Los agujeros negros de la formación para el empleo en Andalucía

MonteKarmelo

Madmaxista
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El fraude no es un caso aislado, como el de la Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de la Junta desde hace años.

A pesar de las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre las supuestas filtraciones de Moncloa en el reciente caso de la formación profesional, la realidad es que son las investigaciones periodísticas y de la propia Cámara de Cuentas de Andalucía las que han puesto a la formación para desempleados y ocupados en el ojo del huracán. La investigación que la Fiscalía de Málaga lleva a cabo sobre un expediente concreto, conocida por Operación Edu, es el último escándalo descubierto. En realidad, el caso de la formación profesional andaluza, que no es un fraude aislado como el acaecido en la Comunidad de Madrid, sino masivo y perpetrado por acción u omisión de la propia Junta de Andalucía, ha sido noticia desde hace años.

Los dos informes de la Cámara de Cuentas

El primero de ellos data de 2002 y se refiere a las subvenciones que la Junta concedió a UGT, CC.OO y la CEA en 1998 para el desarrollo de programas de formación para el empleo. En aquel informe ya se significaron numerosas irregularidades y se evidenció que casi la mitad del dinero destinado a la formación de parados y ocupados quedaba, en realidad, en las arcas sindicales y empresariales como gastos de gestión. Libertad Digital dio cuenta de ello hace años. El segundo informe, de principios de 2014, es demoledor sobre el uso del dinero destinado a la formación profesional. El documento del órgano fiscalizador se circunscribe al dinero entregado para cursos de formación en los años 2009 y 2010, en los que se gastaron 798 millones de euros, procedentes en parte de fondos europeos, a través de 3.748 subvenciones tramitadas a lo largo de ambos ejercicios.

Lo primero que denuncia el informe de la Cámara es la decisión de la Junta de Andalucía de excluir de los mecanismos de concurrencia pública a los sindicatos y la patronal en su calidad de "agentes sociales más representativos de Andalucía". El favoritismo hacia sindicatos y patronal ya fue denunciado por la Cámara de Cuentas en su informe de 2004 pero, diez años después, la Junta de Andalucía sigue entregando a las tres entidades el dinero que considera oportuno sin más justificación. En total, la CEA recibió en los dos ejercicios analizados 83 millones de euros para la realización de 3.869 cursos, la UGT 63,5 millones para 4.330 planes formativos y CCOO 63 millones para otros 3.373 cursos a realizar por el propio sindicato. Patronal y sindicatos reciben sus abultadas cantidades "por el total, sin necesidad de justificación previa".

La Cámara de Cuentas puso de manifiesto la existencia de al menos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "declarando nulos los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de subvenciones en materia de formación ocupacional a estos agentes". Las sentencias fueron confirmadas posteriormente por sendas resoluciones del Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía haya modificado la manera en que privilegia a sindicatos y patronal en el manejo de los fondos públicos destinados a la formación para el empleo.

Además, el órgano fiscalizador andaluz reveló también la escasa utilidad de los cursos subvencionados. Sólo el 11% de los cursos financiados por la Junta de Andalucía en 2009 y 2010 permitió a los alumnos obtener una certificación de capacitación profesional. Por si fuera poco, de los 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a formación en 2009 y 2010, 433 millones estaban en el momento de redactar el informe pendientes de justificar. La ley establece la imposibilidad de entregar nuevas subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y forma las entregas anteriores. Sin embargo, la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a 466 entidades en 2009 y 378 en 2010, al objeto de que pudieran seguir recibiendo dinero público para organizar cursos de formación.

La Cámara de Cuentas puso finalmente de manifiesto el llamativo caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, organismo suprimido en 2011 por decreto de la Junta, al que se transfirió un total de 80 millones de euros en diversas entregas durante 2009 y 2010 sin que se haya acreditado su destino, con 400 cursos pagados cuya realización ni ha sido llevada a cabo ni se sabe cuándo va a tener lugar.

El caso de los sindicatos UGT y CCOO

El año pasado estalló el caso UGT de Andalucía en el que quedó claro, tras las investigaciones primeras de Libertad Digital seguidas después por otros medios, que la central sindical socialista había desviado dinero de las subvenciones para la formación a los parados para cubrir gastos sindicales además de otras muchas irregularidades. El caso comenzó a ser investigado por el juzgado número 9 de Sevilla, luego pasado a la juez Alaya y de nuevo pasado al juzgado 9 de la capital hispalense. Igualmente, Comisiones Obreras de Andalucía se vio implicada en casos similares por los que se abrieron investigaciones judiciales.

La trama de la CEA

También puesta de manifiesto por Libertad Digital, un núcleo significativo de la cúpula empresarial andaluza se organizó de modo que las subvenciones a la formación pagadas por la Junta pasaran por sus empresas. De hecho, en el seno de un minúsculo grupo de personas de toda confianza del ex presidente de la CEA, Santiago Herrero, nacieron numerosas empresas dedicadas a la formación en los últimos años. Federico Muela, Santiago Herrero, Baltasar Fernández Ávila, Juan Salas Tornero, Antonio Carrillo Alcalá, Juan Andrés Haurie, José Luis Haurie y algún otro son el meollo de este "lobby" interno de la CEA.

Estos datos, publicados por Libertad Digital hace tres años, fueron luego recogidos, muy en general, por El País, que dijo: "Un grupo de directivos y exdirectivos de la CEA se han beneficiado al facturar a la institución desde sus empresas por los cursos de formación. Desde los años 80 Federico Muela, su cuñado Baltasar Fernández y Juan Salas Tornero, amigos del presidente Santiago Herrero han gestionado los cursos para trabajadores y parados que contaban con fondos públicos. Eso sí, parte de la cuantía para la formación profesional procede de las cuotas anuales que aportan tanto las empresas (0,6%) y los trabajadores (0,1%) a la Seguridad Social".

La trama civil de la formación

Llamamos "trama civil" a las empresas y entidades que reciben subvenciones millonarias a la formación de desempleados y ocupados andaluces que no tienen como destino ni la CEA ni UGT ó CCOO y que presentan bien irregularidades denunciadas judicialmente o que son difícilmente explicables de no mediar la presencia del PSOE andaluz en alguna forma.

El caso Ojeda

El caso más escandaloso es el del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Ángel Ojeda Avilés, que ha recibido en sus empresas, fundaciones y asociaciones más de 50 millones de euros para la formación, algunos de los cuales fueron instrumentados en el caso de la empresa Delphi en Cádiz. Está investigado por la Guardia Civil y por el juzgado de Algeciras.

Ojeda Avilés, hasta principios de 2009, venía operando en el campo empresarial con Inversiones Toespa, Prescal Consultoría Integral SL, Educanet SL, y fundamentalmente con Itisa Inspección Técnicas Internacionales SL y un conjunto de empresas y asociaciones de la industria aeronáutica: Agrupación de Empresas Aeronáuticas SL -B91456863-, Asociación de Empresas Aeronáuticas -G 91464461-, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas SL -B 913774603-. En casi todas ellas, desde hace dos años, Ojeda Avilés, tras las primeras denuncias e investigaciones, ha venido retirándose de sus funciones de administrador como puede comprobarse en el desarrollo histórico de las sociedades que se deduce de su inscripción en el Registro Mercantil. Junto a él, suele aparecer su hija Vanessa.

En el área de las subvenciones, las empresas vinculadas a Ojeda son fundamentalmente: Asociación de Entidades de Servicios de Innovación y Telemáticos de Andalucía, H.A.S.A. Asistencial SL -hoy H.A.S.A. Sevilla Asistencial SL y Huelva Asistencial SL-, y en el muy lucrativo negocio de la "prevención de riesgos laborales" que realiza a través de Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad SL, Prescal. En el área de las entidades "sin ánimo de lucro", creó en 2007 la Fundación para el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes -G72051253-.

Simultáneamente, en esas fechas, se había producido el conflicto de Delphi. En aquel momento Ojeda Avilés entró de lleno en el negocio de la subvención, constituyendo el 1/1/2009 tres entidades que serán las futuras receptoras de varios millones de euros en subvenciones para la Formación y el Empleo. Las tres sociedades fueron:

Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas -G 91761791-, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro,2, Sevilla, y que por Resolución de 30/1/2009, es decir, el mismo mes de su creación, y quizás sin estar aun inscrita y por supuesto, sin alta en SS, se le concede la primera subvención de 642.390€. Esto ya sería suficiente para intuir una cierta irregularidad. Desde luego, el criterio de la experiencia en formación -valorable para obtener la subvención- tampoco lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria.

Asociación para la Sociedad de la Información – INNOVA – G91794354, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro 2-Sevilla, actividad 8532, dedicada a educación secundaria técnica y profesional.

Asociación de Apoyo al Medioambiente - Natura, G 91761734, constituida 1/1/2009, , domicilio en C/Ebro,2 Sevilla, dedicada a educación en general.

Como se ve, todas ellas con el mismo domicilio.

El caso Muñoz Zamora

Otro caso significativo es el de las empresas de la familia de Benjamín Muñoz Zamora, socio de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz y de Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y columnista de El País. estas empresas recibieron varios millones de euros destinados a la formación si bien fueron denunciadas ante la Fiscalía de Sevilla, que aún no se sabe si ha investigado el caso, hace ya casi un año pro no cumplir los requisitos para percibir tales subvenciones. El pasado 21 de junio de 2013, un antiguo socio interpuso en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra diferentes empresas controladas por la familia de Benjamín Muñoz Zamora por incumplir los requisitos necesarios para percibir subvenciones de formación para el empleo, subvenciones que, sin embargo, les fueron concedidas generosamente. En esta primera denuncia se refirió a la empresa Serprosa. Luego hubo varias más relacionadas con otras empresas de la familia.

Antonio Muñoz López es padre de los apoderados Benjamín Muñoz Zamora y María Concepción Muñoz Zamora y es administrador único de Serprosa, que se nutre exclusivamente de ingresos provenientes en forma de subvenciones de la Junta de Andalucía y que tiene su domicilio social no en Andalucía, sino en Madrid, calle Francisco de Rojas, 9.

Sorprendentemente mantiene numerosas incidencias de impago frente a la Seguridad Social, Hacienda y otros organismos públicos y no deposita sus cuentas en el Registro Mercantil. Tampoco parece real su capital social de 121.164,04 euros por cuanto no pagaba sus deudas a la Seguridad Social, Hacienda, Diputación, etc.

El caso Sivianes

Es un llamativo caso de recepción multimillonaria de subvenciones a la formación. El conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participa su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el actual alcalde socialista de la localidad, recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.

Tiene el domicilio de la actividad en c/ Zaragoza de Sevilla donde aparecen domiciliadas otras sociedades relacionadas con la formación y que reciben tambièn subvenciones. Curiosamente, José Sivianes como persona física tiene sólo dos administrativos y con esta infraestructura laboral , recibió 2.324.990 €, por Resolución de 31-1-2011 . Debería haber cumplido los requisitos de la convocatoria de fecha 14/7/2010: tener personal docente, estar registrado como entidad de Formación Profesional para el Empleo, tener autorización expresa para la coexistencia de dos entidades beneficiarias de subvención en el mismo domicilio, memoria del proyecto, experiencia anterior, etc.

La empresa Formación Integral para el Empleo, CIF B 91165258, con actividad desde 2002 es propiedad de Ana María Rodríguez, cónyuge de Sivianes Sanchez, y socia con él en la empresa Sivianes Rodríguez SL B-91600403 ( C/ Zaragoza nº 33). En la misma resolución que la anterior recibió 2.211.237 €. Curiosamente se dio de alta en su actividad el 31/8/2010 y la Resolución de convocatoria era de fecha 14/7/2010 y se publicó en el BOJA de 27/7/2010. O sea, que la empresa estaba "inactiva" esperando, al parecer, la subvención. Durante la mayor parte del tiempo sólo ha dispuesto de una trabajador administrativo sin rastro alguno de profesores.

El estallido de la Operación Edu

Es la última en el tiempo y la que parece haber provocado las iras de la presidenta Susana Díaz, aunque, como estamos comprobando, los escándalos y sospechas sobre el mal uso de la formación son muy anteriores incluso a la llegada del PP a la presidencia del gobierno.

La Policía y la Seguridad Social habían abierto una investigación a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente concreto de unos 3 millones de euros. La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga ya este fraude.

Los agujeros negros de la formaci?n para el empleo en Andaluc?a - Libertad Digital
 

cuasi-pepito

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Imaginaos el chollazo de montar una empresa de formación, donde el inem o los autonómicos sólo controlaban la realización del curso y no los contenidos.

Podían dar la materia que les diese la gana.

Ya no hablo ni de los cursos falsos...la estafa también está en los cursos efectivamente impartidos.
 

djun

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Andalucía atacada.
 

Bizkor

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Andalucía y lo siento por los andaluces, siempre ha sido un nido de corrupción y de terratenientes y dudo que lo cambien porque a los que dirigen el cotarro no les interesa que cambien las cosas ya que a ellos les va muy pero que muy bien.
Que se encabronan los catalanes,los vascos, los gallegos, los madrileños y todas las comunidades....es normal. Lo que no es lógico que la mayoría de las faraonadas van para andalucia y al resto le toca pagar y eso ya huele. Si sería el dinero para los andaluces ni tan mal, pero lo triste es que ese dinero resultante de las corruptelas y negocios oscuros es siempre para los mismos y no lo mueven.
Con lo rica que es esa comunidad,(agricultura,turismo,etc) que pobre es, espero que pronto cambie aunque lo dudo porque a esa gentuza no les sacan del sillón ni con aceite caliente.
 
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Lynx

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El post inicial de MonteKarmelo es muy bueno, recoge todos los casos, da la visión general y es el esqueleto.
Actualizando uno

El caso Ojeda

El caso más escandaloso es el del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Ángel Ojeda Avilés, que ha recibido en sus empresas, fundaciones y asociaciones más de 50 millones de euros para la formación, algunos de los cuales fueron instrumentados en el caso de la empresa Delphi en Cádiz. Está investigado por la Guardia Civil y por el juzgado de Algeciras.

Ojeda Avilés, hasta principios de 2009, venía operando en el campo empresarial con Inversiones Toespa, Prescal Consultoría Integral SL, Educanet SL, y fundamentalmente con Itisa Inspección Técnicas Internacionales SL y un conjunto de empresas y asociaciones de la industria aeronáutica: Agrupación de Empresas Aeronáuticas SL -B91456863-, Asociación de Empresas Aeronáuticas -G 91464461-, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas SL -B 913774603-.

En casi todas ellas, desde hace dos años, Ojeda Avilés, tras las primeras denuncias e investigaciones, ha venido retirándose de sus funciones de administrador como puede comprobarse en el desarrollo histórico de las sociedades que se deduce de su inscripción en el Registro Mercantil. Junto a él, suele aparecer su hija Vanessa.

En el área de las subvenciones, las empresas vinculadas a Ojeda son fundamentalmente: Asociación de Entidades de Servicios de Innovación y Telemáticos de Andalucía, H.A.S.A. Asistencial SL -hoy H.A.S.A. Sevilla Asistencial SL y Huelva Asistencial SL-, y en el muy lucrativo negocio de la "prevención de riesgos laborales" que realiza a través de Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad SL, Prescal. En el área de las entidades "sin ánimo de lucro", creó en 2007 la Fundación para el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes -G72051253-.

Simultáneamente, en esas fechas, se había producido el conflicto de Delphi. En aquel momento Ojeda Avilés entró de lleno en el negocio de la subvención, constituyendo el 1/1/2009 tres entidades que serán las futuras receptoras de varios millones de euros en subvenciones para la Formación y el Empleo. Las tres sociedades fueron:



Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas -G 91761791-, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro,2, Sevilla, y que por Resolución de 30/1/2009, es decir, el mismo mes de su creación, y quizás sin estar aun inscrita y por supuesto, sin alta en SS, se le concede la primera subvención de 642.390€. Esto ya sería suficiente para intuir una cierta irregularidad. Desde luego, el criterio de la experiencia en formación -valorable para obtener la subvención- tampoco lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria.



Asociación para la Sociedad de la Información – INNOVA – G91794354, constituida el 1/1/2009, domicilio c/Ebro 2-Sevilla, actividad 8532, dedicada a educación secundaria técnica y profesional.



Asociación de Apoyo al Medioambiente - Natura, G 91761734, constituida 1/1/2009, , domicilio en C/Ebro,2 Sevilla, dedicada a educación en general.

Como se ve, todas ellas con el mismo domicilio.

Alaya pide conocer todas las ayudas recibidas por Delphi


Sevilla, 23 dic (EFE).- La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto para que la Guardia Civil obtenga de Delphi y su industria auxiliar la documentación relativa a todas las subvenciones o ayudas que recibieron.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez también reclama la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altedia Creade según el convenio de 21 de diciembre de 2007 que suscribieron con el Servicio Andaluz de Empleo.

Además, pide los expedientes completos del ERE 61/2011 y ERTE 88/11 de Alestis Aerospace, SL, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar, y las encomiendas de gestión de 2011 y actas del Comité de Coordinación y seguimiento de las mismas.

La juez hace este encargo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras el oficio que ha recibido de la Intervención General del Estado, que necesita la documentación para continuar con los trabajos de la prueba pericial que tiene encomendada. La Intervención solicita, entre otros datos, la situación actual de los 1.907 trabajadores de Delphi y su industria auxiliar afectados por el plan de recolocación con detalle del censo inicial, de los no adheridos al programa, las bajas por renuncia, por prejubilación o por incapacidad absoluta, y los recolocados.


2. En otro auto relativo a Delphi, la juez eleva una consulta, tras una solicitud de la Intervención General del Estado, sobre la norma estatal que debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en convenios firmados en 2008, 2009 y 2010. Alaya consulta a la secretaría técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre los convenios de ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos para extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar que, con al menos 53 años cumplidos, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.

En ese mismo auto, la juez pide que se informe de la cuantía individual de dichas subvenciones y recuerda que en el ERE de 2007 se extinguió la plantilla de Delphi, compuesta por 1.520 trabajadores, y la empresa pagó las indemnizaciones por valor de 120 millones de euros.

En esas fechas, señala la juez, la Junta firmó un protocolo con CCOO, UGT, USO y CGT que tuvo 16 desarrollos posteriores, el último el 2 de noviembre de 2011, gracias al cual el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta subvencionaron al 50 % y por 47,5 millones de euros acciones para emplear a los despedidos. EFE
Alaya pide conocer todas las ayudas recibidas por Delphi. eldiariomontanes.es




Yahoo noticias circuló la de que la Junta recurrió estos dos autos sobre Delphi, negándole a Alaya la competencia para investigar tan magros contratos y tan gran despido. Los recurrió en la víspera de las ya famosas CAMPANADAS de fin de año.


Sevilla, 30 dic (EFE).- La Junta de Andalucía ha presentado hoy sendos recursos de apelación contra los dos últimos autos de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, en los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi.


El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Junta ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que revoque dichos autos -dictados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- al entender que pueden dar lugar a una "causa general" y que supone un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos.

En concreto, el recurso de apelación contra el primero de los autos esgrime como argumentos que la información solicitada forma parte de una causa que está siendo investigada en estos momentos en el Juzgado número 16 de Sevilla, y que la competencia para conocer este caso sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El gabinete jurídico del Gobierno autonómico entiende, además, que no existe "fundamento alguno" para extender la investigación a otras empresas o entidades de la Junta, pues en la propia argumentación razonada enviada por el juzgado de Alaya al Supremo se dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo".

En este sentido, considera que el auto supone "una investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general, prohibida por la ley, y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".


2, El otro recurso presentado se refiere a la consulta que hace el Juzgado número 6 de Sevilla sobre una norma estatal de derecho supletorio en relación con ayudas concedidas a Delphi.

Sobre este caso, la Junta ha decidido presentar dicho recurso porque entiende que "para dirimir una invasión de competencias entre administraciones está el Tribunal Constitucional y no es una competencia que tenga atribuida un juzgado de instrucción".

"Actuamos dentro del marco del Estado de derecho, vamos a estar siempre en una actitud de colaboración con la Justicia y exigimos celeridad en los procedimientos", ha resaltado Vázquez, que ha agregado que el Gobierno andaluz quiere que "paguen los culpables" y trabaja "para recuperar el dinero que presuntamente ha sido defraudado".

La juez pidió los relativos a 2005, 2006 y 2007. Y los informes adicionales en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa o cualquier otra empresa pública.

Con ello pretende determinar, según el auto, el "paralelismo entre lo acontecido" entre la Agencia Idea "con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".

Mercedes Alaya dictó un auto para que la Guardia Civil obtenga de Delphi y su industria auxiliar la documentación relativa a todas las subvenciones o ayudas que recibieron.

Reclamó en otro auto la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altedia Creade según el convenio de 21 de diciembre de 2007 que suscribieron con el Servicio Andaluz de Empleo. En concreto, pidió los expedientes completos del ERE 61/2011 y ERTE 88/11 de Alestis Aerospace, SL, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar, y las encomiendas de gestión de 2011 y actas del Comité de Coordinación y seguimiento de las mismas.
noticias.yahoo.com/junta-recurre-autos-alaya-empresas-publicas-ayudas-delphi-125547788.html

---------- Post added 05-ene-2015 at 19:26 ----------


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pepeleches

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Imaginaos el chollazo de montar una empresa de formación, donde el inem o los autonómicos sólo controlaban la realización del curso y no los contenidos.

Podían dar la materia que les diese la gana.

Ya no hablo ni de los cursos falsos...la estafa también está en los cursos efectivamente impartidos.
Todo el concepto de formación de empleo gratuita es en si mismo una estafa.

1) Te dan su catálogo de cursos.
¿Qué pasa, que si yo tengo una especialidad de la cual no tienen cursos...me jodo? Pues sí, por supuesto. Podrás elegir entre los que te den, no entre los que quieras

2) A ninguno de los actores le importa la calidad. Ni al gobierno de turno, ni a la academia o sindicato que lo imparte ....su negocio no es hacer bien las cosas.
El estudiante, al ser 'gratuito' no es exigente, o incluso puede pasar que prefiera un curso fácil (o incluso regalado con una firma) para obtener un título

3) No interviene nadie que provenga del mercado. Ni el gobierno ni el impartidor están en el mercado, con lo que no buscan cursos que sean útiles realmente para encontrar trabajo. Sino aquellos que con sus plantillas les es más fácil, cómodo o barato de dar. Y como es 'gratuito', el alumno no exige.

4) El beneficio para las academias proviene de sus contactos con el poder, y el beneficio del gobierno proviene de reducir sus cifras de parados (si es legal) y si no de poner el cazo en cantidades ¡ndustriales para participar de la estafa.
El beneficio del estudiante no existe, más allá de algún caso de alumnos que hayan podido coincidir que obtuvieran algún curso que quisieran tener, aunque como es lógico con una formación pésima.

5) El coste es bestial. El precio por curso es inmensamente mayor que en cualquier centro privado, y lo peor es que entre los costes ocultos está la corrupción hipergeneralizada, y mas aún por encima, tirar dinero a camiones en formaciones que no sirven de nada al alumno.

Eso sí, si algún político dijera que iba a cambiar el sistema, los sindicatos y ciertos representantes iban a tildar de fascista a quien lo dijese, reivindicando el 'derecho a formarse' de los ciudadanos.

Lo púbico funciona así. No le deis más vueltas....sería mil veces más fácil que de lo que te queda de paro pudieras capitalizar una parte automáticamente para formación, por ejemplo, eligiendo por supuesto el sitio donde querías hacerlo.

Pero eso es quitar derechos o ser fascista...
 

luisito2

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Creo que tiene mucho de pose el escándalo ante esto.

Es como entrar, después de pasarse toda la tarde buscándolo, en un recóndito fumadero clandestino de opio solo para escandalizarse al descubrir que allí se fuma opio.

En España hay un amplio y extenso sistema de enseñanza formado por todo tipo de instituciones públicas y privadas que cubren todas las posibles necesidades de formación.

Construir desde las Administraciones y desde el poder de los Partidos Políticos un esquema en el que el erario público financia la reinserción o la mejora laboral de los trabajadores con empleo o desempleados basado en entregar el dinero del presupuesto, a través de esas cuevas de ladrones conocidas como Autonomías, a sindicatos y organización patronal para que los sindicatos y la patronal se pongan a organizar cursos de formación y dar clases a los trabajadores, es construir un sistema abierto y transparente de compra mafiosa de la voluntad de sindicatos y patronal y de compra de paz social.

Si el sistema ha terminado en una masiva ola de corrupción entre Autonomías, Sindicatos y Patronal, lo único que podríamos decir es que, por una vez, algo en el sector público ha funcionado bien y a logrado con éxito los objetivos buscados.

Y esta es la parte que mi olfato no termina de aceptar: la eficacia en el sector público. Conociéndoles, podemos estar seguros de que partes sustanciales de los fondos destinados a la reinserción laboral se habrán desviado y habrán terminado logrando que algún trabajador haya recibido alguna formación con alguna utilidad.
 
  Es duro pedir pero más duro es robar
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