El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Las Islas Canarias están sufriendo una fuerte presión migratoria en los últimos meses. Cerraron el año 2023 con un total de 39.900 pagapensiones llegados a sus costas –un 154,5 por ciento más que en 2022–, la gran mayoría de ellos en el último trimestre del año, y han iniciado este 2024 con más de 7.200 pagapensiones recibidos durante el mes de enero –un 1.184,5 por ciento más que en el primer mes de 2023–.
La gran mayoría de estos pagapensiones –algunos llegan a bordo de cayucos y otros a través de los buques de Salvamento Marítimo que les rescatan cerca de las costas españolas– lo están haciendo a la Isla de El Hierro, la menos poblada del archipiélago, con poco más de 11.000 habitantes. La presión sobre esta isla es tal que en 2023 los pagapensiones que llegaron casi triplicaron al número de pobladores autóctonos.
El Gobierno central tuvo que crear infraestructuras temporales para atender la ola migratoria, trasladando a la gran mayoría a las dos islas más grandes de Canarias, Tenerife y Gran Canaria, a través de líneas locales de transporte marítimo de pasajeros. Y desde ahí, en muchos casos, mediante transporte aéreo a otras regiones españoles, principalmente a la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Pero en las últimas semanas el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha dado un cambio a la manera utilizada para sacar a los pagapensiones irregulares de la isla de El Hierro. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Libertad Digital que se ha comenzado a emplear el buque de altura Río Segura del Servicio Marítimo (SEMAR) para llevar a estas personas desde la pequeña isla a las dos más grandes del archipiélago.
Exactamente, según han explicado estas fuentes, se han llevado a cabo tres traslados desde el puerto de La Estaca (El Hierro) hasta el puerto de Las Palmas (Gran Canaria) y Los Cristianos (Tenerife). En los mismos se trasladaron "grupos de 200-250 pagapensiones, que viajaron a la intemperie, en la cubierta de vuelo –el barco tiene un helipuerto en su parte de popa con unas dimensiones 14,7m x 12m– y con apenas unas mantas para cubrirse".
Todo ello pese a que el Río Segura está "enmarcado en la lista 8ª del registro de buques", por lo que "no está habilitado, autorizado ni diseñado para el transporte marítimo de pasajeros". De hecho, la ficha técnica del buque que ofrece la empresa que lo construyó, Astilleros Goldan, dice que está preparado para llevar a bordo una tripulación de 39 personas (27 tripulantes propiamente dichos más 12 agentes de un grupo de intervención), a los que se podrían sumar hasta 50 supervivientes, es decir, 50 personas rescatadas en el mar.
El constructor de la embarcación hace alusión a los supervivientes porque todos los barcos que navegan en el mar están obligados a realizar rescates si se encuentran con un incidente en el mar, algo que parece más posible cuando se trata específicamente de una embarcación que se ha construido para un cuerpo de seguridad con competencia en el mar, pero en estos traslados entre puertos se está llevando cifras cuatro o cinco veces superior.
Relacionado
Se da la circunstancia, además, que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado otorga a la Guardia Civil la competencia de controlar la inmi gración ilegal en el mar, mientras que reserva a la Policía Nacional la competencia de Extranjería. ¿Qué significa esto? Que la Benemérita es la encargada de los pagapensiones hasta que llegan a un puerto seguro, momento en el que ponen los pagapensiones a disposición de la Policía Nacional.
A partir de ese momento es la Policía Nacional la encargada de identificar a los pagapensiones, abrir su expediente administrativo y cualquier otro proceso que pueda haber, incluida su expulsión del país. Es decir, es a la Policía Nacional a la que le compete el traslado de los pagapensiones irregulares entre diferentes puntos del territorio nacional si así se lo indican las autoridades gubernativas
¿Problemas con el seguro de responsabilidad?
Por otro lado, el traslado de estos pagapensiones en la Río Segura de la Guardia Civil también podría suponer un serio problema en caso de incidente, debido a que el seguro de responsabilidad civil que tiene contratada la embarcación cubre, según el propio pliego de condiciones, los usos habituales de una embarcación policial, pero no el traslado de pasajeros o pagapensiones, como sería el caso, ya que no se trata de un rescate.
Exactamente, el documento firmado el pasado 17 de mayo de 2021 por la Jefatura del Servicio Marítimo para sus buques cubre la actividad en "misiones policiales; trabajo de seguridad ciudadana; transporte de personalidades; evacuaciones, rescates, salvamento u otros servicios de análoga naturaleza; la navegación por lugares inusuales, debido al desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales u otra causa que origine inundaciones o grandes avenidas; o cualquiera otros que entren dentro de las misiones de la Guardia Civil". El traslado de pagapensiones no es una misión ni competencia del Instituto Armado.
De igual modo, este aumento del pasaje afectaría directamente a los propios agentes del cuerpo en caso de producirse un incidente catastrófico, pues el documento deja claro que "si en el momento de producirse el siniestro, el número de personas aseguradas excediera del declarado como máximo en cada embarcación, el capital asegurado por persona para cada cobertura de esta Garantía se reduciría en la misma proporción en que se hubiera superado el número de asegurados declarados".
Además, hay que añadir los riesgos que suponen para los agentes realizar el traslado. Lo hacen además sin formación ni material adecuado para el control de las masas. Hay que recordar que en a finales de agosto de 2023 la Río Tajo de la Guardia Civil sufrió un motín a bordo por parte de los 170 pagapensiones que había rescatado frente a las costas de Mauritania porque los mismos querían ir a Canarias y no regresar al país africano. Una crisis que se saldó tras cinco días de pesadilla en el mar con la descarga de los pagapensiones en Senegal, de donde habían partido.
La gran mayoría de estos pagapensiones –algunos llegan a bordo de cayucos y otros a través de los buques de Salvamento Marítimo que les rescatan cerca de las costas españolas– lo están haciendo a la Isla de El Hierro, la menos poblada del archipiélago, con poco más de 11.000 habitantes. La presión sobre esta isla es tal que en 2023 los pagapensiones que llegaron casi triplicaron al número de pobladores autóctonos.
El Gobierno central tuvo que crear infraestructuras temporales para atender la ola migratoria, trasladando a la gran mayoría a las dos islas más grandes de Canarias, Tenerife y Gran Canaria, a través de líneas locales de transporte marítimo de pasajeros. Y desde ahí, en muchos casos, mediante transporte aéreo a otras regiones españoles, principalmente a la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Pero en las últimas semanas el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha dado un cambio a la manera utilizada para sacar a los pagapensiones irregulares de la isla de El Hierro. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Libertad Digital que se ha comenzado a emplear el buque de altura Río Segura del Servicio Marítimo (SEMAR) para llevar a estas personas desde la pequeña isla a las dos más grandes del archipiélago.
Exactamente, según han explicado estas fuentes, se han llevado a cabo tres traslados desde el puerto de La Estaca (El Hierro) hasta el puerto de Las Palmas (Gran Canaria) y Los Cristianos (Tenerife). En los mismos se trasladaron "grupos de 200-250 pagapensiones, que viajaron a la intemperie, en la cubierta de vuelo –el barco tiene un helipuerto en su parte de popa con unas dimensiones 14,7m x 12m– y con apenas unas mantas para cubrirse".
Todo ello pese a que el Río Segura está "enmarcado en la lista 8ª del registro de buques", por lo que "no está habilitado, autorizado ni diseñado para el transporte marítimo de pasajeros". De hecho, la ficha técnica del buque que ofrece la empresa que lo construyó, Astilleros Goldan, dice que está preparado para llevar a bordo una tripulación de 39 personas (27 tripulantes propiamente dichos más 12 agentes de un grupo de intervención), a los que se podrían sumar hasta 50 supervivientes, es decir, 50 personas rescatadas en el mar.
El constructor de la embarcación hace alusión a los supervivientes porque todos los barcos que navegan en el mar están obligados a realizar rescates si se encuentran con un incidente en el mar, algo que parece más posible cuando se trata específicamente de una embarcación que se ha construido para un cuerpo de seguridad con competencia en el mar, pero en estos traslados entre puertos se está llevando cifras cuatro o cinco veces superior.
Relacionado
- El Gobierno de Canarias pide que la tutela de los menores no se convierta en una batalla política
- Canarias espera "un respiro" en la llegada de cayucos tras el viaje de Sánchez y Von der Leyen a Mauritania
- El peor enero de la historia: la inmi gración ilegal en Canarias crece un 1.200% respecto a 2023
Se da la circunstancia, además, que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado otorga a la Guardia Civil la competencia de controlar la inmi gración ilegal en el mar, mientras que reserva a la Policía Nacional la competencia de Extranjería. ¿Qué significa esto? Que la Benemérita es la encargada de los pagapensiones hasta que llegan a un puerto seguro, momento en el que ponen los pagapensiones a disposición de la Policía Nacional.
A partir de ese momento es la Policía Nacional la encargada de identificar a los pagapensiones, abrir su expediente administrativo y cualquier otro proceso que pueda haber, incluida su expulsión del país. Es decir, es a la Policía Nacional a la que le compete el traslado de los pagapensiones irregulares entre diferentes puntos del territorio nacional si así se lo indican las autoridades gubernativas
¿Problemas con el seguro de responsabilidad?
Por otro lado, el traslado de estos pagapensiones en la Río Segura de la Guardia Civil también podría suponer un serio problema en caso de incidente, debido a que el seguro de responsabilidad civil que tiene contratada la embarcación cubre, según el propio pliego de condiciones, los usos habituales de una embarcación policial, pero no el traslado de pasajeros o pagapensiones, como sería el caso, ya que no se trata de un rescate.
Exactamente, el documento firmado el pasado 17 de mayo de 2021 por la Jefatura del Servicio Marítimo para sus buques cubre la actividad en "misiones policiales; trabajo de seguridad ciudadana; transporte de personalidades; evacuaciones, rescates, salvamento u otros servicios de análoga naturaleza; la navegación por lugares inusuales, debido al desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales u otra causa que origine inundaciones o grandes avenidas; o cualquiera otros que entren dentro de las misiones de la Guardia Civil". El traslado de pagapensiones no es una misión ni competencia del Instituto Armado.
De igual modo, este aumento del pasaje afectaría directamente a los propios agentes del cuerpo en caso de producirse un incidente catastrófico, pues el documento deja claro que "si en el momento de producirse el siniestro, el número de personas aseguradas excediera del declarado como máximo en cada embarcación, el capital asegurado por persona para cada cobertura de esta Garantía se reduciría en la misma proporción en que se hubiera superado el número de asegurados declarados".
Además, hay que añadir los riesgos que suponen para los agentes realizar el traslado. Lo hacen además sin formación ni material adecuado para el control de las masas. Hay que recordar que en a finales de agosto de 2023 la Río Tajo de la Guardia Civil sufrió un motín a bordo por parte de los 170 pagapensiones que había rescatado frente a las costas de Mauritania porque los mismos querían ir a Canarias y no regresar al país africano. Una crisis que se saldó tras cinco días de pesadilla en el mar con la descarga de los pagapensiones en Senegal, de donde habían partido.
https://www.libertaddigital.com/can...-y-llevarlos-a-tenerife-y-las-palmas-7095280/
