El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Las Cámaras echan a andar y, con ellas, la tramitación de los Presupuestos más complicados en años. Las cuentas del Estado de 2024 estarán totalmente condicionadas por dos elementos. Uno es novedoso: el retorno de las reglas fiscales, que exigirán un esfuerzo extraordinario para cuadrar unos ingresos decrecientes y unos gastos desorbitados. El segundo tiene que ver, precisamente, con esto último: el nuevo Gobierno tendrá que presupuestar cerca de 200.000 millones para financiar una sola partida, las pensiones.
Los cambios demográficos, la ausencia de una reforma más decidida y decisiones tan controvertidas como ligar las pensiones a la inflación siguen aumentando el tamaño de esa bomba de relojería que alberga la Seguridad Social. La erosión de sus cuentas es imparable. Para interpretar las grandes cifras, siempre hay que ponerlas en contexto. Actualmente, el Estado está gastando ya 3.200 millones cada semana sólo en pagar pensiones. Esa cifra irá creciendo mes a mes, batiendo récord tras récord.
El último hito se alcanzó el pasado julio. La factura mensual de las pensiones traspasó por primera vez la barrera de los 12.000 millones de euros. Otro dato más para visualizar el volumen del problema: lo que costaba pagar las pensiones hace pocos años sólo sirve para abonar seis meses hoy en día. Lo contamos en Vozpópuli: entre enero y junio, la Seguridad Social gastó 72.000 millones en pagar las nóminas. Esa misma cifra es la que empleaba el Estado en todo 2008 para cumplir sus obligaciones con los pensionistas.
Desde que Pedro Sánchez derrocó a Mariano Rajoy, el coste anual de las pensiones ha crecido en casi 42.000 millones. Al cierre de 2023, supondrá prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). La factura de las contributivas rondará los 168.000 euros y seguirá aumentando en 2024. En los Presupuestos de este año, la partida total dedicada a las pensiones implicaba un aumento del 11% del PIB, (190.000 millones), incluyendo contributivas, no contributivas y la nómina de los funcionarios de clases pasivas.
La factura de las pensiones, en el punto de mira
Algunos cálculos apuntan al entorno de los 200.000 euros, un auténtico lastre que marcará los nuevos Presupuestos Generales del Estado. La negociación de las cuentas anuales arrancará con dos serias advertencias sobre la mesa. El pasado marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dio un sonoro varapalo a su ex presidente -el ministro del ramo funciones, José Luis Escrivá-. El organismo asegura que la reforma aplicada por el Gobierno de coalición no servirá para acotar el gasto al nivel que exige la Comisión Europea.
Escrivá confía en incrementar en 2050 los ingresos de la Seguridad Social hasta el equivalente al 1,7% del PIB. La AIReF lo reduce al 1,1% y pronostica que el gasto en pensiones superará ese año el 16%, lejos del promedio del 16,3% que pide Bruselas para mediados de este siglo. En ese momento, el Estado tendrá que soportar las nóminas de 15 millones de pensionistas, cinco millones más que en la actualidad.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá.EUROPA PRESS
El otro aviso al Gobierno -al que está en funciones y al que se conforme- procede del Banco de España. En un escenario inminente de ajuste, por el retorno de las reglas fiscales, la institución advierte de que el gasto en pensiones constituye la mayor amenaza para la deuda pública. "Si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país y no se activara el mecanismo de ajuste automático en el sistema de pensiones", señala el Banco de España, "la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría de forma continuada, hasta situarse en el entorno del 120% en 2040".
Ese "ajuste automático" es el mecanismo que contempla la reforma de Escrivá. Implica un incremento de las cotizaciones, que será más consistente cuanto mayor sea la diferencia entre los ingresos previstos y los reales. Esa decisión se tomará en 2025 y la comunicará la AIReF al Gobierno. El gran temor de los empresarios es que, para esas fechas, siga gobernando la actual coalición, que ya aprobó una importante subida de las cotizaciones, precisamente, para financiar las pensiones.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) recuerda que, antes de la última reforma. Las cargas de la Seguridad Social que soportan las empresas españolas ya estaban entre las más elevadas de la UE y de la OCDE. Este think tank advierte de que el aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de las empresas españolas. Según sus cálculos, puede tener un efecto negativo del 0,6% sobre la actividad económica, ya que implicaría una reducción del consumo y de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente). El IEE asegura, además, que la subida las cotizaciones amenaza con cobrarse entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo.
www.vozpopuli.com
Los cambios demográficos, la ausencia de una reforma más decidida y decisiones tan controvertidas como ligar las pensiones a la inflación siguen aumentando el tamaño de esa bomba de relojería que alberga la Seguridad Social. La erosión de sus cuentas es imparable. Para interpretar las grandes cifras, siempre hay que ponerlas en contexto. Actualmente, el Estado está gastando ya 3.200 millones cada semana sólo en pagar pensiones. Esa cifra irá creciendo mes a mes, batiendo récord tras récord.
El último hito se alcanzó el pasado julio. La factura mensual de las pensiones traspasó por primera vez la barrera de los 12.000 millones de euros. Otro dato más para visualizar el volumen del problema: lo que costaba pagar las pensiones hace pocos años sólo sirve para abonar seis meses hoy en día. Lo contamos en Vozpópuli: entre enero y junio, la Seguridad Social gastó 72.000 millones en pagar las nóminas. Esa misma cifra es la que empleaba el Estado en todo 2008 para cumplir sus obligaciones con los pensionistas.
Desde que Pedro Sánchez derrocó a Mariano Rajoy, el coste anual de las pensiones ha crecido en casi 42.000 millones. Al cierre de 2023, supondrá prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto (PIB). La factura de las contributivas rondará los 168.000 euros y seguirá aumentando en 2024. En los Presupuestos de este año, la partida total dedicada a las pensiones implicaba un aumento del 11% del PIB, (190.000 millones), incluyendo contributivas, no contributivas y la nómina de los funcionarios de clases pasivas.
La factura de las pensiones, en el punto de mira
Algunos cálculos apuntan al entorno de los 200.000 euros, un auténtico lastre que marcará los nuevos Presupuestos Generales del Estado. La negociación de las cuentas anuales arrancará con dos serias advertencias sobre la mesa. El pasado marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dio un sonoro varapalo a su ex presidente -el ministro del ramo funciones, José Luis Escrivá-. El organismo asegura que la reforma aplicada por el Gobierno de coalición no servirá para acotar el gasto al nivel que exige la Comisión Europea.
Escrivá confía en incrementar en 2050 los ingresos de la Seguridad Social hasta el equivalente al 1,7% del PIB. La AIReF lo reduce al 1,1% y pronostica que el gasto en pensiones superará ese año el 16%, lejos del promedio del 16,3% que pide Bruselas para mediados de este siglo. En ese momento, el Estado tendrá que soportar las nóminas de 15 millones de pensionistas, cinco millones más que en la actualidad.
El otro aviso al Gobierno -al que está en funciones y al que se conforme- procede del Banco de España. En un escenario inminente de ajuste, por el retorno de las reglas fiscales, la institución advierte de que el gasto en pensiones constituye la mayor amenaza para la deuda pública. "Si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país y no se activara el mecanismo de ajuste automático en el sistema de pensiones", señala el Banco de España, "la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría de forma continuada, hasta situarse en el entorno del 120% en 2040".
Ese "ajuste automático" es el mecanismo que contempla la reforma de Escrivá. Implica un incremento de las cotizaciones, que será más consistente cuanto mayor sea la diferencia entre los ingresos previstos y los reales. Esa decisión se tomará en 2025 y la comunicará la AIReF al Gobierno. El gran temor de los empresarios es que, para esas fechas, siga gobernando la actual coalición, que ya aprobó una importante subida de las cotizaciones, precisamente, para financiar las pensiones.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) recuerda que, antes de la última reforma. Las cargas de la Seguridad Social que soportan las empresas españolas ya estaban entre las más elevadas de la UE y de la OCDE. Este think tank advierte de que el aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de las empresas españolas. Según sus cálculos, puede tener un efecto negativo del 0,6% sobre la actividad económica, ya que implicaría una reducción del consumo y de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente). El IEE asegura, además, que la subida las cotizaciones amenaza con cobrarse entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo.
La factura récord que condicionará los Presupuestos: 3.200 millones a la semana en pensiones
La tramitación de las cuentas del Estado será la más complicada en años, por el retorno de las reglas fiscales y el lastre imparable de la nómina de las pensionistas
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