Ver archivo adjunto 1756651
Todo asi. Una mentira detras de otra, y otra y otra.
Habeis reducido el poder adquisitivo de la población a menos de la mitad.
Y vais a seguir rediciendolo.
Estás insinuando que miles de funcionarios están conchabados para manipular los datos?
ERES AÚN MÁS demorado DE LO QUE PENSABA
En España, la Encuesta de Población Activa es elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) con periodicidad trimestral, y tiene como objetivo obtener datos de la fuerza de trabajo y de las personas ajenas al
mercado laboral. Se realiza desde 1964, si bien ha habido diversos cambios en el procedimiento estadístico a lo largo del tiempo que afectan a la continuidad de la información.
Está considerada como el mejor indicador de la evolución del empleo y desempleo en España.
Procedimiento[editar]
La EPA es una encuesta realizada en hogares distribuidos por todo el territorio nacional. La unidad geográfica básica para la recolección de datos es la sección censal, división inframunicipal con límites perfectamente definidos. A partir del primer trimestre de 2005, con el objetivo de cumplir las exigencias de la Unión Europea, la muestra consta de 3.588 secciones y 18 viviendas por sección, excepto en las provincias de
Madrid,
Barcelona,
Sevilla,
Valencia y
Zaragoza, en las que el número de entrevistas por sección es de 22 (anteriormente, la muestra estaba fijada en un total de 3.000 secciones, y se investigaban una media de 20 viviendas por sección). Así, el
tamaño de la muestra es de unas 65.000 familias, que en la práctica quedan reducidas a unas 60.000, equivalentes a unas 200.000 personas.
Las familias incluidas en la muestra están obligadas al suministro de la información solicitada. De acuerdo a la
Ley de la Función Estadística Pública, de
1989, los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España. Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas de los servicios estadísticos. La sanción por el incumplimiento de esta obligación se fijó en multas entre 60 y 30.000 €.
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