Akistoy
Madmaxista
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Ante grandes problemas, grandes soluciones. En La Vanguardia de hoy
La Vanguardia dijo:Misión casi imposible. Los propietarios de viviendas o fincas ocupadas pasan un calvario antes de recuperar la posesión efectiva de sus inmuebles. El proceso judicial para reconquistar su propiedad es costoso y se dilata en el tiempo entre cuatro meses y un año. Por eso, ante este tipo de situaciones no es extraño que muchos se tomen la justicia por su mano. Se trata de actuar del mismo modo que lo hacen los okupas y aprovechar el momento en el que la casa está vacía para rescatar la vivienda. Ya hay expertos en este tipo de desalojos. Una práctica del todo ilegal, pero que algunos ven más rápida y efectiva a la hora de desocupar su propiedad.
El coste de esta práctica oscila entre los 3.500 y los 5.000 euros, dependiendo del tiempo invertido. Francisco, un trabajador vinculado al sector de la construcción, se dedica de forma esporádica a esta curiosa actividad. Ha participado en cinco desalojos todos ellos con éxito. Junto a otras dos personas hace el seguimiento durante al menos dos semanas de la actividad de los presuntos okupas. En este tiempo se apunta todo: hora de entrada, salida, amistades y sobre todo número de personas que ocupan la vivienda. El objetivo es hacer un control exhaustivo del día a día de los ocupantes de la propiedad, que viven completamente ajenos a esta vigilancia. Las dos personas que ejercen esta observación hacen fotos, anotan la rutina de los inquilinos y se hacen con su horario. Normalmente trabajan por turnos. "Por la noche rara vez se apuesta nadie en la calle", explica Francisco.
Tras unas semanas, llegan a conocerlo todo sobre los okupas y esperan el momento. "Se trata de devolverles con la misma moneda su acción. Además de forma mucho más rápida porque si el propietario va a los tribunales tardará como mínimo seis meses", explica Francisco. Considera que esta medida es mucho más efectiva que llamar a los cuerpos de seguridad, que "por ley no pueden entrar en la vivienda". Una vez que tienen la seguridad de que en el interior de la vivienda no hay nadie pasan a la acción. Llaman a un cerrajero para cambiar la cerradura, y así el okupa no puede volver a entrar. Luego esperan dentro con el dueño - que aporta credibilidad por ser el legítimo propietario del piso o de la finca- y el resto de la patrulla de vigilancia. "Se puede poner violento y, por eso, siempre es mejor que haya más gente". Además para hacer efectivo el desalojo acostumbran a sacar todos los enseres personales de los ocupantes de la propiedad fuera de la vivienda.
Así, cuando el okupa llega comprueba primero que todas sus pertenencias están en la escalera. La segunda sorpresa viene cuando intenta abrir la puerta y la llave no corresponde con la cerradura. Es entonces, cuando "el grupo de vigilancia" entra en acción y disuade al okupa de continuar viviendo en una propiedad que no es suya. Si el desalojo es un éxito, el propietario paga y aquí se acaba la relación contractual con el equipo de vigilancia. El dueño recupera su propiedad de forma rápida, a lo sumo en tres semanas, y se evita el quebradero de cabeza de un proceso judicial.
"La realización del propio derecho es un delito". O dicho de otra manera: tomarse la justicia por la mano está penalizado. Así de contundente se expresa la abogada civilista Maria Teresa Suils, quien advierte de los riesgos en los que incurre el propietario que por su cuenta y riesgo decide tomar cartas en el asunto para recuperar su propiedad fuera de los canales judiciales legales. Si hablamos del caso del piso de la calle Urgell, sólo el hecho de que los okupas enseñen un recibo de pago puede acarrear graves consecuencias para el propietario si éste decide explotar la cerradura de la puerta y cambiarla para recuperar su piso. "Podrían argumentar que se han apropiado de sus bienes de forma ilegal, hablar de joyas o millones, y el propietario tendría todas las de perder", reconoce Suils.
Por ello, tanto la abogada como la mayoría de los letrados que tratan con alquileres y temas similares, recomiendan siempre acudir a la vía judicial, aunque ésta pueda llegar a demorarse meses, e incluso sobrepasar el año. "Si se demuestra que es nuestro domicilio habitual, se puede recurrir a la vía penal con un allanamiento de jovenlandesada. Normalmente en estos casos los jueces son más sensibles y la resolución es más rápida. Cuando no se trata de un domicilio habitual, el recurso más efectivo se hace vía civil por usurpación de un inmueble, que puede demorarse entre cinco y diez meses, con un poco de suerte", explica Lluís Català, abogado y socio director de la inmobiliaria Forcadell.
Los juicios rápidos que se celebran sobre la base de un desahucio por precario o interdicto para recuperar la posesión de algo que nos pertenece no suelen ser efectivos en el momento en el que los inquilinos-okupas presentan un título que les acredite estar allí. Aunque sea fraudulento o lo haya emitido un tercero que no tenga nada que ver con la propiedad, como es el caso del piso de la calle Urgell. "La vía del juicio ordinario es la más efectiva porque da más opciones tanto al propietario como al inquilino, aunque también es más lento. Normalmente se resuelven a favor del propietario", comenta Suils. En estos casos, el okupa, después de permanecer en la vivienda durante los meses que tarda el juicio, sólo se ve obligado a pagar las costas judiciales, eso siempre y cuando no se declare insolvente.
Estos farragosos cauces judiciales son los que han llevado a muchas inmobiliarias que se dedican al alquiler de viviendas a tomar medidas extras para evitar ocupaciones indeseadas, como tapiar puertas e instalar sistemas de seguridad privada en los pisos en vías de alquilar. Medidas que en algunas ocasiones, tal como reconocen algunos empresarios, han sido insuficientes.
