MonteKarmelo
Madmaxista
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El coste para las empresas de los representantes con dedicación exclusiva asciende a 1.600 millones al año. Por Carlos Cuesta
Cuentan con poco más de dos millones de afiliados, prácticamente la suma de los votantes de CiU e Izquierda Unida, pero su influencia en la política económica del Gobierno ha quedado más que demostrada. CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios españoles, han intentado obstaculizar las reformas estructurales que la Unión Europea, el FMI y los mercados financieros han estado pidiendo durante meses al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Paralelamente, su patrimonio no ha dejado de incrementarse -vía subvenciones y ayudas directas-. Y sus representantes no han visto peligrar su puesto de trabajo, un privilegio del que muy pocos españoles han podido disfrutar.
La estructura de los sindicatos ha demostrado ser más que resistente a la peor crisis de la historia de la democracia. Con más de 57.000 liberados sindicales, cuyo coste podría rondar los 1.600 millones de euros al año, CCOO y UGT han luchado por mantener su estatus en los últimos años con una estrategia basada en la exclusión de otros sindicatos minoritarios por medio de reformas legales. Su poder se extenderá ahora gracias a que la reciente reforma laboral, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, les permitirá la entrada en zonas hasta el momento ajenas a su dominio, como son las empresas de menos de seis empleados.
Todo ello, sin que nadie les exija dar cuenta de sus actividades y vías de ingresos. Obtener un dato conjunto del dinero gestionado y obtenido por los agentes sociales es prácticamente imposible. Ni los sindicatos facilitan información completa, ni existe un registro más allá de cada boletín central, autonómico o local, donde poder encontrar el montante total de sus pagos.
Desde 2005, la partida denominada como subvención de actividad sindical -que integra la ayuda directa anual concedida por el Gobierno- abonada a CCOO y UGT se ha disparado un 50% hasta sumar más de 12 millones entre las dos grandes organizaciones -6,4 millones a Comisiones y 6,08 millones a UGT-. Otra partida conforma el eje de las ayudas directas: el pago por la labor consultiva del Ministerio de Trabajo. CCOO recibió 922.609 euros en 2009 por su participación en diferentes organismos y UGT otros 1,07 millones de euros.
Según los últimos datos oficiales publicados, el Gobierno inyectó a los dos grandes sindicatos 15,7 millones de euros en 2008 (7,9 millones para CCOO y 7,8 para UGT). El balance detallado de 2009 aún no está disponible, aunque sí se conocen las grandes cifras: las ayudas directas rondan los 7,3 millones en el caso de CCOO y de 7,1 millones en el de UGT.
Así pues, los sindicatos no han visto mermadas sus arcas pese a la recesión. Paralelamente, han mantenido intactos sus poderes, gracias a la extensa red de delegados y representantes con dedicación exclusiva. Conocer el número de liberados sindicales en España se ha convertido en toda una carrera de obstáculos. Si se toma como referencia el número de delegados existentes en España y se calculan las horas de dedicación sindical que regula la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se puede calcular el número con cierta exactitud.
El Estatuto de los Trabajadores, señala que los delegados de personal o miembros del comité de empresa dispondrán, en compañías de 100 trabajadores de 15 horas, en las de 101 a 250 trabajadores, 20 horas; «de 251 a 500 trabajadores, 30 horas. De 500 uno a 750 trabajadores, 35 horas. Y de 751 en adelante, 40 horas».
El número de delegados de personal obtenidos por UGT y CCOO en las elecciones sindicales ronda los 250.000, repartidos prácticamente entre CCOO y UGT. Así, simplemente tomando como referencia una media de 30 horas de dedicación sindical mensual -pese a que en la Administración la media es de 40 horas mensuales-, el número total de horas de liberación sindical se elevaría a 7,5 millones al mes; es decir, 90 millones al año. Teniendo en cuenta que la jornada media efectiva en España es de 1.576,8 horas al año por persona, la cifra de 90 millones de horas equivaldría a un total de 57.000 personas totalmente liberadas.
Así, su coste real para la economía también se puede calcular. Puesto que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador se sitúa en los 29.144 euros por trabajador al año, el coste real de los liberados se elevaría a más de 1.600 millones al año.
El afianzamiento de los poderes de los dos grandes sindicatos también ha sido posible gracias a un gran mecanismo de gestión de fondos, paralelo a las subvenciones directas. Se trata de una serie de fundaciones donde destacan tres: la de Riesgos Laborales, la del Sistema de Intermediación y Arbitraje (SIMA) y la de Formación. Su fin es promover los objetivos reflejados en sus nombres. Pero lo cierto es que, casualmente, los gestores de los distintos cursos, campañas de promoción o conferencias son en la mayoría de los casos los sindicatos y la patronal.
Obtener los datos conjuntos de estas fundaciones también supone todo un ejercicio de paciencia. Sus fondos se reparten entre un sinfín de asociaciones y organismos de carácter nacional, autonómico y local. Pese a ello, el resumen parece claro: con respecto a la primera de las fundaciones -la de Riesgos Laborales- el incremento de aportaciones públicas ha supuesto multiplicar casi por cuatro su coste en los últimos cinco años. Han pasado de 12 millones concedidos en 2004 a 47,4 millones en 2009. El último informe de la Fundación, el de 2008, divide el destino de las partidas entre lo que denomina acciones «directas o indirectas». Pero los gestores no varían: asociaciones territoriales o sectoriales de CCOO, UGT, diversas federaciones locales o regionales de CEOE y Cepyme, y el sindicato gallego CIGA. Por la difusión de información sobre prevención y publicaciones, CCOO habría gestionado 1,1 millones, UGT la misma cuantía y las patronales, 406.033 euros. Por asesoramiento, difusión de la cultura preventiva, seminarios, manuales, etc., las dos centrales gestionan 4,5 millones de euros cada una y las patronales 9,6 millones más.
La segunda de las fundaciones -la encargada de mediación y arbitraje-, permitió a sindicatos y patronal gestionar otros 10 millones de euros en 2009. Esta fundación reparte su estructura entre una entidad nacional, ubicada en Madrid, y distintas fundaciones centradas en cada comunidad autónoma. Fuentes del sindicato USO afirman que, en su conjunto, su nivel de fondos supera los 10 millones de euros mencionados, de los que la división nacional centraliza 1,5 millones de euros. La cuantía de los importes gestionados a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, así como el fuerte incremento registrado, ha provocado ya la denuncia por «opacidad en la gestión de fondos públicos» de los responsables de USO. Esta central se ha visto apeada de estos mecanismos de gestión de dinero tras argumentar la Administración que deben repartirse exclusivamente entre los agentes sociales más representativos. De este modo, no sólo se han incrementado los fondos, sino que, además, se ha reducido el número de sujetos que acceden a ellos.
La tercera de las fundaciones sería la denominada como Tripartita -por la presencia de UGT, CCOO y CEOE-, que se encarga de las labores de formación. Las últimas resoluciones trimestrales de dotación de fondos recogen unos importes de 9,9 millones de euros para gastos corrientes, completada 11 días después con otra subvención de 41,5 millones para la Formación en el Empleo, con lo que el importe total asciende a 51,5 millones de euros. Estos fondos son trimestrales, con lo que la dotación total puede elevarse hasta un mínimo de 200 millones de euros.
A pesar de los enormes recursos gestionados, tan sólo el 12% de las empresas españolas se beneficiaron en 2008 de los cursos que imparten para la formación. En ese ejercicio, el coste de los cursos se elevó a 575 millones de euros.
Pero no todos los sindicatos han salido ganando con este esquema. Uno de los grandes perjudicados por este sistema de reparto de subvenciones ha sido el sindicato USO, que ha denunciado «la utilización abusiva» de la norma y los recursos para endurecer «el acceso a las subvenciones públicas». Y es que, al margen de incrementar los fondos para CCOO y UGT, se ha reducido en determinados casos el número de perceptores. Este fue el caso de las subvenciones por participación en la Mesa de la Función Pública, cuyas reglas se modificaron a partir de 2007 para concentrar las ayudas en los «sindicatos más representativos».
Patrimonio histórico para cancelar deudas millonarias
La última compensación de 150 millones aprobada por Zapatero permitió a UGT esquivar su grave crisis financiera. Por M. Gómez
La devolución del patrimonio histórico de los sindicatos -los bienes incautados durante la Guerra Civil y el traspaso de los inmuebles del sindicato vertical reconocido por ley- siempre ha estado envuelta por la polémica. El último episodio acaeció en 2006, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Decreto Ley sobre patrimonio sindical -convalidado posteriormente por el Congreso- por el que se resolvía las reclamaciones pendientes de UGT de la devolución de su patrimonio.
Al sindicato liderado por Cándido Méndez se le compensó con un monto de 150 millones de euros (correspondientes al valor de unas 135 propiedades reclamadas), y además recuperó un lote de 26 inmuebles repartidos por diversas provincias. Esta decisión causó indignación entre CCOO y los sindicatos minoritarios que acusaron al Ejecutivo de beneficiar a la organización sin recibir acreditación de los bienes que se reclamaban. De hecho, CCOO presentó un recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros ante los tribunales. El PP, por su parte, acudió al Tribunal Constitucional, pero aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
Precisamente las compensaciones aprobadas por el Gobierno llegaron en un momento en el que UGT atravesaba por una situación financiera muy delicada y coincidiendo con elecciones sindicales. Los 150 millones de euros fueron empleados por esta central para cancelar prácticamente el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para resarcir a los afectados por la suspensión de pagos de la PSV, su extinta cooperativa de viviendas.
Esos ingresos extra también fueron destinados a la adquisición del emblemático edificio de Hortaleza (Madrid) -donde la central tiene su sede-, a la cancelación de todas las hipotecas sobre inmuebles de su propiedad y a recuperar las acciones de Fonditel Pensiones, que los bancos le habían exigido como garantía para seguir financiando a la organización.
En el caso de la central dirigida por Ignacio Fernández Toxo, no dispone de patrimonio histórico puesto que se fundó en la década de los 60.
Junto al patrimonio histórico, UGT, como el resto de las organizaciones sindicales, cuenta con inmuebles pertenecientes a la propiedad sindical acumulado. Se trata de edificios cuya titularidad pertenece a la Administración General del Estado -que ocupó el sindicato vertical durante la época franquista-, y que se ceden en uso para que puedan realizar sus funciones. El sindicato liderado por Cándido Méndez ocupaba 350 inmuebles de estas características a finales de 2008 que sumaban un total de 236.257 metros cuadrados.
CCOO no ha precisado cuántos inmuebles integran su patrimonio sindical acumulado. Sí ha reconocido que cuenta con algunos locales propios ante la falta de cesión de uso del patrimonio sindical. Según el balance económico de la organización correspondiente a 2008, sus inmovilizaciones materiales (que incluye el parque y sistemas informáticos y activos inmobiliarios) pasó de 2.397 millones de euros en 2003 a 5.806 millones en 2007, un 142% más.
UGT, por su parte, es propietaria de unos 20 inmuebles en diferentes puntos de la geografía española.
El Mundo vía epesimo: e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: Más de 57.000 liberados sindicales/Hoy España ya no puede seguir financiando sus autonomias
Cuentan con poco más de dos millones de afiliados, prácticamente la suma de los votantes de CiU e Izquierda Unida, pero su influencia en la política económica del Gobierno ha quedado más que demostrada. CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios españoles, han intentado obstaculizar las reformas estructurales que la Unión Europea, el FMI y los mercados financieros han estado pidiendo durante meses al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Paralelamente, su patrimonio no ha dejado de incrementarse -vía subvenciones y ayudas directas-. Y sus representantes no han visto peligrar su puesto de trabajo, un privilegio del que muy pocos españoles han podido disfrutar.
La estructura de los sindicatos ha demostrado ser más que resistente a la peor crisis de la historia de la democracia. Con más de 57.000 liberados sindicales, cuyo coste podría rondar los 1.600 millones de euros al año, CCOO y UGT han luchado por mantener su estatus en los últimos años con una estrategia basada en la exclusión de otros sindicatos minoritarios por medio de reformas legales. Su poder se extenderá ahora gracias a que la reciente reforma laboral, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, les permitirá la entrada en zonas hasta el momento ajenas a su dominio, como son las empresas de menos de seis empleados.
Todo ello, sin que nadie les exija dar cuenta de sus actividades y vías de ingresos. Obtener un dato conjunto del dinero gestionado y obtenido por los agentes sociales es prácticamente imposible. Ni los sindicatos facilitan información completa, ni existe un registro más allá de cada boletín central, autonómico o local, donde poder encontrar el montante total de sus pagos.
Desde 2005, la partida denominada como subvención de actividad sindical -que integra la ayuda directa anual concedida por el Gobierno- abonada a CCOO y UGT se ha disparado un 50% hasta sumar más de 12 millones entre las dos grandes organizaciones -6,4 millones a Comisiones y 6,08 millones a UGT-. Otra partida conforma el eje de las ayudas directas: el pago por la labor consultiva del Ministerio de Trabajo. CCOO recibió 922.609 euros en 2009 por su participación en diferentes organismos y UGT otros 1,07 millones de euros.
Según los últimos datos oficiales publicados, el Gobierno inyectó a los dos grandes sindicatos 15,7 millones de euros en 2008 (7,9 millones para CCOO y 7,8 para UGT). El balance detallado de 2009 aún no está disponible, aunque sí se conocen las grandes cifras: las ayudas directas rondan los 7,3 millones en el caso de CCOO y de 7,1 millones en el de UGT.
Así pues, los sindicatos no han visto mermadas sus arcas pese a la recesión. Paralelamente, han mantenido intactos sus poderes, gracias a la extensa red de delegados y representantes con dedicación exclusiva. Conocer el número de liberados sindicales en España se ha convertido en toda una carrera de obstáculos. Si se toma como referencia el número de delegados existentes en España y se calculan las horas de dedicación sindical que regula la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se puede calcular el número con cierta exactitud.
El Estatuto de los Trabajadores, señala que los delegados de personal o miembros del comité de empresa dispondrán, en compañías de 100 trabajadores de 15 horas, en las de 101 a 250 trabajadores, 20 horas; «de 251 a 500 trabajadores, 30 horas. De 500 uno a 750 trabajadores, 35 horas. Y de 751 en adelante, 40 horas».
El número de delegados de personal obtenidos por UGT y CCOO en las elecciones sindicales ronda los 250.000, repartidos prácticamente entre CCOO y UGT. Así, simplemente tomando como referencia una media de 30 horas de dedicación sindical mensual -pese a que en la Administración la media es de 40 horas mensuales-, el número total de horas de liberación sindical se elevaría a 7,5 millones al mes; es decir, 90 millones al año. Teniendo en cuenta que la jornada media efectiva en España es de 1.576,8 horas al año por persona, la cifra de 90 millones de horas equivaldría a un total de 57.000 personas totalmente liberadas.
Así, su coste real para la economía también se puede calcular. Puesto que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador se sitúa en los 29.144 euros por trabajador al año, el coste real de los liberados se elevaría a más de 1.600 millones al año.
El afianzamiento de los poderes de los dos grandes sindicatos también ha sido posible gracias a un gran mecanismo de gestión de fondos, paralelo a las subvenciones directas. Se trata de una serie de fundaciones donde destacan tres: la de Riesgos Laborales, la del Sistema de Intermediación y Arbitraje (SIMA) y la de Formación. Su fin es promover los objetivos reflejados en sus nombres. Pero lo cierto es que, casualmente, los gestores de los distintos cursos, campañas de promoción o conferencias son en la mayoría de los casos los sindicatos y la patronal.
Obtener los datos conjuntos de estas fundaciones también supone todo un ejercicio de paciencia. Sus fondos se reparten entre un sinfín de asociaciones y organismos de carácter nacional, autonómico y local. Pese a ello, el resumen parece claro: con respecto a la primera de las fundaciones -la de Riesgos Laborales- el incremento de aportaciones públicas ha supuesto multiplicar casi por cuatro su coste en los últimos cinco años. Han pasado de 12 millones concedidos en 2004 a 47,4 millones en 2009. El último informe de la Fundación, el de 2008, divide el destino de las partidas entre lo que denomina acciones «directas o indirectas». Pero los gestores no varían: asociaciones territoriales o sectoriales de CCOO, UGT, diversas federaciones locales o regionales de CEOE y Cepyme, y el sindicato gallego CIGA. Por la difusión de información sobre prevención y publicaciones, CCOO habría gestionado 1,1 millones, UGT la misma cuantía y las patronales, 406.033 euros. Por asesoramiento, difusión de la cultura preventiva, seminarios, manuales, etc., las dos centrales gestionan 4,5 millones de euros cada una y las patronales 9,6 millones más.
La segunda de las fundaciones -la encargada de mediación y arbitraje-, permitió a sindicatos y patronal gestionar otros 10 millones de euros en 2009. Esta fundación reparte su estructura entre una entidad nacional, ubicada en Madrid, y distintas fundaciones centradas en cada comunidad autónoma. Fuentes del sindicato USO afirman que, en su conjunto, su nivel de fondos supera los 10 millones de euros mencionados, de los que la división nacional centraliza 1,5 millones de euros. La cuantía de los importes gestionados a través de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, así como el fuerte incremento registrado, ha provocado ya la denuncia por «opacidad en la gestión de fondos públicos» de los responsables de USO. Esta central se ha visto apeada de estos mecanismos de gestión de dinero tras argumentar la Administración que deben repartirse exclusivamente entre los agentes sociales más representativos. De este modo, no sólo se han incrementado los fondos, sino que, además, se ha reducido el número de sujetos que acceden a ellos.
La tercera de las fundaciones sería la denominada como Tripartita -por la presencia de UGT, CCOO y CEOE-, que se encarga de las labores de formación. Las últimas resoluciones trimestrales de dotación de fondos recogen unos importes de 9,9 millones de euros para gastos corrientes, completada 11 días después con otra subvención de 41,5 millones para la Formación en el Empleo, con lo que el importe total asciende a 51,5 millones de euros. Estos fondos son trimestrales, con lo que la dotación total puede elevarse hasta un mínimo de 200 millones de euros.
A pesar de los enormes recursos gestionados, tan sólo el 12% de las empresas españolas se beneficiaron en 2008 de los cursos que imparten para la formación. En ese ejercicio, el coste de los cursos se elevó a 575 millones de euros.
Pero no todos los sindicatos han salido ganando con este esquema. Uno de los grandes perjudicados por este sistema de reparto de subvenciones ha sido el sindicato USO, que ha denunciado «la utilización abusiva» de la norma y los recursos para endurecer «el acceso a las subvenciones públicas». Y es que, al margen de incrementar los fondos para CCOO y UGT, se ha reducido en determinados casos el número de perceptores. Este fue el caso de las subvenciones por participación en la Mesa de la Función Pública, cuyas reglas se modificaron a partir de 2007 para concentrar las ayudas en los «sindicatos más representativos».
Patrimonio histórico para cancelar deudas millonarias
La última compensación de 150 millones aprobada por Zapatero permitió a UGT esquivar su grave crisis financiera. Por M. Gómez
La devolución del patrimonio histórico de los sindicatos -los bienes incautados durante la Guerra Civil y el traspaso de los inmuebles del sindicato vertical reconocido por ley- siempre ha estado envuelta por la polémica. El último episodio acaeció en 2006, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Decreto Ley sobre patrimonio sindical -convalidado posteriormente por el Congreso- por el que se resolvía las reclamaciones pendientes de UGT de la devolución de su patrimonio.
Al sindicato liderado por Cándido Méndez se le compensó con un monto de 150 millones de euros (correspondientes al valor de unas 135 propiedades reclamadas), y además recuperó un lote de 26 inmuebles repartidos por diversas provincias. Esta decisión causó indignación entre CCOO y los sindicatos minoritarios que acusaron al Ejecutivo de beneficiar a la organización sin recibir acreditación de los bienes que se reclamaban. De hecho, CCOO presentó un recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros ante los tribunales. El PP, por su parte, acudió al Tribunal Constitucional, pero aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
Precisamente las compensaciones aprobadas por el Gobierno llegaron en un momento en el que UGT atravesaba por una situación financiera muy delicada y coincidiendo con elecciones sindicales. Los 150 millones de euros fueron empleados por esta central para cancelar prácticamente el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para resarcir a los afectados por la suspensión de pagos de la PSV, su extinta cooperativa de viviendas.
Esos ingresos extra también fueron destinados a la adquisición del emblemático edificio de Hortaleza (Madrid) -donde la central tiene su sede-, a la cancelación de todas las hipotecas sobre inmuebles de su propiedad y a recuperar las acciones de Fonditel Pensiones, que los bancos le habían exigido como garantía para seguir financiando a la organización.
En el caso de la central dirigida por Ignacio Fernández Toxo, no dispone de patrimonio histórico puesto que se fundó en la década de los 60.
Junto al patrimonio histórico, UGT, como el resto de las organizaciones sindicales, cuenta con inmuebles pertenecientes a la propiedad sindical acumulado. Se trata de edificios cuya titularidad pertenece a la Administración General del Estado -que ocupó el sindicato vertical durante la época franquista-, y que se ceden en uso para que puedan realizar sus funciones. El sindicato liderado por Cándido Méndez ocupaba 350 inmuebles de estas características a finales de 2008 que sumaban un total de 236.257 metros cuadrados.
CCOO no ha precisado cuántos inmuebles integran su patrimonio sindical acumulado. Sí ha reconocido que cuenta con algunos locales propios ante la falta de cesión de uso del patrimonio sindical. Según el balance económico de la organización correspondiente a 2008, sus inmovilizaciones materiales (que incluye el parque y sistemas informáticos y activos inmobiliarios) pasó de 2.397 millones de euros en 2003 a 5.806 millones en 2007, un 142% más.
UGT, por su parte, es propietaria de unos 20 inmuebles en diferentes puntos de la geografía española.
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