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Madmaxista
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Cuando le apliquen la ley de vivienda en mi zona y me congelen la rentita y no pueda afrontar subidah der euribor y laj ganasias, voi a arquilá en neցro a turijtah pa forrarme y así pagá la hipoteca variable de mi himbersiong, lo tengo todo planeao, ademá, la Lagarta dise que a lo menjó bahan loj tipo en verano, y no ahora como se "preveía" y puedo vender caro er pizitoh y recuperá la himbersiong.
No quiero trabajar ni montá una empresa, y de argo debo de bibí cuñao
Vivienda
La ministra Rodríguez anuncia en Barcelona una regulación estatal para frenar los pisos turísticos
Los límites en el alquiler de zonas tensionadas entrarán en vigor en febrero en Catalunya
El Govern pacta con el PSC que cada municipio decida el tope de pisos turísticos
Las licencias de pisos turísticos dejarán de ser perpetuas en Catalunya
Collboni dice que la reducción de licencias de pisos turísticos será "drástica" en zonas como Ciutat Vella. En la foto, Collboni junto a la ministra Isabel Rodríguez, por el Portal de l'Àngel de Barcelona. /MARIA ASMARAT / ACN / VÍDEO: LAURA FÍGULS / ACN
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Toni Sust
Por qué confiar en El Periódico
Barcelona 17 de enero del 2024. 13:58
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles en Barcelona que el Gobierno ha empezado a estudiar la manera de establecer una regulación estatal que sirva para acompañar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en el objetivo de frenar los pisos turísticos para evitar que la función social de la vivienda quede en segundo plano y se vea limitada por el uso económico.
Como la propia Rodríguez ha admitido, las competencias en este frente son esencialmente de las comunidades autónomas y, en menor medida, de los ayuntamientos, por lo que no queda claro cómo el Gobierno podría incidir en el asunto. Pero Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará de “acompañar” a las administraciones competentes para defender la función social de la vivienda.
Grupo de trabajo
La ministra ha comparecido junto al alcalde, Jaume Collboni, en el Saló de Cent, después de que ambos acudieran junto a la ‘consellera’ de Territori, Ester Capella, a la presentación del comisariado del Congreso Mundial de Arquitectura que se celebrará en Barcelona en 2026.
Rodríguez ha relatado que por ahora el Ministerio de Industria y Turismo y el de Vivienda ya han creado un grupo para avanzar en este objetivo, al que deben añadirse los de Economía y Hacienda. Y ha recordado que ciudades como Barcelona ya limitaron los pisos turísticos y que el Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa una nueva norma para que los municipios puedan reducir el parque de este tipo de viviendas.
“El ayuntamiento ya dio los primeros pasos, la Generalitat ha sido pionera a la hora de arrancar el decreto que está en su trámite parlamentario y desde el Gobierno también estamos trabajando con el ministerio competente, el de Industria y Turismo, que dirige un catalán que fue alcalde de esta ciudad (por Jordi Hereu), para ver en el marco de nuestras competencias y desde la regulación qué podemos hacer para que esas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo turístico no propicien una privación del uso social de la vivienda”, ha declarado Rodríguez, que ha subrayado la necesidad de que la vivienda “no solo sea concebida como una propiedad. Su primera función es social, albergar la vida de las personas”
La ley hipotecaria y la fiscalidad
Aunque no ha entrado en detalles, ha afirmado que la regulación estatal podría afectar a dos ámbitos concretos: “Vamos a explorar el ámbito de la ley hipotecaria, de la fiscalidad. Las competencias del Estado en esta materia son limitadas, y lo que hay que subrayar es la voluntad de acompañar a las administraciones competentes, la autonómica y la local, con todos esos instrumentos que estén en la mano del Estado”.
Collboni ha vuelto a insistir en que su gobierno se propone reducir los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona, y muy especialmente en Ciutat Vella, donde, ha asegurado, será "drástica", si bien no ha precisado cifras ni porcentajes..
La regulación de la Generalitat
La regulación planteada por el Gobierno catalán prevé que los consistorios estén en disposición de reducir el número de licencias turísticas dentro de cinco años, que es cuando deberán renovarse. El cambio fundamental que establece la nueva norma autonómica es que esas licencias serán revisables cada cinco años y que podrán ser eliminadas.
El decreto pasó a tramitarse como proyecto de ley para modificarlo y añadir lo acordado con el PSC, que a cambio de apoyar la norma logró eliminar la obligación de que los ayuntamientos eliminen los pisos turísticos a partir de un límite considerado excesivo. Cada consistorio podrá decidir si lo hace o no.
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Collboni dice que la reducción de licencias de pisos turísticos será "drástica" en zonas como Ciutat Vella. En la foto, Collboni junto a la ministra Isabel Rodríguez, por el Portal de l'Àngel de Barcelona. /MARIA ASMARAT / ACN / VÍDEO: LAURA FÍGULS / ACN
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Barcelona 17 de enero del 2024. 13:58
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Como la propia Rodríguez ha admitido, las competencias en este frente son esencialmente de las comunidades autónomas y, en menor medida, de los ayuntamientos, por lo que no queda claro cómo el Gobierno podría incidir en el asunto. Pero Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará de “acompañar” a las administraciones competentes para defender la función social de la vivienda.
Grupo de trabajo
La ministra ha comparecido junto al alcalde, Jaume Collboni, en el Saló de Cent, después de que ambos acudieran junto a la ‘consellera’ de Territori, Ester Capella, a la presentación del comisariado del Congreso Mundial de Arquitectura que se celebrará en Barcelona en 2026.
Rodríguez ha relatado que por ahora el Ministerio de Industria y Turismo y el de Vivienda ya han creado un grupo para avanzar en este objetivo, al que deben añadirse los de Economía y Hacienda. Y ha recordado que ciudades como Barcelona ya limitaron los pisos turísticos y que el Gobierno catalán ha puesto sobre la mesa una nueva norma para que los municipios puedan reducir el parque de este tipo de viviendas.
“El ayuntamiento ya dio los primeros pasos, la Generalitat ha sido pionera a la hora de arrancar el decreto que está en su trámite parlamentario y desde el Gobierno también estamos trabajando con el ministerio competente, el de Industria y Turismo, que dirige un catalán que fue alcalde de esta ciudad (por Jordi Hereu), para ver en el marco de nuestras competencias y desde la regulación qué podemos hacer para que esas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo turístico no propicien una privación del uso social de la vivienda”, ha declarado Rodríguez, que ha subrayado la necesidad de que la vivienda “no solo sea concebida como una propiedad. Su primera función es social, albergar la vida de las personas”
La ley hipotecaria y la fiscalidad
Aunque no ha entrado en detalles, ha afirmado que la regulación estatal podría afectar a dos ámbitos concretos: “Vamos a explorar el ámbito de la ley hipotecaria, de la fiscalidad. Las competencias del Estado en esta materia son limitadas, y lo que hay que subrayar es la voluntad de acompañar a las administraciones competentes, la autonómica y la local, con todos esos instrumentos que estén en la mano del Estado”.
Collboni ha vuelto a insistir en que su gobierno se propone reducir los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona, y muy especialmente en Ciutat Vella, donde, ha asegurado, será "drástica", si bien no ha precisado cifras ni porcentajes..
La regulación de la Generalitat
La regulación planteada por el Gobierno catalán prevé que los consistorios estén en disposición de reducir el número de licencias turísticas dentro de cinco años, que es cuando deberán renovarse. El cambio fundamental que establece la nueva norma autonómica es que esas licencias serán revisables cada cinco años y que podrán ser eliminadas.
El decreto pasó a tramitarse como proyecto de ley para modificarlo y añadir lo acordado con el PSC, que a cambio de apoyar la norma logró eliminar la obligación de que los ayuntamientos eliminen los pisos turísticos a partir de un límite considerado excesivo. Cada consistorio podrá decidir si lo hace o no.
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