CASO AZUDLa anotación que incrimina a un ex alto cargo del PSOE valenciano en ‘Azud’: “300.000 euros para R.R.”
Los socialistas implicados en el caso ‘Azud’ se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés
La juez de ‘Azud’ sostiene que la trama pagó gastos electorales a los socialistas valencianos en 2007
El PSOE de Puig rechaza investigar en las Cortes Valencianas la corrupción socialista en el ‘caso Azud’
Anotación del pago de los 300.000 euros.
El sumario del caso Azud, una macrocausa de corrupción urbanística en Valencia, revela que Rafael Rubio –el que fuera portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento valenciano y subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad que preside Ximo Puig– recibió una comisión de 300.000 euros a cambio de mirar hacia otro lado. Así consta reflejado en los documentos intervenidos en los registrados de las empresas del cabecilla de la trama, el empresario Jaime María Febrer Rovira. OKDIARIO ha tenido acceso a la ingente documentación intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Entre los informes destaca la factura con la anotación a bolígrafo: “300.000 euros a R.R.”.
Anotación del empresario Jaime María Febrer incautada en un registro en una de sus empresas
Los agentes sitúan estas facturas tras las reuniones mantenidas en septiembre de 2005 entre el empresario Jaime María Febrer y los socialistas José Luis Vera -abogado, ex magistrado y ex alto cargo del PSOE-, Pepe Cataluña -responsable de finanzas del PSPV- y Rafael Rubio -la voz de los socialistas en el consistorio valenciano–. En dicho encuentro, según se desprende del sumario, se compró el silencio del entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que acababa de denunciar públicamente un pelotazo de la empresa Construcciones Valencia Constitución del empresario Febrer, cabecilla de la trama del caso azud. El ajetreo mediático del socialista Rubio generó inquietud en el empresario, que pretendía mantener en la sombra sus negocios urbanísticos presuntamente ilícitos. “No quería que aparecieran en prensa informaciones de sus actividades”, según la juez que realiza la investigación.
A cambio de esto, Rubio salió de la reunión con un acuerdo bajo el brazo. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el socialista habría recibido sobornos que oscilan entre los 300.000 a 750.000 euros en metálico. La cifra aún está por determinar, sin embargo, los agentes del Instituto Armado hallaron anotaciones claves en el registro practicado en la sede del Grupo Axis de Febrer.
Los agentes analizan en un informe, que obra en la causa, “una serie de anotaciones manuscritas que se habrían realizado en el marco de diversas reuniones mantenidas entre sus directivos”.
Añaden: “A juicio policial, del análisis conjunto de todas ellas se evidencia, por un lado, la existencia de una serie de cantidades monetarias contabilizadas como gastos que, indiciariamente, se corresponderían con comisiones de naturaleza ilícita y, por otro lado, quiénes serían los aparentes destinatarios de esta serie de comisiones; entre los que se encontraría Rafael Rubio Martínez”.
En este sentido, continúan, a modo de ejemplo, se ha localizado una de las tablas de costes que manejaron durante el desarrollo de la operación, en la que aparece a anotación: “entregada copia a Rafa Rubio”.
Documento requisado en el registro policial
Además, en una de las tablas –en las que se reflejaban las mordidas destinadas a los investigados– “se identifica a cada una de estas cantidades a una letra, asociando la cuantía 300.0000 euros a R” que se trata, según los investigadores, de Rafael Rubio. Estos documentos, en los que se reflejan las partidas destinadas a cada una de las personas que intervenían en la trama, se modifican en las reuniones –mantenidas entre el empresario y los políticos– sufriendo “alteraciones a lo largo del proceso”, apuntan los miembros de la UCO.
Partida a Rafael Rubio
Rafael Rubio, por cierto, fue hasta hace sólo un año, cuando fue detenido en el marco de la operación Azud de la que ahora se filtra el sumario, el subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia pese a que ya constaba como imputado. Fue destituido tras su arresto.
‘Caso Azud’
El caso Azud es uno de los tres asuntos más graves que actualmente existen en la política valenciana a nivel judicial, junto a los que afectan a Francis Puig, el hermano del presidente autonómico Ximo Puig y el caso Oltra.
En la macrocausa se investigan los presuntos pagos y cobros irregulares a cambio de supuestos favores urbanísticos. Inicialmente, en el entorno del Ayuntamiento Valencia, pero también hay otros municipios y comunidades supuestamente afectados. El principal imputado de la trama es el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, quien recientemente dejó su cargo.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo, en el marco de este caso el mes de mayo de 2021 al entonces subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, así como a 10 personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.
Tras la detención, de la que informó en primicia OKDIARIO, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, emitió un comunicado para anunciar la destitución «inmediata» de su número dos y subdelegado en la provincia de Valencia, Rafael Rubio.
El ‘caso Azud’ pone contra las cuerdas al socialismo valenciano
La juez de ‘Azud’ sostiene que la trama pagó gastos electorales a los socialistas valencianos en 2007
Los socialistas implicados en el caso ‘Azud’ se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés
El PSOE de Puig rechaza investigar en las Cortes Valencianas la corrupción socialista en el ‘caso Azud’
Para contextualizar el caso: los socialistas Rafael Rubio, ex portavoz municipal del PSOE en Valencia, y el abogado José Luis Vera recibían en la sede del PSOE valenciano sobornos en forma de cajas de vino y champán francés enviados por el empresario Jaime María Febrer, en representación de la empresa Construcciones Valencia Constitución S.L. Es la punta del iceberg del denominado caso Azud: una macrotrama de corrupción urbanística en Valencia cuyo dinero sirvió para pagar gastos electorales del PSOE. Y quédense con otro nombre: Gigante, una mercantil que supuestamente colaboraba con una de las empresas urbanísticas investigadas para generar fondos en efectivo con los que pagar comisiones ilícitas, y que se usó, según las pesquisas, indistintamente como intermediaria en la compraventa de las fincas, como empresa de asesoramiento jurídico o, en el caso de los gastos electorales del PSOE, como sociedad de servicios de publicidad. En suma: una tapadera. Sin ir más lejos, Gigante pagó a empresas de publicidad con las que trabajaban los socialistas valencianos después de recibir «una importante suma de dinero» de una de las empresas urbanísticas de Azud. En total, 484.480 euros que colocan al PSOE valenciano en el centro de un caso de libro de financiación ilegal.
La Fiscalía Anticorrupción en un informe de 2021 apuntaba en esa dirección al señalar que «parte del soborno abonado en la consecución de contratación pública […] habría sido pagado mediante el abono de gastos electorales solicitados indiciariamente por José Luis Vera, José María Cataluña, responsable de finanzas del partido y por Rafael Rubio». Lo que hoy aporta OKDIARIO es una anotación que incrimina al que fuera portavoz, el susodicho Rafael Rubio, en la trama. «300.000 euros para R.R.». Verde y con asas. Esta es la historia de un caso de corrupción que afecta de lleno al socialismo. Cierto que no es tan mediático como otros, pues ya se sabe que la izquierda y sus terminales mediáticas son especialistas en poner el foco en la corrupción del PP y pasar de puntillas por la del socialismo.
Los socialistas implicados en el caso ‘Azud’ se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés
La juez de ‘Azud’ sostiene que la trama pagó gastos electorales a los socialistas valencianos en 2007
El PSOE de Puig rechaza investigar en las Cortes Valencianas la corrupción socialista en el ‘caso Azud’
- TERESA GÓMEZ
- 16/06/2022 06:48
- ACTUALIZADO: 16/06/2022 09:09
El sumario del caso Azud, una macrocausa de corrupción urbanística en Valencia, revela que Rafael Rubio –el que fuera portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento valenciano y subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad que preside Ximo Puig– recibió una comisión de 300.000 euros a cambio de mirar hacia otro lado. Así consta reflejado en los documentos intervenidos en los registrados de las empresas del cabecilla de la trama, el empresario Jaime María Febrer Rovira. OKDIARIO ha tenido acceso a la ingente documentación intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Entre los informes destaca la factura con la anotación a bolígrafo: “300.000 euros a R.R.”.
Los agentes sitúan estas facturas tras las reuniones mantenidas en septiembre de 2005 entre el empresario Jaime María Febrer y los socialistas José Luis Vera -abogado, ex magistrado y ex alto cargo del PSOE-, Pepe Cataluña -responsable de finanzas del PSPV- y Rafael Rubio -la voz de los socialistas en el consistorio valenciano–. En dicho encuentro, según se desprende del sumario, se compró el silencio del entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que acababa de denunciar públicamente un pelotazo de la empresa Construcciones Valencia Constitución del empresario Febrer, cabecilla de la trama del caso azud. El ajetreo mediático del socialista Rubio generó inquietud en el empresario, que pretendía mantener en la sombra sus negocios urbanísticos presuntamente ilícitos. “No quería que aparecieran en prensa informaciones de sus actividades”, según la juez que realiza la investigación.
A cambio de esto, Rubio salió de la reunión con un acuerdo bajo el brazo. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el socialista habría recibido sobornos que oscilan entre los 300.000 a 750.000 euros en metálico. La cifra aún está por determinar, sin embargo, los agentes del Instituto Armado hallaron anotaciones claves en el registro practicado en la sede del Grupo Axis de Febrer.
Los agentes analizan en un informe, que obra en la causa, “una serie de anotaciones manuscritas que se habrían realizado en el marco de diversas reuniones mantenidas entre sus directivos”.
Añaden: “A juicio policial, del análisis conjunto de todas ellas se evidencia, por un lado, la existencia de una serie de cantidades monetarias contabilizadas como gastos que, indiciariamente, se corresponderían con comisiones de naturaleza ilícita y, por otro lado, quiénes serían los aparentes destinatarios de esta serie de comisiones; entre los que se encontraría Rafael Rubio Martínez”.
En este sentido, continúan, a modo de ejemplo, se ha localizado una de las tablas de costes que manejaron durante el desarrollo de la operación, en la que aparece a anotación: “entregada copia a Rafa Rubio”.
Además, en una de las tablas –en las que se reflejaban las mordidas destinadas a los investigados– “se identifica a cada una de estas cantidades a una letra, asociando la cuantía 300.0000 euros a R” que se trata, según los investigadores, de Rafael Rubio. Estos documentos, en los que se reflejan las partidas destinadas a cada una de las personas que intervenían en la trama, se modifican en las reuniones –mantenidas entre el empresario y los políticos– sufriendo “alteraciones a lo largo del proceso”, apuntan los miembros de la UCO.
Rafael Rubio, por cierto, fue hasta hace sólo un año, cuando fue detenido en el marco de la operación Azud de la que ahora se filtra el sumario, el subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia pese a que ya constaba como imputado. Fue destituido tras su arresto.
‘Caso Azud’
El caso Azud es uno de los tres asuntos más graves que actualmente existen en la política valenciana a nivel judicial, junto a los que afectan a Francis Puig, el hermano del presidente autonómico Ximo Puig y el caso Oltra.
En la macrocausa se investigan los presuntos pagos y cobros irregulares a cambio de supuestos favores urbanísticos. Inicialmente, en el entorno del Ayuntamiento Valencia, pero también hay otros municipios y comunidades supuestamente afectados. El principal imputado de la trama es el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, quien recientemente dejó su cargo.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo, en el marco de este caso el mes de mayo de 2021 al entonces subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, así como a 10 personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.
Tras la detención, de la que informó en primicia OKDIARIO, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, emitió un comunicado para anunciar la destitución «inmediata» de su número dos y subdelegado en la provincia de Valencia, Rafael Rubio.
El ‘caso Azud’ pone contra las cuerdas al socialismo valenciano
La juez de ‘Azud’ sostiene que la trama pagó gastos electorales a los socialistas valencianos en 2007
Los socialistas implicados en el caso ‘Azud’ se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés
El PSOE de Puig rechaza investigar en las Cortes Valencianas la corrupción socialista en el ‘caso Azud’
- JAIME MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
- 16/06/2022 06:52
- ACTUALIZADO: 16/06/2022 06:52
Para contextualizar el caso: los socialistas Rafael Rubio, ex portavoz municipal del PSOE en Valencia, y el abogado José Luis Vera recibían en la sede del PSOE valenciano sobornos en forma de cajas de vino y champán francés enviados por el empresario Jaime María Febrer, en representación de la empresa Construcciones Valencia Constitución S.L. Es la punta del iceberg del denominado caso Azud: una macrotrama de corrupción urbanística en Valencia cuyo dinero sirvió para pagar gastos electorales del PSOE. Y quédense con otro nombre: Gigante, una mercantil que supuestamente colaboraba con una de las empresas urbanísticas investigadas para generar fondos en efectivo con los que pagar comisiones ilícitas, y que se usó, según las pesquisas, indistintamente como intermediaria en la compraventa de las fincas, como empresa de asesoramiento jurídico o, en el caso de los gastos electorales del PSOE, como sociedad de servicios de publicidad. En suma: una tapadera. Sin ir más lejos, Gigante pagó a empresas de publicidad con las que trabajaban los socialistas valencianos después de recibir «una importante suma de dinero» de una de las empresas urbanísticas de Azud. En total, 484.480 euros que colocan al PSOE valenciano en el centro de un caso de libro de financiación ilegal.
La Fiscalía Anticorrupción en un informe de 2021 apuntaba en esa dirección al señalar que «parte del soborno abonado en la consecución de contratación pública […] habría sido pagado mediante el abono de gastos electorales solicitados indiciariamente por José Luis Vera, José María Cataluña, responsable de finanzas del partido y por Rafael Rubio». Lo que hoy aporta OKDIARIO es una anotación que incrimina al que fuera portavoz, el susodicho Rafael Rubio, en la trama. «300.000 euros para R.R.». Verde y con asas. Esta es la historia de un caso de corrupción que afecta de lleno al socialismo. Cierto que no es tan mediático como otros, pues ya se sabe que la izquierda y sus terminales mediáticas son especialistas en poner el foco en la corrupción del PP y pasar de puntillas por la del socialismo.
