Las cifras de matriculaciones del mes de febrero han encendido todas las alarmas en el sector del automóvil. Tras una caída de un tercio del mercado nacional en el pasado 2020 se ha unido un descenso de las ventas en enero del 51,5% y unas expectativas casi tan negativas en febrero. De mantenerse esta tendencia, las consecuencias para el empleo en el sector no se dejarán esperar y, cuando termine la protección oficial de los ERTE, la red comercial ya tiene preparado un ajuste de plantilla que podría llegar a los 30.000 puestos de trabajo.
Porque este mes viene asimismo con números gente de izquierdas. En los primeros 20 días del mes, la caída de ventas fue del 44% respecto a las cifras de febrero de 2020. Se da por descontado que, en esta misma semana, se activarán algo las matriculaciones por el efecto de fin de mes y para que los concesionarios de las marcas lleguen a objetivos y así cobrar incentivos. Pero con todo, la caída esperada para cuando el próximo lunes se publiquen las cifras oficiales será del orden del 40%. Es decir, se habrán vendido en el mercado nacional apenas 38.000 vehículos.
Los primeros perjudicados por esta situación serán las redes comerciales de todas las marcas, que no pueden aguantar descensos de facturación semejantes sin realizar ajustes de plantilla. Mientras, la parte de reparación y talleres se va manteniendo y los departamentos de ventas de coches usados presenta buenas perspectivas, la parte comercial está casi inactiva. No sólo por la falta de tráfico en las exposiciones ante las dificultades de desplazamientos, sino además por el incremento de las operaciones on line que se han multiplicado en los últimos meses.
En la actualidad, según fuentes de Faconauto, la patronal de los concesionarios, este sector da trabajo a 161.500 personas. Los empresarios consultados por este periódico estiman que, de mantenerse la situación actual, podrían prescindir de cerca de la tercera parte de la plantilla. Se calcula que 30.000 empleos ahora en ERTE tornarían en ERE y en despidos. Un ajuste similar al vivido durante la crisis de 2008.
Por otra parte, los fabricantes advierten desde hace meses que un mercado interior débil y una política contraria al automóvil, como desarrolla este Gobierno en contra de la tendencia de otros países de la UE, puede condicionar las decisiones de adjudicación de nuevos modelos a las plantas españolas en favor de otras fábricas situadas en países de Centroeuropa con menores costes de mano de obra, de electricidad y de logística. La consecuencia de las decisiones de hoy, argumentan, se notarán a medio plazo, con menos carga de trabajo y, consecuentemente, con reducciones de plantilla tanto en los centros de producción españoles como en la hoy potente industria auxiliar.
Porque tanto los fabricantes como los importadores y comerciantes han definido la actual situación como «la tormenta perfecta». A la crisis derivada del confinamiento se ha unido el fracaso por mala planificación de los planes de ayudas Renove y Moves y la no aplicación de la moratoria de mediciones de emisiones WLTP, como han hecho otros países de la UE, lo que ha significado el incremento del impuesto de matriculación en casi la mitad de los coches que se venden. Y a todo ello, se unió Filomena en enero y las nuevas restricciones de movilidad por la tercera ola.
En este sentido, los partidos de la oposición, como el PP, Ciudadanos, Vox y otros minoritarios como Pdcat, JXCat, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Cup, Upn, Foro Asturias y PRC apoyarán una iniciativa en el Congreso para eliminar el incremento del impuesto de matriculación aplicado el 1 de enero y pedir una moratoria en la medición de emisiones. De prosperar esta iniciativa, a la que se oponen el PSOE, Podemos, ERC, Más País y Bildu, los coches con menos de 144 gramos por kilómetro de emisiones quedarían libres de este incremento de tasas. Se desconoce por ahora la postura del PNV. En el caso de prosperar, se presenta un problema administrativo importante para la devolución de las cantidades ya cobradas.
