El estado democrático, sin duda, es y fue un gran "pacificador"
Finalizada la dictadura se produjeron numerosos casos del denominado terrorismo tardofranquista hasta principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la Ley.53 Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas unas 66 personas,54 desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la matanza de Atocha) o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política.
Estos grupos estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, todos ellos afectos al régimen anterior. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neo-fascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. Conforme ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron debilitándose, a partir de 1982 se pueden considerar desaparecidos. Se cree que muchos de los antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que actuaron durante los gobiernos de Felipe González.
Otros episodios de terrorismo de Estado tuvieron lugar el 15 de enero de 1978 en Barcelona. Ese día se produjo la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado llevó a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña [cita requerida].
El 5 de abril de 1978, Antonio Cubillo, líder del MPAIC (organización independentista canaria que durante esa época operaba a través de grupos terroristas), resultó gravemente herido en un intento de asesinato en su domicilio en Argel (lugar donde orquestaba todas las operaciones de la organización independentista) la víspera de la cumbre en la ONU a la que este iba a asistir para hablar del "problema colonial canario". Las diligencias judiciales sobre dicho atentado consideraron probado que el intento de asesinato fue organizado desde instancias del Ministerio del Interior español.55
De 1983 a 1987, durante el gobierno socialista de Felipe González en España, se llamó guerra sucia en España a las acciones desarrolladas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron, secuestraron y torturaron a presuntos miembros de la organización terrorista ETA, así como ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con la banda. Muchos de los mercenarios que habían formado parte de los escuadrones de la muerte tardo franquistas se integraron en estos grupos.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de julio de 1998, condenó56 por el caso del secuestro de Segundo Marey al ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal a diez años de guandoca; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses.
En septiembre de 1998 ingresaron en la guandoca, Barrionuevo y Vera, condenados a diez años de prisión, y tres meses después fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del gobierno presidido por José María Aznar del Partido Popular.
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Yolanda González - Wikipedia, la enciclopedia libre
Yolanda González Martín fue secuestrada a última hora de la tarde del 1 de febrero de 1980 en su domicilio, Calle Tembleque 101 (Barrio de Aluche), de Madrid, cuando se hallaba sola (convivía en un piso de estudiantes, un modesto apartamento de 60 metros cuadrados —cocina, un pequeño salón y tres dormitorios—, con su novio Alejandro Arizcun y con otra compañera del P.S.T., Mar Noguerol),2 y al que los secuestradores accedieron engañando a Yolanda, mostrando identificaciones falsificadas de autoridades policiales.
Al regresar su novio a la vivienda a medianoche encontró todo ordenado y las luces encendidas, pero no estaba ni Yolanda ni la otra compañera de piso. Pensó que estaría en alguna reunión tardía por sus actividades en la coordinadora estudiantil, por lo que no dio mayor importancia.
Al despertarse en la mañana del día 2 de febrero notó que el bolso, cartera y DNI de Yolanda estaban en la mesa del salón y, preocupado por si hubiera sido detenida, hizo varias gestiones telefónicas en instancias policiales y judiciales de Madrid para averiguar su paradero, sin resultado.
En la misma mañana al regresar la compañera de piso y de partido, con dos amigos, se encontró en el piso con policías de paisano registrándo la vivienda. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad donde fueron interrogados sobre sus actividades políticas y su posible relación con ETA. El novio, por la tarde, al acudir a la sede del partido le informaron sobre el fatal destino de Yolanda.2 Parece ser que los secuestradores se presentaron el día 1 por la mañana en la vivienda y al no encontrar a nadie, decidieron volver por la tarde-noche.
Yolanda González Martín fue asesinada por los miembros de Fuerza Nueva Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez, que contaron con la colaboración de varios sujetos más (José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas Crespo y David Martínez). Juan Carlos Rodas Crespo, agente de la Policía Nacional (anteriormente Policía Armada), participó en la vigilancia del exterior de la vivienda junto a otros cómplices, mientras Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez subían para secuestrarla. Al día siguiente, al enterarse por la prensa de su muerte, Juan Carlos Rodas Crespo, sorprendido y arrepentido por el resultado final de lo que creía era un simple interrogatorio, denunció los hechos ante sus superiores policiales de Getafe lo que aceleró las investigaciones y la resolución del caso.3
Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez tras engañar a Yolanda exhibiendo enseñas policiales falsas, reducirla y registrar de forma rápida las habitaciones (temerosos de que los otros inquilinos de la vivienda regresaran de forma sorpresiva), la secuestraron y fue llevada en el automóvil de Emilio Hellín jovenlandés, siendo maltratada e interrogada por el camino, hasta el lugar de su asesinato, donde tras bajar del vehículo Emilio Hellín jovenlandés le disparó dos veces con una pistola Walther P-38, calibre 9 milímetros Parabellum a unos 70-80 centímetros en la cabeza (región temporal derecha, con sendos orificios de salida en la región occipital izquierda), y rematada por Ignacio Abad Velázquez con otro disparo (cara externa del antebrazo derecho, con orificio de entrada y salida que posteriormente produjo contusión erosiva en la mama izquierda) con una pistola Star calibre 9 milímetros Parabellum, estando aún con vida, según relata la sentencia condenatoria. El cadáver de Yolanda fue encontrado por dos trabajadores en torno a las 9 de la mañana del 2 de febrero de 1980 en un camino cercano al kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
En el momento del hallazgo del cadáver, Yolanda vestía debajo de su jersey una camiseta blanca con el escudo de las siete provincias vascas y una medalla con el lauburu, lo que llevó a la policía a determinar que el crimen tenía connotaciones políticas.
Los autores de su asesinato intentaron justificarlo como venganza por el Atentado de Ispáster perpetrado por ETA a primera hora de la mañana del 1 de febrero de 1980, en el que murieron de seis guardias civiles, ya que la acusaban de pertenecer a un supuesto comando de ETA en Madrid. Sin embargo el PST al que pertenecía Yolanda González Martín no sólo no formaba parte de la izquierda abertzale sino que rechazaba explícitamente la violencia de ETA.
El asesinato fue reivindicado mediante Emilio Hellín, con un télex enviado a la agencia EFE, por el denominado "Grupo 41" del Batallón Vasco Español con estas palabras:
«El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!»
Juicio y condena por su asesinato en 1982
En 1980 la Audiencia Nacional procesó a Emilio Hellín jovenlandés, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas y David Martínez Loza y en 1982 los sentenció y condenó a diversas penas según su implicación penal, bajo el Código Penal vigente en su momento, en los hechos enjuiciados.
Emilio Hellín jovenlandés (algo más de 43 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI, uso público de nombre supuesto.
Ignacio Abad Velázquez (algo más de 28 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
Félix Pérez Ajero (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
José Ricardo Prieto (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia de explosivos.
David Martínez Loza (algo más de 6 años de condena), inducción de allanamiento de morada, detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva.
Juan Carlos Rodas (3 meses de condena), allanamiento de morada, detención ilegal. La levedad de la condena se debe a su colaboración con la justicia.
El Tribunal, sin embargo, no aceptó condenarles por asociación ílicita o banda armada aduciendo que para considerarles banda armada se necesitan requisitos tales como mayor número de integrantes, jerarquía orgánica, y otros requisitos. Las penas impuestas fueron superiores a las que pedía el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Las condenas fueron impuestas por la sala 1 de lo Penal de la Audiencia Nacional.45
La fuga de Emilio Hellín en 1987 y su posterior trabajo para la policía española
Emilo Hellín, principal encausado por el asesinato, se dio a la fuga en 1987 aprovechando un permiso penitenciario. En Paraguay recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó. Tras ser descubierto por un periodista de la revista Interviú, fue extraditado a España en 1990.6
En 2013 se da a conocer que Emilio Hellín habría estado trabajando para los Cuerpos y Fuerzas Generales de la Seguridad y del Estado en técnicas de espionaje, rastreo informático y en dispositivos móviles con los diversos gobiernos de la democracia. Según ha manifestado él no es Emilio Hellín, fallecido en 2008 sino Luis Enrique Hellín, su hermano.6 Sin embargo en 1996 habría cambiado su nombre como refleja el acta de nacimiento en su pueblo natal Torre de Miguel Sesmero, Provincia de Badajoz. El Ministerio del Interior confirma la contratación de sus servicios, a través de la empresa New Technology Forensics —fundada en 1998 y en la que oficialmente no aparece su nombre—,7 para instruir a los policías en diferentes cursos desde 2006 a 2011.89 Asimismo, cuatro agentes de la sección de Nuevas Tecnologías de la Policía Científica de la Ertzaintza asistieron a un curso impartido por dicha empresa en Madrid en el año 2008.
Finalizada la dictadura se produjeron numerosos casos del denominado terrorismo tardofranquista hasta principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la Ley.53 Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas unas 66 personas,54 desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la matanza de Atocha) o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política.
Estos grupos estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, todos ellos afectos al régimen anterior. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neo-fascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. Conforme ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron debilitándose, a partir de 1982 se pueden considerar desaparecidos. Se cree que muchos de los antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que actuaron durante los gobiernos de Felipe González.
Otros episodios de terrorismo de Estado tuvieron lugar el 15 de enero de 1978 en Barcelona. Ese día se produjo la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado llevó a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña [cita requerida].
El 5 de abril de 1978, Antonio Cubillo, líder del MPAIC (organización independentista canaria que durante esa época operaba a través de grupos terroristas), resultó gravemente herido en un intento de asesinato en su domicilio en Argel (lugar donde orquestaba todas las operaciones de la organización independentista) la víspera de la cumbre en la ONU a la que este iba a asistir para hablar del "problema colonial canario". Las diligencias judiciales sobre dicho atentado consideraron probado que el intento de asesinato fue organizado desde instancias del Ministerio del Interior español.55
De 1983 a 1987, durante el gobierno socialista de Felipe González en España, se llamó guerra sucia en España a las acciones desarrolladas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que asesinaron, secuestraron y torturaron a presuntos miembros de la organización terrorista ETA, así como ciudadanos españoles y franceses sin ningún tipo de relación con la banda. Muchos de los mercenarios que habían formado parte de los escuadrones de la muerte tardo franquistas se integraron en estos grupos.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de julio de 1998, condenó56 por el caso del secuestro de Segundo Marey al ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal a diez años de guandoca; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Vizcaya, a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses.
En septiembre de 1998 ingresaron en la guandoca, Barrionuevo y Vera, condenados a diez años de prisión, y tres meses después fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del gobierno presidido por José María Aznar del Partido Popular.
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Yolanda González - Wikipedia, la enciclopedia libre
Yolanda González Martín fue secuestrada a última hora de la tarde del 1 de febrero de 1980 en su domicilio, Calle Tembleque 101 (Barrio de Aluche), de Madrid, cuando se hallaba sola (convivía en un piso de estudiantes, un modesto apartamento de 60 metros cuadrados —cocina, un pequeño salón y tres dormitorios—, con su novio Alejandro Arizcun y con otra compañera del P.S.T., Mar Noguerol),2 y al que los secuestradores accedieron engañando a Yolanda, mostrando identificaciones falsificadas de autoridades policiales.
Al regresar su novio a la vivienda a medianoche encontró todo ordenado y las luces encendidas, pero no estaba ni Yolanda ni la otra compañera de piso. Pensó que estaría en alguna reunión tardía por sus actividades en la coordinadora estudiantil, por lo que no dio mayor importancia.
Al despertarse en la mañana del día 2 de febrero notó que el bolso, cartera y DNI de Yolanda estaban en la mesa del salón y, preocupado por si hubiera sido detenida, hizo varias gestiones telefónicas en instancias policiales y judiciales de Madrid para averiguar su paradero, sin resultado.
En la misma mañana al regresar la compañera de piso y de partido, con dos amigos, se encontró en el piso con policías de paisano registrándo la vivienda. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad donde fueron interrogados sobre sus actividades políticas y su posible relación con ETA. El novio, por la tarde, al acudir a la sede del partido le informaron sobre el fatal destino de Yolanda.2 Parece ser que los secuestradores se presentaron el día 1 por la mañana en la vivienda y al no encontrar a nadie, decidieron volver por la tarde-noche.
Yolanda González Martín fue asesinada por los miembros de Fuerza Nueva Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez, que contaron con la colaboración de varios sujetos más (José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas Crespo y David Martínez). Juan Carlos Rodas Crespo, agente de la Policía Nacional (anteriormente Policía Armada), participó en la vigilancia del exterior de la vivienda junto a otros cómplices, mientras Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez subían para secuestrarla. Al día siguiente, al enterarse por la prensa de su muerte, Juan Carlos Rodas Crespo, sorprendido y arrepentido por el resultado final de lo que creía era un simple interrogatorio, denunció los hechos ante sus superiores policiales de Getafe lo que aceleró las investigaciones y la resolución del caso.3
Emilio Hellín jovenlandés e Ignacio Abad Velázquez tras engañar a Yolanda exhibiendo enseñas policiales falsas, reducirla y registrar de forma rápida las habitaciones (temerosos de que los otros inquilinos de la vivienda regresaran de forma sorpresiva), la secuestraron y fue llevada en el automóvil de Emilio Hellín jovenlandés, siendo maltratada e interrogada por el camino, hasta el lugar de su asesinato, donde tras bajar del vehículo Emilio Hellín jovenlandés le disparó dos veces con una pistola Walther P-38, calibre 9 milímetros Parabellum a unos 70-80 centímetros en la cabeza (región temporal derecha, con sendos orificios de salida en la región occipital izquierda), y rematada por Ignacio Abad Velázquez con otro disparo (cara externa del antebrazo derecho, con orificio de entrada y salida que posteriormente produjo contusión erosiva en la mama izquierda) con una pistola Star calibre 9 milímetros Parabellum, estando aún con vida, según relata la sentencia condenatoria. El cadáver de Yolanda fue encontrado por dos trabajadores en torno a las 9 de la mañana del 2 de febrero de 1980 en un camino cercano al kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
En el momento del hallazgo del cadáver, Yolanda vestía debajo de su jersey una camiseta blanca con el escudo de las siete provincias vascas y una medalla con el lauburu, lo que llevó a la policía a determinar que el crimen tenía connotaciones políticas.
Los autores de su asesinato intentaron justificarlo como venganza por el Atentado de Ispáster perpetrado por ETA a primera hora de la mañana del 1 de febrero de 1980, en el que murieron de seis guardias civiles, ya que la acusaban de pertenecer a un supuesto comando de ETA en Madrid. Sin embargo el PST al que pertenecía Yolanda González Martín no sólo no formaba parte de la izquierda abertzale sino que rechazaba explícitamente la violencia de ETA.
El asesinato fue reivindicado mediante Emilio Hellín, con un télex enviado a la agencia EFE, por el denominado "Grupo 41" del Batallón Vasco Español con estas palabras:
«El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!»
Juicio y condena por su asesinato en 1982
En 1980 la Audiencia Nacional procesó a Emilio Hellín jovenlandés, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas y David Martínez Loza y en 1982 los sentenció y condenó a diversas penas según su implicación penal, bajo el Código Penal vigente en su momento, en los hechos enjuiciados.
Emilio Hellín jovenlandés (algo más de 43 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI, uso público de nombre supuesto.
Ignacio Abad Velázquez (algo más de 28 años de condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
Félix Pérez Ajero (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.
José Ricardo Prieto (algo más de 6 años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia de explosivos.
David Martínez Loza (algo más de 6 años de condena), inducción de allanamiento de morada, detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva.
Juan Carlos Rodas (3 meses de condena), allanamiento de morada, detención ilegal. La levedad de la condena se debe a su colaboración con la justicia.
El Tribunal, sin embargo, no aceptó condenarles por asociación ílicita o banda armada aduciendo que para considerarles banda armada se necesitan requisitos tales como mayor número de integrantes, jerarquía orgánica, y otros requisitos. Las penas impuestas fueron superiores a las que pedía el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Las condenas fueron impuestas por la sala 1 de lo Penal de la Audiencia Nacional.45
La fuga de Emilio Hellín en 1987 y su posterior trabajo para la policía española
Emilo Hellín, principal encausado por el asesinato, se dio a la fuga en 1987 aprovechando un permiso penitenciario. En Paraguay recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó. Tras ser descubierto por un periodista de la revista Interviú, fue extraditado a España en 1990.6
En 2013 se da a conocer que Emilio Hellín habría estado trabajando para los Cuerpos y Fuerzas Generales de la Seguridad y del Estado en técnicas de espionaje, rastreo informático y en dispositivos móviles con los diversos gobiernos de la democracia. Según ha manifestado él no es Emilio Hellín, fallecido en 2008 sino Luis Enrique Hellín, su hermano.6 Sin embargo en 1996 habría cambiado su nombre como refleja el acta de nacimiento en su pueblo natal Torre de Miguel Sesmero, Provincia de Badajoz. El Ministerio del Interior confirma la contratación de sus servicios, a través de la empresa New Technology Forensics —fundada en 1998 y en la que oficialmente no aparece su nombre—,7 para instruir a los policías en diferentes cursos desde 2006 a 2011.89 Asimismo, cuatro agentes de la sección de Nuevas Tecnologías de la Policía Científica de la Ertzaintza asistieron a un curso impartido por dicha empresa en Madrid en el año 2008.
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