigo Felipe González que quería dar un ejemplo preciso al poder económico. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo. Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). Así se lo confirmó meses después la secretaria personal de Miguel Boyer a Ruiz Mateos, a quien ofreció sus informaciones a cambio de una ayuda económica, “ya que lo estaba pasando muy mal”.
Además, en un edifico adyacente a las célebres torres de la madrileña plaza de Colón, los inspectores encontraron en el registro de las oficinas un listado de ordenador de 119 páginas que resumía el balance y cuenta de resultados del holding durante el ejercicio contable de 1982. Esta información demostraba que, al margen de las múltiples contabilidades paralelas que utilizaba el grupo en función del destino que hubiera que darle al dinero o de la identidad de la persona que había detrás, la realidad contable era muy distinta de la ofrecida por los informes oficiales elaborados por Ruiz Mateos.
Así, días después, se comprobó que en realidad las empresas reales eran un número muy insignificante en comparación con las sumergidas o no declaradas, que duplicaban esa cifra. Ruiz Mateos confesó posteriormente haber entregado donativos al Opus Dei en dinero neցro por un valor superior a los 4.000 millones de pesetas a lo largo de las más de dos décadas de existencia de Rumasa para financiar diversos proyectos de esta organización eclesial en el extranjero.
Culpaba al Opus Dei de sacar ilegalmente dinero fuera de España. Dinero que, según Ruiz Mateos, él entregaba y que se sacaba en fajos de billetes de mil pesetas en el interior de cajas de zapatos vía Andorra, con la colaboración del periodista y comisionista valenciano Antonio Navalón y del intermediario ilicitano Diego Selva, ambos recomendados para la causa a Ruiz Mateos por el banquero Luis Valls. Los dos fueron también imputados años después en otro caso de corrupción económica, el conocido como Argentia Trust, donde fue condenado a seis años de prisión como principal autor el expresidente de Banesto, Mario Conde.
Miguel Boyer, a pesar de lo manifestado por Ruiz Mateos, lo tenía claro: la situación de quiebra técnica del holding quedaba patente. Para él, el empresario gaditano era un personaje trasgresor que pretendía, de entrada, ignorar e incumplir las normas de las autoridades monetarias. Para Boyer la expropiación de Rumasa era necesaria. Por aquel entonces el holding de la abeja tenía prácticamente el monopolio del dinero opaco, ya que pagaba a sus titulares intereses varios puntos por encima de los que ofrecían los demás bancos y que llegaron a ser del 18 por ciento neto en operaciones aparentemente aplazadas y que en realidad eran a la vista y de disponibilidad inmediata.
El negocio era sencillo y rentable, pero a la vez arriesgado y aventurado, como luego también se demostró con los pagarés de Nueva Rumasa. Pero los escándalos Sofico y Matesa, sociedades financieras quebradas estrepitosamente, aún perduraban en los cenáculos oficiales del poder, donde seguían viendo con temor la irregular forma de proceder de algunos destacados miembros numerarios del Opus Dei, con intereses en el mundo de los negocios y, en concreto, en el sector de la banca.
Contra la expropiación de Rumasa el grupo de Alianza Popular (luego PP) emprendió una dura batalla, fundamentalmente a través de su diputado pacense Luis Ramallo García, quien presentó una gran cantidad de iniciativas parlamentarias. Ramallo llegó a preguntar al gobierno de González por la presunta intermediación que había hecho Isabel Preysler, ya unida sentimentalmente a Miguel Boyer, en la controvertida venta de tres empresas del holding ya público: la adquisición de la firma de lujo Loewe por los franceses de Urvois-Spínola; la venta de la cadena hotelera Hotasa al empresario mallorquín Gabriel Escarrer Julià; y la compra por parte de la familia Cisneros de los centros comerciales Galerías Preciados.
La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías. Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares.
Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños. Este extremo ha sido negado siempre por la Preysler.
Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983, con el fin de asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas.
A pesar de los denodados esfuerzos de Boyer para mantener a la CAR fuera de todo tipo de influencias gubernamentales, no lo consiguió. La legitimidad, la imparcialidad y la independencia brillaron por su ausencia. Hoy en día siguen manteniéndose grandes sospechas y controversias en el balance de las oscuras concesiones, que hicieron que muchos negociantes obtuvieran sustanciosos y millonarios beneficios gracias a la adjudicación directa generalizada. La oposición popular consideró que de los catorce miembros de esta comisión, diez estaban vinculados a la Administración socialista y que, además, alguno era ilustre militante del PSOE. La opinión pública echó en falta que no estuvieran representados los sindicatos mayoritarios UGT o CC.OO., que hubieran sido testigos de todo el proceso reprivatizador. Pero la lucha entre Boyer y los sindicatos, luego llevada hacia el gobierno González, hizo que la brecha se acrecentara y no figurara nadie de ellos, partidarios de que el holding Rumasa pasara a engordar aún más el sector público, algo que no quería Boyer a ningún precio. Por eso reprivatizó a toda prisa el holding de la abeja, creando grandes lagunas y controversias en su reprivatización y castigando duramente la credibilidad del gobierno González. En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986.
Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros. Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitara las especulaciones y los grandes pelotazos. Todo fortalecido por un despreocupado gabinete socialista, con Miguel Boyer a la cabeza, que no quiso asumir responsabilidades y de las que el propio Boyer se desprendió muy rápidamente quizá, más preocupado de sus amoríos con Isabel Preysler.
La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías. Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares.
Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños. Este extremo ha sido negado siempre por la Preysler.
Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983, con el fin de asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas.
A pesar de los denodados esfuerzos de Boyer para mantener a la CAR fuera de todo tipo de influencias gubernamentales, no lo consiguió. La legitimidad, la imparcialidad y la independencia brillaron por su ausencia. Hoy en día siguen manteniéndose grandes sospechas y controversias en el balance de las oscuras concesiones, que hicieron que muchos negociantes obtuvieran sustanciosos y millonarios beneficios gracias a la adjudicación directa generalizada. La oposición popular consideró que de los catorce miembros de esta comisión, diez estaban vinculados a la Administración socialista y que, además, alguno era ilustre militante del PSOE. La opinión pública echó en falta que no estuvieran representados los sindicatos mayoritarios UGT o CC.OO., que hubieran sido testigos de todo el proceso reprivatizador. Pero la lucha entre Boyer y los sindicatos, luego llevada hacia el gobierno González, hizo que la brecha se acrecentara y no figurara nadie de ellos, partidarios de que el holding Rumasa pasara a engordar aún más el sector público, algo que no quería Boyer a ningún precio. Por eso reprivatizó a toda prisa el holding de la abeja, creando grandes lagunas y controversias en su reprivatización y castigando duramente la credibilidad del gobierno González. En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986.
Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros. Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitara las especulaciones y los grandes pelotazos. Todo fortalecido por un despreocupado gabinete socialista, con Miguel Boyer a la cabeza, que no quiso asumir responsabilidades y de las que el propio Boyer se desprendió muy rápidamente quizá, más preocupado de sus amoríos con Isabel Preysler.
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