Nicors
Madmaxista
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Han presentado ya los estatutos en el Ministerio del Interior, pero a la espera de su legalización –creen que «no habrá impedimento, aunque todo es posible»– puede decirse que acaba de nacer la Asociación Nacional, Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular como revulsivo contra la Ley de Memoria Democrática (LMD) a punto de ser aprobada por el Congreso. Por «tiempo indefinido, con vocación de implantación nacional y sin patrimonio fundacional». Detrás hay un grupo de personas de carácter «conservador, hartas de todo lo relacionado con la nueva norma [que sustituye a la Ley de Memoria Histórica] y dispuestas a contestar en los mismos términos», según fuentes del grupo recién creado, que tiene su domicilio social –de forma provisional– en La Coruña y se sufragará con cuotas «a voluntad».
El preámbulo recoge que, «sin embargo, las fuerzas políticas que han promovido la ley 52/2007 [la norma de Zapatero] nunca quisieron esa reconciliación, que con inaudito cinismo proclaman en su exposición de motivos». Por ello sus responsables «pretenden ahora no solo ocultar su responsabilidad histórica en la contienda civil, sino trasladar sus culpas a quienes se vieron obligados a defenderse por natural instinto de supervivencia».
En consecuencia, consideran que «es la hora de que la democracia española y las nuevas generaciones vivas que hoy disfrutan de ella conozcan la verdad de aquellos tristes sucesos. Recuperando para siempre la memoria de todos los que directamente padecieron las injusticias y violencias del Frente Popular por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas».
Una de las misiones de esta Asociación de Víctimas del Frente Popular será la de «implementar y facilitar un procedimiento específico para obtener una declaración personal de contenido rehabilitador y reparador de las víctimas que pueda ser ejercida por sus familiares. Facilitando las administraciones públicas las tareas de localización, y en su caso de identificación, de los desaparecidos. Como una última prueba de respeto hacia
Detrás hay un grupo de personas de carácter «conservador, hartas de todo lo relacionado con la nueva norma [que sustituye a la Ley de Memoria Histórica] y dispuestas a contestar en los mismos términos», según fuentes del grupo recién creado, que tiene su domicilio social –de forma provisional– en La Coruña y se sufragará con cuotas «a voluntad».
Consideran desde la asociación que la Ley de Memoria Democrática está «a años luz de buscar cualquier tipo de reconciliación», por lo que «surge como reacción en contra». Algunos de sus miembros están «muy relacionados con la Fundación Franco», pero las mismas fuentes aclaran que «esta iniciativa es personal y particular».
Sus promotores quieren que «las nuevas generaciones de españoles, intoxicadas con la memoria histórica falsa, parcial y sectaria, conozcan la verdad. Que la Guerra Civil fue inevitable. Que la buscó y promovió el Frente Popular. Que la verdadera reconciliación nacional fue promovida generosamente por el bando vencedor. Y que los herederos ideológicos de aquel Frente Popular, responsable de la contienda, están sentando la base con sus leyes sectarias y la manipulación histórica, de un nuevo enfrentamiento entre españoles».
Los estatutos, recogidos en 15 páginas a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN, asumen que «la reconciliación nacional ya había tenido lugar durante el régimen de Franco. Como lo prueba el que a su muerte los descendientes de los que habían provocado y perdido la Guerra Civil ocupaban puestos relevantes en todo los estamentos sociales, culturales, económicos y políticos; sin ser discriminados por su ideología».
La entidad «también solicitará el reconocimiento singularizado para los voluntarios integrantes del CTV italiano, de la Legión Cóndor alemana, de los Viriatos portugueses y de todos aquellos otros contingentes que con su esfuerzo y sangre contribuyeron a una victoria que evitó la prosecución de las matanzas en la zona roja». Todo ello «con el fin de contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Y dar satisfacción a los ciudadanos cuyos familiares sufrieron la tragedia de los gobiernos del Frente Popular».
Entre sus planes está «impulsar el estudio y difundir el conocimiento sobre las víctimas de la represión y el terrorismo provocados por los partidos, sindicatos, bandas y grupos terroristas socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas (PSOE, UGT, PCE, POUM, ERC, CNT, FAI, Brigadas Internacionales, guerrillas comunistas del Maquis, ETA, FRAP, GRAPO, Exército Guerrilleiro, Terra Lliure, etc) durante la II República (1931-1939), la Guerra Civil (1936-1939), en la España gobernada por el Generalísimo Franco (1936-1975) y en el Reinado de Juan Carlos I y Felipe VI (1975 a la actualidad). Es decir, todas aquellas personas que por motivos políticos o religiosos (odium fidei) fueron asesinadas, torturadas, heridas, secuestradas, robadas, extorsionadas, o lesionados sus derechos en cualquier forma».
La asociación pretende «hacer un inventario nacional de los “paredones” y “fusiladeros” (organizados por provincias) donde tuvieron lugar los asesinatos», así como «de los lugares donde se arrojaron o abandonaron los cuerpos, poniendo, o reponiendo en tales lugares, las oportunas placas conmemorativas». Citan expresamente «la Cuesta de la Vega en Madrid, El Pozo del Tío Raimundo, donde se asesinó a los presos del “tren de la muerte” procedente de Jaén, los acantilados desde donde fueron arrojadas al mar las víctimas, o los pozos y simas en donde se hicieron desaparecer los cadáveres»; se reclama «igualmente hacer un inventario de todas las “checas” poniendo placas conmemorativas y creando un “Museo del Terror Rojo”»; además de «mantener –y en su caso recuperar– en todos los pueblos y ciudades de España los monumentos donde se relacionaban los asesinados por el Frente Popular, con su correspondiente Cruz y el texto de “Caídos por Dios y por España”. Recuperación de cruces y lápidas, en recuerdo de los Caídos, que «deberá ser subvencionada por la Ley 52/2007 de igual forma que ha subvencionado los que recuerdan a quienes pagaron con su vida los crímenes cometidos, tras ser hallados culpables y condenados en los correspondientes procesos judiciales o bien fueron víctimas en zona nacional durante los primeros días tras el alzamiento»; proponen además «establecer el día conmemorativo de las víctimas del Frente Popular», que pudiera «ser el 7 de noviembre, recordando las matanzas de Paracuellos del Jarama y otros lugares de martirio colectivo como Aravaca y Torrejón de Ardoz», y la «organización de un Foro para la recuperación de la verdadera Memoria Histórica: victimasdelfrentepopular@yahoo.es», «en especial para la confección de un fichero donde se reúnan los historiales de las víctimas» con el fin de recabar «todos los datos que sirva para conocer los hechos y sus circunstancias. Por muy abyectas o despiadadas que fueran».
