Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la cosa con tó!

130. Caso Lezo/Blanqueo capitales



Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) ha negado haber manejado dinero neցro ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo y ha desmentido que haya blanqueado capitales a través de sus negocios, como la casa de subastas y la guardería que fundó.
Cavero ha declarado durante 25 minutos ante el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 que instruye el caso Lezo. Ella está investigada (imputada) por un supuesto blanqueo de capitales dentro de la trama liderada por González, exmano derecha de Esperanza Aguirre. Es la pieza 5 del caso Lezo. A preguntas del fiscal y de los abogados, Cavero ha asegurado que ni ella ni su marido han manejado dinero B en sus negocios, si bien ha puntualizado que ella al margen de los negocios de Ignacio González. Es más, no hablaban nunca de ello, según fuentes jurídicas presentes en su declaración. El fiscal le ha interrogado a Cavero por los dos negocios que fundó, en concreto por si los utilizaba para lavar dinero de supuestas comisiones. Son la casa de Subastas Segre, cuya presidencia dejó el pasado mayo, así como la guardería Chickies, S.L.
El dinero de ambos negocios era aportado por los socios –ha explicado Cavero- y nunca ha manejado dinero B, ni ella ni su marido, ha asegurado al juez instructor.
La familia de Ignacio González ha sido llamada a declarar en el caso Lezo. Es una supuesta trama liderada por González y por el exconsejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, y que tiene como epicentro los negocios de la empresa pública Canal de Isabel II en Latinoamérica, aunque afecta también a diversas administraciones públicas.
El caso Lezo liderado por González -, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril- está dividido en seis piezas y tiene 68 investigados. Entre los citados a declarar por el juez en esta pieza están dos sobrinas del matrimonio –Rocío y Lourdes Bonet Cavero-, así como la empresaria salmantina Carmen Pazos, socia de Cavero en el negocio de las escuelas infantiles y dueña de la guardería “Mis pollitos”.
Ignacio González y los miembros de la trama Lezo fueron investigados en un sumario secreto del Juzgado Central de Instrucción 6, donde se utilizaron sofisticados aparatos de escucha que hasta entonces sólo se habían usado para el terrorismo, en vista de que la trama había sido alertada –supuestamente- de que era investigada.
En una de las grabaciones, Ignacio González explica a su hermano Pablo, exconsejero de MercaSalamanca, que ha conseguido que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, le conceda el contrato de cuatro guarderías municipales, que las explotaría con el negocio de su mujer, según las escuchas de la UCO de la Guardia Civil difundidas.
Hace unas semanas que Lourdes Cavero abandonó la empresa dedicada a las guarderías, donde estaban también sus dos sobrinas.
La pieza número 5 del caso Lezo está centrada en la trama de blanqueo de capitales y cuenta con 19 personas imputadas, entre ellas el expresidente madrileño, su esposa y su hermano Pablo, las dos sobrinas y Edmundo Rodríguez Sobrino.
La casa de subastas Segre fundada por Cavero puso a la venta el pasado año 110 lotes de relojes, joyas y plumas -una de ellas adjudicada por 18.000 de euros- intervenidos en la operación Púnica a David Marjaliza, exsocio del exconsejero madrileño Francisco Granados, que permaneció dos años y medio en prisión preventiva y que compartió Gobierno con González siendo Esperanza Aguirre presidenta regional, informa Efe.
Fuente
 
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126....Caso Plaza/Kartódromo
La alegría y el estupor se pudieron medir a partes iguales anoche en la sala de vistas de la Audiencia Provincial en la que durante la semana pasada fueron juzgados el exviceconsejero de Obras Públicas (PSOE) Carlos Esco, el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril y el empresario Santiago Becerril Pastor. Pasadas las 21.00 y tras siete horas de deliberación, los miembros del jurado daban lectura a un veredicto que declaraba no culpables a los tres encausados y la magistrada-presidenta, Esperanza de Pedro, se apresuraba a dictar, conforme a la decisión del tribunal, una sentencia absolutoria a viva voz (in voce).

Tras dos años de instrucción del caso, fruto de una denuncia presentada por Jesús Andreuquien sucedió a Ricardo García Becerril cuando el gobierno PP-PAR tomó el relevo a la coalición PSOE-PAR en el Pignatelli, los tres acusados escuchaban aliviados cómo el jurado los declaraba no culpables. "No esperaba otra cosa", comentaba escuetamente García Becerril al salir de la sala de vistas visiblemente contento. "Claro que estoy satisfecho", reconocía también Carlos Esco. No era para menos, ya que ambos se enfrentaban a penas de entre diez y once años de prisión por delitos de cohecho y malversación de caudales públicos o, alternativamente, apropiación indebida.

"Muy, muy contento"

En cuanto a Santiago Becerril, sin cuya confesión de que había pagado una comisión de 661.110 euros a Ricardo García Becerril no hubiera existido esta causa, su alegría no podía ser mayor."Estoy muy, muy contento", aseguró. Las peticiones de pena para este acusado eran menores, ya que todos solicitaban la aplicación de la atenuante de confesión y el arco de condena podía haber oscilado entre el año y medio y los dos años y medio de guandoca, más el pago de 661.100 euros de indemnización.

En concreto, Santiago Becerril confesó a la Policía, al juez y al jurado, que en 2004, cuando Plaza decidió comprar el terreno en el que se ubicaba su negocio, el único kartódromo de Aragón, para hacer allí accesos a la plataforma y la zona comercial, él no quería venderlo, pero finalmente accedió. Aseguró que el precio que pactó con García Becerril, la persona a la que el consejo de administración de la sociedad encargó la gestión, fue de 1.050 millones de pesetas (6.310.628 euros), que incluía una comisión ilícita del 10% (661.110 euros), para el exgerente. Añadió que le entregó este dinero en tres plazos y en cada uno de ellos destruyó el cheque. Por último, manifestó que cuando le preguntó para quién era la comisión, García Becerril le contestó que se la repartía a medias con el"delegado, ese señor de barbas".

La confesión era el pilar del caso y la sospecha planeaba sobre los acusados. Pero todos los neցros augurios que pesaban sobre ellos se desvanecieron en cuanto el jurado empezó a leer su veredicto. Sobre todo, cuando afirmaron:"Hemos visto indicios de delito pero no se han presentado pruebas suficientes". Esta aseveración la hicieron para cada uno de los encausados y para los tres delitos que se les atribuían.

Incluso cuando se refirieron a la confesión de Santiago Becerril, los jurados dijeron que sus palabras no eran suficientes y que entraban en contradicción con las de García Becerril, que en todo momento ha negado los hechos, y con las de Esco, del que consideraron probado que tenía mala relación con el exgerente y que no conoce a Santiago Becerril.

El fiscal del caso, Javier Checa, anunciaba minutos después que no pensaba recurrir el fallo, mientras que las acusaciones particulares, en nombre del Gobierno de Aragón y la sociedad pública Plaza, se remitían a futuras consultas con sus respectivos clientes.

"Yo no la voy a recurrir porque, tal y como se ha pronunciado el jurado, la sentencia es inatacable", manifestaba Checa."Me lo miraré pero es imposible cogerlo, porque la valoración de la prueba es inamovible", añadió. El fiscal reconoció, no obstante, que había sido una sorpresa porque hasta ahora los jurados populares han condenado sistemáticamente en casos parecidos."En cualquier caso, la explicación que dan es válida, aunque a esta parte no le convenza", subrayó.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Aragón
  • Coste aprox.: 661.110 €
  • Total implicados: 3
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial:
PSOE
 
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