Corrupción: Biblioteca de noticias de la Koldoesfera, las tramas de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez y demás fango socialista

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El jefe directo del hermano de Sánchez pidió al PSOE cincuenta millones más para Badajoz
Desde el Grupo Popular exigen que la Diputación arroje luz sobre cómo David Azagra realiza las funciones del cargo en el que fue enchufado.

El responsable directo del enchufe al hermano de Pedro Sánchez –Miguel Ángel Gallardo– observó posteriormente un espectacular ascenso en el PSOE y hasta en la Organización Municipal Iberoamericana, una entidad con la que tuvo mucho trato, desde el PSOE, Óscar Puente. Gallardo es el presidente de la Diputación de Badajoz, la entidad que paga los ingresos de David Azagra (Sánchez) –David usa un pseudónimo–. Y es que la cercanía al hermano genera buenas expectativas. Ahora, David, ha ascendido. Y ya no es el coordinador de los conservatorios de música de Badajoz.
Ahora es el responsable de la Oficina de Artes Escénicas dependiente del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz. El jefe directo del hermano de Sánchez es, por lo tanto, Ricardo Cabezas Martín. Y, de nuevo, la fuerza ha debido llegar a este socialista: pidió al PSOE cincuenta millones más para Badajoz en las enmiendas a los últimos presupuestos de Extremadura.

Programa Ópera Joven
El Grupo Popular de la Diputación de Badajoz ha exigido ya la creación de una comisión no permanente para el estudio de la actividad cultural del Programa Ópera Joven, así como para la aclaración de las funciones del Organismo Oficina de Artes Escénicas dependientes, ambas, de la institución provincial y bajo la dirección y gestión directa del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, más conocido como David Azagra.

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Organigrama Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz.

Los populares quieren que la Diputación de Badajoz ponga luz sobre la forma en que el máximo responsable, tanto del programa cultural como del organismo que lo gestiona, David Sánchez Pérez Castejón, está realizando sus funciones pagadas por la entidad provincial, algo que ahora mismo no está ocurriendo. El propio PP ha puesto en duda el proceso de selección que se llevó a cabo para dar el puesto al hermano del presidente del Gobierno.

Convenio Teatro Real-Diputación de Badajoz
El Programa Ópera Joven se creó en el año 2018 para "acercar la ópera a todo el público en general pero especialmente a los y las más jóvenes" y en el año 2019, el Teatro Real y la Diputación socialista de Badajoz suscribieron un convenio de colaboración para "reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural de forma conjunta".

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Desde que el hermano del presidente estuvo vinculado al Real la aportación del Ministerio de Cultura a la Fundación Teatro Real no ha dejado de crecer. Ha pasado de los 9.892.800 euros a los actuales 20.244.709, más del doble, según se puede comprobar en la misma página de la institución.
Además, como también denunció el PP, en el año 2019 David Azagra estrenó una ópera que costó a los contribuyentes 135.000 euros con un solo pase y que tuvo una pésima acogida por parte de la crítica especializada: "Si el espíritu de Gaetano Donizzeti pululaba el jueves entre las bambalinas del teatro López de Ayala con el estreno de su ópera, a buen seguro que salió pitando y sin despedirse […] porque la representación fue soporífera y de pésima calidad", se publicó en la prensa local.
Y lo que está claro es que el hermano ha conseguido 273.000 euros de ingresos totales de la Diputación de Badajoz pudiendo residir en Portugal y con un contrato inicial donde se destacó que se le seleccionaba "sobre todo" por las respuestas a la entrevista personal.
Pero la cercanía al hermano genera fuerza política en el PSOE. Así, Ricardo Cabezas, jefe directo de David Azagra, pidió a su propio partido a cierre de 2023 la introducción de enmiendas al proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura (PP) para aumentar las partidas a la ciudad en 50,5 millones de euros.
De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea presentó definitivamente 35 enmiendas parciales a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2024 con un importe total 36,7 millones de euros centrados en Badajoz. Toda una demostración de fuerza.
 

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El hermano de Sánchez coloca a dedo a un fontanero de Moncloa para vender sus óperas en Portugal
Promueve un puesto sin concurso con sueldo de 55.267 euros en el que sitúa a Luis María Carrero, del Gabinete de Presidencia, para promocionar su programa de óperas en Portugal
Pedro Sánchez y su hermano



David Sánchez Pérez-Castejón ha promovido la contratación a dedo en la Diputación de Badajoz de un fontanero de Moncloa con un sueldo similar al suyo para promocionar su programa de óperas en Portugal. Se trata de Luis María Carrero Pérez, que ha sido contratado por concurso de méritos, sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros, como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, según muestra la documentación a la que ha accedido Vozpópuli.
Carrero Pérez proviene del Gabinete de Presidencia del Gobierno, en concreto, del área de Unidad de mensaje, que se creó en la anterior legislatura y que tras la investidura de Pedro Sánchez el pasado noviembre ha sido elevada a Dirección General como Departamento de Discurso y Mensaje del Gabinete de la Presidencia, con Jesús Perea al frente.
Entre las "funciones específicas" del nuevo cargo para el fontanero de Moncloa está "coordinar y supervisar la implementación de proyectos culturales transfronterizos, asegurando que se cumplan los plazos, los presupuestos y los objetivos establecidos".

También debe "desarrollar y ejecutar una estrategia a largo plazo para la promoción de actividades culturales transfronterizas, en colaboración con otras instituciones y organizaciones".
Otro de sus cometidos es "establecer y fortalecer redes de contactos con agentes culturales y entidades relacionadas con la cultura y la cooperación internacional en el ámbito de sus competencias".

El nuevo puesto se crea tras la amortización del de jefe de Negociado de Protocolo, vacante desde el 30 de diciembre de 2022.
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Poco antes de la investidura, el 29 de septiembre, la Diputación de Badajoz contrataba a Carrero Pérez, que depende del Jefe de Servicio de programas culturales, pero cuyo puesto tiene como objeto promocionar las actividades del hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, creada para él en 2022, tras ser contratado tras una entrevista con una diputada del PSOE para el puesto de nueva creación de coordinador de Actividades de los Conservatorios en julio de 2017.
El 5 de junio de 2018, cuatro días después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa, la Diputación crea el programa Ópera Joven para David Sánchez.
Acuerdo de Sánchez y Costa para promocionar sus óperas
La Diputación acaba de licitar el contrato del 'Ópera Joven' para 2024, que asciende a 405.080 euros, para la producción y dos representaciones de una ópera, Carmen, y del espectáculo infantil-familiar Ahmal y los visitantes nocturnos, que se exhibirán también en Portugal, como ha informado Vozpópuli que ya ha ocurrido en octubre de 2023 con el programa del año pasado. Que el programa del hermano de Sánchez se lleve también a Portugal nace en un acuerdo entre Pedro Sánchez y António Costa en la Cumbre bilateral XXXIV, celebrada en Lanzarote el 15 de marzo de 2023.
En concreto, en el Memorando de Entendimiento para conformar la llamada Agenda Cultural Común, en el marco del Proyecto Cultura de Frontera y la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo España-Portugal, que rubricaron el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, y su homólogo, Pedro Adão e Silva, en una ceremonia presidida por Pedro Sánchez y António Costa.
Este acuerdo no tardó en concretarse: el 15 de mayo de 2023, el Boletín Regional de Extremadura publicó el Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Federación Española de Universidades Populares para el desarrollo del Proyecto Operegrina, "una propuesta novedosa de acción cultural que utiliza la ópera como herramienta para transformar la realidad social, económica y cultural en territorios transfronterizos de España y Portugal amenazados por la despoblación".
Firmó este protocolo, que ayudaba a buscar fondos europeos, por parte del Ministerio de Cultura Víctor Francos, entonces secretario general de Cultura y Deporte, ex jefe de Gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y conseguidor de mascaras.
El pasado 20 de octubre, el programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz que dirige David Sánchez Pérez-Castejón estrenó en el Gran Auditorio del Centro de Artes y Espectáculos de Portalegre (Portugal) la ópera Gianni Schicchi, de Puccini. El día antes se había representado el espectáculo Parade: el Circo de los Valientes, también promovido por el hermano de Pedro Sánchez. Ambas veladas contaron con patrocinio de La Caixa.
Portalegre es la capital del distrito homónimo, en la región del Alentejo, precisamente donde está Elvas, la localidad en la que el hermano del presidente del Gobierno se ha comprado un chalet de 425 metros, dos plantas, cinco baños y jardín en el casco histórico que declara como "piso", según ha avanzado Vozpópuli.
La portavoz socialista, Raquel del Puerto, ha asegurado este martes en el Pleno extraordinario de la Diputación que ha creado una comisión de investigación sobre las actividades del hermano de Sánchez que han "democratizado un género musical elitista como es la ópera, con el patrocinio de La Caixa", y ha afirmado que todo viene de bulos y mentiras de pseudomedios".

El gran proyecto del hermano de Sánchez
Ópera Joven es el gran proyecto de Sánchez. El hermano del presidente fue contratado por la Diputación de Badajoz en julio de 2017 en un polémico puesto de libre designación de nueva creación, como coordinador de actividades de los Conservatorios.
La entrada de Sánchez en la Diputación se produjo ya como alto cargo, en un puesto de poco contenido. En 2018 se puso en marcha Ópera Joven para la promoción de la ópera entre los jóvenes. El programa ha recibido contratos voluminosos y ha sido receptor de fondos europeos, además de permitirle a Sánchez subir de escalafón y sueldo en 2022, año en el que fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas y cobró 53.890 euros. En 2023, el salario se elevó a 55.500 euros.
Además, en el marco de este programa Sánchez ha podido dirigir una ópera y organizar espectáculos y crear lazos con el Teatro Real de Madrid, del que acaba de ser nombrado consejero.
El 28 de noviembre de 2019 el hermano de Sánchez dirigió L’elisir d’amore, de Donizetti, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en un sólo pase. Costó 133.361 euros a la Diputación, con un sobrecoste sobre lo presupuestado de cerca de 40.000 euros, y malas críticas.
Ópera Joven ha tenido un Presupuesto de 100.000 euros en 2021 y 2022. En 2023, la Diputación triplicó su presupuesto hasta los 350.000 euros.
Esta Oficina ha recibido además una inyección de fondos europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2023, con al menos un primer pago de 128.080 euros.
El pasado 8 de junio, la Diputación adjudicó un contrato por el que finalmente el hermano de Sánchez ha puesto en marcha otra ópera, La paz perpetua, basada en una obra de Juan Mayorga, también con un solo pase el 25 de noviembre de 2023 y en el Teatro López de Ayala de Badajoz, con un coste de 128.080 euros, y una recaudación de 2.000 euros. Un "estreno absoluto" en palabras de Sánchez.
Ópera Joven ha empezado a programar espectáculos que vienen del Teatro Real de Madrid y a retransmitir otros. El pasado 30 de marzo se ha conocido que el Teatro Real ha fichado como asesor a David Sánchez. Se trata de un cargo no retribuido por el que entra en un Consejo que preside Antonio Muñoz Molina y cuyo presidente de honor es Mario Vargas Llosa.
Vozpópuli ha desvelado cómo Ferraz y el PSOE extremeño utilizan las subvenciones al hermano de Sánchez en su lucha interna de poder. La Diputación de Badajoz ha pasado de licitar un contrato para Ópera Joven por cuatro años y 1,5 millones de euros a rebajarlo a un año y 400.000 euros. El 24 de enero presentó su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Extremadura Lara Garlito, a la que apoya Ferraz, frente a Miguel Ängel Gallardo, presidente de la Diputación, que había presentado su candidatura el 29 de noviembre. El 25 de enero la Diputación de Badajoz anuló el contrato largo para Ópera Joven.

El Gobierno reconoce que tributa en Portugal
El músico y director de orquesta, cuyo nombre artístico es David Azagra, se ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021, como ha desvelado Vozpópuli. El hermano menor de Pedro Sánchez, por tanto, no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco hará en la Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.
El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros en 2023 de la Diputación de Badajoz, que preside el PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas. Tres pisos en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.
Ha declarado haberse comprado un "piso" en Elvas (Portugal) en 2023, pero se trata de un chalet de 425,40 metros cuadrados distribuido en dos plantas y repartido en cinco baños, cuatro vestíbulos, tres cocinas, tres salas de estar, comedor, jardín, trastero y buhardilla. Así lo muestra el proyecto de conservación y alteración del edificio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que detalla que se trata de una vivienda unifamiliar en el casco histórico de Elvas y que la reforma de este edificio singular requiere una intervención cuidadosa para "preservar la identidad del inmueble".
El hermano menor de Pedro Sánchez, asegura en su declaración de bienes que el coste de adquisición del inmueble ha sido de 240.000 euros. La reforma proyectada puede suponer cerca de 250.000 euros.
"Si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea". Así ha defendido José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, a David Sánchez Pérez-Castejón y ha confirmado las informaciones publicadas por este periódico en las últimas semanas: el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal pese a ostentar, desde 2017, un alto cargo en la institución provincial citada, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda.
 

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Correos se niega a revelar el bonus del amigo de Sánchez porque afecta a su vida privada
Ha percibido más de un millón de euros en cinco años. La empresa ha perdido 550 millones de euros según Correos y hasta 1.200 según los sindicatos
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Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos


El ex presidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Juan Manuel Serrano, se ha embolsado casi 1,1 millones de euros en los 5 años que ha ejercido como presidente de la compañía, cargo al que llegó en cuanto Pedro Sánchez se hizo con el Gobierno.
Serrano no le ha fallado nunca. Ni siquiera cuando dimitió como secretario general y tuvo que recorrer España en coche para recuperar lo perdido. Siempre se mantuvo fiel a su lado.
El directivo abandonó a finales de diciembre la compañía tras liderar una gestión que ha acabado con 550 millones de pérdidas según la empresa -cifras hasta el año 2022- y hasta 1.200 millones de euros según los sindicatos -incluyen la previsión para 2023-.

En 2023, su último año al frente de la empresa pública postal, se embolsó 207.000 euros, según informó en su día la propia Correos. Este medio ha preguntado directamente a la entidad si Serrano cobró el bonus -no se detallaba esta información-, a pesar de las pérdidas millonarias que ha sufrido la corporación durante su mandato, un dato que no ha sido facilitado en ningún caso. Desde el departamento de comunicación se han limitado a manifestar que no tienen "información al respecto".
Esta cuestión ha sido reclamada con posterioridad a Transparencia. Una vez más, Correos se niega a desvelar si cobró el incentivo porque, aseguran desde la entidad, puede afectar a los datos personales de Juan Manuel Serrano, como lo es su ideología, estado de salud o su vida sensual.

El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, tiene fecha del pasado 13 de mayo y refleja concretamente que “la información sobre retribuciones se facilitará en cómputo anual y en término íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos (…) esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias, y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sensual”. La respuesta a la reclamación de información en Transparencia está atribuida a Rafael Domínguez Olivera, director de los Servicios Jurídicos de Correos.
Sin embargo, la empresa, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sí ha facilitado el montante total de las retribuciones percibidas por Serrano desde su nombramiento a mediados de 2018 hasta diciembre de 2023.
En su primer año se embolsó 67.508,14 euros (llego a mitad de año, aproximadamente). En 2019 su remuneración ascendió a 175.753,27 euros, a lo que hay que añadir 2.818,38 en concepto de dietas y desplazamientos.
En 2020, cobró 199.219,72 euros; 203.749,10, en 2021, recibió 208.513,18 en 2022 y, por último, en 2023 percibió 232.413,45 euros, una cantidad que incluye un preaviso de 7.103,50 euros y una indemnización por extinción del contrato de 18.232.30 euros.
Correos pidió un préstamo para pagar los bonus
La situación de Correos es tan complicada que la corporación, dirigida ahora por Pedro Saura, ex presidente de Paradores, ha tenido que pedir un préstamo para hacer frente a las nóminas y bonus de los directivos.
Sin duda, el negocio con el peor comportamiento de la entidad pública en términos porcentuales ha sido el internacional, aquél que se sostiene en los acuerdos que Correos firma con otras empresas de fuera de nuestro país para mover sus mercancías dentro de España.
Si en 2018 la cuota de mercado internacional de Correos era del 71%, hoy la cifra es del 26,6%. Una caída del 44,4%, según datos públicos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Saura, tras poco más de cinco meses conociendo a fondo la compañía, fue muy claro hace solo unos días con el estado de la misma: "La situación de Correos es crítica. No he visto ninguna empresa pública con estas cifras".
 

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Un segundo documento también desmonta la mentira de Armengol en la Comisión de la trama Koldo
Este segundo escrito demuestra que las mascaras se compraron para sanitarios y hasta se distribuyeron por los hospitales. El documento prueba que Manuel Palomino, ex director general del Servicio de Salud de Baleares, también mintió en su comparecencia en la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados
Francina Armengol, Manuel Palomino y el escrito que destapa que mintieron en la Comisión del caso Koldo

Francina Armengol, Manuel Palomino y el escrito que destapa que mintieron en la Comisión del caso Koldo

Nuevo torpedo a la línea de flotación que sostiene el nuevo relato de Francina Armengol sobre la compra de mascaras a Soluciones de gestión -la empresa de la trama Koldo-. La nueva versión de la expresidenta de Baleares consiste en que estas mascaras se compraron para uso civil y por tanto cumplieron el papel para el que fueron adquiridas -formar parte de un "stock de seguridad"-. Un relato que desmonta la resolución del director del Servicio Balear de Salud que publicó Vozpópuli, y en la que se especifica que estas mascaras estaban destinadas a los trabajadores sanitarios. Este periódico ha accedido en exclusiva a un segundo documento que demuestra que las mascaras compradas por 3,7 millones a esta compañía no solo eran para uso sanitario, sino que se distribuyeron entre los hospitales de la región pese a no contar con la suficiente calidad de filtración para ello. Una nueva prueba de que Armengol mintió en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso, y que también lo hizo uno de sus teloneros, Manuel Palomino, exdirector general del Ib-Salut.
Si bien el primer documento que hizo público este medio data del 4 de mayo de 2020, este segundo escrito está fechado el 20 de marzo de 2023, y lleva la rúbrica de Palomino. Se trata del documento emitido a Soluciones de gestión en el que se le comunica que se va a iniciar un proceso de reclamación al haberse detectado que las mascaras compradas como FFP2 no eran tales, de acuerdo a los análisis técnicos -llevados a cabo tres años antes-.
Palomino hace una reconstrucción escrita de los hechos, apuntando que el 29 de abril se recibieron las mascaras FFP2 suministradas por la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas y que fueron repartidas por el Servicio de Salud de Baleares: "Ante la necesidad de garantizar la protección del personal del Servicio de Salud, éste procede a la distribución de estas mascaras para su uso entre los centros sanitarios que lo conforman".

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Esta afirmación desmiente la versión dada por Armengol y Palomino en sede parlamentaria, donde ambos defendieron ante sus señorías que las mascaras se compraron para "uso civil" y con la intención de ser almacenadas como "stock de seguridad" por si eran necesarias durante la desescalada. Un discurso que les permitiría explicar por qué Soluciones de gestión fue avalada por el Gobierno como proveedor pese a traer unas mascaras que no cumplían con los requisitos técnicos pactados y por qué no se procedió a su reclamación hasta tres años después. El diputado del PP, José Vicente Marí, insistió precisamente en su interrogatorio a Palomino en la Comisión en que se estaban "inventando" una nueva versión: "Ustedes pagaron para un uso hospitalario".

Retirada de las mascaras de los hospitales
De acuerdo con el escrito del propio Palomino, el Servicio de Salud de Baleares solicitó al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) el análisis de las mascaras suministradas por la empresa de la trama Koldo. El 8 de junio, la CNMP remitió al Servicio de Salud los resultados de los análisis, que determinaron no cumplían con los requisitos técnicos de las mascaras FFP2.

La siguiente parte del documento entierra de manera definitiva el relato del "stock de seguridad": "En el momento en que se recibe el resultado, el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascaras y a su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas".
Pese a que desde el 8 de junio el Gobierno de Armengol ya sabía que Soluciones de gestión les había enviado mal la mercancía, avalaron a la empresa en agosto para que fuese contratada por otros entes públicos. Es decir, que en vez de iniciar un procedimiento de reclamación recomendaron su contratación. "Soluciones de gestión ha realizado suministros de manera satisfactoria... sin tener a fecha de hoy ninguna incidencia", reza el aval firmado por Antoni Mascaró Crespí, quien fuera subdirector de la Central de Compras y Logística y al que el PSOE ha evitado llamar a la Comisión de Investigación. Un hecho sobre el que llamó la atención de manera particular el parlamentario de Vox, Jorge Campos, en sus preguntas hacia Palomino.

Reclamación tres años después
El escrito de Palomino también demuestra que el Gobierno de Armengol no se molestó en reclamar hasta pasados tres años desde que se conociera que las mascaras de Soluciones de gestión eran defectuosas. Tres años en las que estas mascaras, pagadas con fondos europeos, estuvieron cogiendo polvo en un almacén del Ib-Salut.
El documento de Palomino es tan solo un aviso de que se va a poner en marcha una reclamación, que no se materializó de manera formal hasta el 6 de julio de 2023, poco antes de la entrada del nuevo Ejecutivo del PP al Govern balear. La Fiscalía Europea ha pedido al juez que instruye el caso Koldo toda la documentación referida a los 3,7 millones de euros que pagó Baleares a Soluciones de gestión por 1,4 millones de mascaras.
 

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Estos son los documentos que prueban que las mascaras almacenadas de Armengol no son de la trama Koldo
El número de etiqueta del cargamento adquirido a Soluciones de Gestión es diferente al de las mascaras almacenadas
Las mascaras de la 'trama Koldo' llegaron a Mallorca desde Madrid y las almacenadas, desde Barcelona

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Los documentos que están en poder de OKDIARIO demuestran que al menos una gran parte del cargamento de mascaras caducadas almacenadas por el anterior Govern en una nave industrial no son las que Francina Armengol compró a Soluciones de Gestión S.L., la principal empresa de la trama Koldo investigada por la Audiencia Nacional y la UCO de la Guardia Civil. Las etiquetas del cargamento de mascaras adquirido a la trama Koldo, y que fue inspeccionado en el aeropuerto de Palma por la entidad Aenor, no coinciden en absoluto con las de los paquetes almacenados en la nave industrial.
El cargamento vinculado a la trama Koldo fue inspeccionado en el propio aeropuerto de Son Sant Joan por la entidad Aenor y, como puede verse en los documentos correspondientes al informe de inspección, las mascaras tienen el número de etiqueta 966-10763760, mientras que en los paquetes almacenados en la nave industrial el número es 880-36275794.
Además, tampoco coincide la fecha de envío. Según las etiquetas de las mascaras caducadas que se almacenaron, la fecha de envío es 9 de abril de 2020. La realidad es que la fecha de envío de las mascaras adquiridas a la empresa de la trama Koldo es 27 de abril del mismo año. No se puede tratar, por tanto, del mismo cargamento de mascaras.
Y más datos que ha podido comprobar este medio: las cajas que se detallan en el informe de Aenor tienen una etiqueta verde, porque hicieron escala en Madrid y se contrató a Air Europa para traerlas. Esta etiqueta no aparece en ninguna de las cajas que hay en el almacén de Marratxí.
En definitiva, no coincide ni el número de pedido, ni el etiquetado, ni siquiera el aspecto físico de las mascaras de la trama Koldo.

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Paquetes de mascaras caducadas en el almacén.

Todo esto se refiere al menos a gran parte del cargamento de mascaras caducadas almacenadas en la nave industrial propiedad del Govern y ubicada en el término municipal de Marratxí. Es todo el cargamento que pudieron inspeccionar los representantes de Vox cuando visitaron las instalaciones. Es posible que en el mismo almacén haya paquetes de mascaras correspondientes a las adquiridas a Soluciones de Gestión, algo que este medio no ha podido comprobar.
Desde la Conselleria de Salud aseguran que las mascaras caducadas de la trama Koldo están en el almacén. La presidenta de Vox, Patricia de las Heras, portavoz del partido en la comisión de investigación del Parlament balear sobre el caso Koldo, asegura que todos los paquetes de mascaras que pudo ver cuando visitó la nave eran ajenos a los adquiridos a Soluciones de Gestión.
Patricia de las Heras comenta que el pasado día 8 solicitó un nuevo acceso a la nave industrial para hacer más comprobaciones, pero que todavía no ha recibido la autorización.
La presidenta de Vox, según afirma ella misma, sospecha que el Govern de Armengol ha repartido las mascaras fraudulentas a los hospitales y que por este motivo el cargamento, o al menos parte del mismo, no se encuentra en la nave industrial de Marratxí.
Los representantes del anterior Govern del PSOE siempre han sostenido que las mascaras nunca se distribuyeron y que fueron almacenadas tras detectarse que eran fraudulentas y diferentes a las FFP2 contratadas. Patricia de las Heras pone en duda este hecho.

3,7 millones de euros
Hay que recordar que el Govern de Francina Armengol admitió que pagó los 3,7 millones por las mascaras fake «independientemente del resultado de los análisis» sobre su calidad, su estado, o si cumplían o no con la normativa sanitaria. Un extremo éste que se demostró que no se daba una vez adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión.
«Se nos planteó tener un stock de mascaras para su posible distribución a la población civil y dichas mascaras podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis». Así se indica en el informe del subdirector de la Central de Compras y Logística, Antonio Mascaró, fechado el 6 de julio de 2023 (último día de Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear) reclamando a la compañía, tres años después, una indemnización de 2,6 millones, y no de 3,7 que era lo pagado.
En realidad el Govern de Armengol no llegó a reclamar oficialmente los 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión por el fraude de las mascaras, únicamente emitió un informe previo a la reclamación. La reclamación oficial la hizo ya el Govern de Prohens en agosto de 2023, aunque hoy en día ha desistido de la misma al considerar imposible que prosperara, toda vez que el anterior Ejecutivo hizo un informe de conformidad con el material adquirido a pesar de conocer que era fraudulento.
Ahora, la batalla de la Conselleria de Salud es conseguir la nulidad del contrato a Soluciones de Gestión y poder recuperar todo el dinero pagado a esta empresa, 3,7 millones de euros. El argumento para declarar la nulidad del contrato es que Soluciones de Gestión no tenía capacidad para vender material sanitario.
 

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Las conexiones del conseguidor del Caso Koldo con el PSOE


El 30 de noviembre de 2023 la UCO (Unidad Central Orgánica) de la Guardia Civil oficiaba al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que instruye el conocido como Caso Koldo un informe destinado a analizar los «Vínculos entre Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgada a través de terceros y creación de un entramado societario en Portugal».

Precisamente estos «terceros» serían los hermanos Corvillo Aguilar, Cristian Abel y Rubén Jonás. El primero es vicesecretario de la agrupación socialista de Ciudad Jardín y fue miembro de la Ejecutiva provincial y el segundo sería concejal socialista en el municipio zamorano de Villalobos. «Se tiene constancia de la conexión indirecta Koldo-Aldama a través de los hermanos Corvillo Aguilar».
La primera referencia a los hermanos Corvillo Aguilar se encuentra en tres oficios remitidos por los investigadores del Caso Koldo, el último de ellos con fecha de 30 de noviembre del pasado año. Víctor de Aldama, considerado el principal intermediario entre Koldo García y Soluciones de Gestión, la empresa que vendió mascaras a la Administración Pública por 53 millones de euros, adquirió una casa en la urbanización La jovenlandesaleja (Madrid) y luego la vendió a la empresa de su propiedad Atmosferaudaz, domiciliada en Portugal, el 23 de octubre de 2023.


ALDAMA, EL CONSEGUIDOR
«No obstante, consultado este inmueble en la Sede Electrónica del Catastro, actualmente y desde el 25 de octubre de 2023 se encuentra a nombre de la mercantil Martina 2017 Real Estate SOL, administrada por Patricia Ramos García (mujer de Aldama)», añadió la UCO. Es decir, que el chalet valorado en unos dos millones de euros primero perteneció a Aldama, luego a una sociedad de Aldama y finalmente a una sociedad de la esposa de Aldama.
La investigación interceptó una llamada entre la mano derecha de Piedad, donde «alude que hay que pagar un 5% de los 2 millones y sobre esos un 6%. A este respecto añade que estos impuestos los debe pagar «Corvillo». De esta conversación se deduce que la empleada de Aldama se está refiriendo al inmueble de La jovenlandesaleja, explicándole los impuestos que hay que tributar por su adquisición (…) y afirma que quien debe afrontar eses pago es Corvillo», según el informe de los investigadores. Pero ¿por qué debería pagar esos impuestos alguien que no pertenecía a la empresa y cuyo apellido era desconocido para los guardias civiles?



Víctor de Aldama saliendo de su oficina el pasado 26 de enero de 2024

Víctor de Aldama saliendo de su oficina el pasado 26 de enero de 2024

Fue esta llamada la que puso sobre aviso a los investigadores de la UCO en la trama Koldo que ya tenían «constancia de la conexión indirecta Koldo-Aldama a través de los hermanos Corvillo Aguilar» y añadieron entonces que «Cristian Abel Corvillo Aguilar habría coincidido con Koldo en varios hospedajes desde octubre de 2019 hasta junio de 2021, lo que daría fuerza a la hipótesis de que pudieran conocerse entre ellos» y aclaran que «si bien el hecho de hospedarse juntos en un hotel o viajar a una determinada ciudad no quiere decir nada por sí mismo, y teniendo en cuenta también que para la investigación las coincidencias tenemos que tomarlas como indicios, sí que reflejan los hechos como totalmente objetivos».

CORVILLO Y KOLDO
De hecho el 20 de octubre de 2019 tanto Cristian Abel Corvillo como Koldo García habrían coincidido en Torremolinos (Málaga). «Casi medio año después, se habrían hospedado en Jaén el mismo día, el 27 de abril de 2021. Dos meses más tarde, habrían vuelto a coincidir en un hotel de la ciudad de Sevilla. En este último caso, también se hospedaría el hermano de Cristian, Rubñen Jonás Corvillo Aguilar».

«RUBÉN JONÁS CORVILLO MANTIENE UNA SERIE DE VINCULACIONES SOCIETARIAS CON ALDAMA, EN LAS CUALES TAMBIÉN SON PARTÍCIPE TAPIA, SERRANO Y MORENO GARCÍA», SOSTIENE LA UCO.
La Guardia Civil incluyó en su informe que «la primera fecha en la que habrían coincidido Cristian Corvillo y Koldo, el 20 de octubre de 2019, el ministro Ábalos se encontraba en Torremolinos (Málaga) con motivo de la inauguración de una conferencia sobre buques pesqueros y pesca ilegal que tenía lugar al día siguiente en esa localidad».
Unos meses después, cuando se encontraron en Jaén, la UCO explica que «el ministro se encontraba en esa ubicación con motivo de la reunión con el presidente de la Diputación y el Alcalde de Jaén. Por último, en el momento de la última coincidencia que se ha encontrado y que se habría producido en Sevilla, Ábalos se encontraba en esa ciudad apoyando la candidatura de Juan Espadas Cejas a presidir la Junta de Andalucía».

VINCULACIONES SOCIETARIAS
Además, según los investigadores, «Rubén Jonás Corvillo mantiene una serie de vinculaciones societarias con Aldama, en las cuales también son partícipes Tapia, Serrano y Moreno García (…) El día 5 de noviembre de 2020, unos meses más tarde de que se produjeran las adjudicaciones públicas investigadas, Rubén Corvillo, junto con Santiago Barrera Gallardo crearon la empresa grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL».
Y fue el 9 de febrero de 2022 cuando «esta mercantil (Proyectos Integrales y Servicios Profesionales) junto a Global Stratos Investment -empresa de la que es titular Aldama- habría adquirido participaciones de cuatro sociedades», según los investigadores. En concreto, Lost In Space, Avalon Royals, Startnow y Beat Green.
Para la UCO, que investiga el caso Koldo, la relación con Aldama se probaría todavía más cuando «ese mismo día y en protocolos sucesivos del mismo notario, Rubén Jonás Corvillo entraría a formar parte de dos empresas vinculadas a Aldama. De hecho, el domicilio que aporta el representante de estas sociedades en los protocolos notariales corresponde con la dirección de las empresas de Aldama calle Antonio Maura 7 de Madrid».

Tres meses más tarde, el 12 de mayo de 2022, Corvillo Energy -titulada por Rubén Jonás Corvillo Aguilar– «habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL, sociedad que Aldama empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 millones procedentes de las adjudicaciones investigadas», según la UCO, que añaden que «ese mismo día y en protocolos sucesivos del mismo notario, Rubén Corvillo entraría a formar parte de Medictrading Consulting Group SL, empresa que habría sido fundada, entre otros, por Aldama».

ALDAMA, CORVILLO Y EL PSOE
Los guardias civiles apuntan a Corvillo al asegurar que diez días antes de las firmas de estos protocolos notariales de 12 de mayo de 2022 «Aldama y Cristian Corvillo habrían estado hospedados en el mismo hotel de Málaga. En este establecimiento habrían coincidido con Serrano y Tapia, con los que en esa misma fecha Rubén Jonás firmaría protocolos notariales que les vincularía societariamente».
Para los investigadores la relación es evidente y explican al juez que «este trabajo ha puesto de manifiesto que Rubén Jonás y Cristián Abel Corvillo Aguilar podrían compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo».
Cristián Abel Corvillo declaró hace tiempo al diario El Día de Córdoba, que está en la causa pero no como imputado ni como testigo y calificó esta circunstancia de «surrealista». También aseguraba que «aparezco en ese auto porque se dice que mi hermano tiene acciones de MTM -empresa de Aldama- y no es verdad» y añadía que «a día de hoy, ese juez que me nombra no me acusa de nada, me acusa de conocer a gente, eso es verdad, pero eso no es una acusación. Esta situación me parece surrealista, es violento dar explicaciones de algo de lo que no se me acusa».
Cristian Abel Corvillo es además un conocido militante del PSOE en Córdoba, que ascendió en el partido a partir de las primarias de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, fue miembro de la dirección provincial del partido, y su hermano Rubén Jonás es concejal de los socialistas en la localidad de Villalobos (Zamora).

ALDAMA RECUPERA LOS DOS FERRARIS
La Audiencia Nacional dio finalmente la razón la semana pasada a Víctor de Aldama y le ha devuelto seis vehículos de alta gama, incluyendo dos Ferrari. Son un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que se encuentran entre los 200.000 y los 400.000 euros.
Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explicaba que el tribunal revoca la resolución del juez instructor Ismael Moreno, que confirmaba el bloqueo de los automóviles en marzo, y que por tanto se debe devolver a sus legítimos propietarios -Aldama y sociedades relacionadas con él- no solo el Ferrari Portifino neցro sino también el Ferrari F12 rojo, un Range Rover, un Porche Macan, un Volkswagen Golf R 32 y un Audi A8.
La Sala fundamentaba esta decisión alegando que el auto de entrada y registro del 19 de febrero de 2024 que derivó en el bloqueo de estos automóviles «no habilitó para la aprehensión y depósito de los seis vehículos decomisados» y añadía que «también es necesaria la realización del juicio de inferencia atinente a la culpabilidad del investigado».
Y añade que se han de relacionar en el caso Koldo esos bienes «con la comisión del delito» o justificar que puedan provenir «o sean el beneficio de la actividad delictiva». «Exigencias de motivación que no se han cumplido ni en el auto de entrada y registro» ni en el auto por el que el juez confirmaba el embargo en marzo, abunda el instructor del Caso Koldo.
Cabe recordar que Moreno acordó el embargo de estos vehículos. Fue una solicitud de bloqueo formulada por la Guardia Civil y contando con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción que es la principal acusadora en la trama Koldo.
 

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Piden al juez que investiga a Begoña Gómez que revise por qué se troceó la ayuda a Globalia
El juez tiene sobre su mesa una batería de peticiones de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias
Piden al juez que investiga a Begoña Gómez que revise por qué se troceó la ayuda a Globalia



El juez que investiga a Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene sobre su mesa una batería de peticiones de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, que pretende impulsar la causa. Entre las solicitudes destaca que se investigue si el Gobierno troceó en varios pagos el rescate de Air Europa para eludir el control de Europa, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
Se da la circunstancia de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, aprobó en 2020 una ayuda de 475 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para la aerolínea de la familia Hidalgo. Sin embargo, esta ayuda se troceó en dos créditos: uno participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 euros. De esta manera, el Gobierno podía eludir el control de la Comisión Europea que exigía al Estado informar sobre todas las operaciones superiores a 250 millones de euros de acuerdo con la decisión adoptada por ese organismo el 31 de julio de 2020 sobre los fondos de recapitalización.
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Otro hecho a destacar es que el ingreso de los 475 millones se canalizó a través de la empresa Air Europa Holding, S.L.U, una sociedad financiera que se constituyó solo un año antes de la concesión del dinero público y que, al finalizar 2019, no tenía empleados ni ingresos, según adelantó THE OBJECTIVE. De esta manera, el rescate podría vulnerar al menos dos de los primeros requisitos que el propio Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) impuso para aprobarlos: que se concediesen a empresas no financieras (es decir, productivas) y que no fuesen «empresas en crisis» para lo que se debían acreditar resultados de los últimos dos ejercicios de funcionamiento.
El Gobierno rescató a Air Europa a través de una sociedad que incumplía los requisitos
El Gobierno rescató a Air Europa a través de una sociedad que incumplía los requisitos


El rescate de la SEPI está en el ojo del huracán después de que este diario informara de las conexiones entre uno de los cabecillas de la trama, Víctor Aldama, Globalia (matriz de Air Europa), Koldo García y José Luis Ábalos. En un encuentro en presencia de este último para abrir una ruta aérea a Oaxaca en México se habría producido la primera reunión entre Aldama y García y el propio el exministro de Transporte indicó que el primero actuaba como representante de la aerolínea.

La mujer de Sánchez
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mantuvo dos reuniones en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, los días 24 de junio y 16 de julio de 2020. Además, el 24 de julio del mismo año tuvo lugar una tercera, en este caso por vía telefónica. Entre ambas reuniones presenciales tuvo lugar la creación de un fondo de 10.000 millones de euros por parte del Gobierno, que acabó siendo destinado para el rescate de Air Europa (Globalia) con 475 millones públicos.
Los encuentros tuvieron lugar en la sede central del holding en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Las dos ocasiones que acudió a las oficinas, Begoña Gómez lo hizo acompañada de dos escoltas, un hombre y una mujer. Al llegar al edificio de Globalia, la esposa del presidente del Gobierno subió a la tercera planta, donde estaba el despacho del directivo, y allí conversaron durante un largo rato sin que nadie más los escuchara. El contenido de las conversaciones es desconocido.
Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en 2019 para que el Gobierno le ayudase con una deuda
Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en 2019 para que el Gobierno le ayudase con una deuda


La creación del fondo, por parte del Gobierno, para inyectar capital en empresas que necesitaran financiación por los efectos de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo tuvo lugar el 3 de julio de 2020. Estos 10.000 millones de euros estaban controlados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) del Ministerio de Hacienda.
El presidente de Globalia y padre de Javier Hidalgo, Juan José Hidalgo, ya había pedido públicamente al Gobierno socialista ayuda para afrontar la falta de pasajeros por las restricciones del estado de alarma. Pero el mecanismo para proporcionar un verdadero rescate no estuvo listo hasta el Consejo de Ministros de ese 3 de julio.
De esta forma, Sánchez no sólo participó en ese Consejo, sino que votó a favor de rescatar a la aerolínea, a pesar de que Globalia había estado patrocinando y publicitando actos de su mujer en el Instituto de Empresa (IE) África Center (Begoña Gómez llegó a este como directora en 2018). El acta de esa sesión del Consejo de Ministros recoge tanto la asistencia del presidente del Gobierno como su no abstención en las deliberaciones. Por este motivo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ahora investiga a Begoña Gómez al entender que podría haber cometido un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
 

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Begoña Gómez encarga su defensa al exministro del Interior socialista Antonio Camacho
El abogado ya está personado ante el Juzgado que investiga si incurrió en un tráfico de influencias y que decidirá en las próximas semanas si la cita como imputada
Foto: Begoña Gómez en el debate de investidura. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Begoña Gómez en el debate de investidura.

Begoña Gómez ha encargado a un abogado su defensa en la causa abierta contra ella por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El elegido es el exdirigente socialista Antonio Camacho, ministro del Interior en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según han confirmado a El Confidencial fuentes de Moncloa. El letrado ya está personado ante el Juzgado que decidirá en las próximas semanas si cita a la esposa del presidente del Gobierno como imputada.

Camacho ingresó en la carrera fiscal en 1991 y en 2004 se incorporó al Ejecutivo del PSOE como secretario de Estado de Seguridad. En julio de 2011 suplió al frente de la cartera de Interior a su gran valedor, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de noviembre de ese año, se quedó como diputado raso por Zamora. Sin embargo, en septiembre de 2014, anunció que abandonaba su escaño y la actividad política.

Desde entonces, Camacho se ha dedicado a la abogacía. Tras dejar la Cámara Baja, se incorporó al bufete Pérez-Llorca como asesor en Derecho Penal Económico. Allí permaneció hasta 2018, cuando pasó a formar parte de un despacho más pequeño con sede en Madrid, Moreno Alarcón Abogados, donde sigue en la actualidad. La firma se declara experta en "derecho civil, derecho de seguros, responsabilidad civil, seguro de daños y derecho penal".

Hasta ahora, el antiguo alto cargo socialista no había intervenido en procedimientos mediáticos. El de Begoña Gómez ya ha ocupado centenares de titulares en las tres semanas que lleva en marcha. El titular del Juzgado número 41 de Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado, investiga su relación con empresas privadas que recibieron ayudas y contratos del Gobierno presidido por su marido.
El exministro del Interior Antonio Camacho. (EFE/Javier Lizón)

El exministro del Interior Antonio Camacho. (EFE/Javier Lizón)

La apertura del procedimiento contra la mujer del presidente del Gobierno trascendió hace unas semanas y provocó todo un terremoto en el Ejecutivo y una crisis sin precedentes. A raíz de las diligencias previas judiciales, Pedro Sánchez envió una carta a la ciudadanía en la que anunciaba el inicio de un periodo de reflexión de cinco días para decidir si abandonaba su cargo. Anunció a su vuelta que seguiría al frente del Gobierno y defendería la honorabilidad de su esposa.

El magistrado al cargo, Juan Carlos Peinado, ha arrancado las diligencias este mismo viernes con la declaración como testigos de los responsables de distintos medios de comunicación, entre ellos el director de El Confidencial, Nacho Cardero. Además, ha oficiado a la UCO para que realice averiguaciones sobre la actividad profesional de la mujer del presidente. La Fiscalía ha recurrido las diligencias y la decisión final se encuentra en manos de la Audiencia Provincial, que tendrá que decidir ahora si avala que la investigación continúe o apoya su cierre exprés.

Los negocios de Begoña Gómez
Como desveló El Confidencial, el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. Además, la mujer del dirigente socialista se reunió en privado con el consejero delegado del holding turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del el bichito.
Foto: Begoña Gómez, durante un acto en el Ateneo de Madrid. (EP/Alejandro Martínez)

La investigación de El Confidencial sobre Begoña Gómez: los hechos que ni siquiera ella niega

Finalmente, el Ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada recibió tanto dinero del fondo de rescate de la SEPI. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero.

Además, Begoña Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.
Foto: El director de El Confidencial , Nacho Cardero, atiende a los medios instantes antes de entrar a los juzgados de Plaza Castilla. (Alejandro Martínez Vélez)

El director de El Confidencial ratifica ante el juez la veracidad de las exclusivas sobre Begoña Gómez

La alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del el bichito. La UTE no presentó en ninguno de los tres concursos la oferta más barata, pero logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva, y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.
Begoña Gómez ha encargado a un abogado su defensa en la causa abierta contra ella por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El elegido es el exdirigente socialista Antonio Camacho, ministro del Interior en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según han confirmado a El Confidencial fuentes de Moncloa. El letrado ya está personado ante el Juzgado que decidirá en las próximas semanas si cita a la esposa del presidente del Gobierno como imputada.
 

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