noinversor
Madmaxista
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La niña tiene 9 años y un grado de discapacidad congénita del 83% . No puede andar y va en una silla ortopédica que pesa 20 kilos.
La madre y la niña viven con el abuelo en el piso de éste , un segundo sin ascensor en el barrio de Tetuán, zona humilde de Madrid. . La madre sube a la niña en brazos y luego carga con la silla. El abuelo, jubilado , está casi ciego por la diabetes.
Los vecinos están en pie de guerra contra la familia. Según ellos el ruido perpetuo de las ruedas de la silla, y del abuelo, que deja caer cosas continuamente, es insufrible. La madre se propone pedir a la comunidad de vecinos la supresión de barreras arquitectónicas , cosa que previsblemente empeorará la situación.
Le han ofrecido a la madre una VPO adaptada para minusválidos . La ha rechazado porque está en Móstoles , muy lejos del hospital y el colegio de su hija , y no podrían mantenerse las dos con el sueldo de ella.
El chiscón de Raquel | Madrid | EL PAÃS
La madre y la niña viven con el abuelo en el piso de éste , un segundo sin ascensor en el barrio de Tetuán, zona humilde de Madrid. . La madre sube a la niña en brazos y luego carga con la silla. El abuelo, jubilado , está casi ciego por la diabetes.
Los vecinos están en pie de guerra contra la familia. Según ellos el ruido perpetuo de las ruedas de la silla, y del abuelo, que deja caer cosas continuamente, es insufrible. La madre se propone pedir a la comunidad de vecinos la supresión de barreras arquitectónicas , cosa que previsblemente empeorará la situación.
Le han ofrecido a la madre una VPO adaptada para minusválidos . La ha rechazado porque está en Móstoles , muy lejos del hospital y el colegio de su hija , y no podrían mantenerse las dos con el sueldo de ella.
El chiscón de Raquel | Madrid | EL PAÃS
El embarazo se complicó en el séptimo mes, cuando los médicos le dijeron que estaba perdiendo líquido. No quedó otra que provocarle el parto, pero el daño era ya irreparable. Raquel sufrió un infarto cerebral nada más nacer y su esperanza de vida quedó reducida a 48 horas. “Nos dijeron que nos olvidásemos, que no iba a salir adelante”, recuerda Pilar de Domingo desde el salón de su casa. Raquel, que ya tiene 9 años, juega con una pelota de goma. Sufre una discapacidad del 83%. Como no puede andar, su madre la lleva y la trae a todas partes con una silla ortopédica, una especie de cochecito de bebé gigante que pesa cerca de 20 kilos. Al no haber ascensor, durante años Pilar estuvo metiendo el mamotreto en un cuarto vacío que hay en el portal. Pero desde octubre del año pasado eso es imposible: sus vecinos han cambiado la cerradura y le han prohibido meter ahí el carro. Ahora el chiscón está vacío y ella tarda un cuarto de hora en subir dos pisos.
Famma-Cocemfe Madrid sostiene que la mayoría de las denuncias por problemas de accesibilidad se dan en comunidades de propietarios
Pilar decidió regresar al domicilio familiar, un bloque antiguo de tres alturas ubicado en el barrio de Tetuán, cuando se separó de su marido hace siete años. Con ella se llevó a sus hijas: Sara, de cuatro, y Raquel, un bebé que pasaba más tiempo ingresada en el hospital que en casa. Esta vivienda la compartía con su madre, recientemente fallecida, y su padre, un anciano al que la diabetes ha dejado medio ciego. “Los inicios fueron muy duros. Menos mal que los tenía a ellos, sobre todo a mi madre; era activa, vital y me ayudó muchísimo”. Fue precisamente ella la que, en una reunión de vecinos, solicitó que les dejaran guardar la silla ortopédica de su nieta en un cuarto que conecta el portal con el patio interior del edificio. El típico espacio inutilizado donde como mucho hay una bicicleta. Ninguno de los siete propietarios puso objeción.
La situación cambió a primeros de 2013, cuando la niña empezó a utilizar un taburete adaptado con ruedines para desplazarse por la casa. Hasta entonces lo había hecho reptando, apoyándose en la mano derecha porque la izquierda la tiene paralizada, pero el fisioterapeuta les advirtió que así se le podían deformar las caderas. “A los pocos días vino la policía. El vecino de abajo decía que le molestaba oír rodar el taburete. Él, que ha tenido cuatro niños; imagina ese escándalo” comenta Pilar, funcionaria en el Ministerio de Justicia, mientras deja que su pequeña le pase un cepillo por el pelo. “¿Me vas a peinar? ¿Me vas a poner guapa?” Raquel suelta una carcajada nerviosa.
La mujer cambió los ruedines de metal por otros de goma. El sonido es casi imperceptible, pero eso no aplacó las quejas del vecino. “Después se sumó el de arriba, que es amigo suyo. Decía que oía a mi padre arrastrar los pies cuando se levanta al baño por la noche. La ceguera le ha dejado muy torpe y no sabe moverse de otra manera”. Aprovechando una reunión a la que solo asistieron tres residentes, los supuestos afectados por los ruidos propusieron que el cuarto del portal se utilizara exclusivamente para que el chico de la limpieza guardase el cubo y la fregona. Pilar intentó en vano restablecer el orden de las cosas. “Convoqué otra reunión y pedí que me dejaran seguir metiendo ahí la silla. Todos me dijeron que sí, menos ellos. Al parecer estas cosas tienen que ser aprobadas por unanimidad”. La mujer, indolente ante las trabas, siguió metiendo el armatoste en el tabuco, hasta que en octubre se lo encontró cerrado con llave.
“Dijeron que era para darme un escarmiento”. Ana, la vecina de arriba, no lo desmiente: “Fue una manera de presionarla, se cree que tener una hija minusválida le da derecho a todo. Le dijimos que si se comportaba le dejaríamos meter el carrito ahí de por vida”. Ubaldo, el de abajo, es algo más ácido en sus declaraciones: “Si me haces la puñeta 100 veces y yo te la hago una, todavía me faltan 99”. De profesión, policía municipal.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad ha tomado parte en el asunto y estudia si es viable instalar un ascensor o una silla salvaescaleras en el edificio. “La mayoría de las denuncias por problemas de accesibilidad se dan en comunidades de propietarios. Todo lo que implique una obra y suponga un desembolso económico es motivo de rechazo, cuando en realidad es en beneficio de todos: desde gente mayor hasta personas que suben con peso o se rompen una pierna. El caso de Pilar es distinto. Denota una falta de sensibilidad tremenda, por no decir infrahumana”, critica Javier Font, el presidente de la organización.
Raquel sigue a lo suyo con el peine, ajena al tira y afloja que su madre se trae con los vecinos. De haber sabido lo que la esperaba, tal vez Pilar hubiese aceptado el piso adaptado que le ofrecieron en Móstoles hace años. “Estaba demasiado lejos del hospital donde la tratan, del colegio especial al que asiste. El padre no me pasa la pensión y mi sueldo es el que es. Consideré que lo mejor era quedarme”, se justifica. En ese momento la pequeña se levanta la camiseta, deja ver la sonda gástrica por la que se alimenta y pega una risotada. “Con todo, es una niña alegre y con picardía. ¿Y a veces un poco puñetera, verdad que sí?”. Raquel suelta otra carcajada nerviosa y desliza el taburete hasta su madre. Los ruedines prácticamente ni se oyen.
Elementos comunes, usos privativos
El cuarto donde Pilar estuvo guardando la silla ortopédica de su hija durante años es un elemento común del edificio. Eso no impide, sin embargo, que un residente pueda utilizarlo de forma exclusiva. ¿Pero en qué casos? Según la Ley de Propiedad Horizontal, cuando esta posibilidad la recojan los estatutos o, en su defecto, siempre que haya sido autorizado por acuerdo unánime de la comunidad de propietarios. El elemento no pierde su carácter común y la propiedad sigue siendo de todos los vecinos, que también pueden usarlo.
Ahora bien, ¿pueden unos cuantos decidir lo contrario, en este caso, desposeer a Pilar del uso exclusivo del cuarto? Para poder hacerlo tendrían que convocar una junta de propietarios donde alguno de los puntos del orden del día tratase esa cuestión. Si no fuera así, el acuerdo tomado sería nulo. En cualquier caso, habría que trasladar el acta a los no asistentes, que tendrían 30 días para mostrar su disconformidad. “No nos ha llegado nada”, sostiene la mujer, que ya ha interpuesto la demanda.
La Ley establece también que la comunidad está obligada a realizar las obras de reforma necesarias para salvar barreras arquitectónicas, siempre que el precio no exceda de 12 mensualidades, como en el caso de un ascensor o una silla salvaescaleras. Pero esa ya es otra contienda.
