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La Fiscalía Europea avisó a los ex altos cargos de Ángel Víctor Torres de los registros del 'caso Mascarillas'
La Fiscalía Europea avisó a los imputados en el caso mascaras -la compra fraudulenta de este material en Canarias durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo- de que iba a requisar sus correos...
La Fiscalía Europea avisó a los ex altos cargos de Ángel Víctor Torres de los registros del 'caso mascaras'
Pidió al juez que informara días antes a los investigados de que se iban a requisar sus cuentas de correo oficiales
Conrado Domínguez, ex alto cargo del Gobierno canario.
https://www.elmundo.es/autor/gema-penalosa.html
- Investigación Agentes de la Policía entran en la Consejería canaria de Sanidad en busca de información por el 'caso mascaras'
- Canarias El ministro Torres modificó los contratos de las mascaras para pagar a Koldo con fondos de la Unión Europea
Así consta en el auto del juez de garantías de la Audiencia Nacional fechado el pasado 30 de abril al que ha tenido acceso este periódico. De esta manera, el que fuera director general de Salud de Canarias y ex alto cargo del ministro Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez, tuvo conocimiento del registro que se iba a producir. Ana María Pérez, ex directora de Recursos Económicos del organismo autónomo e imputada igualmente, también estuvo al tanto.
En su auto, el magistrado especificó que la entrada y posterior intervención de los correos se llevaría a cabo desde las 8.00 horas del 9 de mayo hasta las 8.00 horas del día siguiente. El auto del juez fue una respuesta a la petición, mediante un decreto, que la Fiscalía Europea le había hecho un día antes, el 29 de abril, para que autorizara el acceso a los sistemas informáticos, «incluidos servidores y nube», de los investigados ubicados en la sede del Gobierno de Canarias. El Ministerio Público solicitaba además autorización para, en caso de ser necesario, «el uso de las credenciales de autenticación de los investigados para el acceso y descarga de la información».
En el decreto, las fiscales instaban al juez a comunicar la diligencia a los imputados, para «que puedan estar presentes durante su ejecución». El magistrado así lo acordó y remitió a todas las partes el día y la hora en la que se iban a producir los registros. Además, la petición de las fiscales europeas delegadas se produjo nada más hacerse pública la causa, tras haber permanecido las actuaciones secretas durante un año y medio.
Conrado Domínguez ya ha comparecido en calidad de imputado, pero decidió no declarar en el que es el primer caso judicializado de España en corrupción en la compra de material sanitario en la peor parte de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Él y los otros imputados en el caso mascaras permanecen investigados por malversación y prevaricación.
La Fiscalía Europea investiga la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) a través de un contrato de emergencia. El millón de mascaras adquiridas por cuatro millones de euros a la empresa RR7 United -dedicada hasta entonces al sector de la automoción- nunca llegó a las islas, según reflejan las investigaciones.
El asunto comenzó a instruirse en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y saltó a la Fiscalía Europea al constatarse que los fondos para adquirir el material sanitario provenían de la UE. La instrucción de la causa pasó del juez a la Fiscalía Europea, que, eso sí, necesita autorización judicial de la Audiencia Nacional para diligencias que sean invasivas de derechos, como los registros.
Con el asunto todavía en los juzgados canarios, el ministro Torres compareció en calidad de testigo cuando todavía era presidente autonómico. Eligió hacerlo por escrito. El juez instructor le preguntó, entre otras cuestiones, por las competencias y funciones que tenía asignadas Domínguez en su Gobierno en la época de los hechos.
CUATRO MILLONES
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, dio luz verde al pago por adelantado de cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector sanitario como era RR7 y lo hizo sin recibir el material. Según la querella, ignoró así los avisos de las jefas de servicio, que le informaron, antes del segundo pago, del riesgo de que se tratara de una estafa.
Con el secreto de las actuaciones levantado, se constata que las pesquisas que ha conducido la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) han encontrado indicios para concluir la «posible implicación en los hechos de nuevas personas», como es el caso de la mujer del principal empresario de la trama, Rayco Rubén González, así como otro industrial canario.
Además, la Fiscalía Europea ha emitido peticiones de asistencia a sus delegaciones en Bélgica e Italia para aclarar el destino del dinero que pagó el Servicio Canario de Salud a la empresa, «habiéndose recibido la información solicitada». El Ministerio Público también recabó datos de Reino Unido.
Las fiscales europeas decidieron ampliar las pesquisas para rastrear los archivos de audio, vídeos o documentos que los investigadores hallaron en los distintos teléfonos móviles analizados. La semana pasada, la Udef entregó a la delegación española de la Fiscalía Europea un disco duro con un dossier relevante, tras el cual el Ministerio Público ha decidido levantar el secreto de las actuaciones.
La entrada y registro en la sede del Gobierno canario se produjo en la fecha prevista. Durante la diligencia, que se prolongó durante más de 10 horas, los agentes de la Udef de la Policía Nacional se incautaron de abundante material que ahora tendrá que ser analizado.
