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La Xunta da por buena la previsión de que Barreiros crecerá un 700%
Hernández avala la memoria ambiental para regularizar cientos de viviendas ilegales
En plena crisis demográfica y del sector inmobiliario, con casi 40.000 viviendas sin vender en Galicia, la Xunta ha dado el visto bueno a la memoria ambiental del plan sectorial de Barreiros, que se basa en una previsión de crecimiento de la población de la localidad lucense del 700%. Para llegar a ese cálculo, que haría que un municipio con 3.200 habitantes alcance los 23.500, el plan tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica, concedidas en 2006 y paralizadas por el bipartito: alrededor de 5.800, cientos de ellas declaradas ya ilegales de forma definitiva por la justicia.
Las observaciones de la Consellería de Medio Ambiente a la memoria ambiental del proyecto son simples matices, como pedir que se solicite un informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o recomendar la conservación de la trama tradicional de los núcleos afectados. En cambio, valida las previsiones demográficas que figuran en el plan sectorial, una herramienta necesaria para desarrollar el convenio por el que Xunta, Diputación y Ayuntamiento gastarán 14 millones de euros en unas infraestructuras básicas que, de acuerdo con la ley, debieron correr a cargo de los promotores. La memoria ambiental reconoce que esas infraestructuras objeto del convenio no existen, lo que equivale a asumir que no se trataba de suelo urbano.
La legalización de las polémicas urbanizaciones de Barreiros sigue adelante, con la aprobación de la evaluación ambiental estratégica que pretende dar cobertura al caos urbanístico del ayuntamiento lucense. Es el paso previo y necesario para que se materialice la inversión de 14 millones de fondos públicos para dotar de servicios a 5.800 viviendas autorizadas en 2006 por el alcalde, Alfonso Puente Parga, del PP, cientos de ellas ya declaradas ilegales, en terrenos que no tenían la condición de solar.
La resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 28 de junio, introduce apenas cuatro pequeñas modificaciones en el Plan Sectorial. Este documento contempla la dotación de servicios de saneamiento, abastecimiento y red viaria que no pagarán los promotores, como obliga la ley, sino la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Barreiros. La consellería da por buenas, entre otras consideraciones, una previsión demográfica que estima en 23.500 los habitantes de la localidad, que sumaban 3.203 en el padrón de 1 de enero de 2010 y con tendencia a descender.
Para realizar esa proyección, el estudio del territorio tuvo en cuenta las licencias concedidas en el año 2006, es decir, las 5.800 viviendas objeto de la polémica. La previsión de habitantes consideró también "los usos ganaderos de la zona interior del Ayuntamiento".
En respuesta a una alegación del colectivo Galiza non se vende, los promotores del plan explican que basan sus previsiones de crecimiento en la población actual, los consumos reales de agua potable de los últimos 10 años y "la población en el año horizonte, en base a las viviendas proyectadas". El plan resta importancia a la "tendencia descendente de la población censada", y sostiene que "la real" en los meses de verano llega a alcanzar los 14.00 habitantes, según un cálculo realizado por el consumo de agua. "Esta población real actual se verá incrementada con la ocupación de las viviendas en fase de construcción o proyecto". Para ello, se consideró el 95% de las viviendas afectadas en construcción y el 41% de las que no han visto moverse un ladrillo.
Las únicas observaciones que realiza Medio Ambiente al procedimiento ambiental del plan de Barreiros son las siguientes: que se justifique la disponibilidad de los recursos hídricos para el abastecimiento y el saneamiento, que se solicite un informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre elementos afectados, rectificaciones en la documentación gráfica de la red viaria y "procurar la conservación de la trama tradicional" de los núcleos y que se integren los diferentes modos de transporte.
El plan sectorial se justifica por la intención de "dar respuesta a las necesidades de las promociones que se desarrollaron", a pesar de que muchas de ellas ya han sido declaradas definitivamente ilegales por el juez, y "resolver el déficit de infraestructuras". Para ello, propone dos nuevas depuradoras, un sistema de saneamiento, la renovación de la captación de aguas, una estación potabilizadora, la renovación de un kilómetro de conducciones y una calle para dar acceso rodado a los nuevos edificios, entre otras obras.
Para justificar el plan sectorial, el Ayuntamiento de Barreiros sostiene que las licencias se concedieron en suelo urbano, pese a reconocer que "no contaba con las infraestructuras básicas de abastecimiento, saneamiento y acceso por vía pública". Las sentencias judiciales del caso descartan que se trate de suelo urbano, ya que no pasó por un proceso de urbanización previo "que supere la consideración de obras de pequeña entidad".
Contra los ecologistas
Seis organizaciones presentaron alegaciones a la memoria ambiental de Barreiros, la mayoría de ellas ecologistas: Federación Ecoloxista Galega, Adega, Sociedade Galega de Historia Natural, Asociación Turmalina de Actividades Bioculturais, Asociación de Minusválidos Físicos A Mariña y Federación Galega de Medio Ambiente. Todas encontraron la misma respuesta: el rechazo a sus observaciones, avalado por la Consellería de Medio Ambiente al aprobar la memoria ambiental.
El contenido de las observaciones es similar. Objetan que el coste de las actuaciones no debe correr a cargo de los promotores, la "errónea e interesada" proyección poblacional, la aceptación implícita de que el suelo es urbano no consolidado, que se obvia la obtención de espacios libres y dotacionales o que no está justificada su incidencia supramunicipal.
Los promotores del plan sectorial sostienen que el cometido de este es "absolutamente independiente y sin prejuicio" de la disciplina urbanística. También argumentan que "no presupone interferencia" con los procedimientos judiciales y que "carece de toda vocación o virtualidad convalidante de licencias urbanísticas". "Todo el suelo incluido (...) tiene la condición legal de suelo urbano", insiste.
