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Madmaxista
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Sinde le empieza a ver los ‘agujeros personas de color’ y las líneas rojas a su ley, un viaje a ninguna parte
Reservas de la judicatura ante la falta de tutela judicial efectiva
Sinde le empieza a ver los ‘agujeros personas de color’ y las líneas rojas a su ley, un viaje a ninguna parte
La industria asume que podrán cerrar sólo un puñado de webs: las ya juzgadas o denunciadas y las alojadas en hostings externos escapan a la Comisión
La Coalición exigirá bloqueos a usuarios si en un año no se reduce un 70% la piratería; ya hay denuncias al Estado por daño patrimonial
No reforma la LPI -que no considera delito el P2P ni los enlaces y descargas sin lucro-, choca con la Directiva de Comercio Electrónico y perjudica a las empresas de hosting
Ana Zarzuela.- Tenía un guión con apuntes externos: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con la pátina de la tutela judicial y ‘licencia’ para la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaba apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, casi un año después de lo previsto en los calendarios de González Sinde, la ministra tiene la ‘maquinaria’ a punto en los diques del acuerdo en el Senado con el PP, pero Moncloa -con Serrano al frente- y Cultura se conforman con enseñarle al vicepresidente Biden una nueva ‘Ley Sinde’ y, tras ella, el cierre administrativo de un puñado de webs. Lo asumen hasta las sociedades de derechos de gestión y la industria audiovisual. Cuando establecieron con la ministra la ‘lista negra’ de 200 páginas a las que atribuyen el 90% de los ‘contenidos piratas’, un tercio estaba hospedada fuera; hoy, según el sector, puede ser el 90% y ya no sólo en EE UU, donde quedaban a tiro de la desconexión del ICANN y el COICA. Sinde empieza a pagar peajes por su viaje a ninguna parte. Con las prisas, sin reforma de la LPI, le pesa la jurisprudencia, que no considera ilegales ni el P2P, ni las webs de enlaces. Tras la AI, la AUC y la ANEI, las asociaciones de internautas y empresas de economía digital acudirán al Constitucional y ante la CE; se plantean denunciar la Directiva de Comercio Electrónico y vaticinan que la Ley tendrá los días contados antes de un ajuste, España no ha esperado a sintonizar con la regulación de propiedad intelectual que ‘cocina’ la UE.
Prevén una avalancha de recursos ante la Audiencia. Por eso, si Sinde esperaba apaciguar las exigencias y las presiones de la industria cultural -y sus contrapartes americanas- su Ley ahora ya sabe que no será así. No son sólo la SGAE y la Coalición los que han comenzado a coreografiar el día después: se guardan sus compromisos de macrowebs de contenidos ‘legales’ pactados con Cultura, exigirán a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en menos de un año un 70% la ‘piratería’ en España y reclaman que el Reglamento de la Ley contemple “las mutaciones” de esas páginas. La ministra ya sabe que cuando la LES y su disposición final segunda vea la luz lo hará ante los recelos de la judicatura y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.
En los despachos de la Ministra de Cultura empiezan a sospechar que no será tan fácil ni tan rápido ponerle ‘puertas a un campo’ que, según los informes de la IFPI, utilizan un 45% de los internautas españoles, al menos en contenidos musicales. No sólo es que el sector de la economía digital alerte de la que LES crea inseguridad jurídica, “pone en grave peligro el futuro de muchas empresas digitales de España” y la creación de nuevo tejido empresarial y nuevos modelos de negocio, en palabras de Adigital, la asociación que agrupa a más de 500 compañías digitales (desde bancos, o telecos, a distribuidoras, grandes superficies o proveedores de internet). Tras el acuerdo PSOE-PP-CiU tiene serias dudas sobre la compatibilidad entre la Ley Sinde y la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico, ya que plantea nuevas excepciones al principio de libre prestación de servicios. Se dispone ya a elevar una consulta a la Comisión Europea para que dictamine si la actual redacción de la Ley Sinde respeta la “libertad de prestación de servicios de comercio electrónico” que reconoce la normativa comunitaria y que en su artículo 3.2 especifica que “los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado” (básicamente orden público, salud pública y seguridad y defensa nacionales).
ANEI, además, reclama que “se abra un período de consulta para que el coste que van a suponer la Ley Sinde a las empresas españolas de hosting sea sufragado por la Administración Pública”. Vaticinan que, ante la inseguridad jurídica a domicilio, muchas empresas de hosting se ubicarán en otros países como “medida preventiva”, lo que supondrá elevados costes para el sector. Aunque habría que esperar hasta que entre en vigor la ley y la Comisión de Propiedad Intelectual, desde sus asociados y los de Adigital pueden emerger decenas de recursos al TUE o los tribunales ordinarios por perjuicio económico. Será en los predios de los comisarios Neelie Kroes y Joaquín Almunia donde recalen más de uno de los flecos pendientes de la regulación ‘antipirata’ española. Para empezar, si se cumplen las previsiones de la AI y de la Asociación Técnicos de Informática (ATI), España reeditará con la aprobación de la Ley Sinde el mismo fuera de juego que tuvo que rectificar hace ahora diez años con la Ley de Firma Electrónica.
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) prepara ya la denuncia que presentará ante el Tribunal Constitucional por el texto de la Ley Sinde -a la que pueden sumarse las otras asociaciones del sector-. El punto más conflictivo pasa por la definición de un prestador que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o que haya causado “o sea susceptible de causar un daño patrimonial”, un concepto preventivo y ambiguo, que no se considera ni explica en la Constitución y por el que cualquier usuario podría incurrir en delito si la “comisión” lo viera oportuno. Una treintena de organizaciones y asociaciones ha propuesto a Cultura abrir el ‘melón’ de fondo de la reforma de la LPI y el modelo de negocio. Junto a ellas, la Asociación de Internautas descuenta que más pronto que tarde, gracias a sus propias prisas, la Ley entrará en contradicción con las líneas rojas de Bruselas y, debido a su precipitación, la ley será reformada "nada más que se publique", ya que la UE tiene previsto revisar una directiva sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta los retos de la difusión de la cultura en Internet y los medios digitales.
CONFLICTOS EUROPEOS
Además, el supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global. Considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa. Más aún, llueve sobre mojado en las líneas rojas que la judicatura española, el CSE, el CGPJ y el Consejo Fiscal le marcaban desde enero a la ministra Sinde: la regulación española no puede colocar la propiedad intelectual sobre otros derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión.
En la memoria de la AI resuenan los ecos del caso de Telefónica y Promusicae en 2007, cuando la justicia europea dijo que la operadora no estaba obligada a ofrecer los datos de los usuarios de P2P a ninguna asociación que lo solicitase. Las operadoras de telefonía españolas no se han pronunciado esta vez sobre la nueva redacción, pero advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible corre el riesgo de naufragar, o cuanto menos quedarse corta. Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tuviera entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, alertaba en la primera redacción de la Ley Sinde del riesgo de incrementar “pronunciamientos contradictorios” y llover sobre mojado en el atasco de los juzgados.
El texto reformado de la disposición adicional segunda de la LES incluye el término “autorización judicial” (para la identificación del titular y la validación de las sanciones) cuando la Constitución exige “resolución judicial". Como se han apresurado a aclarar desde el 25 de enero los principales abogados especialistas en derecho de internet, la nueva propuesta no contempla ninguna modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual la actuación de la Sección Segunda de la Comisión, en teoría, no podrá realizarse contra las webs de enlaces. Ni la regulación de los derechos de autor existente contempla la figura de contribución al daño en Propiedad Intelectual, ni el enlace constituye comunicación pública, como explica en el blog Derecho en Red el abogado especializado David Maeztu: la Ley no podría cerrar webs de enlaces. De hecho, tal como está redactada, la disposición adicional segunda de la LES no afecta ni a los intercambios P2P ni a los News ni sistemas de comunicación en la red. No, si no quiere arriesgarse a que su resolución esté “viciada con una nulidad de pleno derecho por falta de competencia material”. Tanto las webs que alojan el contenido como las que lo señalizan son legales hasta ahora en España. Las segundas son exculpadas por sentencias que se apoyan en una circular de la Fiscalía General del Estado de 2006. El argumento: no se puede demostrar el lucro. Las absoluciones en lo penal y las desestimaciones en lo civil hasta ahora habían sentado un precedente: que no se vulnera ningún derecho de propiedad intelectual en las webs de enlaces.
Si sus diagnósticos técnicos se cumplen, Sinde reeditará el mismo efecto que se produjo ya con Napster: su cierre no sólo fue inútil, sino contraproducente, el principio de un boom que multiplicó un nuevo modelo de webs de descargas. El abogado Sánchez Almeida avanzaba en entrevista con la web del diario 20minutos, que la Comisión de Propiedad Intelectual se encontrará con muchos escollos en su actuación. Además de tener que respetar el blindaje de la ‘cosa juzgada’, no se podrán abrir expedientes sancionadores contra Series Yonkis, CineTube y otras páginas web que tengan causas abiertas en los tribunales, entre las que están las más perseguibles por la Ley Sinde. En el punto de mira de la futura Comisión están páginas como Seriesyonkis, Peliculasyonkis, Divxtotal, Pordescargadirecta, Mydescarga o Cinetube. Y está aún por ver que los jueces den su consentimiento para la identificación y la apertura del expediente administrativo (primero) y la ejecución de sanciones (después) en el plazo que marca la LES (17 días para todo el procedimiento) y que quieran resolver sin oír al interesado, un indiscutible principio general del Derecho.
Muchos de los problemas jurídicos se mantienen en la nueva propuesta: desde la participación de la Administración Pública en la salvaguarda de intereses particulares, a la limitada tutela judicial por parte de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, o el colapso de las instancias judiciales, a las que obliga resolver en días, pero que no pueden entrar sobre el fondo del asunto, ni a entender si se ha producido realmente la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual que ha propiciado la actuación de la Sección Segunda. Como alerta el senador de ICV Jordi Guillot, ubicar en la jurisdicción contencioso- administrativo las resoluciones judiciales, en vista del estado actual de la Justicia, supondrá el silencio administrativo positivo a favor de muchos denunciantes. Un ‘blindaje’ que augura, de paso, centenares de recursos y nuevas causas sobre el fondo de las resoluciones, en los tribunales ordinarios, amén de los recursos que, según la LES, sólo podrán elevarse a la Audiencia Nacional.
ALARMAS JURÍDICAS AÚN ENCENDIDAS
Sinde se ha entregado a las urgencias de la tramitación, tanto como para saltarse la reforma a fondo no sólo del canon digital, sino sobre todo, de la Ley de Propiedad Intelectual y la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), a pesar de que con sus prisas aumenta los riesgos de bloqueo de su Ley y dribla las pretensiones de Génova tanto como las de su propio grupo parlamentario. Ya desde antes de que la Ley de Economía Sostenible pasara el visto bueno del Consejo de Ministros en 2010, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le avisaba de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautizaba una nueva Ley de Propiedad Intelectual.
Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que además de “su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor, abogaba desde hace un año por instar al Gobierno a que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.
Cuando, dentro de un mes la Ley Sinde consiga su visto bueno tras pasar por el Senado y de nuevo con el Congreso, será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad judicial, se las había encendido desde hace casi un año varias organizaciones y asociaciones de la judicatura. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. Y el nuevo procedimiento mixto puede estar en cuestión si, como pretende se persigue a las webs que, sin cobrar por ello, enlazan a las de descarga de contenidos, aún a riesgo de (decía la Asociación en 2010) “violar lo que empezaba a ser una máxima de jurisprudencia”: no cerrar una web “cuando no había ánimo de lucro”.
La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde que, aunque requiera tiempo, pueden acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigor la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.
DEBERES A MEDIAS PARA OBAMA
“Con esta ley cerrarán dos o tres webs pero no resolverán el problema de fondo, que es la reconversión industrial”, en palabras de Pérez Subias, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, AUI. No es ningún secreto -Navarro lo defendió en su momento- que hasta las sociedades de gestión de derechos de autor esperan incluso más del efecto del miedo, que confían en que las webs “cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas”, con la mera amenaza de la CPI. Y es que las organizaciones advierten que la ley Sinde será ineficaz, con la mayoría de páginas web de descargas alojadas ya en servidores extranjeros contra los que no se podrá actuar. Si la propia Sinde y la Coalición de Creadores reconocían ya al principio de gestar estar regulación -cuando establecieron la ‘lista negra’ de 200 webs a las que atribuyen el 90% de los ‘contenidos piratas’-, que un tercio de las que buscaban perseguir estaban en hosting norteamericanos, ahora en el sector calculan que puede ser la mitad, o incluso un 90%, según la ANEI, la Asociación Nacional de Empresas de Internet. Y esta vez ya no mayoritariamente sólo en servidores estadounidenses, que han quedado a ‘tiro’ de los jueces federales, de las tenazas de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) para clausurar dominios universales -de primer nivel, que están bajo jurisdicción americana- y la promesa del US Copyright Group de que perseguirá a 150.000 proveedores, webmaster e internautas.
Sobre todo, si el Senado avala esa iniciativa, con la COICA (Combating Online Infringement and Counterfeits Act por sus siglas en inglés), dispondrán de la posibilidad de bloquear el acceso de países, empresas o individuos a webs alojadas en EE UU. En Argentina, por ejemplo, está taringa.net, una de las que la industria española tiene en su punto de mira, con 4,6 millones de usuarios únicos mensuales desde España. Si la ‘Cruzada’ de la Casa Blanca despacha alguna de esas 200 webs, les ahorraría tiempo y las denuncias ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Por primera vez, EEUU está dispuesto a perseguir las descargas de contenido audiovisual ‘made in usa’ en el extranjero, incluso a hacerlo directamente, al menos con las que estén localizadas en su mercado, bajo su jurisdicción, o tengan dominios universales, si no consigue que los gobiernos extranjeros cierren, con sus presiones, por sí mismos las páginas que ya tiene en el punto de mira de una lista negra de la que España no ha dejado nunca de ocupar un lugar preferente.
Sinde, Sebastián, Caamaño e incluso Moncloa trataron de sincronizar las expectativas de la regulación de los contenidos online de la LES con los ultimatums de Obama. Pero le han hecho sus ‘ciberdeberes’ sólo a medias. De hecho, la Administración estadounidense, por boca de Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de Estados Unidos cuando aseguraba que se encontraba "decepcionada" por el rechazo a la norma en el Congreso ya abogaba, como la industria, por endurecerla en un futuro. El Congreso de EE UU en su informe Caucus Antipiratería Internacional no ha retirado a España de los países más ‘piratas’ y ya no parece a tiempo de hacerlo en su nueva actualización, en febrero de 2011. Sigue ocupando un lugar ‘preferente’ en el grupo dos, bajo vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, un escalón por encima de de la lista prioritaria que pueblan Argentina, China, Rusia o Venezuela. La doctrina de los tribunales, la Fiscalía General y la judicatura siguen defendiendo la legalidad del P2P sin ánimo de lucro -en contra de las advertencias del Congreso, la IPPA y la lista 301 de EE UU- y la presidencia española no sirvió para impulsar el Tratado de Comercio ACTA. El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica la situaba a la cabeza de la "piratería" musical en Europa con una caída de ventas del 17% en 2009 y el informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital.
LIMITACIONES TÉCNICAS Y PUNTOS DE FUGA
Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que amenaza con nacerle condenada a muerte a la ministra. Aunque sea más costoso, las empresas que operan en España, webs, agregadotes y todo tipo de sistemas pueden recurrir a servidores en propiedad (housing) fuera de España, para aprovechar los criterios de territorialidad que rigen para todas las empresas que operan en la red, que priman la ubicación geográfica del servidor. O buscar cobijo en servidores de hosting ajenos y lejanos. Como retrata NacionRed, “hay alternativas de sobra para hacer lo mismo que pretende prohibir la ley pero de otro modo (P2P, torrent, proxies, etc), las nuevas tecnologías han creado una nueva situación global e inevitable; imposible de controlar mediante una ley y no es la primera ley de este estilo que se ve fracasar”. El ‘affaire’ Wikileaks no sólo ha desnudado las presiones de Washington sobre la titular de Cultura: impulsa un modelo de DNS descentralizados de P2P para esquivar los bloqueos. No sólo es el co-fundador de The Pirate Bay y ex integrante del portal de torrents, Peter Sunde, el único que ha propuesto el lanzamiento de un servidor de raíz de DNS utilizando la tecmología Peer to Peer (P2P), más descentralizado, que sea capaz de hacerle la competencia, o al menos driblar a la ICAAN, la organización que supervisa la concesión de dominios y se encarga de la gestión del IPv4 y IPv6, y de las direcciones de Internet y que tiene, bajo jurisdicción norteamericana, uno de los pocos puntos de decisión central de la red y ‘licencia para dar de baja de la suscripción de la vida’ con los dominios radicados allí sospechosos de violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Lo que Sunde impulsa como fórmula alternativa sintoniza con los esfuerzos de Tim Berners-Lee (el padre de la World Wide Web -WWW-), que busca desde diciembre soluciones para extender el protocolo HTTP a un modelo P2P que haga más complicados los ataques distribuidos de denegación de servicio, también llamados ataques DDoS (de las siglas en inglés Distributed Denial of Service), como los que Wikileaks ha sufrido.
Y es que las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países, revivir mutadas o simplemente saltarse los bloqueos con atajos técnicos. Nuevas posibilidades de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan a Serrano y Sinde que no será tan fácil su ‘caza de brujas'. No es nada casual que Aldo Olcese, el presidente de la Coalición de Creadores dejara sobre la mesa de la Ministra -en entrevista con el diario Público- durante el Foro de la Nueva Cultura, la necesidad de que el Reglamento que debe desarrollar la Ley Sinde deba recoger "las mutaciones" que realizan esas páginas para intentar evitar el cierre y ser una regulación abierta e interpretable por los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tampoco que Series Yonkis, uno de los portales referentes para acceder a contenidos audiovisuales alojadas en servidores externos, señalada como objetivo de las 200 webs de ls ‘lista negra de Sinde’ por Promusicae, se esté renovando a modo de red social (de momento en fase beta).
MODELO ECONÓMICO EN CUESTIÓN
González Sinde llegó a rebajar el tono allá en mayo de 2010, cuando su LES estaba en problemas a y defender que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado". Pero no cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos; la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero Sinde sólo tiene ojos para los cálculos de la Coalición de Creadores, que si no existieran las descargas no autorizadas, los internautas pagarían por el 60% de los contenidos culturales de la Red, hasta 6.000 millones de euros al año. La industria y las sociedades de gestión de derechos de autor saben, además, que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes algunas de las más de 700 web que se autoinculparon en su momento inscribiéndose en la página 'La lista de Sinde' eso no mejoraría necesariamente el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que ‘pescar’ en un mercado digital en pleno crecimiento.
Las alarmas por la eficacia financiera se las disparan estudios económicos como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo corren el riesgo de ser “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música eran casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se multiplicaba por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.
Los mercados y hasta los propios informes de la industria audiovisual mundial dejan en fuera de juego las premisas de la SGAE y más de un mito de la red. Ni los contenidos gratuitos, ni el espacio sostenido en manos del P2P -aún supone un 18% del tráfico global de internet según Arbor Networks- ni el auge del 'streaming’ han impedido que las descargas de pago de canciones sueltas hayan crecido en todo el mundo un 10% durante 2009, hasta los 3.300 millones de euros. La radiografía de la IFPI dibuja un horizonte en el que a pesar del desplome en las ventas de ejemplares físicos un 20,6%, nada ha podido ralentizar el despegue de los contenidos de pago, en música suponen un 27% ya del conjunto del negocio. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio.
LAS GESTORAS DE DERECHOS SE SUBLEVAN ANTE EL DÍA DESPUÉS
Las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria audiovisual ya han diluido., ante los ojos de la ministra González-Sinde la tibia satisfacción inicial, tras el acuerdo para sacar adelnte la regulación de la LES. Les sabe a poco el mecanismo jurídico-administrativo y se duelen de la ausencia de representantes de las entidades de gestión en la futura Comisión de Propiedad Intelectual en la que, a cambio, tampoco habrá representantes de la industria digital. Sólo tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia entre expertos (en la Sección Primera) y, sobre todo, un vocal del Ministerio de Cultura, uno del Ministerio de Industria, otro del Ministerio de Economía y un ciuarto del Ministerio de la Presidencia en la Sección Segunda, la que debe encargarse de señalar a los infractores y determinar las sanciones a aplicárseles.
Si la ministra esperaba que, con el día después empezaran a cumplir sus promesas de ‘macrowebs legales’ y los planes que los de Aldo Olcese cifraban en cientos de proyectos, se ha encontrado con que retoman las amenazas con las que marcaron de cerca a Sinde durante todo el proceso y le ponen, de nuevo, fecha a sus ultimátum: Se curan en salud por si la Ley cumple los vaticinios de su ineficacia. La Coalición de Creadores exigirá de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios (tras el modelo de Irlanda y como pretenden instaurar otros Gobiernos como el de Reino Unido) si no se reduce en menos de un año un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. Miran sólo de reojo al antecedente galo: es verdad que la Ley Hadopi alberga opción de persecución a los usuarios, pero también que, tras estrechar el cerco de los avisos sobre más de 100.000 internautas, y no ha podido evitar que el negocio de música grabada haya caído un 5,9% en 2010, a pesar también del "cheque música joven", por el que el Estado financia al 50% las compras de música online de los jóvenes, hasta 50 euros. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, reconoció que le gustaba más el texto original de ley Sinde.
"El sabor agridulce es que se ha aprobado un procedimiento que es más lento”. Si las intervenciones se tramitan como dicen en unos 15 días no es un desastre; si nos vamos a tres meses, nos cargamos el sentido del procedimiento". Le han tasado a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”. Más aún: la denuncia de un grupo de 13 discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa por 375 millones de euros (por no haber atajado la "piratería" y no haber adoptado las directrices europeas en materia de propiedad intelectual) es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria.
Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en su informe Parasite's Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Una cifra desproporcionada según los webmasters y los abogados de las demandas españolas contra webs de enlaces e intercambio de archivos peer to peer, que en la casi totalidad de los casos han terminado en la absolución de los imputados: la ley española considera que sin ánimo de lucro, no existe delito.
La industria se ha guardado en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde y con sitio para los títulos del lobby de Hollywood, la MPAA, o la la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Pero a las puertas de la nueva regulación, la Coalición promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles.
Entretanto, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Las propias cifras de la Coalición prevén –a la luz de su Primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales -que más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos online, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Por eso el propio PSOE exigía al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores”. Un programa que en Presidencia han decidido que vea la luz adscrito al Ministerio de Industria y al Plan Avanza 2, con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y con su ‘volante’ en manos de Migujel Sebastián, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Y hacerle un sitio preferente, -si es necesario para calmar los recelos de Biden, el US Trade Council y el Congreso estadounidense-, a la industria audiovisual norteamericana.
La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red. La industria española comienza a presionar a Industria tanto como a Cultura con un nuevo menú de ‘planes B’. La SGAE culpa al “aumento de ancho de banda y del número de internautas” del descenso de las audiencias televisivas y alerta en su Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2010, de la caída de los ingresos por venta y alquiler de vídeo -hasta ahora la joya del sector- un 37% en un año y un 70% desde 2004 y de la facturación de la industria de videojuegos un 16%. Quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red. No sólo necesita compensar -tras el veredicto del TUE- el fin del modelo español de canon digital que le ha salvado sus cuentas dos años consecutivos. Ni la sublevación de un millar de municipios y varias CCAA para recuperar el canon digital ya pagado, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos. Ya sólo busca aprovechar el tiempo muerto que le brinda Sinde y reforzar el canon digital con un subpago sobre cualquier ‘tasa Google’, o acuerdo entre telecos y empresas de internet.
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