«Este es el Estatuto del consenso, el único posible, el que representa a la inmensa mayoría de los murcianos». Con esas palabras, el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, 'sancionó' ayer desde la tribuna de la Asamblea Regional el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, iniciado en la VI Legislatura y cerrado en las postrimerías de la IX con una histórica aprobación por unanimidad.
Los 45 diputados del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos coronaron con ese acuerdo una legislatura sin mayorías pero de «consenso». Así fue definida por los portavoces de los grupos políticos y también por la presidenta del Parlamento, Rosa Peñalver. La norma básica por la que se regirá la autonomía murciana cuando sea ratificada por el Congreso de los Diputados y también por los ciudadanos en referéndum tiene 99 artículos, 44 más que la que está vigente desde el 9 de junio de 1982. En palabras del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, «es acorde al siglo XXI y reconoce los derechos socialmente aceptados» por los murcianos.
El Parlamento culmina la legislatura de mayor consenso en tres décadas con un pacto pendiente de ratificar en el Congreso y por los ciudadanos de la Región en referéndum
En un ambiente extraordinario, realzado por la asistencia de notables invitados, entre antiguos altos cargos políticos de la autonomía -como los expresidentes María Antonia Martínez y Alberto Garre- y actuales representantes de instituciones, la Asamblea celebró la última y decisiva reunión de la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía, la posterior firma pública del documento pactado por los cuatro partidos y la sesión plenaria para aprobarlo. Los tres trámites se convirtieron en el más claro ejemplo del consenso imperante durante toda la legislatura que ahora acaba y que ha permitido sacar adelante normas tan importantes como la reforma de la ley electoral, las de Presupuestos y el nuevo Reglamento de la Asamblea. Así lo resumió el portavoz del Grupo Popular, Víctor Manuel Martínez: «Nos hemos despojado de lo que nos separa, anteponiendo el interés general y el del millón y medio de murcianos».
A los avances sociales se refirió también el líder de Podemos, Óscar Urralburu, quien aseguró que el texto recoge los espíritus del 15-M, del 8 de Marzo y de los movimientos ambientalistas de jóvenes de todo el mundo. «La Región de Murcia ha cambiado mucho en estos 37 años y se merecía un marco de convivencia actualizado», defendió.
Recuerdan a Pujante
El portavoz del PSOE, Joaquín López Pagán, espera que los «murciano se sientan orgullosos» del trabajo realizado por los diputados para culminar la IX Legislatura. Aunque recordó que el nuevo Estatuto también nace de aportaciones anteriores y acentuó el trabajo de quien fue representante de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, recientemente fallecido.
Como homenaje a su contribución en esta tarea legislativa, la Asamblea regalará a su familia uno de los dos bolígrafos que utilizaron los diputados para firmar el proyecto de Estatuto. El otro será para el popular Francisco Celdrán, como impulsor en 2005 de esta tarea desde la presidencia de la Asamblea.
Su sucesora en el cargo, la socialista Rosa Peñalver, recordó que fue en aquel año cuando se creó por primera vez una comisión para actualizar la ley básica por la que se rige la autonomía murciana. Desde entonces han pasado por Cartagena una treintena de representantes de partidos, sindicatos, universidades, colectivos vecinales y sociales, así como otras entidades interesadas en el proceso para realizar propuestas y aportaciones. También han sido escuchados particulares que, en este tiempo, trasladaron sus inquietudes por escrito. «Estamos, pues, ante una reforma participada, escuchada y consensuada». Falta a la verdad, dijo la presidenta, quien asegura que no ha sido escuchado en la Asamblea.
Puerta abierta a provincias
«Nos sentimos orgullosos todos nosotros por el trabajo soberbio que hemos traído a este pleno. La verdad es que hemos dado respuesta a lo que los ciudadanos de la Región de Murcia esperaban de nosotros», añadió. Reconoció que probablemente tampoco sea la reforma que algunos sectores de la sociedad esperaban, valoró la resistencia de los portavoces parlamentarios para aguantar presiones de sectores de sus partidos y también para obviar a quienes han denostado el texto «sin ser definitivo y sin conocerlo», en una clara alusión a las críticas de Vox. Ese partido acusó a PP y Cs de hacer concesiones a la izquierda permitiendo la introducción de la «ideología de género» y la «memoria histórica». Víctor Manuel Martínez zanjó contundente: «Aquí nadie pierde y todos ganan. Es un freno a la dictadura de quienes solo saben mentir y siembran el repruebo para dividirnos».
El nuevo Estatuto reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación política, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la educación, a recibir asistencia sanitaria, al trabajo y a declarar la voluntad vital anticipada, entre otros aspectos, recogidos por primera vez en la norma básica de la Región. También tienen garantizados sus derechos las personas con discapacidad y las que se encuentran en situación de dependencia. Igual que las mujeres que sufren violencia machista, que también tienen derecho a la protección integral. En cuanto a la memoria democrática, el Estatuto faculta a los poderes públicos a velar por el conocimiento de la memoria histórica «como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo murciano y la reivindicación de los derechos y las libertades democráticas».
Cartagena sale reforzada como capital legislativa de la Región en un texto que suprime los aforamientos de diputados y consejeros del Gobierno, y que también deja la posibilidad de organizarse territorialmente «en comarcas y/o provincias», siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes españolas. Respecto a este último asunto, los partidos metieron en el saco de los populismos las críticas del partido localista MC Cartagena, partidario de la biprovincialidad regional y al que no satisface el acuerdo.
En su preámbulo, el cambio legislativo se define como un paso adelante en la asunción de nuevas competencias dentro de la «larga etapa de crecimiento, afianzamiento y profundización en el autogobierno de la Región de Murcia». Mediante este cambio, se establece un marco favorable al desarrollo del proceso descentralizador iniciado con la Constitución que favorezca una mejor convivencia y un desarrollo político y social inclusivo y solidario.
Agua y Mar Menor
El derecho al agua para consumir y atender las necesidad de desarrollo socioeconómico también aparece en el texto, que defiende el Trasvase Tajo-Segura y la desalación para garantizar los recursos hídricos que necesita el territorio y contempla la preservación del Mar Menor como patrimonio esencial para el desarrollo de la Región.
En el capítulo de instituciones regionales, se reconoce por primera vez a los órganos consultivos, los consejos Económico y Social y el Jurídico de la Región de Murcia, así como el de Transparencia. Otra de las grandes novedades es que el presidente estará facultado para disolver la Asamblea y anticipar elecciones, como ya ocurre en otras autonomías.
Como ley orgánica que es, el Estatuto tendrá que ser aprobado ahora en el Congreso de los Diputados por los representantes que salgan elegidos en las votaciones del día 28. Serán ponentes López Miras, Urralburu y el socialista Alfonso Martínez Baños. En el clima de euforia vivido ayer en la Asamblea nadie se aventuró a vaticinar cuánto tardará ese trámite y qué suerte correrá con Vox en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Si lo supera, el Estatuto volverá a la Región para pasar la prueba del algodón democrático: la ratificación en referéndum por parte de los murcianos.
Reconocimiento de la infrafinancición, aún sin cuantificar
Uno de los asuntos más peliagudos en la negociación intensiva para perfilar el nuevo Estatuto era el de la financiación autonómica. El PP sostenía que el problema era consecuencia del reparto de fondos diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y el PSOE se negaba a asumirlo en esos términos. Tampoco había acuerdo en la cantidad a reclamar. El PP situaba la deuda histórica en unos ocho mil millones, Ciudadanos la rebajaba a casi tres mil y Podemos, como el PSOE, se negaba a achacar a la infrafinanciación toda la deuda de la Administración autonómica, que ronda los nueve mil millones.
Finalmente, el Estatuto recoge en su disposición final primera que la Región ha sido financiada por el Estado «de manera insuficiente, lo que ha dificultado la prestación de los servicios públicos efectivamente transferidos». Por eso, instará al Gobierno a promover un modelo de financiación «justo y equilibrado».
Como compensación, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales evaluará los déficits hasta la entrada de un nuevo sistema, con mecanismos de compensación y de reestructuración de la deuda pública. También cuantificará la deuda histórica y el plan de reintegro en los Presupuestos Generales del Estado.
