PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de Gobierno que incluye la semana laboral de 37,5 horas
PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de Gobierno que incluye la semana laboral de 37,5 horas
El pacto para la legislatura contempla también los impuestos a la banca y las grandes energéticas, el aumento del parque público de vivienda y la ampliación de permisos retribuidos por nacimiento
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La coalición da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez, a la espera de cerrar un pacto con los demás aliados de la mayoría. El PSOE y Sumar han anunciado este martes a primera hora que ya han cerrado su acuerdo de gobierno, cuyos últimos flecos remataron el lunes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión en La Moncloa. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ambos en funciones, presentarán el contenido este martes, tras el Consejo de Ministros, en un acto en el Museo Reina Sofía. El acuerdo implica un amplio paquete de medidas que incluye la más relevante, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pero además un amplio paquete de medidas sociales que supone un contrato para marcar el guion político de la coalición.
Según ha informado PSOE y Sumar en un comunicado conjunto, el texto incluye finalmente la reducción de la jornada laboral “sin reducción salarial”, que será hasta las 37,5 horas, según fuentes de la negociación. Este es el asunto que costó más cerrar, y es el hito del acuerdo. La última discusión se basó en que los socialistas, como explicó la vicepresidenta, Nadia Calviño, apostaban más por dejar esta cuestión en manos de la negociación de los agentes sociales, lo que podría dar margen para vetarlo a la patronal, mientras Sumar reclamaba que se haga por ley esta primera fase hasta los 37,5 y después abrir el diálogo para bajar hasta los 35 a lo largo de la legislatura. Finalmente, se ha alcanzado un equilibro que implica que será por ley, pero gradual, según fuentes de la negociación. En 2024 se bajará de las 40 horas semanales actuales a 38,5, y en 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí sí dependerá ya de la negociación colectiva.
El amplio documento recoge también otras medidas sobre las que la formación de Díaz había insistido, como “la implementación de un plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo del sistema público de salud, el aumento del parque público de vivienda, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público”, según el comunicado conjunto.
Fuentes de Sumar, por su parte, destacan también que el documento recoge la regulación del despido, una ley de cuidados, la reforma de la financiación territorial, la subida del salario mínimo interprofesional “para que no se pierda poder adquisitivo” y la derogación de la llamada ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por Mariano Rajoy en 2015). Esta última ya se intentó en la pasada legislatura, con una mayoría parlamentaria de izquierdas, y fracasó por las diferencias con ERC y EH Bildu.
La reducción de la jornada, la medida estrella, afectaría de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas del sector privado (de un total de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social). En la actualidad, más de 1,6 millones del sector privado tienen una jornada pactada en su convenio colectivo inferior, lo que supone uno de cada siete trabajadores de este sector. También la tienen en el sector público.
La jornada laboral de ocho horas al día se aplica en España desde hace más de un siglo, cuando se consiguió tras la huelga de La Canadiense en 1919. Entonces eran seis los días de trabajo a la semana, por tanto, 48 horas semanales, y no fue hasta 1983 cuando se aprobó la jornada de 40 horas semanales, ocho cada día laborable con dos de descanso. El proyecto de ley fue aprobado hace cuatro decenios en el Congreso para reducir de 43 horas a 40 horas la jornada semanal máxima. Entonces, la medida afectó a cinco millones de trabajadores de los 11 millones que había registrados. Desde entonces se ha mejorado la jornada anual con vacaciones y festivos, pero nunca se tocó la semanal de 40 horas. Hasta ahora.
Resuelto el acuerdo con Sumar, en las próximas semanas se deberían cerrar los acuerdos con todos los demás: PNV, EH Bildu —que ya ha dicho que votará a favor—, BNG y puede que con Coalición Canaria. Pero antes, para avanzar en todos esos, es imprescindible desbloquear el pacto más complejo de todos, con ERC y Junts, que gira alrededor de la amnistía a los encausados del procés, que Sánchez se ha comprometido a explicar “con transparencia”. Es el asunto principal, pero hay otros importantes en la negociación, como la financiación autonómica o la gestión de las competencias de Rodalies, los cercanías de Cataluña.
Una vez cerrado el acuerdo con Sumar, el PSOE tiene prevista la convocatoria de un comité federal, su principal órgano de decisión entre congresos, para aprobar la consulta a las bases sobre el pacto de coalición, que es obligatoria y vinculante tras la reelección de Sánchez en las primarias de 2017. La ejecutiva federal podría dar luz verde a la consulta a la militancia, como sucedió en noviembre de 2019, pero lo lógico es que se haga en un comité federal que podría celebrarse el próximo sábado, aunque aún no está cerrado y distintas fuentes lo consideran prematuro. Una opción es que fuese el 4 de noviembre, la otra fecha que se baraja y que también coincide con un sábado.
El escenario idóneo que contemplan en el PSOE es que la investidura se celebrase antes del congreso del Partido Socialista Europeo del 10 y 11 de noviembre en Málaga. Sánchez, consciente de que será una legislatura mucho más compleja por la falta de alternativas que tendrá para sacar adelante la acción legislativa en el Congreso, persigue un pacto de legislatura. Unas garantías de estabilidad ante la mayoría más difícil de la democracia que, al menos de momento, los independentistas catalanes no comparten, aunque es lo que se está negociando a cambio de la amnistía.
PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo de Gobierno que incluye la semana laboral de 37,5 horas
El pacto para la legislatura contempla también los impuestos a la banca y las grandes energéticas, el aumento del parque público de vivienda y la ampliación de permisos retribuidos por nacimiento
La coalición da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez, a la espera de cerrar un pacto con los demás aliados de la mayoría. El PSOE y Sumar han anunciado este martes a primera hora que ya han cerrado su acuerdo de gobierno, cuyos últimos flecos remataron el lunes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión en La Moncloa. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ambos en funciones, presentarán el contenido este martes, tras el Consejo de Ministros, en un acto en el Museo Reina Sofía. El acuerdo implica un amplio paquete de medidas que incluye la más relevante, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, pero además un amplio paquete de medidas sociales que supone un contrato para marcar el guion político de la coalición.
Según ha informado PSOE y Sumar en un comunicado conjunto, el texto incluye finalmente la reducción de la jornada laboral “sin reducción salarial”, que será hasta las 37,5 horas, según fuentes de la negociación. Este es el asunto que costó más cerrar, y es el hito del acuerdo. La última discusión se basó en que los socialistas, como explicó la vicepresidenta, Nadia Calviño, apostaban más por dejar esta cuestión en manos de la negociación de los agentes sociales, lo que podría dar margen para vetarlo a la patronal, mientras Sumar reclamaba que se haga por ley esta primera fase hasta los 37,5 y después abrir el diálogo para bajar hasta los 35 a lo largo de la legislatura. Finalmente, se ha alcanzado un equilibro que implica que será por ley, pero gradual, según fuentes de la negociación. En 2024 se bajará de las 40 horas semanales actuales a 38,5, y en 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí sí dependerá ya de la negociación colectiva.
El amplio documento recoge también otras medidas sobre las que la formación de Díaz había insistido, como “la implementación de un plan de choque contra el desempleo juvenil, el refuerzo del sistema público de salud, el aumento del parque público de vivienda, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años y una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público”, según el comunicado conjunto.
Fuentes de Sumar, por su parte, destacan también que el documento recoge la regulación del despido, una ley de cuidados, la reforma de la financiación territorial, la subida del salario mínimo interprofesional “para que no se pierda poder adquisitivo” y la derogación de la llamada ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por Mariano Rajoy en 2015). Esta última ya se intentó en la pasada legislatura, con una mayoría parlamentaria de izquierdas, y fracasó por las diferencias con ERC y EH Bildu.
La reducción de la jornada, la medida estrella, afectaría de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas del sector privado (de un total de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social). En la actualidad, más de 1,6 millones del sector privado tienen una jornada pactada en su convenio colectivo inferior, lo que supone uno de cada siete trabajadores de este sector. También la tienen en el sector público.
La jornada laboral de ocho horas al día se aplica en España desde hace más de un siglo, cuando se consiguió tras la huelga de La Canadiense en 1919. Entonces eran seis los días de trabajo a la semana, por tanto, 48 horas semanales, y no fue hasta 1983 cuando se aprobó la jornada de 40 horas semanales, ocho cada día laborable con dos de descanso. El proyecto de ley fue aprobado hace cuatro decenios en el Congreso para reducir de 43 horas a 40 horas la jornada semanal máxima. Entonces, la medida afectó a cinco millones de trabajadores de los 11 millones que había registrados. Desde entonces se ha mejorado la jornada anual con vacaciones y festivos, pero nunca se tocó la semanal de 40 horas. Hasta ahora.
Resuelto el acuerdo con Sumar, en las próximas semanas se deberían cerrar los acuerdos con todos los demás: PNV, EH Bildu —que ya ha dicho que votará a favor—, BNG y puede que con Coalición Canaria. Pero antes, para avanzar en todos esos, es imprescindible desbloquear el pacto más complejo de todos, con ERC y Junts, que gira alrededor de la amnistía a los encausados del procés, que Sánchez se ha comprometido a explicar “con transparencia”. Es el asunto principal, pero hay otros importantes en la negociación, como la financiación autonómica o la gestión de las competencias de Rodalies, los cercanías de Cataluña.
Una vez cerrado el acuerdo con Sumar, el PSOE tiene prevista la convocatoria de un comité federal, su principal órgano de decisión entre congresos, para aprobar la consulta a las bases sobre el pacto de coalición, que es obligatoria y vinculante tras la reelección de Sánchez en las primarias de 2017. La ejecutiva federal podría dar luz verde a la consulta a la militancia, como sucedió en noviembre de 2019, pero lo lógico es que se haga en un comité federal que podría celebrarse el próximo sábado, aunque aún no está cerrado y distintas fuentes lo consideran prematuro. Una opción es que fuese el 4 de noviembre, la otra fecha que se baraja y que también coincide con un sábado.
El escenario idóneo que contemplan en el PSOE es que la investidura se celebrase antes del congreso del Partido Socialista Europeo del 10 y 11 de noviembre en Málaga. Sánchez, consciente de que será una legislatura mucho más compleja por la falta de alternativas que tendrá para sacar adelante la acción legislativa en el Congreso, persigue un pacto de legislatura. Unas garantías de estabilidad ante la mayoría más difícil de la democracia que, al menos de momento, los independentistas catalanes no comparten, aunque es lo que se está negociando a cambio de la amnistía.
